Un año después

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 807. Junio 27, 2019. Pág. 5)

En las vísperas de las elecciones presidenciales del año pasado había datos acumulados –cuando su dureza parecía refractaria a la interpretación de datos alternativos— que trazaban los rasgos sobresalientes de las iniciativas que podría poner en marcha la coalición “Juntos Haremos Historia”. Después de la victoria del 1 de julio del 2018, en el terreno de la educación y de la ciencia y la tecnología, algunos lineamientos han sido consistentes, otros cambiaron y otros más se convirtieron en lo opuesto.

No solamente se conocía el documento “Proyecto de Nación 2018-20240”, presentado públicamente por AMLO desde noviembre de 2017. Un voluminoso documento de casi 500 páginas que contenía brevísimos diagnósticos y un amplio conjunto de proyectos, entre ellos para economía, seguridad, desarrollo social y gobierno, como la idea de descentralizar las dependencias de la administración pública federal de la que actualmente ya no se habla o el amplio programa de becas para jóvenes que hoy tiene lugar.

Sin embargo, el apartado de educación iniciaba y concluía con la propuesta de otorgar autonomía a las instituciones particulares de educación superior (“Educación para todos”. pp. 432-442). Nada más y nada menos. No mencionaba el asunto de las 100 universidades, tampoco nada sobre la cancelación de la “la mal llamada reforma educativa”, ni el espinoso tema de la calidad educativa, menos sobre la propuesta de reestructurar el sistema de ciencia y tecnología. Poco tiempo después vendrían esas definiciones.

El entonces precandidato López Obrador había adelantado en mayo de 2017 en Oaxaca, ante profesores de la sección 22 de la CNTE, la idea de cancelar la mal llamada reforma educativa del 2012-2013. Luego, en febrero de 2018, en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, reiteró y firmó un Acuerdo (escasas seis cuartillas) con el profesor Rafael Ochoa Guzmán, como representante de la Redes Sociales Progresistas para cancelar la reforma.

El primer punto de los acuerdos era dar marcha atrás a la reforma educativa “enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente”. El tercer punto incluía “eliminar la evaluación punitiva” del eventual proyecto de ley, cesar las persecuciones y amenazas al magisterio. Además, en el quinto punto, precisaba la recontratación inmediata de maestras y maestros que fueron cesados por oponerse a la evaluación punitiva.

Sí hubo marcha atrás pero, como ahora es claro, después vinieron las negociaciones ríspidas con otra de las fracciones del sindicato magisterial y no fue un cambio a una ley secundaria. El 12 de diciembre del 2018, ya investido como presidente, AMLO envió un proyecto de reforma del artículo 3º, 31 y 73 de la Constitución que cancelaba la anterior reforma y desaparecía el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

El proceso legislativo, sin embargo, no fue tan sencillo. La primera sorpresa fue que el proyecto presidencial también suprimía la fracción VII del artículo 3º constitucional, la referente a la autonomía de las universidades. La autoridad educativa dijo que había sido un error que se repararía. No obstante, se sumaba a otro “errorcito”, como le llamó el secretario de Hacienda dos semanas antes, en el que las universidades públicas tenían un recorte de 32 por ciento en el Presupuesto de Egresos para este año.

Al final, el recorte presupuestal a las universidades fue reparado y los legisladores, después de considerar otros proyectos, aprobaron una reforma educativa diferente a la enviada por el ejecutivo federal. Hoy siguen pendientes las leyes secundarias y la integración del organismo sustituto del INEE.

La idea de ofrecer oportunidades educativas en el nivel superior para todos los jóvenes (“nadie será rechazado de la media superior ni de las universidades”, reiteraba AMLO en sus concentraciones) ha sido permanente y fue anterior al “Proyecto de Nación 2018-2024”. No obstante, la iniciativa de crear 100 universidades públicas en el primer año de la administración comenzó a dibujarse en el periodo de transición y como proyecto separado de la Subsecretaría de Educación Superior y de la SEP misma.

Actualmente se denomina “Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, los aspirantes no presentan examen de selección, serán sorteados si la demanda es mayor a la oferta de lugares y recibirán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales por diez meses. La página electrónica (ubbj.gob.mx) destaca que son un centenar de instituciones, están o estarán en 31 entidades federativas y ofrecerán 36 carreras universitarias. Sin embargo, las expectativas son muy limitadas sobre el efecto que tendrán en la expansión de la matrícula en el nivel superior y muchas dudas acerca de si pueden denominarse universidades

En la próxima entrega veremos el tema de la austeridad en el sector, el presupuesto y la reestructuración del sistema de ciencia y tecnología. Hoy, un año después, el panorama es muy distinto.

Pie de página: Que las casi 14 mil evaluaciones del SNI ahora incluirán criterios cualitativos, como el trabajo docente y de divulgación. Ya veremos.

Los Centros Públicos de Investigación

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 806. Junio 20, 2019. Pág. 5)

A la memoria de doña Julia.

Tal vez sea eso que algunos se empeñan en nombrar como hechos alternativos o paralelos. Sin embargo, lo cierto es que la información es disonante y perturbadora.

Hace apenas 20 días en el Senado de la República, la titular del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, respondió con firmeza: “a pesar de los recortes presupuestales, no debe haber preocupación por los centros públicos de investigación. Éstos van a estar mejor de cómo han estado” (Boletín 1905. 28.05.2019). No es así. Día tras día se suman evidencias sobre las dificultades que están sorteando los Centros Públicos de Investigación (CPI).

La aclaración de la directora del Conacyt fue realizada en su comparecencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. Y fue citada porque el 15 de mayo, miembros de la comunidad de los CPI hicieron pública una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador (http://bit.ly/2w3FnJy), en la que plantearon el daño que les causaría las medidas del memorando presidencial del 3 de mayo. Asunto que aquí hemos comentado.

Los CPI argumentan que los tratan como si fueran una dependencia más de la Administración Pública Federal (APF), “cuando la naturaleza de sus funciones es muy distinta”. No les falta razón. La normatividad científica los define como entidades paraestatales de la APF “que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica” (artículo 47). La misma ley dice que deben celebrar un convenio de administración por resultados con las secretarías de Hacienda y Función Pública para evaluar su desempeño y el impacto de sus acciones. Un requerimiento que no tienen otras dependencias centralizadas.

Las entidades paraestatales no forman parte de la administración pública centralizada --como sí lo son las secretarías de Estado o la oficina de la presidencia--, son organismos que tienen autonomía técnica pero que le ayudan al ejecutivo federal a cumplir objetivos estratégicos, como en este caso la realización de investigación científica y tecnológica.

Las paraestatales son relativamente inestables porque en algún punto pueden ser desincorporadas (como Ferronales). Así, la Ley Federal de Entidades Paraestatales prevé que la Secretaría de Hacienda publique anualmente la relación de entidades paraestatales que forman parte de la APF.

En total, en la lista del año pasado, las paraestatales sumaban dos centenares. Los CPI eran 26: siete considerados como organismos descentralizados; 18 como empresas de participación estatal mayoritaria; y dos fideicomisos (DOF. 15.08.2018). Los centros que figuran como descentralizados son los de: Ingeniería y Desarrollo Industrial; Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California; Investigación en Química Aplicada; y de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. A ellos se añaden dos institutos: Investigaciones “Dr. José María Luis Mora” y el Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; y el Colegio de la Frontera Sur.

Los 18 CPI que están clasificados como empresas de participación estatal mayoritaria en su mayoría son asociaciones civiles, como los centros de investigación: Científica de Yucatán; Alimentación y Desarrollo; Ciencias de Información Geoespacial; Matemáticas; Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco; y el CIDE, entre otros. E incluye a los colegios de la Frontera Norte, de Michoacán y de San Luis, así como al Instituto de Ecología.

Además, también incorpora otras figuras jurídicas (S.A y S.C.), como la de los centros de investigación en: Materiales Avanzados; Desarrollo Tecnológico en Electroquímica; o Biológicas de Noroeste, entre otros. Adicionalmente suma dos fideicomisos: el del Centros de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) y el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (Fiderh).

Aunque en la lista de Hacienda suman 26 CPI, a ella se suma un Organismo Internacional Asociado (la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México). Así que en total suman 27 CPI y son solamente esos. La aclaración es pertinente porque prevalece cierta confusión sobre cuáles y cuántos son e incluso sobre su denominación misma.

Ha sido frecuente que a los centros de investigación de la UNAM, al Cinvestav o incluso a los institutos nacionales se les incluya como CPI. Realizan actividades similares, pero no son lo mismo ni tienen la misma figura jurídica. Lo veremos en próxima entrega. También ocurre que muchos le siguen llamando Centros Sep-Conacyt a los CPI, porque esa era su antigua denominación, cuando Conacyt todavía estaba sectorizado a la SEP. No obstante, desde el 2002 solamente son CPI.

En fin, el caso es que la comunidad de los CPI, por la naturaleza de sus actividades y su desempeño –también lo veremos en otra entrega--, en su carta le solicitaron al presidente López Obrador eximirlos de los recortes presupuestales instruidos en su memorando y la creación de un nuevo marco jurídico para su desarrollo. Ya suman más de tres mil firmas de respaldo.

Pero no, el ejecutivo federal no responde y los CPI no están mejor que en el pasado, como aseguró la titular del Conacyt ante el Senado.

¿Yerro en el memorando presidencial?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 805. Junio 13, 2019. Pág. 4)

¿Por qué el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permite exentar a la comunidad académica de incomprensibles medidas de austeridad y, al mismo tiempo, le aplica otras igualmente severas? La respuesta no está a la vista y, al contario, deja más interrogantes.

Los investigadores y becarios Conacyt ya no necesitarán autorización del ejecutivo federal para viajar al extranjero, eso dijeron las autoridades del sector la semana anterior. Una necesaria e importante rectificación sobre las absurdas restricciones que limitarían la movilidad académica. Sin embargo, menos claro ha sido el fundamento normativo que llevó a considerar su posible instauración y luego su posterior retiro.

La aplicación de la medida derivó del memorando presidencial del 3 de mayo, cuyo punto 9 instruía: “toda comisión al extranjero deberá ser solicitada por escrito, justificada y autorizada por el Titular del Ejecutivo Federal”. La medida, junto con otra docena más, era de “observancia obligatoria”, dirigida a todos los servidores públicos de la administración federal y adicional a las que previsiblemente incluirá la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado. Esa última, por cierto, todavía no es vigente.

La novedosa restricción causó sorpresa y después malestar e inconformidad creciente en el personal de los Centros Públicos de Investigación (CPI) e institutos nacionales, sobre todo cuando comenzaron a documentarse casos efectivos de solicitudes rechazadas. La resonancia llegó a la conferencia matutina del presidente López Obrador del pasado 3 de junio y, después, la preocupación fue todavía mayor.

El ejecutivo no solamente ratificó lo que su memorando había adelantado sobre la restricción para viajar, lo extendió más: mencionó que aplicaría para todos --incluyendo becarios del Conacyt--, aventuró criterios para aprobar las eventuales solicitudes para viajar y precisó que la responsabilidad de la decisión recaería en la directora del Conacyt.

No obstante, al día siguiente Elena Álvarez Buylla, la titular del Conacyt, informaba en comunicado público que realizó consultas al respecto con Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. En la consulta le aseguró que los investigadores no se verían afectados: “los becarios, académicos e investigadores adscritos a la institución no requieren solicitar por escrito ni recibir autorización expresa para poder realizar viajes al extranjero a cargo del erario, siempre y cuando no ocupen cargos de mando o enlace” (Comunicado 38. 04.06.2019).

El fundamento que destacó la secretaria Sandoval fue el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Según el mismo comunicado, la funcionaria aclaró que, de acuerdo al artículo 31, fracción I, inciso b) de esa norma, los académicos e investigadores no son considerados como personal de mando o enlace y, en consecuencia, no están obligados a solicitar autorización al ejecutivo federal.

Fue una buena noticia y un alivio para investigadores y becarios. Pero ¿exactamente qué dice el artículo 31 que refirió la secretaria Sandoval? Corresponde a la sección VII del Reglamento: “De la integración del presupuesto de servicios personales” y el artículo distingue los tipos de servidores públicos con fines presupuestales: civiles y militares.

A los civiles los clasifica en personal de base y de confianza y hace tres agrupaciones: operativos; por rama de especialidad y función administrativa; y personal de mando. En los segundos están incluídos los docentes y los investigadores, los que no necesitarán autorización del ejecutivo federal para salir al exterior; en los últimos están los de confianza (mando y enlace) que están en el caso contrario. Así las cosas, ninguna mención sobre los becarios.

En primer lugar, si el Reglamento distingue claramente diferentes tipos de personal ¿por qué solamente es aplicable para los viajes al exterior y no para otras medidas de austeridad del mismo memorando dirigidas a ese personal? Incluso ¿cómo se pueden poner en marcha medidas de austeridad si la propia Ley Federal de Auteridad Republicana de Estado no está en vigor? Todavía más ¿por qué tampoco se hizo la diferencia en tipos de personal para las medidas derivadas de la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores Públicos y cuyo efecto fue claro en los investigadores?

No hace falta ser jurista para saber que, en la jerarquía normativa, un reglamento no está por encima de una ley secundaria y ésta no puede estar por arriba de la norma suprema que es la Constitución. Pero ¿cuál es el estatus de un memorando presidencial que no está en armonía con la normatividad vigente? Así, como en las restricciones para viajar: ¿aplíquese y después averiguamos? 

La discusión no quedó zanjada en abril pasado, a propósito de otro duro memorando presidencial sobre la reforma educativa.

Pie de página: La opacidad e irregularidades en el proceso de integración del organismo para la mejora continua de la educación, el que sustituirá al ex INEE, muestran un pésimo inicio. Mal augurio.

Internacionalización académica a la… Tarahumara

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 804. Junio 6, 2019. Pág. 5)

“¿Qué criterios utilizará para aprobar esta solicitud presidente?” Fue la interrogante directa que le formuló la reportera Zeltzin Juárez del medio “Puntos suspensivos” al presidente Andrés Manuel López Obrador. La pregunta, en la conferencia de prensa del lunes 3 de junio, llegó un mes después de publicado el memorando presidencial que instruyó a toda la administración pública federal para que: “Toda comisión al extranjero deberá ser solicitada por escrito, justificada y autorizada por el Titular del Ejecutivo Federal”.

La instrucción no solamente aplicó a todos los funcionarios del gabinete (legal y ampliado), como al comienzo se suponía. A los pocos días, por absurdo que parezca, diferentes centros de investigación hicieron saber a sus comunidades que debían solicitar autorización al presidente de la República si querían respaldo para salir al extranjero. La orden incluyó a los institutos nacionales de salud, a los Centros Públicos de Investigación (CPI) y a todas las instituciones académicas cuya figura jurídica queda bajo la cadena de mando del gobierno federal. Incluso también alcanzará a los becarios del Conacyt.

Así que la pregunta sobre los criterios que utilizará el presidente para autorizar los viajes al extranjero era de lo más importante. La respuesta del presidente, sin embargo, no fue directa: “se va a resolver pronto, voy a hablar con la directora de Conacyt para que ella, con un criterio apropiado decida. Tuvimos que hacer esto porque era un desorden…”.

La reportera Juárez lo interrumpió y punzó: “¿qué criterios van a ser, presidente?” El ejecutivo federal la miró y repuso: “Que sea lo más indispensable, que no vayan a hacer turismo político, que no vayan a pasear a costillas del erario, que sea lo que se necesite hacer, en este caso para beneficio de la ciencia, y que requiera el viaje, porque pues ahora se pueden hacer las cosas por Internet”.

¿Los académicos van al extranjero a hacer turismo político? Sí, eso dijo el presidente y que además no viajan en clase económica, “viajan como machuchones” y pidió disculpas a las líneas áreas.  Habrá, seguramente, algunos investigadores que solamente van a pasear. Sin embargo, es una desmesura pensar que viajan en clase “premier”, realizan turismo político y encima que bien podrían resolver las cosas a través de Internet.

Tal vez cabría suponer que el presidente de la República se equivocó de términos o de sector. Desafortunadamente no parece ser el caso, es más bien revelador del diagnóstico general que ocupa su pensamiento y la acciones que busca aplicar: ninguna política pública está bien y la solución es recortar al extremo el presupuesto para reparar las fallas.

Por ejemplo, en referencia a las solicitudes de autorización que había recibido para viajar al extranjero dijo que hasta el momento, sin exagerar, sumaban alrededor de 300. Y añadió: “Es lo mismo [que ocurrió con el problema de abasto] de las medicinas, de los libros de texto; bueno, del huachicol. Es lo mismo. ¿Qué querían los que se dedicaban al huachicol?  Que diéramos marcha atrás. Y dijimos: no. No vamos a regresar a esos excesos. Aunque se trate de científicos, de intelectuales”.

De verdad: ¿Las 300 solicitudes para viajar al extranjero son una multitud y, sin más, se pueden equiparar con el robo de combustible? Sí, ese es el diagnóstico que tiene el presidente. No hay comparación posible, ni en magnitud ni en propósitos. Pero ¿cuántas solicitudes son una multitud? Unos pocos números nos pueden dar una idea aproximada. En primer lugar, la planta docente de los CPI es de alrededor de 2 mil 300 personas y la cifra se duplica si se suma a todas las personas que realizan actividades científicas y tecnológicas en esos centros. El Cinvestav, por su parte, cuenta con casi 800 investigadores, la mayoría perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores.

Además, como el mismo ejecutivo federal aclaró, no todas las solicitudes eran de los CPI o del Cinvestav. Así que tendríamos que sumar al personal de los institutos de salud, otros centros y de toda la administración pública federal. En esta última, se desempeñan como mandos superiores o de confianza poco más de 100 mil personas (de los más de 1 millón 300 mil funcionarios). No todo el personal requiere viajar y, de ser el caso, no lo hace al mismo tiempo, pero ya vemos de qué proporciones estamos hablando. No, 300 no son una multitud.

Para finalizar, la misma reportera preguntó si las restricciones aplicarían para los becarios de Conacyt. La respuesta del presidente fue afirmativa. La reportera insistió: ¿aunque sea por movilidad académica? El ejecutivo federal reiteró y añadió: “yo también quisiera que hubiese movilidad estudiantil en la Tarahumara”.

A nivel nacional, el ciclo de la internacionalización académica que comenzaba a enderezarse como política pública llega a un punto de inflexión, como en Estados Unidos o el Reino Unido, por motivos diferentes y parecidos. Sorprendente.

Pie de página: El 28 de mayo compareció la titular del Conacyt ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de los Senadores. Primera llamada.