viernes, 27 de enero de 2017

TPP: Algo más que libre comercio

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 690. Enero 26, 2017. Pág. 5)

Fácil, rápido e inopinadamente lo hizo Donald Trump: dio marcha atrás al acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés). Menos sencillo será anticipar las consecuencias y factores asociados a las decisiones que está tomando el actual mandatario estadounidense. No solamente se trata de comercio.
La nueva administración, encabezada por Trump, en su tercer día de ejercicio, en su primer día laboral y, literalmente, de un plumazo, revirtió un par de programas y la participación de Estados Unidos en el que iba a ser el mayor acuerdo regional en materia comercial. O acuerdo megarregional, como ya se le mencionaba.
Las atribuciones de Trump le permiten tomar algunas decisiones que no requieren autorización del Congreso, por más extravagantes o pendencieras que pudieran ser. Así que puede impulsar acciones o derogar las que tienen ese carácter y están vigentes, como varias de las que tomó el ex presidente Barack Obama.
“Lo que acabamos de hacer es una gran cosa para los trabajadores estadounidenses”, dijo Trump, con esa peculiar expresión facial suya y después de firmar la orden correspondiente. El inventario de órdenes vinculantes que el nuevo presidente puede tomar, y también las que requieren aprobación del Congreso, han sido reiteradas y motivo de muchas especulaciones.
Por lo pronto, es un hecho la salida de Estados Unidos del TPP, a pesar de ser el país que le dio mayor atractivo e impulso al acuerdo. No deja de ser paradójico que la nación más identificada con la globalización, la internacionalización y el libre comercio, ahora sea la que quiera retrotraerse en sí misma, edificar murallas, aislarse y abandonar el libre comercio. Un verdadero quiebre en su trayectoria y en su papel en la geopolítica.
Las negociaciones sobre el TPP se extendieron en la última década y con particular énfasis en los últimos cinco años. La docena de países firmantes del acuerdo, México entre ellos, aproximaron posiciones, calibraron los beneficios y más o menos trataron de dirimir los componentes de mayor tensión. En Australia, cuando todos los países firmaron el acuerdo en febrero de 2016, quedó establecido que se darían dos años más para que el acuerdo se ratificara o se rechazara por los respectivos Congresos (http://thenewdaily.com.au). Ahora, Estados Unidos es el primer país que lo abandona.
A la fecha, no se han dado a conocer los términos de las negociaciones, las características finales del documento y a lo que están obligados los firmantes del acuerdo. En el caso de México, lo que informó la Secretaria de Economía (SE) es que se trataba del “tratado comercial más relevante y moderno del mundo” (http://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico). ¿Lo seguirá siendo? Ya no, seguramente.
La SE precisó que el tratado tenía 30 capítulos en los que se regulaba no solamente el acceso a mercados, las reglas de origen, servicios e inversión, sino también el control de las actividades de las empresas estatales, el comercio electrónico o la propiedad intelectual, entre otros. Es decir, un tratado que podría redefinir las economías de estos países en términos de reglas, solución de diferendos, derechos de propiedad intelectual, etcétera (Ulises Granados. “México y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): oportunidades y retos”, 2014. Análisis).
Desde luego, no solamente se trataba de regular el libre comercio. ¿Cuál era el incentivo para la participación de México? La misma SE dijo que se trataba de mejorar el acceso a mercados (la docena de países que representaba 40 por ciento del PIB mundial) y a esa tercera parte de los mayores exportadores; promover la innovación, la productividad y la competitividad; e integrar esa plataforma regional para el encadenamiento productivo.
No obstante, como en casi todos los tratados, las asimetrías entre los firmantes pueden ser muy pronunciadas. Las economías menos desarrolladas generalmente están desventaja: porque no cuentan o no han logrado fortalecer sus capacidades de innovación ni tienen una fuerza de trabajo de alto nivel profesional. Así que el ingreso en estos acuerdos está “basado en la provisión de productos básicos o de menor valor agregado en la cadena de producción” (Barreto Menini. “El paquete de Bali ¿Un éxito para América Latina?”, 2014).
En noviembre de 2013, WikiLeaks filtró un borrador del capítulo correspondiente a los derechos de propiedad intelectual del TPP (wikileaks.org/tpp). Sin embargo, no se sabe en qué términos quedó la versión final, si permaneció o no la protección excesiva de esos derechos a favor de unos países y en detrimento de otros. 
Un estudio independiente, citado por The New York Times, había indicado que el TPP podría incrementar las exportaciones y los ingresos de los Estados Unidos, pero tal vez no sus empleos. Ésa fue parte de la controversia sobre el acuerdo, también en la que se apoyó Trump y en la que también coincidían algunos de sus opositores. Y sí, como se podrá entender, independientemente de la continuidad del TPP o del TLCAN, esto no es solamente libre comercio.

jueves, 19 de enero de 2017

El factor Trump ¿Tenemos nuestro destino en nuestras propias manos?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 689. Enero 19, 2017: 5)

Finalmente llegó el día que tomará posesión el amenazante y controvertido Donald Trump. Este viernes 20 de enero también terminarán las especulaciones sobre lo que podrá hacer o dejar de hacer el nuevo mandatario y de aquí en adelante comenzará el periodo de las verdaderas acciones de gobierno. ¿En qué condiciones llegamos a este nuevo ciclo y cómo habrá de resolverse?

El lapso que transcurrió desde el pasado mes de noviembre, cuando Trump fue declarado electo, hasta ahora que asumirá el cargo, fue relativamente corto. Sin embargo, su comportamiento era como si ya fuera presidente en funciones, ratificando lo que había dicho en campaña, tratando de gobernar a punta de declaraciones y con los 140 caracteres de Twitter; los efectos han sido letales para la coexistencia pacífica, el trabajo de la prensa, las políticas de seguridad internacional y principalmente para la economía mexicana.

A estas alturas resulta una obviedad decir que la presidencia de Trump trazará una línea divisoria en la geopolítica y será un cambio importante no solamente para la nación que gobernará, también lo será para el mundo entero y comenzará con los países vecinos. Lo que todavía no está claro es cuál será la expansión, profundidad y duración de ese cambio que se aproxima.

El centro de gravitación son las relaciones internacionales y el comercio exterior; los asuntos educativos y científicos estarán en segundo plano. Por lo pronto, las condiciones básicas son los funcionarios públicos que asumen la representación. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá --el otro país vecino y participante en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN--, al comienzo de este mes realizó un ajuste relevante en su gabinete. Fueron seis reasignaciones en los ministerios; una veintena permaneció y tres funcionarios salieron (The Globe and Mail 11.01.2017).

Fue un cambio estratégico de funcionarios para la posible renegociación del TLCAN y la relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos y Rusia. Por ejemplo, Chrystia Freeland, la anterior ministra de comercio internacional, ahora asumió la titularidad de Asuntos Exteriores. La nueva canciller fue directora adjunta del periódico canadiense The Globe and Mail y editora en Thomson Reuters. Lo relevante es que la ahora canciller se especializa en Rusia y, de hecho, tiene prohibida la entrada a ese país “como represalia por las sanciones contra Moscú por la incursión en 2014 en Ucrania”.

Los otros cambios relevantes en el gobierno canadiense fueron en Comercio Internacional y en Inmigración. En el primero fue nombrado François-Philippe Champagne, un abogado, empresario y especialista en comercio internacional. En el segundo, Ahmed Hussen, también abogado y ex presidente nacional del Congreso Somalí Canadiense.

En el caso de México ni qué decir, no fue un cambio estratégico, si al caso inercial. También al inicio de este mes y como en su momento lo reiteraron los medios, el presidente Peña Nieto nombró a Luis Videgaray, el ex secretario de Hacienda que renunció a esa posición en septiembre del año pasado, como el nuevo canciller. En primera línea, nada más. (Bueno, también nombró a la titular de Cultura, pero por otras razones). Y el ahora secretario no, no es un especialista. Él mismo lo reconoció ante los integrantes del servicio exterior: “no soy diplomático, vengo a aprender de ustedes”.

Apenas la semana anterior comenzaron los cambios estratégicos. Carlos Manuel Sada Solana, quien se desempeñaba como embajador de México en Estados Unidos, fue designado como subsecretario para América del Norte. Y en su lugar, como embajador, a la espera del beneplácito del gobierno estadounidense y la ratificación del Senado, fue propuesto Gerónimo Gutiérrez Fernández, funcionario de relaciones exteriores y gobernación en las anteriores administraciones panistas.

Sin embargo, seguramente por la inestabilidad de las posiciones o la premura de los cambios, todavía faltan por resolverse posiciones clave del servicio exterior. Desde octubre pasado la representación de México en Unesco sigue vacante y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) se quedó sin titular desde noviembre. Igualmente, María Eugenia Casar Pérez, directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) dijo que se separaría del cargo en diciembre del año pasado (Campus Milenio No. 681). A la fecha, oficialmente nada se ha informado.

Entonces, ni siquiera en lo elemental llegamos en los mejores términos: en la simple representación completa del servicio exterior. La canciller alemana, Angela Merkel, interrogada sobre las críticas que Trump lanzó sobre la OTAN y su política sobre los refugiados, simplemente respondió “los europeos tenemos nuestro destino en nuestras propias manos” (El Mundo 16.01.2017). Nosotros no. Por ahora, lamentablemente, se nos escapa, solamente está en un par de manos y no tenemos idea de cómo terminará.

Constitución de la Ciudad de México El derecho a la ciencia

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 688. Enero 12, 2017: 5)

En el proyecto original de la Constitución Política de la Ciudad de México, aquel que presentó el Jefe de gobierno en septiembre de 2016, en uno de los ocho títulos que lo integraban, el de la “Carta de Derechos”, se establecieron tres derechos: a la educación, a la ciencia y a la cultura (artículo 13).

Los debates y acuerdos de los constituyentes avanzan poco a poco, aunque muy presionados porque el tiempo se les vino encima y todavía tienen mucho por aprobar. Sobre el derecho a la educación han añadido puntos de debate (calidad, pertinencia, discapacidad, evaluación, etcétera), han realizado precisiones y aprobado algunas modificaciones, pero el asunto central sobre la responsabilidad del sistema educativo local parece que una vez más quedará pendiente. Es el elefante que permanece en la sala desde hace más de dos décadas y al que se mira de reojo; un tema al que nos referimos cuando apareció el proyecto de Constitución (CampusMilenio No. 674).

Lo que ahora sorprende es la aprobación de una modificación importante sobre el derecho a la ciencia. Un cambio que implica destinar un monto considerablemente mayor de presupuesto y asumir más responsabilidades en la materia. Y fue aprobado prácticamente como si se viera llover. Sin posiciones encontradas, ni debate, como sí ha ocurrido con otros derechos o el uso de algunos términos. Seguramente, estimado lector, tiene presente que el proyecto original de Constitución, en el artículo 13, apartado “B”, se estableció en tres párrafos el “Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica”.

En el apartado “B” se consignó no solamente que toda persona tiene el derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, también se anotó que las autoridades garantizarían “el derecho de acceso a Internet de forma progresiva en todo el territorio de la ciudad” y también fortalecerían y apoyarían proyectos de investigación científica y tecnológica, la vinculación entre los distintos sectores con el fin de resolver “problemas y necesidades de la ciudad.

Claro, desde que se presentó el proyecto se enfatizó su carácter garantista, dado el amplio espectro de derechos que incluyó y la posibilidad de materializar su exigibilidad. Sin embargo, también es cierto que las opiniones sobre el proyecto fueron sumamente críticas, destacando las deficiencias de técnica jurídica, la heterogeneidad en la redacción del documento y muy especialmente la imposibilidad de garantizar presupuestalmente lo que se estaba proponiendo en el documento.

La Asamblea Constituyente se instaló, comenzaron las sesiones, las votos aprobatorios se han emitido y aunque todavía no es posible formarse una idea clara de los términos y forma que adoptará el documento final, algunos de los apartados permiten advertir el tamaño de las responsabilidades que se están aprobando.

En lo concerniente al apartado sobre el “Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica”, el dictamen de la comisión de “Carta de Derechos” no propuso modificaciones al proyecto original. Sin embargo, el diputado Javier Jiménez Espriú, del Movimiento Regeneración Nacional, planteó añadir dos párrafos y tres incisos más.

Sugirió que las mismas autoridades deberían respaldar: “la formación de técnicos y profesionales” (se supondría que para contribuir al desarrollo social y económico de la ciudad); “la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica”; “y el apoyo a creadores e inventores”. También deben garantizar la preservación y rescate de las prácticas originarias de la medicina y el buen uso de los recursos naturales.

Además, propuso la elaboración de un programa de desarrollo científico, tecnológico y de innovación como parte integral del desarrollo de la Ciudad de México, con una visión a 20 años y actualizaciones cada tres años. Lo más importante es que planteó que en el presupuesto capitalino debe considerarse “una partida específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser menor al 2 por ciento del presupuesto de la ciudad”.

En el pleno de la sesión del pasado 6 de enero, al presentar su propuesta y la reserva correspondiente, el diputado Jiménez Espriú, destacó que la Constitución que está por aprobarse es una oportunidad “para corregir errores y omisiones que nos limitan y definir una posición de vanguardia”.  No hubo oradores en contra. Y se dio paso a la votación: 82 votos a favor, cero en contra. Quedó la propuesta del 2 por ciento.

El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 de la Ciudad de México fue de 181 mil 334 millones de pesos (Gaceta Oficial. 30.12.2015: 15) y de ese monto se destinaron 334 millones 204 mil pesos a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del entonces DF. Ahora, si se conservara el mismo presupuesto y se aplicara la proporcionalidad que dirá la nueva Constitución, el monto sectorial que debiera recibir sería de 3 mil 627 millones de pesos. Es decir, una cantidad casi once veces mayor.

Nada mal, pero nada mal, ni las responsabilidades ni la cantidad. Una lástima que no puedan materializarse.