jueves, 29 de noviembre de 2012

¿CONTINUIDAD O FIN DE UN CICLO?



Esta semana concluye la administración de Felipe Calderón Hinojosa y, para efectos prácticos, con ella la docena de años que el Partido Acción Nacional (PAN) ocupó la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Nada menos: lo que llevamos del  siglo XXI.

Es probable que en la próxima administración no haya un cambio de políticas hacia el terreno de la ciencia y la tecnología. No lo hubo en la alternancia anterior, tampoco cuando inició este sexenio y tal vez no lo habrá ahora que retorna el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno federal.

Hoy, en el ámbito nacional las expectativas y el clima político y social son muy diferentes a lo que ocurría al iniciar el año 2000. Quizás por el cambio de centuria, las transiciones demográfica y política que en ese entonces estaban en marcha o porque el futuro se anunciaba prometedor, en los albores de este siglo se depositaron las más variadas expectativas.

Las actividades científicas y tecnológicas no fueron la excepción. Un ambicioso programa sectorial que propuso la administración de Vicente Fox contribuyeron a ampliar las expectativas. En el diagnóstico recuperó los problemas ya conocidos de insuficiencia, tamaño y concentración de recursos humanos y actividades científicas y tecnológicas, pero que agregó la necesidad de un mayor desarrollo tecnológico, ampliar la participación del sector privado y modificar el marco normativo.

En consecuencia, el programa sectorial propuso duplicar, triplicar e inclusive quintuplicar algunos de los indicadores entre el 2000 y el 2006. Por ejemplo, pasar de una inversión nacional en ciencia y tecnología de 0.60 por ciento respecto al PIB a otra de 1.5 por ciento; incrementar los miembros del SNI de 8 mil a 25 mil; pasar de 60 a 12 mil 500 las nuevas plazas para investigadores o de 12 mil 600 a 32 mil los becarios de Conacyt.

Los resultados en el 2006 son de sobra conocidos: los indicadores quedaron prácticamente a la mitad o menos de lo que se habia previsto. El entonces titular de Conacyt terminó enfrentado con parte de la comunidad científica y no concluyó su periodo. La meta que sí se cumplió fue la modificación normativa, pero preveía disposiciones que ya estaba presentes en la ley de 1999, como la orientación a la demanda. La alternancia no significó un cambio relevante a la política sectorial.

La administración de Felipe Calderón Hinojosa en su Plan Nacional de Desarrollo incluyó al sector en una página y reiteró el conocido diagnóstico de: necesidad de establecer políticas de Estado, articular el sistema, incrementar el financiamiento, fortalecer la infraestructura y descentralizar las actividades.

El programa sectorial, después de meses de demora en publicarse porque el Consejo General, presidido por el ejecutivo federal, no se reunía para aprobarlo, planteó una decena de metas. Por ejemplo, mejorar el índice de competividad (pasar de la posición 58 a la 30 en el Foro económico Mundial), incrementar el número de patentes de 576 a 796; o bien, incrementar el número de miembros del SNI de 12 mil a 19 mil 850, o el de doctores de 2 mil 112 a 3 mil 618. Nada nuevo.

Sin embargo, una vez más, los indicadores quedaron distantes de los propósitos anunciados. Además, Conacyt, prácticamente desde que comenzó el periodo 2006-2012, estuvo en un permanente ajuste y reajuste de los funcionarios que ocuparon las direcciones adjuntas. Incluso, igual que en la administración previa, aunque por otros motivos, el titular del Conacyt cambió en marzo del año pasado. Lo relevante es que la orientación del sistema tampoco se modificó en esta administración.

Actualmente, en el ámbito nacional y en todas las áreas, la situación es un tanto diferente a la que había al inicio de la década anterior. Los indicadores macro pueden ser estables e incluso promisorios, pero existe gran preocupación por la seguridad pública, el empleo y el entorno internacional. Las relaciones están crispadas entre algunos segmentos de la sociedad, así como entre éstas, el gobierno y algunas de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Sí, las preocupaciones están en otra parte, no en el terreno de la ciencia y la tecnología. Lo comentamos aquí la semana pasada, en la reciente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública no figuró la idea de crear una nueva secretaría para el sector. ¿Y el equipo de transición? Públicamente solamente se nombró responsable. Hasta ahí, nada más. Sí, parece que no habrá un nuevo ciclo de políticas, será más de lo mismo.

(Publicado en Campus Milenio, No. 488. Noviembre 29, 2012)

jueves, 22 de noviembre de 2012

AGENCIA DE INNOVACIÓN



Hoy es claro que no habrá nueva secretaría de ciencia y tecnología, ni tampoco de educación superior, ciencia y tecnología. Por lo menos no en el corto plazo. En su lugar, tal vez, tome impulso la idea de una agencia nacional de innovación.

En las iniciativas de reforma que presentó el presidente electo, Enrique Peña Nieto, el pasado 14 de noviembre, no estuvieron consideradas la educación ni la ciencia. Las propuestas tienen otros propósitos. Una primera reforma tiene al senado como cámara de origen y se refiere a la creación de una  Comisión Nacional Anticorrupción y un Consejo Nacional por la Ética Pública.

Se supone que la nueva comisión tendrá como principal objetivo el combate a las faltas administrativas y las conductas de corrupción en el ámbito gubernamental en sus diferentes niveles. A su vez, el Consejo Nacional por la Ética Pública estaría integrado por representantes de todos los niveles de gobierno, de las principales instituciones políticas y algunos sectores de la sociedad. Esta iniciativa supone la desaparición de la actual Secretaría de la Función Pública.

La segunda iniciativa tiene a la cámara de diputados como cámara de origen y es la que se refiere a la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Básicamente propone concentrar en la Secretaría de Gobernación las actividades de seguridad interior, así como la conducción de las políticas en materia de seguridad interior y el mando sobre la policía federal y auxiliar. La misma secretaría también estará encargada de llevar a cabo las relaciones con los otros poderes y los actores políticos.

También propone que la Secretaría de Desarrollo Social se concentre en combatir la pobreza y la desigualdad en la niñez, la juventud y las mujeres, por lo que incorporará actividades que actualmente están bajo la responsabilidad de otros organismos. Igualmente sugiere la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual asume las funciones de la actual Secretaría de la Reforma Agraria.

En fin, como puede advertirse, las dos principales iniciativas de reforma del presidente electo, consideran elementos relevantes de la organización de la administración pública y seguramente tendrán un procesamiento relativamente expedito en el Congreso. Pero ninguna se refiere a las actividades científicas y tecnológicas o a la educación.

En el periodo de campaña el presidente electo había manifestado su rechazo a la propuesta de crear una nueva secretaría de ciencia y tecnología. Después de celebradas la elecciones, Enrique Peña Nieto reconsideró su posición inicial. Todavía el pasado 27 de septiembre, cuando recibió el documento “Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación” y nombró un responsable del equipo de transición para el sector de ciencia y tecnología, comentó que analizaría la posibilidad.

Y no, parece que no le convenció, al titular o a todo el equipo gobernante, la idea de una nueva estructura administrativa para el sector científico y educativo. ¿Esto quiere decir que se canceló la propuesta? No, pero difícilmente podría adoptarse en el periodo de la siguiente administración.

La experiencia con la reciente iniciativa de reforma laboral y por la composición de las fracciones parlamentarias, particularmente en la cámara de diputados, hacen difícil pensar en una modificación a la iniciativa de ley en el Congreso. Lo más probable es que se apruebe tal y como se presentó.

Tampoco parece probable que una vez presentado este paquete de reformas, se presenten otros proyectos de ley para reformar la administración pública en el corto plazo. Al menos no los habrá de esa misma magnitud y no en esta legislatura.

Entonces ¿permanecerá sin cambios el sector científico y tecnológico? Seguramente sí habrá modificaciones pero acotadas y dirigidas. Es suficiente recordar que el todavía presidente electo, sigue reiterando como parte de sus compromisos nacionales y especialmente el que se refiere al tema de “Más educación y de calidad para todos”, el compromiso número 9: “Apoyar la creación de una fundación para la innovación, ciencia y tecnología, con la participación de la iniciativa privada”.

Un compromiso que coincide con otra posibilidad que le plantearon en el documento Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación. En esta última la propuesta quedó como la creación de una Agenda Nacional de Innovación. Un tema que seguramente definirá la orientación del sector en esta administración y al que volveremos.

(Publicado en Campus Milenio No. 487. Noviembre 22, 2012)

jueves, 15 de noviembre de 2012

LA e-PARTICIPACIÓN EN LOS RETOS CIENTÍFICOS



El ejercicio de consulta en ciernes parece prometedor, aunque por la composición misma de las propuestas, los antecedentes de participación social en otros ámbitos y  por el medio que se utilizará, por ahora sus resultados serán poco alentadores.

Desde la semana pasada y hasta el próximo 30 de enero estará disponible una página web (agendaciudadana.mx) para que cualquier persona pueda seleccionar “hasta tres retos que deben afrontarse desde la ciencia, la tecnología y la innovación para lograr una mejor calidad de vida en el horizonte del año 2030”.

Es una iniciativa de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y casi una veintena de organizaciones académicas, científicas y políticas, para elaborar lo que han denominado Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El procedimiento de consulta es relativamente sencillo. En una página electrónica aparecen una decena de temas que han sido seleccionados por especialistas  de diversas disciplinas, los cuales “analizaron los principales problemas nacionales y propusieron las rutas en las que la ciencia puede contribuir para su solución”. Los temas son: agua; cambio climático; educación; energía; investigación espacial; medio ambiente; migración; salud mental y adicciones; salud pública; y seguridad alimentaria.

Sin duda los tópicos seleccionados son importantes, pero ¿el número es ilustrativo de los principales problemas nacionales? ¿Son irrelevantes los temas de la biotecnología, el transporte, las telecomunicaciones, los materiales, la seguridad y defensa o la producción industrial, por ejemplo? No lo parecen. Hubiera sido conveniente una primera consulta para recibir temas sensibles y luego hacer una selección.

En cada uno de los diez temas seleccionados, con sus respectivos hiperenlaces en la página electrónica, aparecen tres componentes: un video con la propuesta, una descripción breve y un mensaje del coordinador o coordinadora alentando a seleccionar ese reto. Así, se supone que el internauta consultado navegará en los temas y, al final, seleccionará tres.

Una vez concluido el plazo de consulta, el resultado con los tres retos que obtuvieron el mayor número de adhesiones se entregará a los “tomadores de decisión”. Además, también entregarán los diez libros temáticos, cada uno con el correspondiente diagnóstico y las propuestas de políticas públicas.

Los retos se presentan al consultado con propósitos sintéticos. Por ejemplo, en lo que concierne al tema del agua, se plantea: “asegurar el abasto de agua potable para toda la población”. En el de investigación espacial se propone “desarrollar una industria aeroespacial mexicana competitiva y con resultados de interés para la sociedad”. O en materia ambiental se destaca “recuperar y conservar el medio ambiente para mejorar nuestra calidad de vida”

En educación se anota como reto “modernizar el sistema educativo con enfoque humanístico, científico y tecnológico”. Sin embargo, se plantea un asunto en el video y otro en la descripción que ofrece.

Por un lado, el video anota como pilar principal, la construcción de una nueva universidad pública federal de investigación en cada uno de los estados. Por otro, en el apartado de descripción del reto, en un hiperenlace siguiente, se precisa que debe cambiar la idea de enseñanza del sistema educativo (pasar de la repetición y memorización a otra de relación de conceptos y aprendizaje de lo “imprescindible”) para lo cual es necesario aumentar el número de escuelas y la inversión en educación de 8 por ciento del PIB y uno por ciento para ciencia y tecnología. Como se puede advertir las propuestas no son lo mismo y pueden confundir al eventual consultado.

Otro elemento a considerar es que, en general, las consultas ciudadanas atraen principalmente a los directamente involucrados y más bien a muy pocos (suficiente con ver los resultados de la reciente consulta de presupuesto participativo del DF). Además, la consulta y operaciones a través de Internet, aunque cada vez más utilizadas por sus evidentes ventajas, todavía enfrentan el escepticismo, la desconfianza y el bajo perfil tecnológico y de ingresos, de un estrato importante de ciudadanos.

Una consulta abierta es un paso en la dirección correcta, pero por ahora sus resultados seguramente serán muy modestos y limitados a un segmento más bien académico. De todas formas, la participación electrónica se sumará a la lista de puntos de agenda que ya se configura.

(Publicado en Campus Milenio No.  486. Noviembre 15, 2012)

viernes, 9 de noviembre de 2012

CHIAPAS: LOS CONTRASTES Y LA INICIATIVA FALLIDA



En las últimas dos décadas los números de la entidad han mejorado, pero junto con otras tres entidades sigue concentrando algunas de las cifras más preocupantes de la desigualdad social, el atraso educativo y el escaso desarrollo científico y tecnológico.

Actualmente, Chiapas ocupa la nada honrosa posición de ser el primer lugar en población analfabeta en el país. El 17 por ciento del total de su población de 15 años y más no sabe leer y escribir. Si hacemos la diferencia por sexo, el problema del analfabetismo es más dramático para las mujeres: 22 por ciento (los hombres 13 por ciento).

Tómese como referencia que a nivel nacional la tasa de analfabetismo general es de 6 por ciento y el de mujeres de 8 por ciento. En el DF la tasa es del 2 por ciento, los mejores números en todo el país en este indicador y que nos permite advertir la distancia a la que está Chiapas en este terreno.

El grado promedio de escolaridad de su población de 15 y más años es de 6.7 grados; a nivel nacional es de 8.6 grados. Aunque se ha logrado prácticamente la universalización de la educación primaria, como también ocurre en el país, los pendientes se localizan en la educación preescolar (principalmente en la atención a los niños de 3 años) y en la cobertura de la educación secundaria (actualmente es de 90 por ciento), media superior  y superior.

En comparación con las cifras que presentaba en 1990, antes del conflicto armado zapatista y la concentración de recursos públicos, el avance se ha registrado principalmente en la educación básica y media superior. Al menos en esos niveles abandonó las últimas posiciones.

Sin embargo, en lo que concierne al porcentaje de analfabetismo y cobertura en la educación superior, al inicio del periodo de referencia tenía los peores lugares y lo sigue teniendo hoy día. Redujo el analfabetismo más de 10 puntos porcentuales en dos décadas y casi triplicó la cobertura en educación superior (actualmente es de 14 por ciento), pero en ambos casos sigue en último lugar y los porcentajes son inaceptables.

Lo sorprendente es que en matrícula de posgrado no ocupa la última posición --aunque solamente un par de sus programas están en el padrón de posgrado y solamente cinco instituciones ofrecen programas de doctorado-- y desde el año 2000 la entidad cuenta con su Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Chiapas (Cocytech). No fue el primer organismo en crearse en el país, pero tampoco de los últimos (el primero fue en Puebla en 1983 y el más reciente fue en Oaxaca en el 2009).

La entidad también cuenta con una ley de ciencia y tecnología, la cual fue promulgada en el 2004. Actualmente tiene 160 investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Aunque desde el 2005 la entidad creó su propio Sistema Estatal de Investigadores, en el que incluye a un mayor número de investigadores con diferentes grados escolares.

El programa institucional 2007-2012 del Cocytech, una administración que está por concluir, se planteó tres objetivos: vincular al sector productivo con los centros de investigación; transferencia de tecnologías; y consolidar la eficiencia y eficacia del sistema estatal de ciencia y tecnología. Incluyó una media docena de proyectos y otras tantas metas.

Lo sorprendente es que el programa nada mencionó de plan alguno para concentrarse en la producción de bioenergéticos. Sin embargo, desde el 2010 esa fue la principal iniciativa de la administración del gobernador chiapaneco Juan Sabines, a través de una planta de producción de biodiesel a base de semillas del arbusto Jatropha, la cual alimentaría a dos sistemas de transporte público. Lo lamentable es que se trató de un proyecto fallido.

Según lo reportó Edgar Hernández (Reforma 29/10/12: 14), los camiones utilizarían inicialmente 20 por ciento de biodiesel y 80 por diesel; paulatinamente alcanzarían el 100 por ciento de biodiesel. Pero no. El mismo reportaje indica que no se ha logrado la reconversión, ni la planta de biodiesel opera ni las unidades utilizan los porcentajes esperados del bioenergético. Un fracaso.

El caso es ilustrativo de lo que ocurre con muchas iniciativas que parecen prometedoras, pero que no buscan ser una verdadera solución o se extravían en algún punto de su implementación. Lo lamentable es que se trata de entidades con graves carencias y que, encima, prescinden del apoyo de los conocimientos científicos y tecnológicos. 

(Publicado en Campus Milenio. 485. Noviembre 8, 2012)