Expectativas y realidad. Exigibilidad en CdMx

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 772. Septiembre 27, 2018. Pág. 5)

Las expectativas y los desencuentros sobre la Constitución Política de la Ciudad de México fueron mayores cuando apenas se proyectaba su redacción. Hoy, cuando la norma ya entró en vigor, a partir de este 17 de septiembre, conforme lo marca su primer artículo transitorio, pasa desapercibida. Ciertamente, el contexto actual es otro y pocos lo anticiparon; también será otro el próximo periodo gubernamental. Sin embargo, los derechos y las garantías que establece la carta magna local no son nada menores, incluyendo tanto educación como ciencia y tecnología.

La situación entre el nivel nacional y la Ciudad de México (CdMx) es relativamente contrastante. Mientras la ciudad capital apenas estrena Constitución, el Congreso de la Unión se dispone a modificar, una vez más, ordenamientos que siguieron a las llamadas reformas estructurales, entre ellos los cambios al artículo tercero constitucional. Al menos, por las declaraciones, las escaramuzas legislativas y las promesas, es el escenario más probable. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema y priva sobre cualquier otro ordenamiento.

También será diferente la estructura administrativa del gobierno federal y local en el terreno educativo y científico. El gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, al designar a la próxima titular de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, dijo explícitamente que no fusionaría ese organismo con Educación Superior (Campus Milenio No. 759). Por el contrario, la próxima jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al presentar su respectivo gabinete, anunció su integración en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Dijo que no era solamente un asunto de austeridad, “sino principalmente porque consideramos que la educación no puede estar separada de la ciencia y la tecnología” (Reforma 23.07.2018). Una perspectiva opuesta a la del gobierno federal electo.

Pero quizás, más que la norma y la estructura administrativa, la mayor diferencia, en este periodo de transición, ha sido el talante de los titulares electos y de sus respectivos gabinetes. El equipo federal ha sido altamente propenso a las declaraciones. Todas ellas han terminado en las primeras planas de los diarios y marcado la agenda mediática, pero todavía no en un programa claro de gobierno. Aunque, al paso del tiempo, han matizado promesas y las acciones que piensan poner en marcha, especialmente algunas de las más polémicas, como el alcance de programas o la descentralización de la administración pública federal.

Por el contrario, el gabinete local, salvo algunas declaraciones en torno a las fotomultas, los pendientes derivados del sismo de 2017 y la descentralización educativa, han guardado más o menos un prudente silencio en torno a las acciones que piensan poner en marcha. Ni siquiera ha trascendido el terciopelo o la aspereza de la transición en el proceso de entrega – recepción de la administración. 

En particular, sobre la prestación del servicio educativo en la ciudad, hasta ahora dependiente del gobierno federal y que no se resolvió cuando se elaboró la Constitución capitalina, la próxima titular de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz Gutiérrez, anunció: “Esa es la idea. El titular de la Secretaría de Educación Pública, que será Esteban Moctezuma, y el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han acordado ya con Claudia Sheinbaum que la enseñanza básica va a ser responsabilidad del gobierno de la ciudad” (La Jornada 08.08.2018: 32).

Las garantías que establece la Constitución local serán el referente insoslayable. En su artículo 8 (Ciudad educadora y del conocimiento) están cuatro derechos fundamentales: a la educación; a la ciencia e innovación tecnología; a la cultura; y al deporte. En el primer caso, no solamente se garantiza el derecho universal a la educación obligatoria en la ciudad, también se anota: “Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad”. Nada más.

La norma de la ciudad también garantiza “el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación”, así como el disfrute de sus beneficios. Además, indica que el acceso a internet será gratuito, de manera progresiva, en todos los espacios públicos, incluyendo escuelas, edificios gubernamentales y recintos culturales. Más todavía: establece que el monto destinado al desarrollo de la ciencia y la tecnología no podrá ser menor al “dos por ciento del presupuesto de la ciudad”.

La misma Constitución prevé un sistema de indicadores que permitirán valorar la garantía en el cumplimiento progresivo de los derechos de los capitalinos. Un sistema que estará bajo la responsabilidad del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Lo más importante es que el mismo ordenamiento destaca que: “Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad” (artículo 5, sección “B”).

El mismo partido político gobernará en el nivel local y federal, en ambos casos tiene mayoría legislativa y han generado altas expectativas. Sí, la exigencia de garantías será mayúscula.

¿Alta calificación técnica de servidores públicos?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 771. Septiembre 20, 2018. Pág. 5)

La ley federal de remuneraciones de los servidores públicos (LFRSP) es el primer ordenamiento aprobado por la presente legislatura y es la norma que regulará los salarios de los funcionarios. Sin embargo, el límite salarial tiene excepciones, como poder desempeñarse en más de un puesto o realizar un trabajo que exige un saber altamente especializado.

La iniciativa no fue elaborada por los actuales diputados –aunque algunos de ellos, como Pablo Gómez, participaron hace tiempo en su debate--, ellos solamente aprobaron con celeridad, sin quitarle ni una coma, la minuta que recibieron del Senado desde hace más de siete años. Pero sí, aunque necesita ciertas actualizaciones, la norma está en línea con las propuestas de austeridad y combate a la corrupción del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La citada ley, como tantas otras iniciativas heredadas de legislaturas anteriores, estaba a la espera de pasar a comisiones y luego al pleno. No fueron necesarios tantos pasos. Morena, la fracción mayoritaria en el Congreso, tiene prisa por mostrar cambios y resultados ya mismo. Por el tiempo transcurrido, aplicando sagazmente el artículo 95 del reglamento de la Cámara, el presidente emitió la declaratoria de publicidad de la iniciativa y la mesa directiva la incluyó, legalmente, en el orden del día de la sesión del pasado 13 de septiembre para ser discutida y aprobada. Una habilidad que le atribuyen al experimentado legislador Porfirio Muñoz Ledo.

Sin duda es una ley importante y necesaria. Desde agosto de 2009, cuando se reformaron los artículos 75 y 127 de la Constitución, referentes al salario de los funcionarios, debió emitirse para reglamentarlos. No se hizo. Nada indicaba cómo hacerle para que ningún servidor público recibiera una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República (fracción II del artículo 127 constitucional). O bien, en qué casos sí era justo o necesario que otro servidor público recibiera un monto mayor al del presidente. Eso es lo que intenta normar la nueva ley.

Ahora, cuando la nueva ley entre en vigor, seguramente tendrá un efecto notable en las remuneraciones de los servidores públicos, principalmente en los de enlace, así como en mandos medios y superiores. No obstante, es difícil anticipar de qué tamaño será el impacto y qué tanto logrará limitar lo que quiere contener.

En primer lugar, porque se ha mostrado que las normas van por un lado y los patrones de comportamiento van por otro. De hecho, algunos abogados han sostenido que México más bien está sobrerregulado, el problema es el incumplimiento de las leyes, como lo muestran las graves y continuas faltas a la Constitución y a las leyes secundarias.

En segundo lugar, porque en el capítulo II de la recientemente aprobada LFRSP, en donde considera las bases para determinar las remuneraciones, tiene varias excepciones. Desde luego, en primer lugar recupera lo que establece el artículo 127 constitucional, en el sentido de que ningún funcionario recibirá una retribución mayor a la del ejecutivo federal. El sueldo de AMLO, como él mismo lo ha dicho, será la mitad de lo que recibe Peña Nieto. Así que el límite se fijará en alrededor de 108 mil pesos, pero tendría excepciones.

La segunda fracción del artículo 6 de la LFSPR, dice que hay cuatro excepciones para que la remuneración pueda ser igual o mayor a la del superior jerárquico. Por ejemplo, cuando se desempeñen varios puestos, para lo cual el servidor público deberá contar con un “dictamen de compatibilidad”; o bien, que el excedente sea consecuencia del contrato colectivo o de las condiciones generales de trabajo. ¿Cuántos dictámenes se presentarán y cómo se justificarán? Ya lo veremos.

Otra excepción es que el excedente sea resultado de un trabajo técnico calificado, porque exige un desempeño conforme una “formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia y la tecnología” o de una determinada certificación. También porque puede tratarse de “un trabajo de alta especialización”, sea por experiencia, acreditación de competencias o ciertas capacidades.

Es decir, las excepciones para una mayor remuneración se refieren a saberes altamente especializados, a la experiencia y al conocimiento acumulado. Esto, seguramente en previsión de que el servicio público siga siendo atractivo y para retener a cuadros profesionalizados. Nada mal. Aunque, de todas formas, los excedentes tienen un tope: no pueden representar más de la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República. O sea, en total, el sueldo mensual de un servidor con mayores ingresos no podría ser mayor a 1.5 veces lo que gana el presidente (artículo 6, segunda fracción, inciso d)

El otro asunto relevante es que la remuneración de los servidores públicos se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Una actividad que está en curso y que deberá llegar a la Cámara de Diputados a más tardar el próximo 15 de noviembre. ¿Qué tan compatibles serán?

En fin, el mismo13 de septiembre quedó discutida y aprobada la ley, sin ningún cambio –cualquier modificación significaba regresar la iniciativa a la cámara de origen. Ahora solamente falta la publicación del decreto; lo hará Peña Nieto. Las declaraciones del próximo gobierno comienzan a materializarse y sus efectos están por mostrarse.

Ciencia y Tecnología. “Hagamos mayor inversión”

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 770. Septiembre 13, 2018. Pág. 5)

No, en realidad nada para sorprenderse. Una vez más, como ha ocurrido sexenio tras sexenio desde hace casi cuarenta años, al comienzo se plantea un escenario de optimismo y expectativas para el sector científico y tecnológico, pero termina siempre precisamente con lo opuesto. Ahora, desafortunadamente, tampoco es la excepción: al final de este sexenio, de nuevo, tenemos promesas incumplidas e indicadores muy abajo de lo previsto.

Las razones para que no se cumplan los planes pueden variar, desde las imponderables crisis económicas (con epicentro fuera o dentro del territorio nacional), la inestabilidad política, indolencia, incapacidad o hasta el simple hecho de que a la mitad del camino cambiaron las prioridades. Los resultados, sin embargo, siempre son igual de decepcionantes.

¿Usted tiene presente lo que prometió el ejecutivo federal en materia de ciencia y tecnología?  Precisamente, antes de que estuviera listo el programa del sector, en los primeros días de enero de 2013, en el momento de la presentación pública de Enrique Cabrero como titular del Conacyt, el presidente Peña anunció mayor inversión, en compensación a su negativa de crear una secretaría de ciencia y tecnología.

Dirigiéndose a la comunidad científica ahí reunida Peña Nieto dijo: “No se trata de generar mayor burocracia. Si de lo que se trata es (de) darle un mayor espacio de relevancia e importancia para el Gobierno, el tener esta área dentro del gabinete, no es necesario que generemos mayor burocracia, hagamos mayor inversión” (Discurso presidencial. 03.01.2013). Los aplausos no se hicieron esperar. Sí, en ese tiempo las audiencias aplaudían y el Pacto por México se había firmado apenas un mes antes.

Además, en el mismo discurso añadió: “Y aquí, quiero darles algunos datos que acreditan, con toda puntualidad, el que esto empiece a materializarse. Son pasos, primeros pasos, pero, estoy seguro, que a través de las reformas, algunas estructurales que habremos de impulsar, algunos ajustes que estaremos haciendo en el camino, va a permitirnos lograr el objetivo que tiene este Gobierno, de que la inversión en ciencia y tecnología, al menos, alcance el uno por ciento del Producto Interno Bruto”.

Los aplausos volvieron a escucharse y sí, la idea de destinar el uno por ciento del PIB para el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) volvía a reiterarse, porque un mes antes se plasmó como el compromiso número 46 en el Pacto por México. También las reformas estructurales eran la promesa del sexenio.

Los datos que entonces mencionó el ejecutivo federal se referían a la composición del presupuesto de egresos del 2013, el primero elaborado por su gobierno y autorizado por los diputados. Sí, el de ese año fue el mayor incremento que se registró en el sexenio para el sector, luego vinieron los incrementos moderados y a partir del 2017 los montos declinantes. La esperanza había llegado a su fin.

En el más reciente informe de gobierno de esta administración, el de cierre del periodo, están los resultados. Al igual que ha ocurrido en administraciones anteriores (a partir del sexenio de Vicente Fox los programas sectoriales incluyen indicadores cuantitativos de desempeño), en el cuadro que aparece abajo se puede apreciar, solamente para los indicadores de desempeño seleccionados por el propio gobierno federal, lo lejos que quedaron las metas que se autoimpuso.

El cuadro ilustra media decena de indicadores, el avance registrado en el periodo y la distancia que los separa de la meta (última columna). Todos abajo de lo planeado. El indicador GIDE quedó prácticamente igual y el resto no son mejores. Nada que agregar.

Lo sorprendente es que en esa ceremonia de enero del 2013, el presidente Peña dijo que le correspondía al sector público, al gobierno federal, liderar la inversión en el sector. Una experiencia que al parecer se repetirá en el periodo que está por comenzar, aunque con un matiz diferente. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio de Minería, en el encuentro con la comunidad científica dijo: “vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto para CyT aumente. En el peor de los casos, y ese es el compromiso que hago con ustedes, porque vamos a enfrentar una situación difícil, en el peor de los casos que no se reduzca, que, en términos reales se mantenga” (22.08.2018). Y sí, los aplausos se volvieron a escuchar.

Nada más 280 caracteres:

El conflicto derivado del ataque de porros a estudiantes de la UNAM y el ejemplar rechazo de la comunidad universitaria finaliza su segunda semana. Las especulaciones crecen, pero la pregunta principal sigue sin respuesta: ¿quiénes son responsables y beneficiarios de la violencia?

CONCEPTO	MEDIDA	2013	2018	2018
		(Base)	(Avance)	(Meta)
GIDE como porcentaje del PIB	Porcentaje	0.45	0.47	1.00
Participación sector privado en GIDE	Porcentaje	35.8	22.80	40
Investigadores por cada 1000 PEA	Investigadores	0.94	0.70	1.2
Artículos por cada millón de habitantes	Artículos	94.40	113.70	115
Doctores graduados en ciencias e ingeniería / total de graduados doctorado	Porcentaje	53.60	38.90	56

Fuente: EPN. Anexos estadísticos del 6to. Informe de Gobierno, 2018. Pág. 262.

Ciencia y tecnología. Nadie extrañará la Coordinación.

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 769. Septiembre 6, 2018. Pág. 5)

No aparece en las más de 700 páginas del último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el que entregó el secretario de gobernación al Congreso el pasado sábado 1 de septiembre. Tampoco está en el casi millar de páginas de los anexos estadísticos del mismo informe. Nada sobre la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia (CCTIOP). Ni una palabra sobre lo que hizo o dejó de hacer esa instancia. No fue el caso de otras coordinaciones de la misma oficina.

¿Usted recuerda qué era o porqué se creó esa Coordinación? En la campaña electoral del 2012, la agrupación de rectores universitarios y un grupo de científicos, relativamente más reducido, se pronunciaron por la creación de una nueva secretaría. Una que incluyera a la educación superior pero también a la ciencia y a la tecnología. La posición sobre los rasgos que podía adoptar esa nueva entidad administrativa, sin embargo, no era clara ni unánime; ni en unos ni en otros. Sobre todo porque no se preveía el convencimiento de una coexistencia armónica entre las dos partes.

Quizás porque los desacuerdos se alcanzaron a entrever, el entonces candidato Peña Nieto pidió tiempo para pensar la conveniencia de crear o no la nueva secretaría. Una vez pasadas las elecciones de aquel periodo, ya como presidente en funciones, la conclusión fue negativa. El argumento básico fue que no había necesidad de crear una nueva estructura administrativa, porque el ejecutivo federal ya presidía el máximo órgano de coordinación y política sectorial. Además, también se añadía que el secretario de Hacienda –en ese entonces Luis Videgaray-- sería el presidente de la junta de gobierno de Conacyt.

Y sí, efectivamente, según lo mandata el artículo 5 de la ley de ciencia, el presidente de la República debe encabezar el Consejo General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un órgano que se encarga de establecer las políticas nacionales, aprobar el programa sectorial y definir prioridades de gasto. Claro, como en estas mismas páginas hemos reiterado, el problema es que el Consejo es de tan alto nivel –suman una veintena de personalidades y entre ellos nueve secretarios de Estado- que pocas veces ha logrado reunirse dos veces por año y funcionar conforme está previsto en la norma.

En fin, el asunto es que en lugar de crear una nueva secretaría, el presidente Peña propuso crear una CCTIOP para que lo apoyara en los esfuerzos de coordinar mejor el sector. El nombre como se podrá advertir no incluía a la educación superior. El mecanismo fue relativamente simple: emitir un nuevo decreto del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República en el Diario Oficial y listo. Así fue. El decreto apareció publicado el 2 de abril de 2013.

Una decena de funciones le fueron asignadas, la mayor parte intrascendentes o de responsabilidad limitada, porque eran de apoyo o trabajo conjunto con otras instancias –principalmente con Conacyt, para la elaboración de diagnósticos, modificaciones normativas o solicitudes de información. Nada vinculante ni decisivo. Al comienzo, la Coordinación estaba adscrita a la jefatura de la oficina de la presidencia, por ese entonces encabezada por Aurelio Nuño.

Después, en octubre de 2015, una nueva modificación al decreto del reglamento de la oficina de la presidencia, cambió de adscripción a la Coordinación: dejó la oficina de  la jefatura y pasó a la “Coordinación de política y gobierno”. Un descenso de nivel, si es que alguna vez lo tuvo, lo cual ocurrió precisamente cuando su primer titular, Francisco Bolívar había dejado el cargo, un mes antes. El lugar quedó vacante hasta abril de 2016, cuando el ejecutivo federal nombró a Elías Micha como siguiente y actual coordinador.

En este escenario, tal vez por eso no resulta sorprendente lo que dijo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 22 de agosto. Fue en la ceremonia en la que el rector Enrique Graue le entregó, en el Palacio de Mineria, el documento: “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación”. Una vez que escuchó la larga lista de oradores y casi al final de su discurso dijo: “Pero hoy di a conocer quiénes van a estar en las coordinaciones (de la presidencia), y ya no va a estar esa coordinación (CCTIOP). Va a ser la directora del Conacyt la que nos va a ayudar, María Elena Álvarez, ella es a la que le tenemos toda la confianza”.

Simple: anunció la desaparición de la Coordinación. Pocos o nadie la extrañarán. Seguramente así será: todas las capacidades y funciones quedarán concentradas en Conacyt. La instauración de la instancia fue irrelevante para el propósito que pretendía cumplir: eficiencia para la coordinación del sistema y mayores recursos presupuestales para el sector.

Sin embargo, lo que no se puede soslayar es que el asunto de la educación superior ni siquiera fue mencionado a lo largo de lo que será una efímera existencia de la Coordinación –como estaba previsto antes de crearse-- y seguramente tampoco lo será ahora con su inminente desaparición. Si las propuestas del nuevo gobierno para ese nivel educativo se acercarán a lo publicitado al respecto, va siendo hora de definir con seriedad plan, normas y estructura acorde a los propósitos reservados.

CyT. Fideicomisos, a revisión

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 768. Agosto 30, 2018. Pág. 5)

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como lo mencionamos aquí la semana pasada, anunció 50 lineamientos para acabar con la corrupción e instaurar un régimen de austeridad en la Administración Pública Federal (APF). En el número 18 quedó anotado: “Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.

El lineamiento anunciado por AMLO tomado literalmente, comenzaría por cancelar todos los fideicomisos vigentes en la APF. Y sí, el número de programas atados a fideicomisos es muy voluminoso. La organización Fundar ha documentado que suman casi cuatro centenares de fideicomisos e involucran poco más de 800 mil millones de pesos (“Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”, 2018). Alrededor de un tercio de ese total de fideicomisos escapan a la rendición de cuentas, porque se constituyen con recursos públicos en la banca privada y están protegidos por la confidencialidad.

En general, sin considerar los fideicomisos privados que involucran recursos públicos, se consideran otros dos tipos de fideicomiso: los que son entidad paraestatal (los maneja la estructura administrativa de la propia entidad) y los que no tienen estructura orgánica (no son entidad paraestatal). Los paraestatales, como siguen su propia estructura, no debieran presentar problema de fiscalización y rendición de cuentas. Actualmente, según los datos de Fundar, este tipo de fideicomisos son 19, su total de ingresos es de 343 mil millones de pesos y el monto final de disponibilidad sería de 49 mil millones de pesos en cifras redondas.

Por su parte, los segundos, los fideicomisos sin estructura orgánica, no siempre rinden cuentas, aunque normativamente están obligados a informar sobre los recursos que manejan (rendimientos, egresos e ingresos), actos jurídicos los denominan. En el 2018, también conforme los datos de Fundar, estos fideicomisos son mayoría: suman 337 fideicomisos y su total de ingresos es de 772 mil millones de pesos.

En el caso de Conacyt, solamente tiene dos fideicomisos entidad paraestatal, es decir que los maneja directamente: uno de 816 millones de pesos con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación y otro por 227 millones de pesos del Fondo para el desarrollo de recursos humanos. En cambio, fideicomisos sin estructura orgánica, al 31 de junio de este año, son 65 fondos: 4 institucionales; 35 mixtos; 25 sectoriales; y 1 de Fidetec. El saldo bancario total sumaba 26 mil 274 millones de pesos, en cifras redondas.

Los fondos sectoriales concentran la mayor proporción del total del saldo: casi 17 mil millones de pesos (64 por ciento del total). Estos fondos comenzaron a operar al comienzo de los años 2000 y se crean mediante convenios entre Conacyt y otras dependencias de la APF o entidades del sector (Inee, Sep, Inmujeres, etc.) con la idea de alentar la investigación de ese mismo sector. Además, según los datos de propio Conacyt, a junio de este año, la mayor cantidad de recursos de este tipo de fondos fue para Hidrocarburos –tal vez firmado con la Sener- y concentró 59 por ciento de los 17 mil millones de pesos. Nada irrelevante.

En lo que concierne a los fondos mixtos, los que firma Conacyt con gobiernos estatales y municipales para fomentar la investigación en determinada área, todas las entidades federativas tienen firmado al menos un convenio. La cantidad de recursos que manejan es poco menos de una tercera parte de lo que tienen los fondos sectoriales y el Edomex (383 mdp), la Cdmx (374 mdp) y Guanajuato (346 mdp) son las entidades que tienen los montos más altos. Las diferencias pueden o no tener explicación en las capacidades instaladas, aunque los fondos estaban precisamente para alentar el desarrollo regional.

En fin, el tema de los fideicomisos tiene muchas aristas y vale la pena examinarlas antes de decretar su cancelación. Esta etapa de transición es y será irrepetible. No solamente porque son otros los personajes de hoy o incluso porque las transformaciones a registrarse pudieran o no ser profundas, lo es porque será la última vez que se verifique un episodio tan largo. Sumará cinco meses: desde el 1 de julio, cuando se realizaron las elecciones, al próximo 1 de diciembre, cuando tomará posesión Andrés Manuel López Obrador. La reforma al artículo 83 constitucional que dice que el mandato comenzará el primero de octubre, no aplicará para esta toma de posesión, será para las elecciones del 2024 (DOF. 10.02.2014: 29).

Esta larga transición ha provocado una prolongación de los ánimos exaltados de la contienda electoral. Por el lado del equipo ganador de los comicios, con el presidente electo a la cabeza, se siguen sumando ofertas a la ciudadanía sin ton ni son, en lugar de reservar espacios de reflexión y deliberación para detallar propuestas y presentar un buen plan de gobierno para cuando tome posesión. Por el lado de los críticos y opositores, reclamando desaforadamente que ahora cumpla o incumpla sus intenciones o algunas de sus promesas, como si el gobierno electo ya estuviera en funciones o su plan acabado. En el caso de los fideicomisos, como el de todas las propuestas, no vendría nada mal algo de serenidad para examinar qué debe eliminarse y qué conviene modificar o preservar.