Innovación mexicana: ¿y el Modelo Pentahélice?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1014. Septiembre 28, 2023. Pág. 4)

 

¿Qué anotó el presidente López obrador en su Plan Nacional de Desarrollo en materia de ciencia y tecnología? No mucho, la verdad. Únicamente dijo: “El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas” (DOF. 12.07.2019: 18).

 

Lo más sobresaliente de esos lineamientos, como se podrá notar, fue la coordinación de un Plan Nacional de Innovación (PNI); un plan dentro de otro plan. El tema tenía su relevancia porque parte del diagnóstico, reiterado una y otra vez en esta administración, fue que en el periodo previo, entre el 2013-2018, se habían destinado recursos financieros cuantiosos a la innovación y los resultados habían sido contraproducentes.

 

Incluso quedó por escrito en el programa sectorial. Ahí dice: “El Índice Global de Innovación, instrumento basado en datos de la OMPI, a través del que se miden resultados de las capacidades y el éxito en innovación de las economías a nivel mundial, demuestra que de 2013 a 2018 México ganó 7 lugares, pasando del lugar 63 al 56. No obstante y paradójicamente, en el mismo periodo perdió 16 lugares en materia de eficiencia, pasando del 56 al 72. Es decir, a pesar de que el gobierno anterior destinó mayores recursos para el apoyo a la innovación del país, la eficiencia fue menor: con más se hizo menos” (DOF. 28.12.2021: 438).

 

A su vez, el mismo programa sectorial, recuperó el párrafo del PND y planteó como uno de sus objetivos prioritarios, la articulación de capacidades para asegurar que el conocimiento se traduzca en soluciones sustentables a través del desarrollo tecnológico y la innovación. Nótese que el programa sectorial fue publicado después de más de dos años de que apareció el PND

 

El programa sectorial, como una estrategia para alcanzar el objetivo referido planteó: “Diseñar el Plan Nacional para la Innovación que disminuya la dependencia tecnológica impulsando la construcción de agendas estratégicas de desarrollo tecnológico e innovación para atender de manera eficaz, eficiente y articulada las demandas nacionales” (p. 482).

 

Además, en la nueva ley general de ciencia aparece una sección dedicada a la elaboración de un Programa Nacional de Innovación. La ley estará cuestionada y, según lo que resuelva la Suprema Corte, tal vez sea declarada inconstitucional, pero hoy por hoy sigue vigente.

 

Según la ley, como parte de los mecanismos e instrumentos de fomento y apoyo del gobierno federal, se prevé la elaboración del Programa Nacional de Innovación, coordinado por el Conahcyt y diseñado con la participación de universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación, “así como del sector social y privado, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática” (artículo 48)

 

No solamente, la ley también indica que el Conahcyt debe consolidar un “ecosistema nacional de innovación abierta sustentado en la articulación de empresas de base científica y tecnológica, en todas sus etapas de crecimineto y consolidación y con cualquier tipo de financiamiento…” (artículo 49).

 

¿Hay un plan y un programa de innovación? El Conahcyt envió una propuesta de Plan Nacional para la Innovación a la Conamer en febrero de este año, solicitando exención de análisis de impacto regulatorio y se suponía que, una vez superado ese trámite, el Plan estaría listo. Pero no, a la fecha no se ha publicado ningún plan en el Diario Oficial de la Federación y ni siquiera se sabe si le otorgaron o no exención. Usted puede constatarlo en este sitio: t.ly/Lqhkj

 

Así que para efectos oficiales y prácticos no hay PNI. ¿Y qué decía el borrador que ingresó el Conahcyt a la Conamer? El documento tiene alrededor de 70 páginas y su principio básico era instaurar el Modelo Pentahélice, o sea, un Modelo Mexicano de Innovación. Es decir, al popular modelo de innovación de Etzkowitz y Leydesdorff, basado en la industria, las universidades y el gobierno, denominado modelo de triple hélice, el Conahcyt propuso dos hélices más: el ambiente y la sociedad.

 

En los últimos dos informes de gobierno se reportan como productos destacados de ese Modelo Pentahélice, los ventiladores mecánicos desarrollados durante la pandemia, la vacuna Patria en curso y los proyectos para sustituir el glifosato.

 

Así que no hay Plan, el programa no se conoce y los productos… usted los podrá juzgar.

 

Pie de página: Fuertes, muy fuertes las imágenes que circularon sobre la agresión que sufrieron los jóvenes de la Universidad Autónoma de Hidalgo el pasado 19 de septiembre y, muy en especial, el ataque a los estudiantes del Instituto de Artes (IDA). Lo que se ve es apenas la superficie de lo que ocurre en las turbias y profundas aguas de la institución. La renuncia de la directora del IDA es un paso, pero no será suficiente para apaciguar los ánimos y tranquilizar al alumnado.// Y los acontecimientos alcanzan el noveno aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la herida que no cierra del 2 de octubre.

Claraboyas en el Conahcyt

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1013. Septiembre 21, 2023)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, el Inai, resolvió que el Conahcyt debe entregar información relativa a los productos derivados de los estímulos fiscales a investigación y desarrollo tecnológico. Una resolución más ordena que también debe mostrar la información correspondiente a la afirmación de su titular, la doctora Elena Álvarez Buylla, sobre una presunta “red de intereses creados” alrededor del Cide. 

 

La información sobre el sector de ciencia y tecnología, lo hemos dicho aquí mismo en distintas oportunidades, es repetitiva y con frecuencia confunde a quién intenta explorarla. Lo peor es que buena parte del mismo sector permanece opaco y en la anonimidad. Los números grandes sí están, en los informes de gobierno y en las declaraciones públicas, pero eso es insuficiente.

 

Todo se complica o se vuelve imposible a la hora de precisar una iniciativa o tratar de desagregar la información. Por ejemplo, muchos jóvenes aspirantes a una beca de posgrado siguen con dudas sobre la forma, número y distribución de las becas. Lo mismo ocurre con la forma de clasificar y reclasificar los programas de posgrado o la asignación de incentivos en el Sistema Nacional de Investigadores.

 

También lo hemos repetido en múltiples ocasiones: el informe general del estado del sector más reciente es del 2020, a pesar de que por norma debe ser publicado año con año. El sitio electrónico del Conahcyt, la fuente primaria de información, es un laberinto con salida a páginas que no están actualizadas o con información tan poco amigable que lleva horas sistematizarla. O bien, las ligas de una página a la otra estás rotas o aparecen en blanco.  

 

Tal vez por eso el ejercicio del derecho de acceso a la información y el respaldo del Inai se han convertido en el mejor mecanismo para conocer la actividad del organismo rector de las políticas para el sector científico y para precisar el curso que tienen sus iniciativas.

 

Un caso: el Conahcyt respondió de forma extemporánea e incompleta la solicitud de información de un particular. Este último quería conocer los informes técnicos finales y los productos entregables de nueve proyectos derivados de estímulos fiscales que indagaron “el control y tratamiento de diversos padecimientos en la salud, tales como el síndrome metabólico, infartos agudos al miocardio, esclerosis múltiple, y enfermedades no transmisibles de mayor impacto a nivel nacional” (Nota informativa Inai 077/23).

 

El Conahcyt solamente entregó información sobre cuatro proyectos de los nueve solicitados y, como si no hubiera sido suficiente, clasificó como información confidencial los reportes y los productos entregables. Ante esta situación, el Inai le ordenó al Conahcyt que realizara una nueva búsqueda, exhaustiva, de reportes técnicos finales y proporcionara las versiones públicas de los mismos. El tema es relevante porque incluye los incentivos fiscales para los dos primeros años de esta administración y recuérdese que la distribución de estímulos fiscales ha sido otro de los cuestionamientos reiterados a administraciones anteriores.

 

Otro caso: Diego Micher hizo una solicitud al Conahcyt para que le proporcionara pruebas sobre las afirmaciones realizadas por la doctora Álvarez Buylla acerca de una presunta red de intereses creados por el Cide en la administración anterior, pero el organismo se negó. El Inai instruyó al Conahcyt para que responda y la información que se derive puede llevar a esclarecer de una vez por todas si el Cide incurrió o no en prácticas indebidas.

 

Las afirmaciones de la doctora Álvarez, como el mismo Micher lo explicó en “X”, antes Twitter (18.09.2023: t.ly/a0HGc), fueron pronunciadas en una conferencia de prensa del presidente López Obrador el pasado mes de mayo. Ahí, como parte de su exposición, ella proyectó en pantalla una lámina con el título “Redes de intereses creados”, la cual tenía colocado en el centro el logotipo del Cide y líneas que lo conectaban con diferentes nombres e instituciones.

 

La doctora Álvarez, frente a la lámina, afirmó en referencia al Cide: “Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época neoliberal, desviando sus funciones, que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos” (03.05.2023: t.ly/VrfoT).

 

Ahora, el Inai ha resuelto que el Conahcyt debe entregar el expediente con la información correspondiente y si no es el caso, dijo Micher, el Inai “procederá con medidas de apremio y sanción en su contra”.

 

Si las entidades de la administración pública cumplieran con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información, no habria necesidad de recurrir a otros mecanismos para ejercer el derecho a la información. En las circunstancias presentes, sin embargo, se abren pequeñas ventanas, como claraboyas, para asomarse al desempeño administrativo y a datos elementales. Tal parece que el Inai resultará cada vez más necesario para ejercer el derecho a la información.

 

Pie de página: El hilo se rompe por la parte paraestatal: Un comunicado del Cinvestav, pero publicado en la página del Conachcyt, dice que ese Centro acordó “con el Conahcyt hacerse cargo de 20 por ciento de las becas otorgadas, a fin de garantizar que la totalidad de los estudiantes aceptados en alguno de los posgrados del Centro, incluido el colocado en la Categoría 3, cuente con ese apoyo” (11.09.2023: t.ly/c_9DP). Anotado. // El Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado se manifestó en la reunión de la ANUIES y la inconformidad no amaina (12.09.2023). Pendientes.

Becas de posgrado y SNI: ¡es Hacienda… y Conahcyt!

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 1012. Septiembre 14, 2023. Pág. 4)

El error de Ana Elizabeth García Vilchis, la conductora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, es lo de menos. Dijo que eran 13 millones de pesos el presupuesto para becas de posgrado y son 13 mil millones (06.09.2023). Lo preocupante es que ahora, rotunda y normativamente, las decisiones sobre el sector científico y tecnológico se trasladan a Hacienda. Al menos eso ocurrirá en lo que corresponde a becas de posgrado y al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Sí es relevante saber si hoy se otorgan más o menos becas, pero eso tampoco es una novedad. La polémica sobre cuántas becas de posgrado entrega esta administración comenzó desde el primer año y la polémica sigue hasta hoy.

 

Pero ¿han disminuido o no las becas de posgrado en este periodo? En números gruesos sí. Según el informe de gobierno más reciente, en el último año del gobierno de Peña Nieto se otorgaron 55 mil 962 becas: 52 mil 649 nacionales y 3 mil 313 para el extranjero. Mientras que en este año se entregaron 54 mil 928: 53 mil 350 nacionales y 1 mil 578 para el extranjero.

 

O sea, en total, entre el 2018 y el 2023, la disminución es de poco más de un millar de becas, aunque se incrementaron ligeramente las becas nacionales y cayeron a la mitad las becas al extranjero. En una próxima entrega entraremos a los detalles, para diferenciar montos, tipos de becas y periodos. Por ahora tomemos nota de que hoy se entregan menos becas y la demanda potencial es mayor.

 

¿Qué hay de nuevo en la problemática de becas y SNI? La Secretaría de Hacienda entregó el paquete económico para el año próximo al Congreso el pasado 8 de septiembre y ahí, en el segundo párrafo del artículo 38 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año próximo, viene la franca restricción para el Conahcyt.

 

El párrafo advierte que si el Consejo quiere cumplir con su programa de becas de posgrado o incentivos a la calidad del SNI: “previo a incrementar el número de población objetivo elegible de los programas antes referidos, el Consejo deberá obtener el dictamen de suficiencia presupuestaria que emita la Secretaría” (PPEF 2024, pág. 57). Esto, en pocas palabras, quiere decir que antes de aumentar o prometer más apoyos, primero tiene que consultar a Hacienda si contará con el presupuesto para hacerlo. Nada más y nada menos.

 

Ninguno de los proyectos de presupuesto anteriores había hecho tal advertencia, con todas sus letras, a dependencia alguna. Los responsables de todas las secretarías saben, desde siempre, que la primera persona a la que deben dirigirse para tener mayores recursos financieros es al presidente de la República. Pero también saben que la otra persona imprescindible es el titular de la Secretaría de Hacienda. Incluso, este último puede ser más importante y el único al que hay que persuadir. Los rectores y directores de los centros públicos de investigación conocen bien ese camino.

 

Lo nuevo es que hoy, en el caso de las becas de posgrado e incentivos para el SNI, está por escrito y forma parte de la ley del PPEF. Así que el techo para un mayor volumen de becas no radica en la directora del Conahcyt, en las comisiones dictaminadoras, en la Junta de Gobierno del organismo o en los meritos de los demandantes. La decisión es de Hacienda.

 

Los diputados son los que aprueban la ley del PPEF, podrían cambiar esa norma y a menudo modifican los números, los responsables de las universidades también se saben ese camino y siempre tocan a la puerta. Pero en esta legislatura hemos visto su actuación y no cabría esperar mucho.

 

¿Tiene responsabilidad el Conahcyt en estar supeditado a Hacienda? El programa del sector se denomina especial y se supone que lo es porque se trata de una prioridad nacional. Sin embargo, no lo parece y nunca se logró alcanzar el 1 por ciento respecto al PIB en materia de financiamiento; ni en esta gestión ni en las anteriores. Todavía peor, en este periodo desaparecieron los fideicomisos y aunque la directora del organismo había dicho que se conservaría al menos uno, todos se eliminaron y los recursos desaparecieron. Sí hay responsabilidad, por omisión o comisión.

 

Así que aquellos jóvenes preocupados porque su programa de posgrado no recibirá beca o esos otros que se pregunten por qué no pudieron ingresar al SNI, podrían comenzar por ver la distribución y concentración del prespuesto público que se propone para el año próximo. Y sí, enlistar en primer lugar la responsabilidad de Hacienda, pero no es la única ni la principal.

 

Pie de página: El gobierno federal propone para el año próximo un presupuesto para Conahcyt casi idéntico, en términos reales, al de este año. La ley general de ciencia vigente ya no plantea alcanzar el 1 por ciento respecto al PIB en materia de financiamiento. Ahora solamente precisa que proveerá los recursos “conforme al principio constitucional de progresividad y no regresividad”. El problema, lo dijimos aquí antes de que se aprobara la norma es que: “ese principio en materia de financiamiento no necesariamente garantiza que habrá una mayor inversión, porque sostener el mismo nivel de gasto resulta suficiente para cumplirlo” (Campus Milenio No. 992). ¡Qué conste!