BRASIL: ¿BECAS SIN FRONTERAS?

La noticia, como la reprodujeron los medios internacionales y como en estas mismas páginas la recuperó Armando Alcántara, fue un tanto sorprendente: Brasil otorgaría 75 mil nuevas becas para que sus estudiantes se formaran en el extranjero y la inversión sería de alrededor de 2 mil millones de dólares. Una cantidad importante de recursos humanos formados fuera de las fronteras brasileñas y un volumen considerable de recursos financieros implicado, ni duda cabe. El asunto es que la idea va conforme a las presiones de internacionalización de la educación superior y parece ir a contracorriente del fortalecimiento de sus programas nacionales de posgrado.

La iniciativa se denomina “ciencia sin fronteras” y es básicamente un programa de movilidad internacional en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Según los objetivos que planteó el ministro del ramo en Brasil, Aloizio Mercadante, intentan fortalecer su sistema sectorial y su competitividad industrial a través de una expansión de la movilidad internacional (presentación oficial de julio del 2011).

El mayor número de becas será para estudiantes de licenciatura (27 mil 100) y de doctorado (24 mil 600); 69 por ciento del total de apoyos. El resto de becas, en orden de importancia serán: 9 mil 790 para doctorados de cuatro años; 8 mil 900 para postdoctorado de uno o dos años; 2 mil 660 para estancias cortas de medio año; 700 para formación especializada empresarial en el extranjero; 860 becas de tres años para jóvenes científicos de gran talento; y 390 becas para investigadores visitantes en Brasil. Es decir, el énfasis está puesto en la formación pregrado y doctoral, pero en ambos casos se trata de apoyos para estancias de un año, no el financiamiento para el programa completo.

La intención del programa es que los becarios obtengan su formación en “las mejores instituciones disponibles, prioritariamente entre las 50 mejor clasificadas en los rankings del Times Higher Education o en el QS World University Ranking”. Al parecer ya tienen seleccionadas 64 universidades en el área de la salud; otras 88 universidades en biología; y 86 más en ingeniería y tecnología. Un total de 238 universidades --en su mayoría estadounidenses-- y más de una treintena de cursos de las ciencias naturales y exactas. Las ciencias sociales y las humanidades no figuran.

La semana anterior, el ministro de ciencia y tecnología anunció que ya están listas las primeras 2 mil becas para los estudiantes de licenciatura que hayan obtenido 600 puntos en el examen nacional de enseñanza media y tengan entre el 40 y 80 por ciento de los créditos de licenciatura. También indicó que el monto de las becas será de 870 dólares para las universidades estadounidenses y de 870 euros para las europeas (cienciasemfronteiras.cnpq.br).

Sin embargo, la Red de Ciencia y Desarrollo (SciDev.Net), un proyecto de difusión de la revista Nature en cuatro diferentes idiomas, reportó que, según algunos críticos, el amplio programa de movilidad de recursos humanos que se pretende impulsar, “entra en conflicto con sus políticas adoptadas de las últimas décadas”, centradas en el impulso a los programas nacionales de maestría y doctorado y en la ampliación del acceso a los cursos de posgrado en el país. Los programas de posgrado de Brasil provienen desde los años sesenta y de los más desarrollados.

En opinión del presidente de la Sociedad Brasileña de Físicos, Celso Pinto de Mello, no es necesario un programa que propicie la fuga de cerebros, como sería el de “ciencia sin fronteras”. Sin embargo, quizás la principal inconformidad de algunos académicos es que no fueron consultados, como lo expresó el mismo Mello: el sector científico y sus asociaciones no tenían conocimiento alguno de la existencia de la medida y tampoco fue una línea que se hubiera planteado en su Cuarta Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología celebrada el año pasado (un mecanismo de contacto y acuerdo entre científicos y gobierno).

El ministro de ciencia y tecnología del Brasil no parece preocupado por un eventual agravamiento de la fuga de cerebros. De hecho, según lo reportado por la Red de Ciencia y Desarrollo, el funcionario desestimó tal posibilidad e indicó que los estudiantes regresarían y que, incluso, por la localización de las dificultades económicas mundiales era posible que los puestos académicos serían “más difíciles de encontrar en los Estados Unidos y Europa”. Es decir, los estudiantes regresarían por el atractivo del país, más que por el diseño del programa que a la mayoría de becarios solamente les financiará un año.

Sin demasiadas reticencias se ha considerado que la internacionalización de la educación superior es positiva per se. Particularmente la estructura de incentivos ha alentado la internacionalización a través de la movilidad de estudiantes y profesores; un fenómeno en ascenso y con múltiples implicaciones. No obstante, no es claro quiénes son los principales beneficiarios de la internacionalización, si alienta o no la fuga de cerebros, qué modelo universitario se propaga o cuáles consecuencias positivas se esperan y cuáles los resultados negativos asociados.

(Publicado en Campus Milenio No. 428. Agosto 25, 2011)

LOS TÉCNICOS Y LOS LICENCIADOS

En una ceremonia protocolaria que tuvo lugar la semana pasada, el presidente Felipe Calderón entregó diplomas a la primera generación de ingenieros de las Universidades Tecnológicas (UTs). Sin duda, un logro para los jóvenes egresados y sus familias, aunque las cifras aportadas por las autoridades no cuadran del todo y siguen siendo modestas.

Hace dos décadas, bajo el modelo francés de los institutos universitarios de tecnología, con la idea de impulsar estudios cortos a nivel superior y de alentar los estudios técnicos más que los propiamente universitarios, se instauraron las primeras UTs en el país (Neza, Aguascalientes y Tula-Tepeji)

Al inicio, las UTs solamente impartían programas de dos años de duración, los cuales corresponden al nivel 5B2 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de UNESCO; la formación conducía a la obtención del título de técnico superior universitario.

Las instituciones de tipo tecnológico buscaron acercarse a regiones que carecían de oferta educativa de nivel superior, a través de una veintena de carreras técnicas y con una orientación curricular de tipo práctico (un tercio del currículo era teórico). El diseño de las instituciones estaba pensado para albergar entre 2 mil y 4 mil estudiantes. Sin embargo, a la fecha, no logran utilizar su capacidad instalada.

El volumen de estudiantes ha crecido poco a poco: de medio millar a alrededor de 100 mil, pero todavía sin alcanzar los grandes números. Al concluir el sexenio anterior, existían 60 instituciones de este tipo, diseminadas en 26 entidades federativas; la matrícula era de casi 63 mil alumnos. En ese entonces, representaba el 2.5 por ciento de la matrícula total.

La actual administración decidió ampliar la formación a nivel licenciatura en las UTs, sobre todo por la presión contenida de los egresados de las UTs que deseaban continuar su formación una vez concluidos sus estudios de técnico superior y en cuyas opciones no figuraban las universidades politécnicas o institutos tecnológicos.

En el ciclo escolar 2009-2010, por primera vez una buena parte del total de las UTs ofrecieron alrededor de 30 nuevas carreras a nivel licenciatura, principalmente en el campo de las ingenierías. A partir de esa fecha, los técnicos egresados que cursan 5 cuatrimestres más, obtienen su título de licenciatura.

De acuerdo a la información proporcionada en la ceremonia de graduación por el secretario de Educación, Alonso Lujambio, el 45 por ciento de los técnicos superiores que egresaron en el 2009 –más algunos de generaciones anteriores-- decidieron optar por la nueva modalidad de continuar sus estudios de licenciatura.

Esto es, casi la mitad de los egresados de las UTs optaron por seguir estudiando, es una proporción muy significativa que ilustra cierta necesidad y demanda de los estudiantes de estas instituciones. Desde luego, debe celebrarse el ánimo y la capacidad de superación de los jóvenes, pero también se puede advertir que quizás el título de técnico superior todavía resulta insuficiente para un elusivo mercado laboral; o bien, la necesidad de una prolongación de la escolaridad ante las dificultades de encontrar empleo, lo mismo que un alto aprecio por el título de licenciado, en comparación con el de técnico, sea por razones culturales o por las que sean.

En la ceremonia, el titular de la SEP señaló que: “considerando a esta Primera Generación de Ingenieros de las Universidades Tecnológicas, en el ciclo 2010-2011, egresaron alrededor de 116 mil nuevos ingenieros y técnicos superiores universitarios, 101 mil 500 ingenieros (sic) y 14 mil 500 técnicos superiores en áreas de tecnología” (versión estenográfica).

Seguramente, por la emotividad del acto y para resaltar el alto volumen de estudiantes en el área tecnológica, así como la importancia de los estudios de ingeniería en las UTs, el secretario de Educación, cometió el equívoco de invertir denominaciones y las proporciones entre técnicos e ingenieros. Tal vez las cifras de la autoridad educativa se refieran a que, en total, en el reciente ciclo escolar estaban matriculados 116 mil jóvenes en las UTs y de ellos 101 mil estaban inscritos a nivel de técnico superior y el resto como ingenieros (no al revés). Además, obviamente no se trata de 116 mil egresados de las universidades tecnológicas --ojalá lo fueran--, si no de inscritos. La matrícula incluye los de primer ingreso y reingreso; los egresados representan alrededor de una cuarta parte del total.

Desafortunadamente las estadísticas más generales de las universidades tecnológicas no están actualizadas ni públicamente disponibles; ni pensar en indicadores más desagregados. Las estadísticas de ANUIES indican que la matrícula total de técnicos superiores universitarios en el ciclo 2008-2009, era de 91 mil 530 alumnos (la matrícula en las UTs en el mismo ciclo era de 79 mil 841). La participación relativa de los técnicos superiores en la matrícula nacional avanzó un punto porcentual respecto del final del sexenio anterior. Todavía poco y ahora con tendencia a obtener la licenciatura.

(Publicado en Campus Milenio No. 427. Agosto 18, 2011)

LAS TURBULENCIAS Y EL GASTO EN INVESTIGACIÓN

La semana anterior especulamos sobre un eventual y sustantivo incremento del gasto público para actividades científicas en el presupuesto para el año próximo, particularmente por lo capacidad normativa para dirigir algunos acontecimientos. Una de las razones que respaldaban la posibilidad del incremento fue la idea de volver a instaurar los incentivos fiscales por parte de los legisladores, lo mismo que la discusión sobre la factibilidad de los presupuestos plurianuales para educación superior —lo cual tendría implicaciones sectoriales—, pero el factor principal fue la aprobación parcial de una reforma que intenta cumplir con los niveles de inversión sectorial que marca la ley.

Sin embargo, es posible que el optimismo no alcance para confeccionar el diseño del presupuesto ni para depositar confianza en el cumplimiento de las normas que tal vez se aprobarán. Hoy, las turbulencias financieras internacionales parecen anunciar un nuevo periodo de incertidumbre e inestabilidad.

El epicentro de las dificultades financieras, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, no está localizado en el seno de México y existe cierta confianza gubernamental en los instrumentos domésticos para enfrentar estos problemas. No obstante, sea por causas internas o externas, parece haber una permanente incapacidad nacional para lograr un crecimiento sostenido y hacer planes a mediano plazo.

La crisis financiera mundial de 2008 provocó una disminución generalizada del PIB en las naciones latinoamericanas. Los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mostraron que, en la región, el efecto fue muy grave y situaron la caída del PIB per cápita en 2.8 por ciento en 2009.

Desafortunadamente, según el mismo organismo internacional, México —pese a que el origen de la crisis no fue interno—, con un crecimiento negativo de -6.7 por ciento del PIB, tuvo el peor desempeño en la región.

En estas circunstancias, es difícil anticipar qué ocurrirá con el paquete económico para 2012, que entregará el gobierno federal al Congreso en unas semanas más, pero sí resalta la responsabilidad gubernamental en el manejo de las crisis y la incapacidad para sostener los planes de crecimiento. No solamente se trata del monto de los recursos, sino a dónde deben dirigirse.

Hace unas semanas, el Instituto de Estadística de la UNESCO dio a conocer, por primera vez, el gasto de 67 países en investigación y desarrollo por tipo de actividad. Esto es, el nivel de inversión en investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental.

Los datos de la UNESCO confirman lo que ya se había identificado: las universidades y los centros de investigación tienden a concentrarse en investigación básica, en tanto que las firmas privadas se inclinan a una mayor inversión en desarrollo experimental para llevar nuevos productos al mercado.

De hecho, como el mismo organismo internacional lo había identificado: en diferentes economías en desarrollo, incluso las llamadas emergentes, el sector de empresas genera menos investigación y desarrollo, en comparación con el sector gubernamental y el de educación superior pública.

Esto es particularmente cierto en el campo de la investigación agrícola y el medio ambiente. Aunque el caso contrario se presenta en el sector salud, donde varias empresas muestran interés.

El asunto —y lo sorprendente de los recientes datos de la UNESCO que muestran los niveles de inversión por país y por tipo de investigación— es que China es el país que destina la mayor proporción de su inversión a desarrollo experimental.

Esto es, del total de su gasto en investigación y desarrollo distribuye 82.8 por ciento a desarrollo experimental, 12.5 por ciento a investigación básica y 4.8 por ciento a investigación aplicada. Le seguirían en orden descendente: Israel (81.6, 3.2 y 15.2, respectivamente); Corea (64.3, 19.6 y 16.1, respectivamente) y Japón (62.6, 21.7 y 11.4, respectivamente).

En general, como señala la UNESCO, se suponía que los países más ricos y con los sectores privados más robustos destinaban la mayor proporción de gasto al desarrollo experimental. Pero no. Estados Unidos aparece en la sexta posición con las siguientes proporciones: 60.3 para desarrollo experimental; 22.3 para investigación aplicada y 17.4 para investigación básica.

Aunque los datos se conocen recientemente, para la mayor parte de los países las cifras son de 2008 o 2009. No obstante, como en el caso de México, la información que aparece es de 2003 y, según lo que se reporta, destina 43.6 por ciento a desarrollo experimental. Una proporción mayor que la de Argentina (27.8 por ciento) o que la de Chile (15.3 por ciento). Brasil no aparece en la lista.

Sin embargo, el gasto en investigación y desarrollo en México, como proporción del PIB, no se ha incrementado consistentemente. En la década pasada pasó de 0.37 a 0.43 por ciento. China ha sido uno de los pocos países que han experimentado un crecimiento sostenido de nivel de inversión en este sector: en 1991 fue de 0.73 por ciento del PIB y para 2008 el indicador fue de 1.5 por ciento.

Entonces, no solamente necesitamos más recursos, también discutir dónde localizarlos.

(Publicado en Campus Milenio. No. 426. Agosto 11, 2011)

EL HIERRO DE LAS NORMAS

A más tardar en un mes más el ejecutivo federal deberá presentar al Congreso su proyecto de paquete económico (ingresos y egresos) para el 2012. Es el último diseño presupuestal que realizará la actual gestión, el siguiente lo elaborará conjuntamente con el equipo de quien gane las elecciones de julio del año próximo. El tema tiene implicaciones para el financiamiento de las actividades científicas y tecnológicas.

No existen grandes expectativas sobre el diseño del presente paquete económico. No hubo sorpresas en los años anteriores y seguramente no las habrá al cuarto para las doce de esta administración. Sin embargo, dado que el actual titular de Hacienda, Ernesto Cordero, también es un aspirante a candidato presidencial, existe cierta inquietud sobre su permanencia o no en el cargo.

Tal vez lo relevante no es la continuidad del actual secretario de Hacienda, si no quién encabezará las negociaciones con el Congreso y la permanencia de los cuerpos técnicos que se encargan del diseño prespuestal. Ernesto Cordero es el segundo titular de Hacienda en este sexenio y si permaneciera en el cargo, apenas será la segunda ocasión que le tocaría decidir sobre el paquete económico. Lo más importante es que la elaboración del presupuesto prácticamente tiene marcadas sus pautas a partir del segundo trimestre del año y hasta su aprobación final en noviembre; las subsecretarías del ramo se encargan de los detalles. Claro, al final, el proyecto presenta los ajustes correspondientes y la aprobación del titular. En este terreno seguramente no habrá novedades en el presupuesto de ciencia y tecnología.

Sin embargo, las implicaciones más importantes para el financiamiento de las actividades científicas y tecnológicas podrían estar en otro lado. Desde el ejercicio fiscal 2004, el ramo de gasto para ciencia y tecnología es autónomo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (ramo 38), pero normativamente ha estado vinculado con el gasto educativo. Nada menos.

En múltiples ocasiones hemos indicado la discordancia que persiste entre lo que dice el artículo 25 de la Ley General de Educación (LGE) y lo que establece el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT). Ambos señalan que el gasto para investigación científica y desarrollo tecnológico debe ser, al menos, de 1 por ciento del PIB, pero el primero se refiere a gasto público y el segundo a gasto nacional (público y privado). Ninguno de los dos artículos se cumple, pero se trata de una diferencia de varios miles de millones de pesos; una diferencia sustantiva.

Ahora el asunto podría tener otra implicación más. El artículo 25 de la LGE, aparte de establecer que el gasto en educación pública no puede ser menor a 8 por ciento del PIB, también especifica que: “destinado (sic) de este monto, al menos el 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas”. Es decir, la norma dice que se trata de gasto científico y tecnológico, pero en instituciones educativas de nivel superior, esto es, en el ámbito académico.

El tema adquiere mayor importancia porque actualmente se discute la conveniencia de poner en marcha los presupuestos plurianuales para la educación superior. La ANUIES ya anunció que presentará al Congreso su propuesta en este sentido y tiene como meta alcanzar un financiamiento de 1.5 del PIB para el nivel superior en un sexenio más. Tal vez no prospere el proyecto de ANUIES, pero si fuera el caso ¿qué implicación financiera tendría para las actividades científicas y tecnológicas en las universidades?

Otro elemento más que conviene tener presente es la actuación de los diputados en la aprobación del presupuesto del 2012. No solamente se trata de su reglamentaria responsabilidad en el análisis y aprobación final del gasto (la ley de ingresos la comparten con los senadores), esa se da por descontada.

Desde el comienzo de este año, el diputado presidente de la comisión de ciencia y tecnología ha expresado su intención de instaurar nuevamente los incentivos fiscales como medio para incrementar el presupuesto del ramo. Tal vez las autoridades del sector ya tomaron las previsiones para evitar las distorsiones que llevaron a derogar los incentivos en el 2009, en todo caso habría que ver si efectivamente los diputados aprueban la medida y qué montos pretenden destinar a tal efecto.

En la actuación de los diputados todavía hay un factor más. En marzo de este año aprobaron una reforma más al artículo 9 BIS de la LCyT, mediante la cual ellos mismos se mandatan a realizar las “previsiones presupuestales correspondientes” para destinar el 1 por ciento del PIB a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. Es decir, por fin se estarían obligando a cumplir lo que dice la ley al respecto o, al menos, a realizar las previsiones necesarias (¿plurianuales?). Falta que los senadores aprueben la reforma, pero seguramente no se opondrán, dado que la aprobación del gasto público es facultad exclusiva de los diputados.

En los próximos meses veremos qué resuelven los diputados y cuál es la verdadera densidad de las normas.

(Publicado en Campus Milenio No. 425. Agosto 4, 2011)