Universidades Benito Juárez. ¿Podemos prescindir de su evaluación?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 860. Julio 30, 2020. Pág. 4)

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) no figuraron en el Proyecto de Nación 2018-2024, ese voluminoso e incipiente documento de campaña electoral presentado en noviembre de 2017 y que después sería ilustrativo de algunos de los principales programas del ahora presidente López Obrador.

En cambio sí estaba el proyecto de apoyar a jóvenes que deseaban cursar estudios superiores pero que no habían logrado ingresar a ninguna institución. En el documento se calculaban 300 mil jóvenes rechazados de las universidades públicas, proponía otorgarles una beca de 29 mil pesos anuales (un salario mínimo mensual: 2 mil 416 pesos) y preveía un monto de 8 mil 700 millones de pesos cada año (p. 406).

El 1 de diciembre de 2018, el día que asumió el cargo de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa para los jóvenes rechazados ya había tomado forma de compromiso. En el Zócalo de la Ciudad de México, como compromiso número siete anunció: “En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas, con carreras acordes a cada región del país para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 mil estudiantes del nivel superior” (01.12.2018).

Otro año después, en septiembre de 2019, en su primer informe de gobierno, donde el ejecutivo federal da cuenta del estado que guarda la administración pública, el presidente reportaba: “100 universidades públicas y gratuitas se encuentran en operación en sedes provisionales de distintas regiones pobres y marginadas del país. Hasta el momento 39,170 alumnos se tienen registrados en el programa para los dos ciclos escolares que lleva en operación y 815 docentes impartiendo clases. Asimismo, se han entregado 6,010 becas a los estudiantes. (p. 153).

Un centenar de universidades en menos de un año. No eran los 64 mil jóvenes proyectados pero la cifra era relativamente cercana y aunque no estaba claro si solamente 6 mil, todos o cuantos de los jóvenes matriculados en esas universidades recibían beca, en conjunto todo resultó asombroso. Porque la experiencia nacional e internacional da cuenta de las dificultades que entraña concebir el proyecto de una sola universidad, ponerla en marcha y obtener resultados satisfactorios.

Ampliar las oportunidades educativas en un país como México, en el cual solamente poco más de un tercio de sus jóvenes en edad de cursar estudios superiores llegan a la universidad y en su mayoría no provienen de los hogares más desfavorecidos, resulta no solamente deseable, también es muy necesario.

El proyecto de la UBBJG, según el decreto de creación de su organismo coordinador, intenta ofrecer educación de calidad y dirigirse a estudiantes ubicados principalmente en zonas de alta y muy alta marginación del país. Por la misma razón, desde que el programa fue anunciado, es manifiesta la preocupación porque sea una verdadera y efectiva alternativa para los jóvenes, para no repetir la historia de segmentación de calidad educativa, conforme origen social y lugar de residencia de los estudiantes.

Los datos del programa muestran que los jóvenes cursan estudios en 36 licenciaturas (solamente nueve de ellas cuentan con registro de validez oficial) y lo estudiantes reciben una beca de 2 mil 400 pesos, cantidad similar a la que se había anunciado en el documento de 2017. El presupuesto total del programa en este año es de casi mil millones (relativamente similar a la del año pasado), aunque está muy distante de los 8 mil millones que se habían proyectado.

Hasta ahí los datos generales sobre los que existe relativo acuerdo acerca del programa, lo demás es fuente de discrepancias y conflicto, incluyendo cifras precisas de beneficiarios, población objetivo, problema público que busca atender, organización académica y administrativa de las sedes, localización territorial, entre otros aspectos.

A este respecto resulta ilustrativa la reciente y primera evaluación institucional presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): “Evaluación de Diseño con trabajo de campo del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 2019-2020”.

A pesar del título del informe, en las páginas interiores se aclara que la evaluación está basada principalmente en trabajo de gabinete, porque “no se logró establecer las condiciones necesarias para realizar el trabajo de campo que se requería” (p. 21). Así que la evaluación está basada principalmente en revisión documental y algunas entrevistas.

El informe, de más de un centenar de páginas, hace una valoración equilibrada del programa conforme el marco y esquema utilizado por el Coneval, describiendo características principales, ponderando logros, inconsistencias y sugiriendo algunas mejoras. Al final realiza una serie de recomendaciones generales y específicas.

Sin embargo, al final del informe, vale la pena leer las ocho cuartillas de la posición institucional de las UBBJG sobre la evaluación que les fue aplicada en la que expresa su claro y extenso desacuerdo. Dice, entre otros aspectos: “No fue una grata sorpresa encontrarnos con que, justo al inicio de la gestión, se nos informara que había la pretensión de continuar con la práctica de imposición de diseños, mediciones de desempeño y evaluación de resultados llevada a cabo por organismos internacionales en gobiernos anteriores” (p. 103).

Entonces ¿no evaluamos?

La ley, el Foro y la participación social

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/alejandro-canales-la-ley-el-foro-y-la-participacion-social/. Julio 23, 2020)

La disputa entre el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y el Conacyt, anotamos aquí mismo la semana pasada, se finiquitará en los tribunales, pero el asunto desde ahora tiene importancia para la elaboración de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Una prueba es el avance reciente que hace Conacyt sobre las características del FCCyT. Si sus rasgos tendrían que ser definidos en la nueva ley y si, por otro lado, el tema sigue en los tribunales ¿tiene sentido modificar ya mismo sus bases de integración? No. Pero lo tendría si lo que se intenta es delimitar cómo debe ser incluido en el próximo diseño de la ley.

El adelanto se suma a otros componentes que hemos destacado en este Acelerador de Partículas. La semana pasada el Conacyt anticipó lo que podría establecer la nueva ley en materia de participación, al expedir nuevas bases para la integración del Foro, tomadas por acuerdo de la directora del Conacyt y de la Mesa Directiva de ese mismo Foro recién instaurado (Comunicado 164/20).

Tal vez a algunos lectores, poco familiarizados con las múltiples instancias de gobernanza del sistema científico y tecnológico, no les suene de nada el nombre del FCCyT. De hecho, la palabra misma de foro remite a una reunión, un sitio o un encuentro de personas, más que a un organismo o instancia para conducir un sistema.

No obstante, con la denominación de foro, como organismo, se buscaba dar cabida a la participación de diferentes actores en la política científica y tecnológica, no solamente a la parte gubernamental que siempre había capturado el espacio público y tomaba prácticamente todas las decisiones.

Vale la pena recordar que en la segunda mitad de los años noventa, la figura presidencial comenzó a perder brillo y los resultados de las elecciones intermedias 1997 habían modificado la composición del Congreso de la Unión. El PRI ya no tenía mayoría simple en la Cámara de Diputados ni mayoría calificada en la de Senadores.

Un escenario que reflejaba el cambio político paulatino hacia una mayor pluralidad y la presencia de diferentes fuerzas políticas en el Congreso. En ese contexto cobró mayor ímpetu el principio de diseñar políticas de Estado, en contraposición a políticas públicas sexenales o centradas en el ejecutivo federal.

La idea de crear un foro no es de la ley del sector del 2002, venía desde la norma previa aprobada en 1999. En marzo de ese año, Pablo Rudomín, entonces presidente del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, en reunión con la comisión del Senado que elaboraba el dictamen de aquella ley, expuso frente a los legisladores que el foro era el componente más importante de esa norma.

Además, mencionó que el foro requería la participación de todos los sectores del proceso y sería el instrumento para canalizar “formalmente opiniones y propuestas a las distintas instancias del Gobierno Federal, y la adaptación oportuna de leyes y reglamentos conforme a la experiencia y los retos que se vayan presentando”.

En mayo de 1999 quedó incluido en la ley como Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, desde entonces se constituyó como “órgano autónomo de consulta” del poder ejecutivo, con participación voluntaria y honorífica de los sectores social y privado, así como con garantía de un apoyo necesario para su funcionamiento (artículo 25). Por cierto, en esa misma ley fue instaurado el programa del sector como programa especial (Peciti), el cual ahora sigue sin aparecer.

Después, en la reforma del 2002, cambió a FCCyT (la denominación que hasta hoy conserva), aglutinó funciones de diferentes órganos (como el entonces Consejo Consultivo que tenía Conacyt), amplió su actividad de órgano de consulta al Consejo General, a la Junta de Gobierno del Conacyt e incluso al poder legislativo federal.

En la Cámara de Diputados, sobre las características que tendría el nuevo Foro, en el dictamen de la comisión al proyecto de ley, se anotó que se integraría de forma plural, regionalmente equilibrado, “internamente organizado, con comités especializados y una mesa directiva compacta que asegure su eficaz funcionamiento; que cuente con un coordinador y un secretario técnico a efecto de que apoye permanentemente la operación del Foro, y otorgamiento por parte del Conacyt de los apoyos logísticos y administrativos para el eficaz funcionamiento del Foro”.

Luego vinieron las modificaciones a diversos ordenamientos secundarios para que el Foro cumpliera las funciones encomendadas en la ley, así quedó durante 18 años, hasta que en este periodo vino el conflicto y la semana pasada, sin existir una nueva ley para el sector, se expidieron nuevas bases para la integración del Foro.

Tal vez la normatividad del ámbito científico y tecnológico no pinta mucho en la arena política más grande, ocupada como está por la emergencia de la pandemia, la seguridad pública, el desarrollo económico, las controversias constitucionales y tantos otros. Sin embargo, el orden legal debe prevalecer en todos los ámbitos, a menos de que, en definitiva, la seguridad jurídica dejó de serlo, la participación social es totalmente prescindible y las políticas simplemente retornaron a la esfera gubernamental.

Pie de página: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la clave sobre los nuevos ventiladores fabricados en México.

“Torcieron de alguna manera la reglamentación”

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 858. Julio 16, 2020. Pág. 4)

Un nuevo capítulo se registra en el largo conflicto entre el Conacyt y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) en el actual periodo de gobierno. Tal vez, estimado lector, a estas alturas, como en las peleas de pareja, ya es confuso cómo empezó todo y quién dijo qué, ni cuál es la importancia de que ocurra una cosa o la otra.

Sin embargo, la disputa no es nada irrelevante, después de todo se trata de dos de las instituciones clave en la conducción del sistema nacional de ciencia y tecnología. Serruchar las capacidades o el margen de maniobra de una o de la otra, tendrá consecuencias negativas para el desarrollo de las actividades del sector.

La semana pasada, la doctora Julia Tagüeña Parga realizó una declaración pública de agradecimiento a personas e instituciones, pero en la que sobresale el motivo de su renuncia como coordinadora del FCCyT desde el pasado 15 de junio (06.07.2020). La razón principal, dice Tagüeña, es porque el Conacyt en este periodo no ha entregado fondos para la operación del Foro, aunque está obligado por el artículo 38 de la ley sectorial y a pesar de que el FCCyT “ganó la suspensión definitiva de esta decisión y obtuvo un amparo en primera instancia”.

Además, en la declaración de Tagüeña Parga queda claro la existencia de dos Foros, uno que es el FCCyT asociación civil (AC) y otro con la misma denominación, pero que no es AC, “creado este mismo año mediante cambios al Estatuto Orgánico del Conacyt y que opera en contradicción a la ley vigente”.

Por su parte, la directora de Conacyt, la doctora María Elena Álvarez Buylla, ha expresado en diferentes oportunidades su oposición respecto al FCCyT AC –y en este mismo espacio hemos dado cuenta de ello--, pero a últimas fechas se reservó sus comentarios, después de que el conflicto llegó a los tribunales. No obstante, el pasado 9 de julio, en su participación en la VIII reunión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, expresó claramente su crítica.

La senadora Alejandra Lagunes del Partido Verde Ecologista expresamente le preguntó por qué y cómo es que se creó un Foro alterno al existente. La doctora Álvarez Buylla dijo: “Está justamente al revés. Por ley, está indicado que debe haber un FCCyT que sin transferencia alguna de recursos, integre a diferentes sectores”.

Y añadió la titular del Conacyt: “Este FCCyT no implica, de hecho dice explícitamente que no debe mediar remuneración alguna y al margen de la ley se generó una asociación civil, es una entidad con fines privados, y ellos fueron los que torcieron de alguna manera la reglamentación, los lineamientos jurídicos del Conacyt para, a posteriori de haber formado esa asociación civil, justificar su formación, es decir hay una ilegalidad de origen de esta asociación civil... Y no hay manera de que un instrumento de orden inferior contradiga a uno de orden superior, lo único que nosotros hicimos fue hacer congruencia, regresar esta congruencia a estos lineamientos jurídicos del Conacyt.

Pero la Ley de Ciencia y Tecnología, un ordenamiento todavía vigente y superior a un estatuto, en su artículo 38 sí dice que el Conacyt otorgará los apoyos necesarios, logísticos y de recursos, para el funcionamiento del FCCyT. El tema se complica con lo de asociación civil y seguramente no es tan sencillo solucionarlo jurídicamente, por la misma razón el asunto sigue en los tribunales.

Además, todos los excoordinadores del FCCyT, en respuesta a las afirmaciones de la directora del Conacyt, dirigieron una carta pública a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República para puntualizar ordenamientos normativos sobre el origen y legalidad del Foro AC (13.07.2020).

Por ejemplo, señalan: “Por más de 18 años el FCCyT operó a través de una asociación civil por mandato normativo. Desde 2002, el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) dispuso en su artículo 22 que ‘…para la materialización de sus actos, el Foro se constituirá en una asociación civil…’, hasta que dicha norma fue reformada por el CONACyT el pasado 11 de diciembre de 2019”.

En fin, como se podrá advertir, todavía restan más capítulos sobre este largo conflicto y al final se dirimirá en los tribunales. Sin embargo, para fines prácticos, lo importante es recordar que este año debe estar lista la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así que la existencia o no de un organismo como el FCCyT en el nuevo marco normativo será un componente esencial en la gobernanza del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

El FCCyT, con menos de dos décadas de existencia, es un organismo relativamente nuevo en el sector científico. Quizás un poco del contexto y las condiciones en las que surge el Foro nos permitan comprender la naturaleza de las políticas en ese entonces y, en contraste, lo que ahora ocurre, allá iremos en próxima entrega.

Pie de página: En la reunión con los senadores, la doctora Álvarez Buylla presentó una diapositiva que decía: “Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 -2024” y tenía seis objetivos. No, ninguna senadora preguntó cuál es ese programa. Públicamente no existe. Los que ya existen son los ventiladores mexicanos y traen novedades.

Ciencia y Tecnología. A la orilla de la ley

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus.  https://suplementocampus.com/alejandro-canales-ciencia-y-tecnologia-a-la-orilla-de-la-ley/) Julio 9, 2020)

“Las tareas del Conacyt se conducirán bajo un marco estricto de legalidad en el que, al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie; la aplicación de la legislación en materia de Ciencia y Tecnología deberá ser rigurosa y responder a las necesidades de la población” (subrayado en el original).

El párrafo anterior está anotado en la página 24 del recientemente publicado Programa Institucional del Conacyt 2020-2024 (Diario Oficial de la Federación. 24.06.2020). Sin embargo, lo paradójico es que parece ocurrir precisamente lo contrario. La aplicación de la legislación no es estricta, ni rigurosa y tal vez ni siquiera responderá a las necesidades de la población.

El nuevo Programa Institucional del Conacyt (PIC) es el mejor ejemplo. No es una situación novedosa. En los últimos seis meses el Estatuto Orgánico del Conacyt ha sido modificado en tres ocasiones (sí, leyó usted bien, tres veces) para adecuarlo a propósitos que contravienen a la todavía vigente Ley de Ciencia y Tecnología o que no están del todo en correspondencia con lo que establece esa misma ley.

Algunas modificaciones a ese estatuto fueron para cambiar la integración de la Junta de Gobierno del Consejo, o bien, el carácter de sus órganos de consulta, como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Este último pasó de ser un “órgano autónomo y permanente de consulta del poder ejecutivo” a un “Órgano Colegiado Interno del Consejo”; otra figura jurídica, otro órgano y un propósito diferente. No por nada el tema está en los tribunales.

La Ley de Ciencia y Tecnología será abrogada en este año para dar paso a la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, como lo señala un artículo transitorio de la reforma del artículo 3º constitucional de mayo del año pasado. Sin embargo, mientras eso no ocurra –y podría suceder hasta el último día de este año--, la primera es la ley vigente y cualquier reglamento o estatuto debería estar subordinado.

Una posibilidad alternativa es que la nueva ley general no sea definida en el Congreso. Si ese fuera el caso, los contenidos y el proyecto de ley no serán elaborados por los legisladores, solamente darán su aprobación. El PIC 2020-2024 lo sugiere o claramente lo anticipa.

Esto es, independientemente de los ya mencionados cambios en el estatuto orgánico del Conacyt, habría tres componentes más de su Programa Institucional que son notables, sugieren definiciones ya tomadas y van a contrapelo de lo que dice la legislación vigente.

El primero lo mencionamos en este mismo espacio la semana pasada (Campus Milenio No. 856) y es ignorar que, en el orden normativo, como lo establece la Ley de Planeación, primero debe ser publicado el programa de todo el sector y luego debe ser elaborado el de la entidad respectiva, en este caso del Conacyt.

El programa del sector es el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti). Pero no está en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y no parece que vaya a aparecer. El institucional, sin embargo, ya está oficialmente publicado. Así que, posiblemente, en la nueva ley general podría no haber más Programa Especial para el sector. ¿Una definición ya tomada? Probablemente, aunque el proyecto de ley todavía no se conozca.

Un segundo componente es el tema de los fideicomisos. También es un asunto que viene desde el comienzo del actual periodo de gobierno y aquí mismo le hemos dado seguimiento. Al final del mes de abril, un comunicado de Hacienda hacia saber que del casi centenar de fideicomisos existentes en el sector, solamente quedaría uno institucional (Fordecyt-Pronaces) y los que tienen a su cargo los Centros Públicos de Investigación.

No obstante, el Programa Institucional, en su diagnóstico menciona: “Considerando que el espíritu de estos fideicomisos es apoyar a beneficiarios de los programas que opera el Conacyt a través de diversas convocatorias, resulta desatinado mantener los recursos en dichos fideicomisos” (pág. 17). Otra vez, la desaparición de fideicomisos parece una decisión tomada. Lo paradójico es que el Congreso, el mes anterior, realizó sesiones de parlamento abierto para analizar esa misma situación y decidir al respecto.

El tercer componente es más espinoso y se refiere a los recursos financieros. El Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, como ha ocurrido desde que existe ramo presupuestal y programa especial para el sector, indica en su artículo 4, fracción XIII, que: “El monto total de los recursos previstos para el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se señala en el Anexo 12 de este Decreto”. Y sí, en ese anexo viene el desglose de presupuesto. Si el Programa Institucional no menciona nada del Peciti ¿qué ocurrirá con la distribución de los recursos? La autoridad lo dirá.

En fin, estimado lector, como podrá darse cuenta, la serie de leyes, planes, programas y reglamentos conducen la vida de la administración pública y los funcionarios están obligados a respetar ese marco normativo. Claro, a no ser que la decisión sea mantenerse precisamente al margen.

Pie de página:  La doctora Julia Tagüeña hizo pública su renuncia como coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (06.07.2020). Una fuerte declaración.

¿Política y más política para administrar?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 856. Julio 2, 2020. Pág. 4)

Los programas sectoriales debieron conocerse desde enero de este año, pero no fue así. Tal vez es la expresión más inequívoca de que operar la administración pública no requiere de mayor ciencia y de que las políticas, sin problema, pueden ir a remolque de la política.

Total, si el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) no fue realmente un plan, los programas sectoriales que deben estar alineados a ese plan pueden ser completamente prescindibles o demorarse sin mayores consecuencias.

¿La ausencia o retraso tiene importancia? Sí, aparentemente. Porque se supone que constituyen la hoja de ruta para las diferentes entidades de la administración pública. Marcan los lineamientos estratégicos, la ejecución de acciones conforme a plazos determinados y según el presupuesto asignado y, cada año, deben entregar cuentas sobre el cumplimiento de metas.

Los programas sectoriales son una guía que no solamente debe guardar coherencia con los grandes objetivos del PND, también debe conjuntar las propuestas de los gobiernos estatales y las derivadas de la participación social (fracción III del artículo 16 de la Ley de Planeación). O sea, incluir los planteamientos de otros actores. Pero si los programas no existen o son subestimados, lo que prevalece en la administración pública es, sin más, la visión del ejecutivo federal o la inercia, el pasmo y la improvisación.

La punta de la madeja normativa viene desde el PND. La responsabilidad de la elaboración de ese documento le corresponde al ejecutivo federal, porque constitucionalmente es el timón para conducir el desarrollo nacional y las actividades de la administración pública; lo ha sido en periodos anteriores y lo es en el actual.

No obstante, en julio de 2019, cuando se dio a conocer el PND, fue claro que su estructura no correspondía propiamente a la de un plan. En todo caso parecía más un “manifiesto político”, como lo dijo Carlos Urzúa cuando renunció a la Secretaría de Hacienda poco antes de la publicación del documento.

Esto es, a pesar de que el Plan enumeraba múltiples propósitos, no puntualizaba los grandes objetivos generales ni tampoco los específicos; solamente incluyó estrategias para seguridad pública pero no para el conjunto de áreas de la administración pública. Ni hablar de líneas de acción sistemáticas o de indicadores, salvo la enumeración de algunas cifras y las iniciativas que desde entonces ya estaban en marcha. Sí, esos casi cuarenta programas que quedaron a salvo del decreto de austeridad del pasado 23 de abril.

Por cierto, los diputados también son responsables de las características del actual Plan. La Ley de Planeación los faculta para aprobarlo o no, así que bien pudieron hacer sugerencias o de plano rechazar la formulación atípica, pero no lo hicieron. Incluso pueden realizar las observaciones que estimen pertinentes “durante la ejecución y revisión del propio Plan” (artículo 5). Tampoco lo han hecho.

El caso es que las iniciativas del PND son las que han prevalecido en las diferentes áreas de la administración pública y lo demás ha sido lo de menos. Al parecer, no requiere mayor conocimiento el ejercicio administrativo y también, por la misma razón, no tiene relevancia que aparezcan o no los programas sectoriales.

Apenas, a partir de la semana pasada, medio año después y una epidemia de por medio, comenzaron a publicarse los programas sectoriales. Primero fueron los de Economía y Trabajo; después los de Gobernación, Defensa Nacional y Agricultura y Desarrollo Rural. Hasta ahí van y deben ser catorce. O sea, la mayoría de programas sigue sin aparecer, al menos así era hasta el 30 de junio.

Si se añaden los programas nacionales, regionales y especiales –aparte de los programas sectoriales-- que usualmente forman parte del ejercicio de la administración pública, en total deben ser alrededor de cuarenta. Unos y otros, por ley, debieron quedar indicados en el PND y asegurar su elaboración. El problema es que ninguno está mencionado, incluidos los sectoriales.

Entonces ¿quiere decir que no habrá programas? Probablemente, en unos días más, se completarán los sectoriales, aunque se haya omitido su mención en el PND. Por el contrario, nada está claro con los programas nacionales (p.e. De Juventud, Vivienda, Seguridad Pública, Discapacidad) y especiales (Cambio Climático, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, entre otros).

El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti), por ejemplo, está previsto en la ley vigente y es “especial” porque establece prioridades nacionales y conjunta esfuerzos en la materia de varias secretarías de Estado, con el Conacyt como cabeza de sector. El problema es que ni luces de ese documento. En cambio, ya se publicó un extenso Programa Institucional 2020-2024 de ese mismo Conacyt (DOF 23.06.2020).

Así que tal vez ni prioridades ni coordinación de sectores en las secretarías (¿recuerda lo que anotamos aquí hace dos semanas Campus Milenio No. 854?), solamente prevalecerán los lineamientos del ejecutivo federal anunciados desde el comienzo de su periodo de gobierno. Y pues sí, el servicio público no tiene tanta ciencia.

Pie de página: Este 1 de julio cerró la consulta de Conacyt para la elaboración de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, ahora tocará a los legisladores conjuntar las diferentes perspectivas. Pendientes.