lunes, 23 de febrero de 2015


La educación superior en el Foro

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

Todavía no hay agenda. Tampoco se sabe cuál será su estructura ni quienes podrían participar; mucho menos hay acciones en marcha. Pero tal parece que en el intrincado horizonte de nuestra vida institucional, se abre una nueva ventana para las iniciativas en el terreno de la educación superior.

El año pasado, cuando José Franco asumió la titularidad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), resaltó la importancia de las instituciones de educación superior en la generación del conocimiento y al poco tiempo anunció que cambiaría la estructura del organismo.

El Foro es ese espacio que la reforma del sector del 2002 creó y cuya principal responsabilidad es la de ser un órgano permanente de consulta del poder ejecutivo, del Consejo General y de la junta de gobierno del Conacyt. A la vez, tiene como actividad primordial la de “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas” (artículo 36).

En el papel, el organismo tiene más de una década de estar en operación, aunque los primeros años se le fueron en establecerse, luego en definir su marco normativo, delimitar sus ámbitos de responsabilidad e influencia y apenas, desde hace unos años, ha tenido una participación más activa en la formulación de propuestas e implementación de iniciativas.

La ley establece media docena de funciones al Foro, pero básicamente debe responder a las consultas que la autoridad le formula y a tratar de recuperar las expresiones de diferentes grupos del sector. Esto es, ser un órgano intermedio entre la autoridad y los principales beneficiarios de las iniciativas del sector. Aunque, como ha quedado claro en el tiempo que lleva en operación, el organismo más bien se inclina por un lado o por el otro.

 En octubre del año pasado, José Franco, al poco tiempo de tomar posesión como nuevo coordinador del FCCyT, anunció que propondría a la mesa directiva una modificación a la estructura interna del organismo para que funcionara con base en tres coordinaciones adjuntas.

En un principio, al crearse el Foro y cuando estuvo más o menos regularizado su marco normativo, estaba previsto que se integraría por una mesa directiva, un consejo directivo y comités de trabajo especializados. La primera estaba compuesta por 17 integrantes (14 representantes de entidades académicas, educativas y empresariales, y tres representantes designados); el segundo por el coordinador y su secretario técnico.

En el 2005 se modificaron los estatutos del FCCyT para precisar, entre otros aspectos, que la mesa directiva contaría con tres comités de trabajo (por área de conocimiento) y especialmente que podría crear comités ad hoc para llevar a cabo propuestas  o estudios o contratar personas físicas o morales.

En el 2010 se volvieron a modificar los estatutos (ya se registraba la ampliación de la mesa directiva a 23 integrantes), se conservó la facultad de la mesa directiva para crear comités o grupos de trabajo y se especificó que tales comités no se establecerían de forma permanente ni serían considerados como parte del mismo.

Ahora, la idea del actual coordinador del Foro es establecer tres coordinaciones adjuntas para funcionar: una de Innovación Tecnológica, otra de Investigación y una más de Educación Superior y Posgrado. Una organización que seguiría, más o menos, la estructura que tienen el sistema científico y tecnológico, el programa sectorial y el mismo Conacyt. No es una mala propuesta, sobre todo si realizará un trabajo más estrecho con sus consultores.

El pasado 14 de febrero se anunció que ya tuvo lugar la primera sesión de la Coordinación de educación Superior y Posgrado (la CAESP), presidida por Jaime Martuscelli, en representación de la UNAM. El objetivo que se le asignó es “identificar mecanismos para cumplir el apartado sobre Educación de Calidad dentro del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI)” (Boletín 026).

En la Coordinación, aparte de la UNAM, participan cinco representantes de instituciones académicas de la mesa directiva del Foro y María Elena Medina Mora representante del SNI. Según lo anunciado, el próximo 2 de marzo será la fecha límite para que los representantes hagan llegar sus propuestas para integrar la agenda de la CAESP.

Aunque el objetivo asignado a la Coordinación está claramente acotado, habrá que esperar la integración de su agenda y, sobre todo, hacia qué lado apuntarán sus propuestas. Lo peor sería que no vaya a ningún lado.

(Publicado en Campus Milenio No. 596. Febrero 19, 2015, p.5)

viernes, 13 de febrero de 2015


La agenda de los partidos políticos

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

El próximo mes de junio habrá elección de diputados federales en todas las entidades federativas, votación para gobernador en nueve de ellas, 17 congresos locales y otras tantas alcaldías. Las llamadas elecciones intermedias son una anticipación de lo que podría ocurrir en los comicios del 2018.

Todas las elecciones tienen sus peculiaridades y grado de incertidumbre. Sin embargo, los comicios de junio parecen generar reacciones encontradas: desde un completo rechazo hasta el ejercicio de una absoluta fiscalización ciudadana. Debiéramos comenzar por exigir lo más elemental de las fuerzas políticas que dicen o quieren representarnos: no más mentiras y cinismo.

A propósito del inicio del periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura, cada uno de los siete partidos representados en la cámara publicaron en 16 periódicos, en dos planas completas, sus respectivas agendas para el periodo.

En materia de educación los diputados plantean diferentes propuestas. Por ejemplo, entre otros puntos, el Panal habla de una reforma integral a las escuelas normales y de “impartir formación didáctica pedagógica en derechos humanos y educación inclusiva, al servicio docente”.

Movimiento Ciudadano dice que “buscará el fortalecimiento del programa de creación de escuelas públicas” en todos los niveles y un programa de alfabetización ocupacional en zonas rurales. El PT impulsará reformas para universalizar la educación inicial y la obligatoriedad de la educación superior. El Partido Verde fortalecer el sistema de becas y crédito educativo en instituciones particulares e incluir el tema del bullying en los libros de texto… Bueno, ni para qué citar. 

Los tres partidos mayoritarios en la cámara, el PRD, PAN y PRI, se ocupan de los grandes temas y el posible trabajo legislativo. Esto es, los dictámenes pendientes, las iniciativas que faltan, la economía, la seguridad, la transparencia y rendición de cuentas, la deuda pública. No, educación no.

Si la agenda es esa, al final del periodo tendríamos que valorar qué y cuáles iniciativas presentaron. Cuántas veces subieron a tribuna, cuál fue su argumentación y, sobre todo, qué resultados obtuvieron.

Sin duda, la controversia sobre las elecciones se debe a la consistente desconfianza ciudadana en los políticos y su explicable enriquecimiento ilícito. Claro, también podría deberse a la transmutación del organismo encargado de organizar la jornada electoral (de IFE a INE), la posibilidad de candidaturas independientes, el reciente recorte en el gasto público, la ingobernabilidad en amplias zonas de nuestro territorio o el clima nacional poco edificante. Todo junto y más.

Al igual que en otras elecciones intermedias se espera un menor porcentaje de participación. Sin embargo, ahora asoma con más fuerza la idea de que lo mejor es abstenerse, dado que ninguno de los partidos políticos convence ni son dignos de confianza.

Hace un año, cuando el IFE todavía no cambiaba de nombre, la medición de la confianza ciudadana en las instituciones realizada por Consulta Mitofsky, le atribuía un rango de confianza media al organismo electoral (6.6 en una escala de 0 a 10). Todavía no se da a conocer la medición de este año, pero es posible que el índice siga descendiendo.

Los partidos políticos, diputados y senadores definitivamente ocupan la posición más baja en la escala de confianza ciudadana. Desde que Consulta Mitofsky realizó la primera medición en el 2004, las instituciones políticas han ocupado de forma consistente las últimas posiciones.

En el 2014 senadores, sindicatos, diputados y partidos políticos, obtuvieron una puntuación de 5.7, 5.6, 5.4 y 5.1, respectivamente. La situación no ha sido diferente en los diez años anteriores, siempre se han mantenido en el extremo inferior, en el rango de “confianza baja”. No es para menos. Es casi imposible que pase un día sin que nos enteremos de algún acto de corrupción protagonizado por algún político.

Sin embargo, según la Constitución, “los partidos políticos son entidades de interés público” que tienen como fin promover la participación en la vida democrática, hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público y tienen garantizado su financiamiento (artículo 41).

El sostenimiento de los partidos políticos y las elecciones en su conjunto tienen un costo cada vez mayor. El financiamiento para este año alcanza un monto de poco más de 32 mil millones de pesos.

Por lo menos tendríamos que exigir el cese del incumplimiento de sus deberes, también del dispendio y de su rapacidad.

(Publicado en Campus Milenio No. 595. Febrero 12, 2015, p.5)

“Base cero” para el presupuesto del 2016 y el recorte en CONACYT

 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

A pesar de los matices y aclaraciones de Hacienda, el reciente recorte al gasto público no deja de ser una noticia desalentadora. El énfasis de los medios, con sobrada razón, ha estado puesto en el volumen del recorte y la cantidad que se le descontará a las diferentes dependencias gubernamentales.

Sin embargo, por un lado, también vale la pena ponderar lo que el mismo secretario de Hacienda anunció sobre el presupuesto del año próximo y, por otro lado, al menos para el caso del Conacyt, también resaltar que la disminución de expectativas no viene del ajuste de la semana anterior sino desde la aprobación misma del PEF en noviembre pasado.

No hacía falta ser muy perspicaz para advertir que el tema del presupuesto rápidamente encabezaría la agenda de discusión pública. La caída en el precio de barril de petróleo ha sido estrepitosa en los últimos dos meses: hoy, el precio de la mezcla mexicana está a menos de la mitad del cálculo que se hizo cuando se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este año. Un escenario de franca incertidumbre.

Además, en un contexto de recursos escasos, el ejercicio del gasto público está cada vez más sujeto al escrutinio público y también es más complicado ocultar el dispendio, los subejercicios o los gastos discrecionales de los funcionarios, aunque en realidad poco se ha avanzado en el terreno de las sanciones.

En estas circunstancias, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, anunció el pasado 30 de enero el “ajuste de forma preventiva y responsable” al gasto público de este año. En los hechos, el ajuste significa que habrá un recorte de 124 mil 300 millones de pesos al PEF que estaba aprobado.

El PEF para este año consideró un monto total de 4.7 billones de pesos, el recorte que ahora se propone representa el 2.6 por ciento de ese monto, en cifras cerradas. O bien, como lo dijo el secretario, el ajuste representa el 0.7 por ciento del PIB.

La disminución de recursos que propone el gobierno federal es de gasto gubernamental: 52.3 mil millones de pesos menos para 22 dependencias (entre los cuales está Educación con 7 mil 800 millones y Conacyt con 900 millones de pesos); 62 mil millones de pesos menos para Pemex; y 10 mil millones de pesos menos para la CFE.

Según lo que planteó Videgaray, y en previsión de que hoy se aplica el recorte al gasto gubernamental, el diseño del PEF para el año próximo se realizará “bajo una lógica distinta a la que ha prevalecido a lo largo por lo menos de la última década” (Comunicado 30.01.2015). Esto es, al parecer, no será un presupuesto que tome como punto de referencia el año previo, no será “inercial”.

Será un presupuesto “base cero”, en el cual se privilegiarán “los proyectos de inversión y los programas que tengan un mayor beneficio para la población”, para gastar menos y mejor los recursos públicos.

Es decir, habrá una revisión del conjunto de programas en marcha para hacer más eficiente el gasto, lo que generalmente significa no tanto la eliminación de sobre precios, gastos discrecionales o suntuosos, sino la cancelación de programas que no son tan claramente productivos o no muestran una rentabilidad.

El examen de la política de gasto no será realizado solamente por Hacienda, también participará el Banco Mundial. De hecho, la banca multilateral ya está haciendo una revisión de la calidad y eficiencia del gasto público en México. Así que, preparémonos, el ajuste para el año próximo será mayor.

El actual recorte para Conacyt es de 900 millones de pesos. En el PEF de este año, aprobado por los diputados en noviembre del año pasado, el sector contaba con un presupuesto por un total de 88 mil 54 millones de pesos y Conacyt con un total de 33 mil 707 millones de pesos (sin incluir recursos propios). Si el ajuste es en este último monto, la reducción será de 2.4 por ciento.

Todavía no se da a conocer públicamente en qué áreas o programas de Conacyt se aplicará el recorte de los 900 millones de pesos. Sin embargo, como lo comentamos aquí mismo en su momento (Campus Milenio No. 576), el incremento en el PEF para este año fue casi la mitad del que se registró el año pasado.

Así que las malas noticias no son de ahora, comenzaron en noviembre; recuérdese que el programa de Cátedras Conacyt se redujo a la mitad. Y tal vez la situación se pondrá peor.

(Publicado en Campus Milenio No. 594. Febrero 5, 2015, p.5)

jueves, 29 de enero de 2015


Planea, la prueba sustituta

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

La actual administración, al poco tiempo de iniciar su periodo y después de que arreciaron las críticas al programa de Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, ampliamente conocido como la prueba “Enlace”, tomó la decisión de suspender su aplicación en educación básica, sostenerla en media superior y asignarle la responsabilidad correspondiente al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En enero de 2014 el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, dijo: “Simplemente el año que entra, si así lo decide el INEE, tendremos otra Prueba, que se llamará como ellos decidan, que se aplicará en los términos en los que ellos decidan y que contendrá los contenidos que ellos decidan” (Milenio Diario. 20.01.2014).

La responsabilidad entera para el entonces recién reorganizado INEE. A su vez, el organismo, desde el momento en que comenzó a operar como un nuevo ente, en septiembre de 2013, anunció que pondría en marcha cinco proyectos, uno de los cuales consistía en hacer una “revisión técnica externa de las pruebas Enlace y Excale”.   

El pasado 20 de enero, exactamente un año después de la declaración del secretario, el INEE anuncia que pondrá en marcha una nueva generación de evaluaciones con el “Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes”, Planea (Comunicado No. 1 20.01.2015). Es el programa que reemplaza a Enlace en sus grandes definiciones y trazos; todavía no en sus instrumentos.

En educación básica, la prueba Enlace era una de las llamadas pruebas a gran escala, censal y estandarizada, alineada al curriculum (en educación media superior no lo estaba). Inició su aplicación en primaria y secundaria casi al finalizar la administración de Vicente Fox, buscando elementos de diagnóstico de los niveles de aprendizaje de matemáticas y español.

Uno de sus puntos controvertidos fue que desde la primera publicación de resultados, Enlace ordenaba erróneamente, según el puntaje logrado, tanto a los alumnos como a los planteles, lo que motivó comparaciones e intentos de elaborar tablas de calificación de escuelas. Un error porque el diseño de Enlace no había considerado tal propósito.

En el lado opuesto, los que estaban a favor del ordenamiento de escuelas, sin considerar demasiado los procedimientos técnicos del diseño de evaluación, su principal demanda era que tanto padres de familia como estudiantes debían estar enterados de la calidad de la educación que estaban recibiendo. La presión para que se publicaran resultados en términos comparativos fue creciente.

Otro punto polémico fue que a partir del 2009 los resultados de Enlace se utilizaron para incentivar económicamente a los profesores que lograsen mejorar el desempeño de sus alumnos. Sin duda un factor de distorsión porque, por una parte, una evaluación que intenta cumplir una doble función, probablemente no logre ninguna y, por otra, propició que el profesor se ocupara más por incrementar los puntajes de la prueba misma, en lugar del aprendizaje de los estudiantes.

Ahora, en la nueva generación de evaluaciones que anunció el INEE, expresa que uno de los propósitos centrales de Planea es “Conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los distintos niveles de la educación obligatoria”. Además, ofrecer información contextualizada para la mejora de la educación e informar sobre el logro educativo.

Seguramente en observación a las lecciones que dejó Enlace, precisa que sus evaluaciones de logro “no están diseñadas para evaluar la calidad educativa de los planteles o el desempeño de sus docentes. Tampoco deberán usarse para premiar o castigar a estudiantes, docentes o escuelas”.

Igualmente, realiza otras definiciones importantes. Por ejemplo, anuncia que Planea evaluará aprendizajes cognitivos y no cognitivos (sociales, emocionales; valores y actitudes) e incluirá la evaluación de la media superior --todavía el año pasado se aplicó Enlace en ese nivel.

Además, aclara que el INEE diseñará y elaborará los instrumentos de evaluación para la educación básica, mientras que para la media superior lo hará en coordinación con SEP. El Instituto supervisará todas las aplicaciones y se hará cargo de las aplicaciones muestrales cada cuatro años; la SEP de las pruebas censales y las realizará anualmente.

Planea, como sus siglas poco afortunadas lo indican, es la ruta de evaluación en grandes trazos con una acertada delimitación de responsabilidades y plazos. Sin embargo, todavía falta conocer los instrumentos y la dura prueba de su implementación.

(Publicado en Campus Milenio No. 593. Enero 29, 2015, p.5)

jueves, 22 de enero de 2015


Contra la centralización ¿Innovación en las entidades federativas?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx; twitter: @canalesa99

En enero de 1994 estalló el conflicto en Chiapas que obligó a la nación entera a mirar el rezago y la miseria de la entidad. En ese entonces, precisamente, entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y México estaba por ingresar al grupo de la OCDE; el discurso de la “modernidad” parecía transformarse en realidad. Sin embargo, el marco de modernidad no alcanzaba para el conjunto.

En los años siguientes Chiapas se volvió objeto de múltiples estudios, un centro de atracción de lo más variados experimentos sociales y recibió miles de millones de pesos de inversión. Los indicadores económicos y sociales de la entidad mejoraron, pero no son ningún ejemplo de mejora ni de bienestar.

La aportación del PIB de Chiapas, respecto del PIB nacional, sigue siendo relativamente modesta (menos del 2 por ciento) y per cápita es menos de la mitad del registrado a nivel nacional. Las últimas cifras disponibles muestran que es la entidad con la mayor proporción de personas mayores de 15 años que se encuentran en rezago educativo (54.4 por ciento de su población).

El promedio de escolaridad de Chiapas está dos grados abajo del promedio nacional y tiene poco más de medio millón de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. El número de analfabetas representan el 14.4 por ciento de su población y con ese porcentaje ocupa el segundo lugar a nivel nacional, solamente superado por Oaxaca que tiene un volumen de 15.8 por ciento.

Ahora, dos décadas después, otra vez, por motivos diferentes y similares, la atención pública se dirige a un mayor número de entidades: Michoacán, Guerrero, Oaxaca e incluso más al norte. La historia parece repetirse, sólo que a mayor escala y también con problemas agravados.

Los antecedentes y la situación es diferente en cada entidad, pero no es fortuito que compartan indicadores similares de atraso. Las tres entidades mencionadas tienen la mitad o un poco más de su población mayor de 15 años en situación de rezago educativo. Igualmente, en las tres se aprecia una preocupante condición de ingobernabilidad en vastas porciones de sus territorios.

En el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración gubernamental, así como en los programas sectoriales y estatales, se han planteado diferentes iniciativas para tratar de hacerle frente a las disparidades regionales. No obstante, las acciones hasta ahora han sido insuficientes.

La compleja situación del caso de Michoacán, especialmente en el terreno de la seguridad pública y la gobernabilidad, es ilustrativa de las dificultades que se enfrentan. El gobierno federal no solamente ensayó una nueva figura de autoridad con el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, Alfredo Castillo, también instruyó a los miembros de su gabinete a visitar continuamente la entidad, a focalizar estrategias regionalmente y a poner en marcha acciones específicas.

Así, especialmente en el último año, un número importante de funcionarios y de secretarios de Estado han aparecido regularmente en el territorio michoacano. Sin embargo, no se ha logrado revertir el clima de inseguridad e inestabilidad de la entidad; tampoco mejorar sustancialmente sus indicadores.

Los problemas en las entidades federativas son estructurales y no se resolverán de un día para otro. El asunto es si las acciones emprendidas se ocupan más de los reflectores de los medios --en lugar de atender las dificultades—, tanto como de resolver solamente lo más inmediato, o bien, sientan las bases para disminuir el grave problema de la desigualdad nacional, las disparidades en las regiones y alentar el desarrollo.

A pesar del amplio movimiento descentralizador que operó con particular énfasis desde las últimas décadas del siglo pasado, el ritmo de impulso regional no ha sido homogéneo ni sostenido. En general, a escala, se reproducen los centros regionales de gravitación de recursos y decisiones.

Difícilmente, se puede pensar en entidades federativas innovadoras, competentes o basadas en el conocimiento, cuando carecen de una institucionalidad mínima en su funcionamiento o cuando más de la mitad de su población no ha concluido satisfactoriamente su educación básica.

Por supuesto, se puede repetir la idea de concentrar las acciones en una porción de la población muy localizada o en regiones perfectamente acotadas. Sin embargo, como también ha sido claro, las disparidades solamente se profundizarán. Entonces ¿cuál innovación?

 

(Publicado en Campus Milenio No. 592. Enero 22, 2015, p.5)

 

Reforma energética: ¿es vigente el programa estratégico de formación de recursos?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

Hace medio año, en agosto pasado, cuando se promulgaron las leyes secundarias de la reforma energética, el panorama nacional era otro y otras las bases para proyectar los programas de la actual administración.

Una de las acciones sobresalientes fue el “Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética” (PEFRHME). La iniciativa se derivó de la lustrosa y entonces naciente reforma energética que anunciaba un camino de prosperidad para todos. Sin embargo, hoy parece estar condenada al naufragio.

En aquellas fechas todavía no se registraba la desaparición de los estudiantes normalistas y menos se hacían patentes los reclamos nacionales para su presentación. Tampoco estallaba el conflicto estudiantil en el IPN. Ni sonaban tan fuerte las demandas de transparencia.

En el terreno de la realidad real, tampoco aparecían las cifras e indicadores del INEGI que luego mostraron el magro crecimiento económico que logramos en el año. Incluso, el precio del barril de petróleo era un riesgo pero no se había desplomado; tan volátil como lo fue el Mexican Moment (MeMo).

Sin embargo, en agosto del año pasado, al promulgarse la reforma energética, el futuro parecía promisorio y gobierno federal instruyó a los miembros de su gabinete a que llevaran a cabo diez acciones para poner en marcha la reforma.

La sexta acción fue la elaboración del PEFRHME, realizada con la participación de las secretarías de Energía y Educación Pública, así como de Conacyt. Tal programa, dijo el presidente Enrique Peña Nieto, “incluirá becas a nivel posgrado y técnico”. Y añadió: “El objetivo es iniciar de inmediato la formación de mexicanas y mexicanos para que se conviertan en los especialistas que requerirá el crecimiento acelerado de nuestro sector energético en los próximos años”.

Al final del pasado mes de septiembre, conforme la instrucción recibida, las entidades del gobierno federal presentaron el programa referido. En medio centenar de cuartillas plasmaron el marco normativo del que se desprende, un breve diagnóstico, objetivos, líneas de acción, formas de evaluación y mecanismos de coordinación.

El documento tiene aspectos notables. Por ejemplo, se advierte que dadas las responsabilidades y normas que rigen a Conacyt, se encargará de coordinar la implementación del programa estratégico y contará con el apoyo de un comité técnico de seguimiento.

Además, según el diagnóstico presentado, en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, las principales empresas del sector, se habrá de dar un relevo generacional de dimensiones significativas. La proyección para Pemex es que se retirarán alrededor de 30 mil personas en los próximos seis años (77 por ciento correspondiente a personal sindicalizado que realiza labores técnicas y la parte restante de personal de confianza, ejecutivos y profesionales).

En el caso de la CFE, la estimación es que de sus casi 120 mil trabajadores, alrededor del cuatro por ciento (4 mil 877 personas) tienen 25 años o más de antigüedad, por lo que seguramente se jubilarán en los próximos cuatro años.

Según los cálculos que presentaron: el sector tendrá inversiones por alrededor de 50 mil millones de dólares durante los próximos cuatro años. Además, suponen que por cada millón de dólares de inversión se generan alrededor de “2.7 empleos directos” y que por cada empleo directo se producen otros 2.7 empleos indirectos.

En términos de capital humano, se dice en el documento, “se van a requerir de aquí al término de la presente administración un mínimo de 135,000 especialistas en empleos directos” (80 por ciento con perfiles técnicos o carreras vocacionales y 20 por ciento del nivel superior y posgrado).

Es decir, los cálculos sobre el capital humano que se requiere, más que en el relevo generacional de las empresas del sector o el mercado de los energéticos, están hechos sobre la base de una inversión esperada (12 mi 500 millones de dólares anuales) y en la idea de que son pocos los profesionales del sector (geofísica, geología, ingeniería petrolera, química petrolera, etcétera).

Hoy el precio del barril del petróleo está a la mitad de lo previsto y tal parece que el mercado mundial del energético está en un amplio proceso de transformación que no es coyuntural.

Entonces, ni por el lado de la inversión ni por el comportamiento del mercado de energéticos vamos, otra vez, en tiempo y forma.

(Publicado en Campus Milenio No. 591. Enero 15, 2015, p.5)

jueves, 8 de enero de 2015

En 2015: la norma para la transferencia de conocimiento
 
Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
 
La iniciativa ya fue aprobada por los diputados y está a la espera de que los senadores hagan lo propio en el corto plazo. Es una modificación relevante al marco normativo de la actividad científica y también al servicio público para facilitar la vinculación y la transferencia de conocimientos.
 
Ahora, en definitiva, se allana casi cualquier obstáculo para la participación de investigadores en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros para diversos propósitos.
 
Hace cinco años, los legisladores, a iniciativa de representantes del Partido Acción Nacional y espoleados por el asunto de la innovación en el desarrollo nacional, modificaron la ley de ciencia y tecnología para incluir el término “innovación” en la mayor parte de artículos y en la denominación del programa sectorial. No fue lo único.
 
En la reforma del 2009 también quedó establecida la idea de vincular funcionalmente a los sectores educativo, productivo y de servicios. En el capítulo VII, correspondiente a la vinculación, los legisladores añadieron el artículo 40 Bis, en el cual se anotó que: “Las universidades e instituciones de educación superior y los Centros Públicos de Investigación, podrán crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento”.
 
La ley dejó al arbitrio de las instituciones educativas utilizar cualquier tipo de figura jurídica para la creación de unidades de vinculación, salvo la figura de entidades paraestatales. Además, seguramente para incentivar su establecimiento, en el mismo artículo se dispuso que tales instituciones podrían contratar a personal por proyecto.
 
Sin embargo, en la ley también quedó asentado que tales unidades, y quizás ese fue uno de los escollos, “en ningún caso podrán financiar su gasto de operación con recursos públicos”. Estos últimos, se anotó, exclusivamente podrían ser utilizados para generar y ejecutar proyectos en materia de desarrollo tecnológico y para promover la vinculación con el sector productivo y de servicios.
 
También, en el artículo 51 de la misma ley, se estableció que los Centros Públicos de Investigación (CPI) promoverían con los sectores público y privado “la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento”.
 
A escala nacional, en diferentes instituciones educativas, se crearon las unidades de vinculación y en otras se hizo el intento. No obstante, la idea no terminó de cuajar, en buena medida por los impedimentos legales que tenían las instituciones y los investigadores para participar de los beneficios de una acción de tal naturaleza.
 
Ahora, un lustro después, una vez más se impulsa la modificación de las normas. En la ley de ciencia y tecnología del 2009 ya estaban consideradas las instituciones de educación superior (IES) y los CPI como instancias que podían crear unidades de vinculación y establecer asociaciones estratégicas y alianzas (artículos 40 Bis y 51), ahora se añade a las instituciones de la administración pública federal que realizan actividades científicas y tecnológicas. Por ejemplo, es el caso de los institutos nacionales de salud, el Cinvestav u otras entidades paraestatales del sector.
 
Sin embargo, la modificación más relevante es la que se propone a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En este caso, se incluye una fracción en el artículo XII que indica de forma inequívoca que personal de IES, CPI y entidades de la administración pública federal que realizan actividades de investigación, desarrollo o innovación, pueden “realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios”.
 
Incluso precisa qué modalidades serían: “participación de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; licenciamientos; participación como socios accionistas de empresas de base tecnológica, o como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda”.
 
La única salvedad legal establecida en la misma fracción, un tanto críptica y circularmente, es que habrá conflicto de interés si los beneficios se obtienen “sin respetar la normatividad institucional”.
 
En fin, la propuesta todavía no tiene rango de ley, pero seguramente en este año lo tendrá. Un cambio que tal vez modificará el tablero de las instituciones, el personal y las gráficas del presupuesto.
 
(Publicado en Campus Milenio No. 590. Enero 8, 2015, p.5)