Ciencia y Tecnología. ¿Cuánto dura una curva de aprendizaje?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 876. Noviembre 19, 2020. Pág. 4)

Un par de semanas más y la actual administración cumplirá dos años. El periodo ya alcanza el primer tercio del actual ejercicio gubernamental y a estas alturas, cuando es la hora de los primeros resultados más que de intenciones, lo inquietante es la reiteración de equívocos en la administración pública y especialmente en el sector científico y tecnológico.

 

En el periodo de transición del 2018, precisamente en el sector científico y tecnológico, se mostró la primera fisura entre la administración anterior y la actual. Un primer exabrupto en lo que parecía un terso proceso de entrega – recepción. Los protagonistas fueron las autoridades del Conacyt de entonces y la doctora Elena Álvarez Buylla, representante del equipo de transición en el área.

 

¿Usted recuerda el episodio? Fue al final del mes de septiembre de 2018, a propósito de la solicitud de la doctora Álvarez Buylla de cancelar toda convocatoria pública del Conacyt que comprometiera recursos para el año siguiente. Una iniciativa que era poco sensata; becarios e investigadores no tardaron en manifestar su preocupación. Unos días después, en respuesta abierta, el entonces director del organismo, Enrique Cabrero, expresó que las convocatorias en proceso seguirían su marcha y la transición sería eficaz y ordenada.

 

Después, siguieron aclaraciones ríspidas entre funcionarios y equipo de transición, pero todo parecía indicar que había sido una escaramuza pasajera, propiciada por la inexperiencia  en el quehacer administrativo. Lo sorprendente es que ahí no terminaron los desencuentros, casi dos años después, en la reciente eliminación de los fideicomisos del sector, los protagonistas regresaron a la arena pública a refrendar las afrentas. Las disputas y los desaciertos siguieron.

 

Una punta es el tipo de decisiones y otra es la de los inocultables errores. Estos últimos, en la administración, son una muestra de la insuficiencia de las normas para conducir el comportamiento burocrático. Una dificultad que estaba antes y hoy sigue presente. Desde hace más de 15 años, cuando se promulgó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se ha intentado consolidar la profesionalización de los servidores públicos, igualar las oportunidades de acceso a la función pública con base en el mérito y mejorar las políticas públicas.

 

No obstante, la integración de los equipos gubernamentales sigue la impronta del grupo político, la confianza personal, la lealtad, el espíritu de cuerpo, más que la especialización o las calificaciones técnicas y profesionales. Difícil, muy difícil una burocracia racional, con  jerarquía administrativa rigurosa, técnicamente competente, profesionalmente calificada, con actividades claramente delimitadas, sin apropiación personal del cargo, con una perspectiva de ascenso por años de servicio y con sueldos decorosos.

 

Así que al comienzo, como generalmente ocurre en cada cambio de gobierno, los cuadros de primer nivel e incluso mandos medios y técnicos, comienzan su aprendizaje como servidores públicos. Incluso, como ha sido evidente, en los primeros meses de ejercicio, los errores en las decisiones o en los procedimientos se ven con un dejo de normalidad: es la curva de aprendizaje.

 

Sin embargo, cabría suponer que transcurrido un tiempo breve y superado el ensayo y error, el nuevo equipo de gobierno alcanza un funcionamiento relativamente óptimo. El problema es que las fallas se han repetido una y otra vez. Y no, ni siquiera se trata de decisiones controvertidas, basadas en principios de gobierno, como podría ser el cambio en las normas, el papel del sector privado o los instrumentos de conducción del sector.

 

El simple trabajo rutinario de procedimientos y planeación de actividades ha requerido de innumerables desmentidos, aclaraciones y rectificaciones una y otra vez. Ahí está el programa especial, el plazo de fabricación de ventiladores o las convocatorias de becarios. O bien, el nombramiento de subordinados, la operación de comités, la división de áreas de conocimiento, la solicitud de donativos a miembros del SNI o el correo electrónico notificando un cambio sobre el seguro de gastos médicos mayores.

 

Lo sorprendente es que el Conacyt, organismo altamente especializado y asesor en políticas científicas y tecnológicas, prescinda de cuadros altamente profesionalizados y competentes. Nada menos: la improvisación en la institución del conocimiento. El hecho viene a confirmar la apreciación que ha reiterado el ejecutivo federal: “no tiene mucha ciencia gobernar”.

 

El mismo presidente López Obrador ha dicho: “Yo tengo que echar mano de instituciones y de servidores públicos honestos, porque eso es lo principal; 99 por ciento es honestidad, uno por ciento es capacidad, porque hay unos que están graduados hasta en el extranjero, como los hijos del padrino que los mandaba a estudiar a las universidades del extranjero; saben mucho, pero no son honestos” (13.08.2019).

 

Puede ser, pero no son cualidades incompatibles, existen servidores públicos íntegros y muy capaces. Sin embargo, tal parece que ahora tendremos curvas de aprendizaje de personas honestas, aunque la curva podría dilatarse todo el sexenio.

 

Pie de página: 26 mil 573 millones para Conacyt en el año próximo, casi lo mismo que recibió en este año. ¿Los recursos de los fideicomisos se esfumaron?

Conacyt y el reloj legislativo

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 875. 122.11.2020--)

 

La normatividad vigente dispone que el Conacyt sea la entidad rectora de las políticas científicas y tecnológicas en México. ¿Un inminente cambio en su regulación podría desbancarlo de ese papel? Seguramente no. Tal vez conservaría su relevancia como cabeza de sector, pero sí tendría repercusiones en su desempeño.

 

A lo largo de las últimas tres décadas --un periodo de alternancia, continuidad y cambio en el poder ejecutivo federal--, se fueron añadiendo una serie de reglas y normas para la operación del organismo y del sistema científico y tecnológico.

 

En general, los dispositivos normativos apuntaron a otorgar mayor autonomía y capacidades técnicas y políticas al Conacyt. Por ejemplo, ahí está la creación de un ramo de gasto propio en el presupuesto del gobierno federal y la instauración de un programa especial –en lugar de uno sectorial— para encabezar las acciones de todas las dependencias gubernamentales. O bien, la puesta en marcha de instancias y órganos de participación y de articulación.

 

Al mismo tiempo, sin embargo, las normas mostraron sus limitaciones y dificultades. La escasa funcionalidad de su máximo órgano de gobierno o coordinaciones e instancias irrelevantes, por ejemplo. Lo mismo que un esfuerzo insuficiente en materia de descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, resultados por abajo de lo esperado, o bien, participación desigual de los sectores público y privado.

 

Si ahora, a raíz de la reforma del artículo 3º constitucional del año pasado, estamos frente a la posibilidad de instaurar un nuevo ordenamiento para regular la actividad científica y tecnológica, vale la pena recuperar lo que claramente se muestra como un avance y evitar los errores que arrastra el marco normativo.

 

La tarea no es sencilla de resolver. En primer lugar, está el plazo para emitir la nueva ley general. En mayo de 2019, cuando se publicó el decreto de reforma constitucional y quedó establecido el mes de diciembre de 2020 como fecha límite para hacerlo, un lapso de un año y medio parecía más que suficiente para diseñar y acordar por consenso una norma plenamente satisfactoria.

 

Lo inexplicable es que transcurrieron los meses y como si nada. Todavía, cuando estamos por alcanzar el límite de tiempo, no hay ningún proyecto de ley en el Congreso de la Unión. La autoridad del sector, salvo filtraciones que desconoció hace más de un año,  tampoco ha adelantado ninguna versión preliminar ni nada parecido. Solamente algunas organizaciones como Prociencia y la Rednacecyt han presentado iniciativas al respecto.

 

El Congreso bien puede darle trámite a una nueva ley en el tiempo que resta, por algo tiene mayoría la fracción parlamentaria del partido gobernante, pero seguramente sería una discusión atropellada, enfrentaría una amplia resistencia y probablemente la norma resultante no sería satisfactoria para ninguno de sus destinatarios. ¿Tiene caso una norma que antes de entrar en vigor es rechazada? La reforma educativa del 2013 es ilustrativa a este respecto.

 

En segundo lugar, no está claro si Conacyt contará con un mayor y mejor presupuesto para desempeñar su papel. En la ley vigente se le reconoce como organismo descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica y cuya función es asesorar al ejecutivo federal para articular las políticas públicas en la materia.

 

Sin embargo, el presupuesto central del organismo sigue siendo menor, en términos nominales y reales, al que ejercía antes de iniciar la actual administración. El presupuesto para el año próximo seguirá la misma tendencia: están considerados 26 mil 573 millones de pesos y es prácticamente equivalente al de este año (en términos reales). Así que, después de todo, la eliminación de los fideicomisos no se verán reflejados en un incremento o mayor control del presupuesto.

 

En tercer lugar, con excepción de un control centralizado de un presupuesto menguante, tampoco se advierte qué capacidades e instrumentos podría desplegar el organismo para asumir su responsabilidad como cabeza de sector. No es menor, pero es insuficiente. El programa especial que debía estar en marcha para conducir los esfuerzos en la materia de las diferentes secretarías de Estado, simplemente es inexistente. A pesar de que en algún punto la autoridad dijo que el programa estaba aprobado por su Consejo General, a la fecha no se conoce ningún documento.

 

El organismo tampoco cuenta con los fondos sectoriales y mixtos –se fueron junto con los fideicomisos— y eran los instrumentos que orientaban las acciones en conjunto con las diferentes secretarías de Estado y con las entidades federativas. Además, las líneas de comunicación y entendimiento con organizaciones e instancias del sector no pasa por su mejor momento.

 

Finalmente, añadamos que la nueva ley general no solamente debe considerar competencias y responsabilidades del Conacyt, debe tener como referente principal la regulación del sistema nacional de ciencia y tecnología. En estas circunstancias, al cuarto para las doce, no parece probable intentar la aprobación de la nueva norma y tal vez ni siquiera sería deseable. El reloj de los representantes populares es diferente del reloj de sus representados.

 

Pie de página: A falta de fondos sectoriales, el Conacyt celebra convenio marco con la Secretaría de Cultura. Aunque el documento requiere previa notificación a su órgano de gobierno.

Elecciones en EU. México no tendrá “cooperación subordinada”

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 874. Noviembre 5, 2020. Pág. 4)

 

A partir de los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos se redefinirá, seguramente, la política y la cooperación internacional en esta tercera década del siglo XXI. En el caso de México ¿sostendrá el mismo vínculo en materia científica y tecnológica con Estados Unidos o se modificará notablemente?

 

La relación cambiará, pero poco o nada tiene que ver con el desenlace electoral del país vecino, es una decisión anticipada.

 

Tal vez cuando usted lea este texto ya conozca el saldo de la contienda electoral, lo escribo en las vísperas de los comicios, cuando las encuestas marcan claras diferencias a favor del candidato demócrata Joseph R. Biden, respecto del republicano y todavía presidente Donald J. Trump.

 

Sin embargo, por el sistema de elección indirecta estadounidense y como fue claro en la contienda de 2016, las encuestas no necesariamente muestran lo que al final ocurrirá. En cualquiera de los casos, el resultado de las elecciones estadounidenses marcará una diferencia para el mundo, sea porque se profundizarán inconcebibles iniciativas en marcha del actual mandatario o porque intentarán girar 180 grados si gana Joe Biden.

 

No todo está por definirse en el marco nacional. La relación comercial de Estados Unidos, Canadá y México, desde fines del año pasado, quedó acotada en las renegociaciones de su tratado comercial. En este año ya fue debidamente publicado el Diario Oficial de la Federación el decreto de sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el T-Mec (DOF. 29.06.2020).

 

Otro tanto ocurre con el siempre complicado tema migratorio, las medidas que la administración Trump ha puesto en marcha, como la construcción de su ominoso e inacabable muro en su frontera sur o las condiciones de sus centros de deportación. O bien, la posición de México ante las caravanas de migrantes que públicamente intentan cruzar el territorio nacional y llegar a Estados Unidos.

 

No obstante, menos claro es lo que ocurrirá con la cooperación académica, el retorno de migrantes, las restricciones de visas académicas o tal vez un nuevo intento de deportación masiva de los “Dreamers”. En este año el intento fue bloqueado por una resolución de la Corte Suprema estadounidense porque la administración Trump no observó la ley, pero podría intentarlo de nueva cuenta.

 

El gobierno mexicano, sin embargo, tiene la intención de dar un giro a sus lazos de cooperación. Al menos Conacyt, el organismo rector de la política científica y tecnológica nacional, ha planteado su convicción de que había subordinación anteriormente y ahora piensa extender su cooperación a otras regiones.

 

En el Programa Institucional 2020-2024 del organismo, como parte de su análisis de la situación actual, dice: “El Conacyt privilegió un modelo de cooperación subordinada con los países de la Unión Europea y con los Estados Unidos de América. En este nuevo régimen se promoverán vínculos concretos con países del entorno latinoamericano y de El Caribe, así como con países de Asia y del este de Europa con avances indudables en CTI” (DOF. 23.06.2020: 21).

 

Es una posición del Conacyt, se dirá. Y sí, es del organismo, pero es la cabeza del sector y como lo hemos reiterado en múltiples oportunidades, no existe y, por lo que se advierte, no habrá un Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) en este periodo. O sea, no esperemos convergencia de presupuesto y coordinación de las diferentes secretarías en materia científica y tecnológica.

 

Tampoco olvidemos que el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Foncid), fue otro de los fideicomisos eliminados por el Senado mexicano el 21 de octubre. El Foncid, en el momento de su extinción, tenía 38.6 millones de pesos y fue la base financiera que permitía radicar recursos externos y también transferir recursos a otras secretarías para conducir la cooperación internacional. Ahora la asignación, si hay presupuesto, será decida de forma directa por el Conacyt.

 

La agenda gira hacia América Latina. El pasado 30 de octubre, la directora del organismo, Elena Álvarez Buylla, informó a través de su cuenta personal de twitter que había co-presidido la Reunión de Altos Funcionarios de la Iniciativa Conjunta de Investigación entre la Comisión Europea de Innovación y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Una reunión en la que también participó el secretario de Relaciones Exteriores.

 

Posteriormente examinaremos, cuando se firme, la “Hoja de Ruta Estratégica 2021-2023” de esa reunión. Por lo pronto, vale la pena notar que no está mal, nada mal, que México extienda sus redes de cooperación científica hacia otras regiones y más con América Latina. Sin embargo, ¿eso supondría cortar lazos de colaboración ya establecidos con polos dominantes de generación de conocimiento? Esperemos que no, sería otro grave error. Lo importante será diversificar y expandir la colaboración; no restringir y autoexcluirse.

 

Pie de página: Gloria Soberón Chávez ganó el juicio de amparo indirecto para ser reconocida como integrante de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. ¿Qué hará Conacyt? Pendientes. Y sí, crece el respaldo a miembros del SNI que laboran en instituciones particulares.