jueves, 18 de octubre de 2012

SI LA SECRETARÍA DE TU VECINO VES TRASLADAR…


Tal vez, estimado lector lectora, recuerde que en abril pasado comentaba que académicos chilenos, alentados por la creación de un ministerio de desarrollo social en 2011, le propusieron al presidente Sebastián Piñera la creación de un ministerio de ciencia y tecnología (Campus Milenio No. 459). Una situación relativamente similar a la que ocurre en México.

En ese entonces, la propuesta de los científicos chilenos obtuvo el respaldo de una comisión de senadores. Pero no, la idea no se materializó y quizás no se realice. En su lugar, probablemente, el actual organismo de regulación de la actividades científicas y tecnológicas que actualmente pertenece al ministerio de educación, quede sectorizado al ministerio de economía.

El traslado de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), el organismo regulador de las políticas sectoriales, al ministerio de economía no es un hecho. Sin embargo, la sola mención de que así podría ocurrir ha provocado inquietud en un segmento de científicos.

Según reportó la Red de Ciencia y Desarrollo (scidev.net), el desazón surgió a raíz de las declaraciones del ministro chileno de Economía, Pablo Longueira, quien señaló hace un mes la importancia de que CONICYT se radicara en su ministerio para que la inversión pública en el sector tuviera un mayor vínculo con el aparato productivo.

La declaración parecía anticipar el sentido en el que se resolvería la idea de crear una nueva estructura administrativa en el caso chileno. Además, la directriz de aproximarse lo más posible a los requerimientos del sector productivo en una propuesta que tiene prioridad y cobra fuerza en la mayor parte de naciones en desarrollo. Es el eje principal de las iniciativas en la materia.

No obstante, la posibilidad del traslado causó malestar en una parte de científicos chilenos, particularmente en los que se agrupan en una veintena de asociaciones que realizan investigación básica y en la Academia Chilena de Ciencias (ACC). De hecho, esta última volvió a reiterar la semana pasada su propuesta del mes de abril acerca de la necesidad de creación de un ministerio; una idea plasmada en su documento sobre la necesidad de una nueva institucionalidad para el sector, a lo cual ya nos referimos en su oportunidad (Campus No. 459).

Por su parte, el consejo de asociaciones científicas, en declaración pública manifiestan que lo importante es contar con una política de Estado y la creación de un “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; un cuerpo autónomo del Estado de Chile, con rango ministerial, que elabore las políticas de desarrollo de estos ámbitos a largo plazo, dentro del cual esté considerado el fomento de las artes, filosofía, ciencias, letras, etc. en forma armónica y de acuerdo con el desarrollo general del país” (aipuchile.wordpress.com).

Lo que se advierte es una tensión por la orientación que debiera tener la política científica y tecnológica. Un movimiento dirigido al fomento a la investigación básica y a la formación de científicos; otro, en sentido contrario, dirigido a las necesidades del aparato productivo, el desarrollo tecnológico y la innovación. Por tanto, no es irrelevante si el organismo rector de las políticas se adscribe a un ministerio de educación, uno de economía o es completamente autónomo.

El asunto tampoco está resuelto en el caso de México, tanto en lo que se refiere a la orientación como en lo que concierne a la estructura administrativa. En las décadas anteriores las decisiones han oscilado en uno y en otro sentido, según el programa sectorial en vigor, las circunstancia económicas y políticas del momento o las veleidades del gobernante en turno.

También permanece en la incertidumbre si, a partir del próximo primero de diciembre, el nuevo gobierno realizará un cambio institucional. Hace dos semanas aquí mismo comentamos que el rechazo inicial de Peña Nieto a la creación de una secretaría de ciencia y tecnología ya no es evidente y ahora existe un responsable del equipo de transición claramente identificado con la vertiente científica. Hoy se habla de la creación de cinco nuevas secretarías, de una agencia de innovación y de un “rediseño institucional” que habrá de diferenciar al nuevo PRI (Enfoque 14/10/12: 14).

Tal parece que cambio institucional habrá, pero lo que todavía no se sabe es cuál será su sentido. Quizás por ello conviene tomar nota de la forma en que se resuelve en otras latitudes y pensar bien qué se quiere, porque se puede cumplir.

(Publicado en Campus Milenio No. 483. Octubre 18, 2012)

jueves, 11 de octubre de 2012

EL TIEMPO DEL PARLAMENTO Y LAS INICIATIVAS EN MATERIA EDUCATIVA


Según el artículo 43 de la ley orgánica del Congreso General, las comisiones ordinarias debieran integrarse en el primer mes de ejercicio de la legislatura. La apertura de sesiones de la cámara de diputados fue el pasado primero de septiembre, ya transcurrió la primera semana del segundo mes de ejercicio y las comisiones todavía no se integran. Paradójicamente, con un previsible destino, las iniciativas de reforma educativa se acumulan desde ahora.

Tal vez lo de menos es si los legisladores se ciñen estrictamente a la regulación de sus comisiones de trabajo. Tampoco han importado las innumerables ocasiones en que los legisladores ignoran las normas para cumplir sus obligaciones, sean los plazos para aprobar el gasto público anual, el nombramiento de consejeros ante el IFE –el cual demoró 14 meses-- o cosas tan elementales como asistir, votar en el pleno, trabajar en comisiones, comprobar sus viajes, elaborar sus informes, presentar una memoria y un largo etcétera.

No es la primera vez y seguramente no será la última que funcione el reloj parlamentario para detener o ampliar un vencimiento perentorio. No obstante, lo que sí debe preocupar es que el tiempo de los legisladores transcurre en una dimensión diferente al tiempo real del resto de los ciudadanos. Un Congreso que sigue su propio ritmo, con su agenda particular de reformas y una dinámica legislativa a partir del interés de las fuerzas políticas con presencia en el recinto, pero que no coincide, o muy poco, con los requerimientos de la nación y de los representados.

La actividad de la actual legislatura, en este primer mes de ejercicio, con el trámite de iniciativa preferente del ejecutivo federal sobre reforma laboral y la proximidad del cambio de gobierno, tal vez ha dejado un margen más estrecho para la negociación del reparto de la titularidad de las 51 comisiones ordinarias previstas en la ley para la cámara de diputados. Sin embargo, debe notarse que al rezago de la legislatura anterior se suman demandas e iniciativas que hasta hoy se han presentado, por lo menos de reforma educativa.

En lo que va de la presente legislatura se han presentado cinco iniciativas, cuatro de ellas sobre el tema de la obligatoriedad educativa y otra más sobre el problema de las cuotas escolares en los planteles de educación básica.  

Una propuesta se refiere a la adecuación de la ley general de educación (LGE) a lo que ahora establece el artículo tercero constitucional sobre obligatoriedad de la educación media superior. Es lo que los legisladores llaman coherencia normativa, la cual no siempre está presente en el conjunto de leyes –recuérdese lo que ocurre en materia de financiamiento con el artículo 9Bis de la ley de ciencia y tecnología y el artículo 25 de la normatividad educativa.

La iniciativa corrió a cargo de la diputada Martha Edith Vital del partido Verde el pasado 11 de septiembre y sugiere incorporar el término media superior en los artículos tercero y cuarto de la LGE, los que establecen la responsabilidad del Estado y de los padres y tutores, sobre todo en previsión de la próxima aprobación del presupuesto.

Otra propuesta fue presentada por el diputado Vicario Portillo Martínez del PRD el 20 de septiembre e intenta prácticamente lo mismo: adecuar la LGE a lo que dice la constitución. La diferencia es que propone el término “bachillerato” en lugar de media superior y añadir el término a los artículos 9, 12 y 38 que también tienen disposiciones sobre los niveles educativos.
La sugerencia de reforma más reciente, del pasado 4 de octubre, es de la diputada Roxana Luna Porquillo del PRD y propone establecer en el artículo tercero constitucional y en la fracción VII del mismo artículo que la educación superior también sea gratuita, por lo menos las que “reciban recursos del Estado”.

También de la misma fecha y en el mismo sentido de la reforma anterior, el diputado Catalino Duarte Ortuño del PRD propuso una iniciativa parecida, sólo que añadió otras fracciones del artículo tercero constitucional y la modificación correspondiente en la LGE.

Las iniciativas se acumularán y como se ha hecho notar en ejercicios anteriores, la mayoría de propuestas no tienen la pretensión genuina de ser discutidas, simplemente quieren ser testimoniales de quienes las presentan. En la dimensión temporal de los legisladores, ya sería ocasión de establecer prioridades e intentar una convergencia con el tiempo real de sus representados.

(Publicado en Campus Milenio No. 482. Octubre 11, 2012: 9)

jueves, 4 de octubre de 2012

LA TRANSICIÓN, LA SECRETARÍA DE CyT, LOS RECURSOS Y… LO QUE FALTA



Lo que va del actual periodo de transición ha sido suficiente para modificar las posiciones, tanto de la comunidad académica como del próximo mandatario. Si en el periodo de campaña el hoy presidente electo había manifestado una clara reserva a la creación de una nueva secretaría para el sector, actualmente otra es su declaración y otra la de los investigadores.

En la compleja organización del equipo de transición que anunció el presidente electo el 4 de septiembre no hubo espacio para el sector. Las dos coordinaciones generales, tres vicecoordinaciones y múltiples y variadas coordinaciones no dieron lugar al área científica, pero sí a turismo, protección civil o deporte. En ese entonces causó extrañeza y desazón la omisión de un responsable.

Los cuestionamientos al olvido del sector fueron inmediatos. En ese entonces la justificación fue que se trataba de un primer anuncio de integrantes del equipo de la transición y que posteriormente habría más nombres. La demora fue de casi un mes –un tercio del periodo de transición— y quizás para restañar la omisión inicial y la posterior dilación, las promesas aumentaron de volumen.

Efectivamente, el pasado 27 de septiembre en un encuentro con varios integrantes de la  comunidad académica en Ciudad Universitaria, el presidente electo presentó al responsable del área de ciencia y tecnología del equipo de la transición: Francisco Bolívar Zapata. Un reconocido científico universitario en el área de biología molecular y biotecnología, investigador emérito y ganador del premio Príncipe de Asturias.

Además, en el encuentro, el presidente electo recibió un documento: “Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación” y también reaccionó a algunas de las propuestas expresadas ahí mismo.

El documento reúne un diagnóstico relativamente conocido del sector, así como una propuesta de visión que plantea “Hacer del conocimiento y la innovación una palanca fundamental para el crecimiento económico sustentable de México, que favorezca el desarrollo humano, posibilite una mayor justicia social, consolide la democracia y la paz, y fortalezca la soberanía nacional”.

Según el documento, la propuesta fue consensada con más de un centenar de representantes de más de 60 organizaciones (académicas, sociales, empresariales, gubernamentales) e incluye más de una docena de propuestas, incluido el tema de los recursos financieros (1 por ciento del PIB) y el de gobernanza.

En lo que concierne al asunto de la gobernanza, en el documento se sugiere la creación de una Agencia Nacional de Innovación y el de secretaría de Estado, la cual podría tener una de dos modalidades: una estructura administrativa solamente para el sector científico y tecnológico, o bien, incluir en ella a la educación superior. La primera opción es la que se argumenta. Un dato interesante que contrasta con lo que predominaba en la comunidad de investigadores hace unos meses.

Por su parte, el presidente electo, en referencia al documento y a las intervenciones de los participantes, enfáticamente dijo que reiteraba su compromiso para que el Estado tomara el liderazgo de una mayor inversión pública en la materia, la cual, y esto también contrastó con los tiempos de campaña, debía ser medible y valorarse en su periodo de gestión. Entonces el incremento será gradual pero apreciable.

Todavía más relevante fue la posición sobre el tema de la gobernanza. Peña Nieto recordó que en el periodo de campaña se comprometió a crear una “Fundación para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología”. Entonces seguramente la creación de una nueva agencia de innovación tendrá lugar.

Lo notable es que Peña Nieto también recordó que en la reunión con rectores, en Anuies en mayo pasado, había manifestado su negativa a la creación de una nueva secretaría, pero ahora dijo: “déjenme llevarme esta propuesta, déjenme valorarla y analizarla”. La posibilidad es todavía mayor si se considera que en estos días la especulación es que el equipo de transición planea enviar una propuesta al Congreso para crear no una, si no seis nuevas secretarías.

Todavía restan dos meses para que tome posesión la nueva administración y nada garantiza que los planteamientos actuales se materialicen después. Es suficiente recordar lo que ocurrió con los equipos de transición de Vicente Fox en la misma etapa. No obstante, lo cierto es que hoy la declaración de intenciones de Peña Nieto mudó de parecer y lo mismo ha ocurrido en el sector académico. Nada menos.

(Publicado en Campus Milenio No. 481. Octubre 4, 2012)