jueves, 22 de diciembre de 2022

Ley general de ciencia: las comas y el consenso

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 978. Diciembre 22, 2022. Pág. 4)

 

El caso es que, cuando todo parecía indicar que concluiría este año el gobierno federal no presentaría su iniciativa de ley general de ciencia, la semana pasada, literalmente al cuarto para las doce, la ingresó en la cámara de diputados. Tal vez fue que este diciembre se cumplirían dos años exactos de retraso para promulgar esa ley que debió estar lista en diciembre del 2020 o quizás fue la autorización del presidente López Obrador en la reciente reunión del Consejo General.

 

El proyecto es el punto de referencia, pero no se dicutirá ahora y mucho menos quedará aprobado, porque el periodo ordinario de sesiones del Congreso concluyó el día 15 de diciembre, pero es indudable que estará en la agenda del próximo periodo que comienza el 1 de febrero del 2023. Sin embargo, no es inminente ni inexorable.

 

¿Los legisladores no le moverán ni una coma a la iniciativa gubernamental? Probablemente. Pero en el Congreso hay otros proyectos de ley en la materia y recuérdese que, en total, son 500 diputados y 128 senadores. El voto de la mitad más uno (mayoría absoluta o simple) de los legisladores de las cámaras del Congreso es suficiente para aprobar una ley secundaria, precisamente como este proyecto de ley general.

 

A pesar de que la fracción parlamentaria de Morena no alcanza mayoría simple en la cámara de diputados (tiene 202 legisladores), como ha ocurrido con otras iniciativas de ley, a ella se suman los votos del Verde Ecologista (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT). Así que en conjunto ya representan 276 votos; suficientes para aprobar cualquier ley secundaria.

 

A su vez, en la cámara de senadores las fracciones parlamentarias están más divididas e incluso hay cuatro senadores que no tienen grupo partidario. No obstante, Morena tiene 60 senadores y, nuevamente, si solamente suma los 6 integrantes del PVEM alcanza mayoría absoluta y si añade los 5 del PT y los 4 de Encuentro Social, sin problema tiene la mayoría simple.

 

No obstante, la aprobación no necesariamente ocurrirá sin más. En primer lugar, porque primero debe pasar el filtro de las comisiones. Ahí es donde se elabora el dictamen de la iniciativa, la integración de las comisiones guarda simulitud con las proporciones de la composición parlamentaria, aunque tiene su propia dinámica. Ahora que el ejecutivo federal presentó el proyecto de ley general en la cámara baja, lo enviaron a las comisiones de Ciencia y de Educación

 

La comisión de Ciencia y Tecnología, la que tiene el papel relevante en la elaboración del dictamen, está encabezada por Javier López Casarín, diputado del Verde Ecologista. La comisión tiene 31 integrantes: 12 de Morena; 7 del PAN; 4 del PRI; 3 del PVEM; 2 del PT; 2 de Movimiento Ciudadano; y 1 del PRD. O sea, la fracción del partido gobernante también alcanzaría mayoría simple si suma los votos de otras fracciones pero, respecto de la composición de toda la cámara, la diferencia es más estrecha.

 

Por su parte, la comisión de Educación de diputados tiene 40 integrantes: 16 de Morena; 9 del PAN; 6 del PRI; 3 del PT; 3 del PVEM; 2 de Movimiento Ciudadano; y 1 del PRD. La preside la legisladora morenista Tania Cruz Santos y, como se puede apreciar, la composición también es parecida a la comisión de Ciencia.

 

Otro tanto ocurre en el Senado: la fracción de Morena y partidos aliados alcanzan mayoría simple sin mucha dificultad. Sin embargo, para decidir si la iniciativa se aprobará o no tal cual, no solamente cuenta la composición de las fracciones, también entran en juego otras variables. Unas relativamente previsibles, como el interés público sobre la iniciativa, la lealtad política de los legisladores, la disciplina de partido o la trayectoria de cada integrante.

 

Pero otras variables son inestables y más complicadas de precisar. Por ejemplo, la sensibilidad de los legisladores ante un contexto de presión social o el intercambio entre fuerzas políticas que hoy ceden en alguna iniciativa y esperan, después, a cambio, el respaldo en otra sobre la que tiene más interés. O bien, la racionalidad y los cálculos de cada integrante que traza el futuro de su carrera política o escucha el sonido de la caja registradora. Otras variables son menos confesables, como los expedientes a voces de cada integrante que dobla sus frágiles convicciones.

 

En fin, aunque cada legislatura tiene su ruta y la aprobación de iniciativas sigue una trayectoria parecida, no hay ninguna seguridad sobre lo que aprobará o no el Congreso. No obstante, después de una demora de más de dos años, no es mucho pedir revisar algo más que las comas y que, como ocurrió con la norma similar de educación superior, la nueva ley general de ciencia sea aprobada por consenso.

 

Pie de página: La reforma al estatuto general del CIDE ni en tiempo ni en forma. // En septiembre del 2021 se presentó el primer número de la nueva revista “Ciencias y Humanidades” del Conacyt y se dijo que sería una publicación bimestral, pero durante un año no apareció ningún otro número. Ahora, al final del año, aparecieron cuatro números de un tirón.

lunes, 19 de diciembre de 2022

El Consejo y la gobernanza del sector

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 977. Diciembre 15, 2022)

 

El Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI) está en la cúspide de las decisiones del sistema científico nacional. Un órgano encabezado por el presidente de la República e integrado por secretarios de Estado. Sin embargo, a pesar del alto nivel de sus consejeros, desde su instalación no ha dado los resultados que se esperaban ni funciona conforme sus normas. No sucedió antes, tampoco ocurre hoy y tal vez no lo hará en el futuro.

 

La última vez que supimos del Consejo General, en este periodo de gobierno, fue en diciembre del año 2020, cuando la directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, dijo que se habían celebrado el mismo día dos sesiones ordinarias. Los principales asuntos abordados, según se dijo oficialmente, fue la presentación de un Plan Estratégico para el periodo, el informe general de ese año, el Programa Especial (Peciti) y el anteproyecto de ley general para el sector (Comunicado 194. 14.12.2020).

 

Lo sorprendente es que el Peciti entró en vigor un año después, o sea, en diciembre del 2021. Y el anteproyecto de ley, a estas alturas, tras dos años de presentado, sigue en el cajón de los trámites. ¿Qué se dijo sobre la ley en la sesión del Consejo General en diciembre del año 2020?

 

Más o menos lo que también se había dicho en el 2019: un proyecto generoso, humanista, resultado de una amplia consulta y aprobado por consenso. Los números que entonces se manejaron fueron de 287 foros de consulta, otro tanto de propuestas recibidas en su plataforma y casi dos centenares de cuestionarios respondidos. Sin embargo, grupos del sector dijeron que se faltaba a la verdad, porque la consulta no había sido amplia y la iniciativa no recogía la pluralidad de la comunidad y, como si nada, todo quedó igual.

 

¿Qué ocurrió en la sesión del Consejo General de este 6 de diciembre? Algo parecido a lo del 2020: logros que se han reiterado en distintas oportunidades, como la entrega de 128 mil apoyos, la instauración de un Sistema Nacional de Posgrados que no es un sistema o la reestructuración del Sistema Nacional de Investigadores. Temas que hemos analizado en este Acelerador de Partículas.

 

Sobre el proyecto de ley, otra vez, aunque ahora de forma más breve quedó anotado: “El Conacyt sometió dicho proyecto de ley a una amplia discusión en diversos espacios de participación y consulta de la comunidad científica, académica y de tecnología e innovación, así como de distintas dependencias de la Administración Pública Federal (APF). Para su elaboración fueron tomadas en cuenta 49 iniciativas de ley en México, así como centenares de estudios legislativos en la materia que robustecen los fundamentos del proyecto” (Comunicado 335 06.12.2022). O sea, dos años después, estamos más o menos, en el mismo punto.

 

Volvamos al papel del Consejo General. Un órgano previsto en la norma desde hace 20 años y, como dijimos, la máxima instancia de la política sectorial. La propuesta de ponerlo en marcha fue del gobierno federal, aunque la iniciativa original era que solamente estuviera integrado por el ejecutivo federal y nueve secretarios de Estado. No obstante, los legisladores de entonces modificaron la propuesta e incluyeron la participación de la persona titular del Conacyt, la coordinación del Foro Consultivo y cuatro representantes de la comunidad científica y empresarial. Así quedó en la ley de ciencia del 2002.

 

Lo sobresaliente de aquella iniciativa, seguramente acicateada por miembros influyentes de la comunidad científica de aquellos años y acaso más reveladora de la impronta presidencialista de la cultura política que sigue vigente, es que el ejecutivo federal y miembros del gabinete debían estar a la cabeza de las decisiones en el sector. Por eso, el Consejo es presidido por el titular del poder ejecutivo federal.

 

La gobernanza del sistema quedaba en manos del presidente de la República, lo cual cabría suponer, aseguraba que los discursos o las intenciones para el sector se convirtieran en realidades. De ahí la docena de facultades que tiene el Consejo General. El problema fue que no funcionó como estaba previsto; operativa y políticamente parece irrelevante.

 

Según la norma, el Consejo debe sesionar de forma ordinaria, por lo menos, dos veces al año y de forma extraordinaria cuando su presidente, o sea el ejecutivo federal, lo estime pertinente. No obstante, solamente en su primer año sesionó conforme a la regla, los siguientes 18 o 19 años ha sido más bien regido por el azar, el interés o la agenda del presidente. No importa si el Peciti debe esperar, las prioridades en el presupuesto no se definen o se pospone la entrega de algún premio.

 

Al inicio las sesiones eran numeradas y algunas actas del Consejo se hicieron del dominio público. Actualmente no solo se incumple con la cantidad de sesiones, tampoco se sabe su secuencia o registro. Por supuesto, ni hablar de publicar las actas de las sesiones y de su composición, pues… por ahí, en algún comunicado aparecerán los nombres.

 

Entonces, el mecanismo de gobernanza del sistema no ha sido el mejor, así sean ejecutivos federales fuertes, débiles o de un partido o de otro –los últimos 20 años los presidentes han sido de tres diferentes partidos. Frente a la eventual discusión de una nueva ley general para el sector que propone un órgano similar, vale la pena poner el tema sobre la mesa.

 

Pie de página. El Comunicado 337 del Conacyt publicado este 11 de diciembre para acatar una resolución judicial es un buen ejemplo del lenguaje de los tribunales. Ahí podrá ver cómo hacer casi ininteligible algo que no lo amerita: t.ly/fK--

viernes, 9 de diciembre de 2022

Patria: vacuna (a la) mexicana

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 976. Diciembre 8, 2022. Pág. 4)

 

El presidente López Obrador cerró su conferencia de prensa en la Ciudad de Oaxaca, el 14 de febrero del 2021, con estas palabras: “Y, con todo respeto, en su momento, en su momento, porque son iniciativas de Conacyt, de centros de investigación públicas, pero también de empresas privadas, les vamos a sugerir que la vacuna nuestra se llame Patria, ya apartamos el nombre” (versiónestenográfica 14.02.2021). Después de casi dos años de aquella sugerencia, seguimos solamente con el nombre.

 

Por aquellas fechas ecruzábamos la tercera ola de contagios y estaba en marcha el plan nacional de vacunación. La adquisición de vacunas en el mercado global estaba muy competida y países en desarrollo, como México, no estaban a la cabeza de la lista. El canciller Marcelo Ebrard tenía colgadas algunas medallas por sus logros en las negociaciones realizadas. El anuncio del presidente sobre el desarrollo de una vacuna nacional, sin duda, parecía una buena noticia, la confianza en la infraestructura científica del país y los grupos de expertos nacionales parecía retornar.

 

Un par de meses después de la conferencia de Oaxaca, el presidente invitó nuevamente a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, para que explicará en qué situación estaban los trabajos del biológico y cuándo estaría listo. Ahí dijo que el grupo de trabajo comenzó desde el año 2019 y reunía a destacados expertos, tanto nacionales como internacionales. Una de las empresas más relevante en el grupo de trabajo era Avimex, así como instituciones del sector salud.

 

En realidad, lo que la mayoría de analistas de la salud comentaron en su momento fue que la base del trabajo era la “tecnología desarrollada por la Escuela de Medicina Icahan en Monte Sinaí, en Nueva York, y la proteína HexaPro, de la Universidad de Texas, Austin (Milenio 13.04.2021). O sea, el gobierno mexicano únicamente adquirió la licencia correspondiente que le permitiría producir la esperada vacuna. No es un invento ni un trabajo de científicos nacionales.

 

La directora del Conacyt, en su explicación del desarrollo de la vacuna, en abril del 2021, dijo algo muy esperanzador, el inicio la fase preclínica y el comienzo del reclutamiento de voluntarios para las siguientes tres fases. Parecía inminente la fabricación de la vacuna. De hecho, la doctora Álvarez Buylla dijo: “Ahí están las fechas aproximadas y, si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la Cofepris para su aprobación en uso de emergencia” (versión estenográfica del 13.04.2021). Es decir, tendríamos vacuna al concluir el año 2021.

 

Los tiempos parecían apretados, pero dado que el ejecutivo federal presionaba con la iniciativa y el esfuerzo estaba comandado por el Conacyt, su organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, no era imposible. Ahora vemos que no, desafortunadamente concluyó el año pasado y está a punto de terminar el actual y la vacuna no está lista.

 

Un banner en la página electrónica inicial del Conacyt hoy sigue llamando a voluntarios de la Cdmx, Morelia y Oaxaca para que participen en los ensayos de la fase tres y se requieren miles. Por cierto, según revelaron los documentos filtrados en los Guacamaya Leaks, Conacyt intentó que personal de las fuerzas armadas participaran como voluntarios en la fase dos, pero la Defensa Nacional se negó.

 

El plazo comprometido para tener lista la vacuna no fue lo más notable de la explicación de la directora del Conacyt. Lo sorpresa fue cuando la misma titular se refirio a los costos: “va a ser en promedio hasta 855 por ciento menor que la vacuna más cara en el mercado ahorita, esto les da una idea” (versión estenográfica del 13.04.2021). La desmesura y la imposibilidad del porcentaje fue lo que se quedó en los medios, pero no los plazos comprometidos.

 

Tal vez el error en el porcentaje de costos revela más de lo que parece, porque muestra que el tema de los recursos ha sido clave para que esté o no lista la vacuna. No es fortuito que el Conacyt haya clasificado como información reservada lo referente a la distribución del presupuesto y los ensayos de las pruebas.

 

Es cierto que la indagación científica tiene un componente azaroso que no siempre permite tener los resultados esperados en el tiempo calculado. Sin embargo, el proceso tampoco es de ahí se va, de una improvisación constante, esperando que sea producto de la casualidad. Dos años de retraso, en la escala de una investigación científica, cuando ya estaba la licencia de la tecnología base, parece indicar otro tipo de dificultades. La voluntad, la ideología y los discursos son insuficientes; se requiere de esfuerzos colectivos y de políticas para el sector.

 

La prestigiosa revista The Lancet publicó el pasado mes de septiembre los resultados de su comisión sobre el Covid-19, ahí en medio centenar de página hace una evaluación de la pandemia y expresa: “A pesar de muchos ejemplos de investigación de excelencia durante la pandemia, también ha habido investigación de baja calidad, sujeta a sesgos y con resultados engañosos” (TheLancet Comissions: 1258). Sí, no es solamente un tem de voluntad

 

Pie de página: Ahí viene el panel del T-MEC para resolver la controversia sobre el maíz transgénico.

viernes, 2 de diciembre de 2022

Becas: la ilusión de 129 mil apoyos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 975. Diciembre 1, 2022)

 

El volumen de becas es uno de los avances que más destaca la actual administración y no fue la excepción en el reciente mensaje del presidente López Obrador este 27 de noviembre. A los pocos minutos de iniciar su discurso, en la lista del centenar de acciones que ha puesto en marcha su gobierno, el presidente soltó una breve frase de logro en el campo científico y tecnológico: “El Conacyt otorga 128 mil 950 becas a estudiantes de posgrado y a investigadores” (versión estenográfica 27.11.2022).

 

La cifra suena rotunda, pero ¿es correcta? Veamos. No es la primera vez que el ejecutivo federal habla de más 100 mil becas en el sector. Hace un año, el primero de septiembre del 2021, en su mensaje con motivo de su 3er informe de gobierno, señaló: “hemos aumentado en nueve mil 370 las becas de posgrado e investigadores para llegar a un total de 125 mil 816”.

 

O sea que, desde hace un año, la cifra de apoyos rondaba las 126 mil becas. Lo sorprendente es que la cifra no coincidía con lo que reportaban los mismos anexos estadísticos de aquel informe de gobierno. Ahí se enlistaron 51 mil 637 becas de posgrado y 35 mil 178 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Si sumamos ambos apoyos la cantidad es de 86 mil 815 becas (pág.638 y ss). Es decir, 39 mil apoyos menos a los que anunció el presidente López Obrador.

 

Ahora, un año después, en números redondos, no solamente reitera el avance, reporta un aumento y dice que ya son 129 mil becas para posgrado e investigadores. En total, un incremento de tres mil becas, respecto del año pasado. ¿Y qué cifras reporta el 4to Informe de Gobierno? Otra vez las cantidades no coinciden.

 

Según los datos presentados en el más reciente informe, el total de becas de posgrado suman 51 mil 56 becas y el total de miembros del SNI son 36 mil 624. En total, serían 87 mil 680 apoyos. O sea, 41 mil becas menos de las que dijo el presidente López Obrador en su mensaje este 27 de noviembre.

 

¿Podría ser que la autoridad incluyera otro tipo de becas en su recuento de logros y por eso el volumen es tan alto? Quizás, pero las cifras tampoco coinciden del todo. Las becas se clasifican en: nuevas, vigentes y administradas. Las primeras, como su nombre lo indica, son las que se otorgan mediante convenio e inician en el periodo reportado y las segundas, con independencia de cuando iniciaron, siguen activas al momento de que se reportan en el periodo. En cambio, las administradas, es suficiente que se haya otorgado un apoyo por única vez en el periodo y contará como beca.

 

El mismo 4to Informe de Gobierno, en el apartado escrito, otra vez reporta información un tanto diferente de la que aparece en sus anexos. Esto es, dice que se administraron 64 mil 26 becas (pág. 470). De ese total, dice la misma fuente, 56 mil 43 son becas nacionales; 2 mil 390 becas al extranjero; 3 mil 740 becas de inclusión; 1 mil 853 son becas de consolidación.

 

Vale la pena reiterar que las cifras de becas del párrafo previo son del 4to informe y son superiores a las que se anotan en sus mismos anexos estadísticos. En cambio, los datos de miembros del SNI sí corresponden con las que están en los anexos: 36 mil 624. Si sumamos estos últimos y las 64 mil 26 becas tenemos un total de 100 mil 650. O sea, alrededor de 28 mil becas menos de las dijo el presidente en su mensaje.

 

Además, con los propios datos de los anexos estadísticos, consideremos como punto de comparación los datos del 2018 y los del 2022. Al inicio del periodo había 28 mil 633 miembros del SNI y 55 mil 962 becas, de estas últimas 52 mil 649 fueron becas nacionales y 3 mil 313 para el extranjero. Para este año se reportaron 36 mil 624 investigadores en el SNI y 51 mil 56 becas (49 mil 406 nacionales y 1 mil 650 para el extranjero).

 

Es decir, en el periodo el SNI añadió casi 8 mil nuevos miembros, alrededor de dos mil por año, mayor al promedio que había mostrado en periodos anteriores; mientras que se entregaron casi 5 mil becas de posgrado menos. La reducción de becas fue de casi la mitad para el extranjero y de 3 mil becas nacionales menos.

 

En fin, es evidente que el SNI sí experimentó un crecimiento significativo en este periodo, pero también que las múltiples modificaciones al reglamento del programa, registradas en muy poco tiempo, como en este Acelerador de Partículas lo hemos documentado, estarían dirigidas a ponerle un freno a esa expansión. También es claro que para estudios de posgrado hoy existen menos becas de las que había al inicio de la gestión.

 

Entonces, la desagregación de datos permite ponderar el logro de que, en este periodo, Conacyt otorga 128 mil 950 becas a estudiantes de posgrado e investigadores. La cifra no cuadra con las estadísticas y expresa una ilusión que se desvanece en los datos del mismo gobierno.

 

Pie de página: Lo paradójico es que el presidente, casi al término de su discurso, añadió que se había liberado al Conacyt de empresas extranjeras… “ahora, el Conacyt orienta sus recursos a otorgar becas y a investigar lo que el país necesita en materia de salud y de bienestar”.

jueves, 24 de noviembre de 2022

Ciencia y Tecnología: ¿celebración de realizaciones y pendientes?

 Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 974. Noviembre 24, 2022. Pág. 9)

 

Campus celebra un aniversario más y coincide con el final de los primeros dos tercios de la presente administración. A pesar de que todavía falta el tramo final, las mismas autoridades han hecho notar que lo realizado hasta ahora ya constituye una transformación y logros sin precedente. Vale la pena destacar un par de iniciativas sobresalientes en el sector de ciencia y tecnología y también algunos pendientes.

 

La transformación, lo ha reiterado la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, casi desde que tomó posesión del cargo en diciembre del 2018, fue detener las transferencias millonarias hacia empresas privadas. Según su apreciación, esas transferencias, muchas de ellas directas y para transnacionales, impedían el desarrollo científico y tecnológico. Lo predominante en administraciones anteriores, ha dicho, era una ciencia neoliberal y una tendencia favorecedora a la privatización de los posgrados. Ahora ya no.

 

¿Por qué no? Uno de los cambios, lo repite una y otra vez la titular del Conacyt, fue la eliminación de los 91 fideicomisos que operaban en el sector, unos desde el periodo del expresidente Vicente Fox y los más en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí, en el sector estaba la mayor cantidad de esos instrumentos, aunque ni de lejos concentraban el volumen más grande de recursos.

 

El monto recuperado de los fideicomisos, dijo Álvarez Buylla en una reciente conferencia de prensa con el presidente, fue de más de 14 mil millones de pesos y añadió que también se encontró con una gran cantidad convenios insolventes que sumaban más siete mil millones de pesos. “Y en total, entonces, el retorno a la Tesofe fue de casi 22 mil millones de pesos” (versión estenográfica 09.08.2022). Así que ahora, completó la titular, hay mayor ahorro, eficiencia y resultados de innovación. 

 

La extinción de los fideicomisos, sin embargo, no fue una decisión del sector, fue una política el gobierno federal que eliminó esos instrumentos de toda la administración pública, excepto algunos para Salud, Energía y la Secretaría de la Defensa. Aunque a la fecha no se ha presentado el informe público que mostraría la corrupción y el manejo opaco de los fideicomisos, a pesar de que el presidente López Obrador prometió que esa información estaría a los tres meses, o sea, en enero del año 2021. Ni entonces ni ahora.

 

En cambio, la eliminación de los fideicomisos provocó dificultades y parálisis en el sector, especialmente en los Centros Públicos de Investigación, porque la administración y operación de esas instituciones, y de múltiples proyectos en marcha, dependían de esos instrumentos. 

 

El ahorro de recursos ha sido notorio, los lineamientos de austeridad se aplicaron sí o sí a las instituciones y también está el registro del presupuesto anual para el sector. En términos nominales, apenas este año y el próximo, el Conacyt recibió una cantidad superior a la asignada al inicio del periodo: en 2018 recibió poco más de 27 mil millones de pesos y este año tuvo 29.5 mil millones de pesos y para el próximo tendrá 31.6 mil millones de pesos. Un incremento de poco más de 4 mil millones de pesos que, como se podrá entender, no compensa la inflación acumulada.

 

Sobre la privatización del posgrado. Álvarez Buylla ha dicho que al inicio del actual periodo encontraron que 64 por ciento de la matrícula de posgrado estaba privatizada y 36 por ciento no. O sea, la mayoría de alumnos de ese nivel estaban inscritos en instituciones particulares. ¿Qué hizo el Conacyt? Eliminó el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), un programa que otorgaba becas solamente a los alumnos matriculados en instituciones pertenecientes a ese padrón, fueran públicas o privadas.

 

¿Cómo estaban los números del PNPC? De los más de 11 mil programas de posgrado a nivel nacional, poco más del 20 por ciento pertenecían a ese padrón y, de este último porcentaje, el 75 por ciento estaban orientados a la investigación y el 90 por ciento correspondían a instituciones públicas. Sin embargo, la autoridad dejó en claro que entregará las becas de posgrado directamente y, según sus cálculos, habrá para todos los alumnos matriculados en instituciones públicas. 

 

No obstante, las cifras del 4to informe de este gobierno, de septiembre de este año, muestran que al inicio del sexenio se entregaban 52 mil 649 becas de posgrado nacionales y la estimación para este año es de 49 mil 406. O sea, casi tres mil becas menos. Las becas de posgrado al extranjero, para el mismo periodo, pasaron de 3 mil 313 a 1 mil 650 (pág. 638). Estas últimas se redujeron a la mitad. 

 

Tal vez al cierre del año las cifras de becas mejoren, pero tampoco serán sobresalientes. El único programa que se ha expandido a tasas crecientes es el Sistema Nacional de Investigadores (SIN): en el 2018 tenía 28 mil 633 integrantes y la estimación para este año es de 36 mil 624. Es decir, se han agregado casi ocho mil nuevos miembros en los últimos cuatro años; casi dos mil por año. 

 

Un crecimiento importante del SNI pero no todo es miel sobre hojuelas. Como también se sabe, la presión financiera ha sido mucha, así que cambió su reglamento para retrasar el ascenso en el programa de los jóvenes investigadores y concentrarse en IES públicas. Ahora, en la convocatoria más reciente, está por resolverse si todos los que recibieron el nombramiento de investigador, también recibirán el incentivo económico correspondiente.

 

En fin, en este panorama, quedan al menos tres pendientes insoslayables. Uno de los más sobresalientes es la expedición de la ley general para el sector que debió hacerse desde diciembre del 2020. No menos importante es una asignación presupuestal creciente, los recursos han sumamente limitados y ahora estamos más lejos de cumplir con un piso básico de 1 por ciento del PIB para ciencia y tecnología (pasamos del 0.45 al 0.33). Y, finalmente, la descentralización de la actividad, porque al eliminarse los fondos mixtos y la operación de la instancia de encuentro entre el Conacyt y las autoridades de las entidades federativas, el fomento del sector en los estados ya no se ve como un objetivo. 

 

Pie de página: ¡Larga vida a Campus!

jueves, 17 de noviembre de 2022

Reasignaciones de bienestar en el presupuesto 2023


 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 973. Octubre 20, 2022)

 

La tarde del pasado 8 de noviembre, la diputada Saraí Núñez Cerón, secretaria de la sesión, informaba: “Ciérrese la plataforma digital. Señor presidente, se emitieron 273 votos en pro, 222 en contra y 0 abstenciones” (versión estenográfica). La propuesta del Prespuesto de Egresos de la Federación 2023 (PEF) estaba aprobada en lo general.

 

Sin embargo, en lo particular, con alredor de dos mil reservas por exponerse, quedaban largas horas y días para desahogarlas. Al final, con excepción de cuatro reservas, todas fueron desechadas. El viernes 11, el diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva, concluía la sesión indicando sobre el PEF: “Aprobado por 270 votos lo reservado, en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la asamblea. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio del año 2023. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales”. Listo.

 

El volumen total de recursos del PEF suma 8.29 billones de pesos, la misma cantidad que había propuesto el gobierno federal en septiembre pasado, pero con algunas reasignaciones presupuestales importantes que fueron aprobadas. El caso más ilustrativo es el ramo de los autónomos, al que le fueron recortados poco más de 6 mil millones de pesos. En este ramo están el poder legislativo, el judicial y organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Cofece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Inai, la Fiscalia General de la República y el Instituto Nacional Electoral (Ine).

 

La reducción más significativa fue para el Ine con poco más de 4 mil millones de pesos (de 24, 696 millones de pesos pasó a 20 mil 221 millones de pesos). Aunque también al Consejo de la Judicatura Federal le restaron una cantidad significativa: 1,286 millones de pesos. Esta última reducción fue una de las cuatro reservas que prosperaron, de las más de 2 mil que se expusieron; el argumento fue que la disminución al Consejo sería para la reforma constitucional de la Guardia Nacional.

 

A su vez, la cantidad restada al ramo de las entidades autónomas, fue reasignado al ramo administrativo, donde están las secretarías de Estado y otras entidades federales. Pero, en realidad, fue para la Secretaría del Bienestar, los diputados le incrementaron 6 mil 340 millones de pesos: pasó de 408 mil 290 millones de pesos a 414 mil 632 millones de pesos.

 

Otra reserva, también aprobada en la sesión final, fue sobre el procedimiento para el ejercicio del gasto en el programa la “Escuela es Nuestra”. La presentó la diputada Tania Cruz Santos del Partido Morena y planteó que los recursos para ese programa eran de más de 13 mil millones de pesos, lo cual constituía un incremento de 84.5 por ciento, respecto del año anterior.

 

El problema, dijo Cruz Santos, era que se habían sumado, en las reglas de operación del programa, distintos tipos de recursos: para mejora de infraestructura escolar, alimentación y jornada extendida que pertenecía al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, pero no estaban definidos los montos de recursos para cada componente. Propuso que se añadiera un transitorio para que se definieran las asignaciones para cada componente. La reserva fue aprobada.

 

En resumidas cuentas, con las salvedades anotadas, la propuesta de PEF que conocimos al inicio del pasado mes de septiembre, fue lo que se aprobó la semanana pasada. O sea, fueron los mismos 8.29 billones de prespuesto total y tampoco varió la cantidad para educación ni para ciencia y tecnología, será porque no forman parte del “bienestar”.

 

Seguramente usted recordará que para el caso de ciencia y tecnología se proponía para el año 2023 un monto total de 108 mil millones de pesos, la misma cantidad fue aprobada por los diputados. Tómese en cuenta que el monto incluye a todo el sector: el presupuesto en la materia de todas las secretarias de Estado y el que ejerce directamente el Conacyt. El monto representa, en términos nominales, 15 mil millones de pesos más de lo asignado en este año.

 

El incremento principal, sin embargo, no es para el Conacyt. El orgnismo pasará de 30 a 32 mil millones de pesos, similar al incremento que tendrá Salud. El aumento más significativo, respecto de lo que recibió este año, será para la Secretaría de Energía que tendrá un incremento de 7 mil millones de pesos. O bien, los 3 mil millones más que tendrá la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 

En fin, a pesar de que el incremento para Conacyt de 7 por ciento ni siquiera compensará el efecto de la inflación, por lo menos su presupuesto no tendrá un crecimiento negativo como ocurrió en los primeros tres años del actual periodo. De cualquier forma, siguen pendiente la operación de programas emblemáticos del Conacyt.

 

Los resultados de la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores ya están publicados, pero no se ha informado si todos los que recibieron un nombramiento de investigador también alcanzarán o no el incentivo correspondiente. Algo similar ocurre con las becas de posgrado para el extranjero, después de un incomprensible retraso en la convocatoria, también fueron anunciados los resultados, pero falta precisar el volumen general y las asignaciones. Los dos programas representan alrededor de dos tercios del prespuesto que ejerce centralmente el Conacyt. Esperemos la información oficial.

 

Pie de página. A propósito del PEF 2023, relevante la expresión pública de la Asociación Nacionald e Universidades e Instituciones de Educación Superior sobre “el deterioro sistemático del presupuesto destinado a la educación superior”. El problema es que apareció cuando el presupuesto ya estaba aprobado, aunque una mayor anticipación quizás tampoco habría tenido efecto.

viernes, 11 de noviembre de 2022

Conacyt: retorno de comités para una contraloría social

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 972. Noviembre 10,  2022. Pág. 4)

 

El gobierno actual ha dejado en claro que no le gustan y no quiere a los órganos intermedios, esos que se interponen entre él y los ciudadanos en la tarea de gobernar, todavía menos si tienen o tenían una cierta autonomía.

 

La entrega directa de beneficios a los gobernados, una interlocución sin mediaciones con los ciudadanos y ningún otro agente en el proceso de toma de decisiones, han marcado las líneas generales de la actuación gubernamental en el periodo. La eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y también la del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, a pesar de que ambos tenían actividades muy especializadas, exhiben las preferencias.

 

Las cosas no han sido distintas en el terreno de la actividad científica y tecnológica. Y no solamente es la eliminación del Foro Consultivo, ese controvertido organismo diseñado para que diferentes actores participaran en la política sectorial, porque la misma suerte corrió la Conferencia Nacional, esa instancia de coordinación entre titulares del ramo en las entidades federativas y el Conacyt. O bien, los fondos sectoriales y mixtos o las múltiples redes, asociaciones y comités que operaban distintos programas.

 

Pero si la actuación gubernamental está animada vigorosamente por una fuerza centrípeta, ¿por qué la autoridad, en el ámbito científico y tecnológico, ahora trata de colocar una válvula de escape que le reste fuerza de atracción? Veamos.

 

Desde hace dos semanas el Conacyt convocó a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) --aunque no a todos-- y a los becarios de posgrado a integrarse a unos Comités de Contraloría Social (CCS). El plazo para registrar los datos en línea venció este 4 de noviembre.

 

En el caso del SNI se integrarán cuatro CCS: uno para candidatos a investigador; otro para los investigadores nivel I; otro para los niveles II; y uno más para los niveles III y eméritos. La participación es voluntaria, aunque todavía no se sabe cuántas personas se registraron de los casi 36 mil miembros del SNI y menos cómo serán seleccionadas las 40 personas que integrarán los comités (10 por cada uno).

 

Lo único que se ha dicho es que los comités tendrán una integración equitativa de hombres y mujeres, habrá representación de todas las regiones y la participación de la Ciudad de México estará limitada a una persona.

 

Las funciones que desempeñarán los comités sí están previstas y se refieren a las indicadas por la Secretaría de la Función Pública, mismas que están descritas en los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales” (DOF. 28.10.2016). La responsabilidad más relevante es la de vigilar la operación del programa, tanto en lo referente al ejercicio de los recursos y cumplimiento de normas por parte de los beneficiarios como a la entrega de apoyos y registro de quejas.

 

Sin embargo, cabe aclarar, la iniciativa de una contraloría social no es reciente y tampoco es de este periodo. De hecho, en México, el germen quedó sembrado en los comités (presidente, secretario y tres vocales) que se pusieron en marcha al comienzo de los años noventa en el macro Programa de Solidaridad del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Los vocales de aquellos comités tenían la responsabilidad de controlar y vigilar la operación del programa, en especial la transparencia y el uso adecuado de los recursos.

 

A nivel de la administración pública, la ahora Secretaría de la Función Pública (SFP), antes se denominó Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) en aquellos años noventa y antes, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se llamaba Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Fiscalizaban normas y el ejercicio de los recursos.

 

Los lineamientos de contraloría social a los programas federales tampoco son de este periodo, el establecimiento de la primera regulación fue en el 2008 –en el periodo de Felipe Calderón-- y la actualización más reciente a la norma fue realizada en el 2016, en la administración de Peña Nieto.

 

O sea, la regulación de una contraloría social está prevista en las leyes desde hace tiempo, la Secretaría de la Función Pública ha promovido la instauración de comités y Órganos Internos de Control a nivel estatal y federal, están en operación múltiples instancias y, sin embargo, la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos sigue siendo opaca porque ha escapado al escrutinio de beneficiarios y ciudadanos.

 

Los comités podrán retornar, pero si la contraloría social no tiene dientes para inhibir los actos indebidos o para ejercer un verdadero control sobre los recursos públicos, no es una válvula ni una ventana a la actuación de la administración gubernamental. Además, si la instauración de los CCS en el sector sigue la norma, deberían estar todos los programas sujetos a reglas de operación, como el de fortalecimiento sectorial de capacidades científicas y el de fomento regional, no solamente los controvertidos.

 

Pie de página: La agenda está larga: vienen los recursos de revisión en el SNI y la definición sobre la entrega de incentivos; los senadores tienen en sus curules la iniciativa sobre multas a los partidos políticos; y los diputados discuten el presupuesto para el año próximo.