INVESTIGACIÓN: FUNCIÓN CENTRAL DE LA UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una gran y compleja institución. En buena medida su reconocimiento como institución nacional deriva de su trayectoria, de su papel en la formación de cuadros profesionales y de su articulación con el desarrollo de la nación, pero también de su escala y de sus variadas funciones.

Si fuera por las dimensiones, no hay duda de que la docencia en sus diferentes niveles --por el número de estudiantes, egesados, tres cuartas partes del personal académico que desempeña esa actividad, los recursos financieros que consume y su infraestructura— sería una de las partes más visibles de la Universidad. Lo notable es que también se le reconoce como la principal institución responsable de la investigación en el país y se le atribuye el mayor volumen de esta actividad, tanto en el área de las ciencias naturales y exactas, como en las ciencias sociales y las humanidades. En efecto, la trayectoria y capacidades en este terreno son sumamente relevantes.

El otorgamiento de la autonomía a la Universidad Nacional en 1929 fue condición para la libertad de cátedra y de investigación. La Ley Orgánica o ley de autonomía de 1929 en su primer artículo consignó los fines de la universidad: impartir la educación superior y organizar la investigación científica, principalmente la de las condiciones y problemas nacionales, para formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad...[i] Así quedó establecida su capacidad para el desarrollo de la investigación, como hasta hoy permanece.

Aunque al poco tiempo de fundada la universidad contaba con algunos recintos de investigación, en realidad fue partir de 1929 cuando se proyectaron de forma más sistemática los incipientes esfuerzos de investigación. En ese año se incorporó el Observatorio Astronómico Nacional y también se crearon los institutos de Biología y Geología; al año siguiente se creó el Instituto de Investigaciones Sociales; en 1933 se integró el Instituto de Ciencias Geográficas; en 1935 el Instituto de Investigaciones Estéticas; en 1938 el de Física; el de Económicas en 1940; Química en 1944; y en 1945 los institutos de Historia, Geofísica y Biomédicas.

En la primera mitad del siglo XX, la UNAM concentraba casi la totalidad de capacidades nacionales en el terreno de la investigación, aunque la normatividad para regular esta actividad solamente seguía el principio de la ley de 1929 y un marco general establecido por la reglamentación secundaria que mostraba sus limitaciones para conjuntar los diferentes componentes y avanzar de forma organizada.[ii]

Las condiciones cambiaron de forma notable en 1945 porque fue en esa fecha cuando se emitió un nuevo marco jurídico. En la promulgación de la Ley Orgánica de ese año se reconoció a los investigadores como figuras relevantes en el cumplimiento de los fines universitarios –aunque fue hasta el año siguiente que, con un nuevo Estatuto, figuraron como miembros del personal académico--, se aceptó la creación de los consejos técnicos de humanidades e investigación científica y la coordinaciones respectivas. Originalmente, ambos consejos estaban integrados solamente por los directores de los institutos y los respectivos coordinadores, un par de años después se sumaron los directores de las dos facultades afines y a mediados de los setenta se amplió a la representación de los directores de centros y representantes del personal académico.

La investigación, centrada en la generación y avance del conocimiento, se ordena principalmente según los campos del conocimiento, de ahí la existencia de dos subsistemas de investigación en la universidad que marcan una primera gran división entre las ciencias naturales y exactas, y las ciencias sociales y las humanidades. Al interior de cada subsistema la actividad se vuelve a dividir conforme a dominios disciplinarios o multidisciplinarios, mismos que dan lugar a los respectivos institutos y centros. Actualmente, en la UNAM existen 29 institutos, 16 centros y 8 programas en diferentes disciplinas y temas, en comparación con cualquier otra institución, concentra la más amplia gama de áreas de investigación.

En el caso del subsistema de humanidades y ciencias sociales, agrupa a diez institutos de investigación: Sociales, fundado en 1930 es el de mayor antigüedad; Estéticas (cuyo precursores fueron los laboratorios de arte en 1935); Económicas (1940); Históricas (1945); Filosóficas; Bibliográficas; Jurídicas; Antropológicas; Filológicas; y sobre la Universidad y la Educación. Este último fue centro durante 30 años y en el 2006 pasó a ser instituto.

Los centros del subsistema son: Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos (1979); Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (1981); Enseñanza para Extranejeros; Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (1985); Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (1989); Investigaciones sobre América del Norte (1989); y Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales. Este último, fundado en 2007 en Yucatán, es el centro más reciente de esta área; aunque casi a la par se creó otra entidad en Jiquilpan, Michoacán, denominada Unidad Académica de Estudios Regionales. A su vez, los programas universitarios son: Estudios sobre Género; Estudios sobre la Ciudad; y México, Nación Multicultural.

El subsistema de humanidades y ciencias sociales se integra por un total de 21 entidades. En tales espacios se desempeñan 861 investigadores, 525 técnicos académicos y 64 profesores.[iii] El conjunto de ese personal académico, representa alrededor del 4 por ciento del total que labora en la UNAM. La actividad en el sector se desarrolla a través de líneas o proyectos, los que establecen una trayectoria del proceso y avances del trabajo de indagación. El año pasado sumaban más de dos millares de proyectos en proceso, tanto individuales como colectivos. A su vez, tales proyectos habían dado lugar a la publicación de más de un millar de capítulos de libro, poco más de medio millar de artículos en revistas y más de 300 libros, entre otros productos.

Por su parte, el subsistema de investigación científica integra 29 entidades (19 institutos y 10 centros), distribuidas en tres diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de ciencias químico-biológicas y de la salud se encuentran los institutos de: Biología; Ecología; Fisiología Celular; Ciencias del Mar y Limnología; Química; Biomédicas; Neurología; y Biotecnología. En esta misma área están los centros de: Ecosistemas y Ciencias Genómicas. Al menos cinco de los institutos de esta área en su origen fueron centros, y la mayoría de entidades tuvieron su simiente en los institutos de Biología y Biomédicas.

En el área de ciencias físico-matemáticas se agrupan las siguientes entidades. Son siete institutos: Astronomía; Física; Ciencias Físicas; Ciencias Nucleares; Materiales; Matemáticas; y Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Cinco centros: Radioastronomía y Astrofísica; Física Aplicada y Tecnología Avanzada; Ciencias de la Materia Condensada; Energía; y Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico. Por último, en el área de ciencias de la tierra e ingeniera están cuatro institutos: Geología, Geofísica, Geografía e Ingeniería. Así como tres centros: Geociencias, Ciencias de la Atmósfera y Geografia Ambiental.

En el subsistema de investigación científica se desempeñan un total de 2,716 personas: 1,549 investigadores y 1,167 técnicos acadécmicos. Una cantidad que representa el 7.4 por ciento del total del personal académico de la UNAM y también es casi el doble de la que labora en el susbsistema de investigación humanística. El año pasado, en el total de entidades de este susbsitema estaban en marcha poco más de 1,200 proyectos con financiamiento exclusivamente de la misma Universidad y otros 865 proyectos con financiamiento externo. En total, más de dos millares de proyectos. En conjunto, el año pasado publicaron 2,421 artículos internacionales, 350 nacionales y 144 libros.

Si sumamos la planta de personal académico de los dos subsistemas de investigación, representan el 11 por ciento del total del personal universitario. Más de la mitad del total del personal de investigación son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, es la mayor agrupación institucional de ese Sistema (alrededor del 15 por ciento del total y casi una cuarta parte si se agrega el personal de facultades y escuelas). El informe de Conacyt sobre la producción científica de la UNAM señalaba que: La producción científica de esta institución es la más variada del país, abarca todas las áreas del conocimiento y desarrolla una gran cantidad de artículos, de los cuales un gran porcentaje se encuentra entre los documentos más citados y por ende entre los más influyentes. Además, cuenta con centros e institutos de investigación en diversas disciplinas, los cuales desarrollan y fomentan la generación de nuevos conocimientos, tecnologías e innovaciones. [iv]

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, la importancia de la UNAM en la investigación que se realiza en el país es también una muestra de la alta concentración institucional y regional en este terreno, como ocurre en muchos otros. Hoy es menor que en la etapa fundacional de la Universidad e incluso que hace una década y seguramente en el futuro será todavía menos, en buena medida debido al soporte de la propia UNAM, pero es necesario un marco de iniciativas estatales más organizado y más pujante.

También vale la pena advertir que pese a la importancia de la producción científica de la Universidad y del país, colocado en segundo lugar a nivel de América Latina, lo cierto es que Brasil que ocupa el primer lugar, supera con más del doble nuestra producción. La centralidad de la investigación universitaria centenaria no está en duda, pero los retos tampoco.

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[i] “Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México”, Diario Oficial de la Federación, 26 de julio de 1929, p. 1

[ii] Cfr. Raúl Domínguez Martínez; Gerardo Suárez Reynoso; y Judith Zubieta García, Cincuenta años de ciencia universitaria: una visión retrospectiva, UNAM – Porrúa, 1998, p. 8.

[iii] Los datos, salvo que se indique lo contrario, provienen de: Agenda Estadística UNAM 2010. México.

[iv] Conacyt, Informe general del estado de la ciencia y la tecnología 2008, México, p. 92.

(Publicado en Campus Milenio. No. 386. Septiembre 23, 2010)

LOS RECURSOS HUMANOS Y EL INFORME

A diferencia de los planes e informes de gobierno anteriores al año 2000, en donde la ciencia y la tecnología aparecían junto al sector educativo, en el área de desarrollo social, ahora se reporta en el apartado correspondiente a economía (“economía competitiva y generadora de empleo”), seguramente para subrayar, correctamente, su contribución al desarrollo económico nacional.

Sin embargo, al menos en esta administración, tal parece que la información precisa sobre los diferentes componentes del sector científico y tecnológico se ha difuminado en el área económica, los datos están en un permanente ajuste y carecen de regularidad.

En este espacio dimos cuenta de la demora que tuvo el programa sectorial de ciencia y tecnología (apareció en diciembre de 2008), así como los continuos cambios en las posiciones de los funcionarios de Conacyt y, más recientemente, la reforma al estatuto orgánico del mismo Consejo. Esta última reforma incluyó, entre otros cambios, el renombramiento de la anterior dirección “de información, evaluación y normatividad”, por otra denominada de “planeación y cooperación internacional”.

Tal vez los ajustes constantes en el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas ha llevado a un continuo reacomodo de cifras y bases de cálculo. Es el caso de algunos datos del reciente cuarto informe de gobierno.

En lo correspondiente a los indicadores representativos del sector de ciencia y tecnología, a nota de pie de página del cuadro que los menciona (Anexos estadísticos. Principales indicadores de la planeación nacional del desarrollo. p. 29) se indica que algunas cifras difieren de las publicadas en el informe del año anterior.

El cuadro de indicadores básicos de este año muestra las cifras concernientes a dos de las principales variables del sector: formación y acervo de recursos humanos (siete indicadores), y recursos financieros (ocho indicadores). Las cifras de estos últimos no difieren de las reportadas el año anterior, siguen la misma tendencia y se refieren a: gasto federal ejercido en ciencia y tecnología como proporción del PIB (tomando como años base 1993 y 2003; gasto en investigación y desarrollo experimental (igual, para los dos años de referencia); y los estímulos fiscales otorgados al sector privado, tanto en términos de monto como en proporción al PIB y número de empresas apoyadas. Aunque, como seguramente lo recuerda, el programa de incentivos fiscales quedó sin efecto el año pasado, después del cúmulo de críticas sobre su operación y las grandes empresas que resultaron favorecidas.

Al contrario de lo que sucede con el financiamiento, las cifras sobre formación y acervo de recursos humanos sí muestran cambios significativos de lo que se había indicado anteriormente para esta administración. Por ejemplo, en el tercer informe de gobierno se anotó que el número de investigadores del sector público y privado en el año 2006 sumaban un total de 36,264; para el 2007 un total de 37,930; en el 2008 ya eran 40,460; y en el 2009 la estimación era de 39,881 (Anexo estadístico del tercer informe de gobierno. p. 28).

En el reciente cuarto informe de gobierno, las cifras sobre el número total de investigadores (del sector de la educación superior, del gobierno, de las empresas y de las privadas no lucrativas) cambiaron para los años de esta administración. Ahora, el anexo estadístico señala que: en el 2006 el total de investigadores era de 36,325 (61 investigadores más que los indicados en el informe anterior); en el 2007 sumaban 37,949 investigadores (una cifra casi similar a la ya reportada); en el 2008 alcanzaban 45,127 (casi 5 mil investigadores más de los que se había dicho); para el 2009 disminuye la cifra a 38,790 y la estimación para el 2010 es que serán 40,620 investigadores.

Además, en el penúltimo año de la administración anterior se reportó que había 43,922 investigadores. Es decir, que en el paso del 2005 al 2006 había 7,500 investigadores menos en las cifras oficiales, lo cual también implica que hoy todavía no se alcanza el número que había en el 2005.

Como se puede advertir, las fluctuaciones en las cifras oficiales sobre el personal que labora en actividades científicas y tecnológicas son importantes. Desafortunadamente, no se sabe a qué se deben estas variaciones y tampoco el organismo encargado de las cifras se ocupa de aclararlas. Es suficiente señalar que la publicación periódica de Conacyt de los indicadores va con más de un año de retraso (Informe general del estado de la ciencia y tecnología, 2008).

No necesariamente el número de investigadores ocupados tendría que ir en ascenso, porque refleja las tendencias de nuestra economía, y si esta última no es particularmente boyante, pues no sería de extrañar. Sin embargo, no se sabe si esa es la razón de las variaciones o es por una nueva forma de calcular su número (en mayo pasado firmaron un convenio Conacyt e Inegi). Esperemos alguna explicación.

(Publicado en Campus Milenio No. 385. Septiembre 16, 2010)

RENDIR CUENTAS

A partir de la reforma constitucional del 2008 que suprimió la obligatoriedad que tenía el ejecutivo federal de acudir al Congreso para entregar su informe de gobierno, el acto de rendir cuentas a la sociedad no se volvió más eficiente ni más público o transparente. La ceremonia tampoco dejó de ser ritualista o mediática.

Hoy quien da cuenta de su función pública, sea el ejecutivo federal, los gobernadores o los legisladores federales y locales, están más al pendiente de salir a cuadro y de los flashazos que de comunicarse con el ciudadano; más preocupados por cuidar y promocionar su imagen que de la exactitud del dato que reflejaría su desempeño. El peso de los medios parece inevitable y los profesionales de la política, como en otros campos, no prescindirán de ese factor, por el contrario, cada vez tratan de tenerlo más cerca.

Desde 1923 quedó establecido en el artículo 69 constitucional que el presidente de la República asistiría a la apertura de sesiones del Congreso y presentaría “un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarde la administración pública del país”. (DOF 24/11/1923: 1023). La formalidad normativa y la tradición presidencialista convirtieron el informe en ceremonia fastuosa: el día del presidente, por si hiciere falta.

Una reforma constitucional en abril de 1986, en la que se modificó el calendario de los periodos de sesiones del Congreso, también implicó una modificación del artículo 69, pero solamente para indicar que el ejecutivo federal asistiría a la apertura de sesiones ordinarias del “primer periodo” y también sustituyó la palabra “guarde” por “guarda” del mismo artículo.

Sin embargo, precisamente a partir de finales de los años ochenta, a consecuencia de las reformas electorales, el acceso de un mayor número de fuerzas políticas en el Congreso y un paulatino cambio en el equilibrio de las fracciones representadas en el recinto legislativo, la relación entre legisladores y ejecutivo federal comenzó a modificarse.

Los desencuentros entre el presidente y el Congreso fueron en ascenso, ya fuera a propósitos de iniciativas de ley, la negociación del paquete económico o la presentación del informe de gobierno. A partir del año 2000, después de un soprendente primer acuerdo por el presupuesto, la relación se hizo cada vez más complicada. Ahí estuvo la controversia constitucional promovida por Vicente Fox por la modificación de los legisladores a su propuesta de paquete económico del 2005, la negativa a que ingresara el mismo presidente al Congreso a entregar su último informe de gobierno en el 2006 o las dificultades para la toma de posesión y el primer informe del actual mandatario.

Finalmente, en el 2008, tras múltiples negociaciones entre las fuerzas polìticas y el gobierno federal, se reformó el artículo 69 constitucional y quedó establecido que el presidente solamente presentará un informe por escrito. Esto es, quedó exento de comparecer ante los legisladores, aunque al mismo artículo se le añadió un párrafo para indicar que “Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregnta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República…” (DOF. 15/072010: 2).

El mecanismo del cuestionario al presidente, aunque ha sido empleado por los legisladores, no ha sido eficiente ni práctico para revisar las iniciativas y los resultados gubernamentales. Tal vez la comparecencia de los miembros del gabinete ha permitido abundar en las dificultades y en algunos de los temas más complicados de los respectivos despachos, pero también ha sido frecuente que reflejen más bien los intercambios entre las fuerzas políticas y la expresión de las animadversiones personales, más que un ejercicio entre poderes de escrutinio sobre la función pública.

Entonces, las modificaciones normativas a la forma en la que el ejecutivo federal debe dar cuenta del estado que guarda su administración no permitió un mayor acceso público a la revisión de logros y dificultades. Tampoco quiere decir que antes, con la comparecencia ante el Congreso y el espectáculo en el que se convirtió, el asunto era mejor. No lo fue antes y no lo es hoy. El factor de los medios es el que cobra una importancia desmedida.

Hace un año, en el mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno, el presidente Felipe Calderón, planteó diez puntos para transformar a México. Por ejemplo, dijo, se destinaría toda la fuerza y recursos del Estado para frenar el crecimiento de la pobreza, o bien, alcanzar la cobertura universal de salud, una educación de calidad (y “superar el marasmo de intereses”) o una economía más competitiva, entre otros. De ciencia y tecnología ni hablar.

En la reciente ceremonia, el presidente Calderón no se olvidó de los diez puntos, pero la enumeración de logros no fue tal. Sí quedó registrado madiáticamente el “apagón analógico”. Claro, hasta el mensaje del año próximo.

(Publicado en Campus Milenio. No. 384. Septiembre 9, 2010)

EL CONTROVERTIDO PETRÓLEO

Una críptica noticia acerca de que PEMEX consideraba la posibilidad de importar petróleo, generó algunas reacciones encontradas y provocó diversas especulaciones. La medida tal vez no se pondrá en marcha, al menos no de forma inmediata, pero muestra los errores sistemáticos en el manejo de esta industria, las fallas en la apliación tecnológica, la ineficiencia gubernamental y la incapacidad para enmendar los errores.

Los ingresos derivados de la venta del petróleo --junto con la recaudación de impuestos-- es uno de los elementos centrales para calcular los ingresos que como país obtenemos cada año y, en consecuencia, para saber de cuánto gasto público dispondremos. En promedio, los ingresos petroleros han representado entre el 35 y 40 por ciento del gasto del sector público. Por este motivo, cierta inestabilidad en los precios internacionales del hidrocarburo, un incremento o decremento en su producción, tienen una repercusión directa en el presupuesto público, sea en forma de recortes o eventualemnte en la canalización de recursos excedentes.

Hace una semana, en este espacio, comentamos el ciclo del paquete económico (ley de ingresos y presupuesto de egresos de la federación) que anualmente diseña el gobierno federal y el 8 de septiembre como fecha límite para entregarlo al Congreso. Tal vez por la proximidad de la fecha, en los medios comenzó a circular la noticia de que PEMEX, por primera vez en más de tres décadas, tendría que importar petróleo.

Al parecer, según nota periodística, la propuesta de importar petróleo crudo se discutió desde marzo de este año, con el fin de optimizar costos en el proceso de refinación: “Se han identificado oportunidades que podrían ahorrar millones de dólares en dos refinerías” (La Jornada, 21/08/10: 29). Incluso se precisó que la importación podría alcanzar los 40 mil barriles por día, aunque la misma nota del diario también aclaraba que no era una decisión tomada.

Las versiones sobre la posible importación de petróleo cobraron fuerza en los medios, seguramente por las ya próximas negociaciones del presupuesto, la dinámica de intercambios de los principales involucrados en el diseño presupuestal y porque apenas unos días antes, el propio PEMEX había anunciado que ya estaba repuntando la producción de petróleo.

Efectivamente, el reporte de PEMEX correspondiente a julio precisó que en ese mes se había revertido la tendencia a la baja en la extracción del petróleo que había tenido lugar a lo largo del presente año (Boletín 061. 21/08/10). Esto es, la producción promedio en el mes de julio de 2 millones 573 mil barriles diarios, fue uno por ciento superior a la del mes previo y también a la del mismo mes del 2009.

En tal circunstancia de repunte de la producción y ante la posible contradicción con la idea de importar petróleo crudo, el mismo director de PEMEX, Juan José Suárez Coppel, tuvo que aclarar cuál era la situación.

El funcionario confirmó que, efectivamente, la caída en la producción de crudo se está revertiendo y pronto quedará superada. Sin embargo, también aclaró que: ”Las plantas que tenemos no sacan la mayor rentabilidad del crudo que ahora producimos, pero además nuestro sistema de refinación produce con nuestro crudo menos gasolinas” (Entrevista radial con Joaquín López Dóriga. 24/08/10). Es decir, una falla en las refinerías, en el proceso de refinación de petroquímica, por lo que sería más rentable y justificado importar cierto tipo y volumen de crudo.

Sin embargo, el problema de productividad de PEMEX y las dificultades de rentabilidad de sus refinerías no es de ahora, es más bien la constatación de la fallida estrategia que ha seguido esta industria en el país , su atraso tecnológico y la incapacidad gubernamental para aprovechar sustentablemente el recurso energético.

El actual director de PEMEX, cabe recordar, tomó posesión del cargo hace un año, después de la polémica que se suscitó con el proceso para determinar la ubicación de la nueva refinería que todavía está por construirse en el estado de Hidalgo, aunque principalmente se debió a la fallida reforma energética y el intento de exploración en aguas profundas (“el tesoro escondido en el fondo del mar”). En ese entonces, el ahora director enfatizó su propósito de implementar los cambios previstos en la reforma. Pero tal parece que los problemas nos estallan antes de que logremos precisar su naturaleza y menos de intentar poner en marcha alguna solución.

Hace algunos años Felipe González, el ex primer ministro español, señaló que el caso de países productores de petróleo era de una paradoja inexplicable: hasta ahora la mayoría se han mostrado incapaces de transformar esa riqueza natural no renovable en bienestar social y en crecimiento económico sostenido de sus respectivos países. Por el contrario, tal parece que algunos de los países que han carecido del hidrocarburo han sabido aprovechar mejor los recursos energéticos, desarrollar tecnologías energéticas alternativas y alcanzado un mayor crecimiento económico. Esperemos que no sea el caso.

(Publicado en Campus Milenio No. 383. Septiembre 2, 2010)

LOS RITMOS DEL PRESUPUESTO

El próximo 8 de septiembre el gobierno federal deberá entregar al Congreso su propuesta de paquete económico (los criterios generales de política económica, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación para el año siguiente). Desde hace algunas semanas comenzaron a perfilarse las posiciones y probablemente se verán reflejadas en el proyecto que remitirá la Secretaría de Hacienda a los legisladores. Sin embargo, la fase más importante vendrá en los próximos dos meses e incluye algunos factores que no estaban presentes en años anteriores.

En primer lugar, la negociación del paquete económico para el 2011 será la primera para el actual equipo de Hacienda. Recuérdese que el ahora titular de Hacienda, Ernesto Cordero, tomó posesión de la cartera en diciembre pasado, al sustituir a Agustín Carstens, quien ahora se desempeña como gobernador del Banco de México.

En segundo lugar, y tal vez más importante: la semana pasada, en la misma secretaría, hubo un reacomodo de los subsecretarios. El ajuste se debió a la renuncia de Alejandro Werner, uno de los titulares en la elaboración y negociación presupuestal. Ahora, José Antonio Meade Kuribreña será Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, la posición clave que ocupaba Werner. A su vez, José Antonio González Anaya, anterior coordinador de asesores de la secretaría, tendrá la responsabilidad de la subsecretaría de ingresos, precisamente la posición que dejó Meade. Otro nombramientos fueron los de Carlos Alberto Garza como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y de Ignacio Quesada Morales como coordinador de asesores.

A excepción del nombramiento del coordinador de asesores, el resto de nuevos nombramientos de Hacienda debe ser ratificado por el poder legislativo. Por disposición constitucional, el ejecutivo federal tiene la facultad de nombrar a los empleados superiores de Hacienda, pero deben ser aprobados por el Senado, como también a los oficiales superiores de las fuerzas armadas (artículo 89). El punto es el intercambio realizado para la ratificación.

Otro de los aspectos notables en el reciente ajuste es el relativamente inusual reconocimiento otorgado al funcionario que renunció. Según el boletín emitido por Hacienda: Werner fue: “una de las piezas fundamentales en el diseño de los últimos cuatro paquetes económicos, las reformas financieras concretadas en los años recientes, los programas contracíclicos instrumentados para atenuar el impacto de la crisis financiera internacional sobre la economía nacional, y en la instrumentación de los esfuerzos por mantener el funcionamiento de nuestros mercados financieros en los recientes periodos de turbulencia mundial”. (SHCP. 057/2010). Al parecer, los elogios se deben a que dejó elaborado el paquete económico.

En realidad, el diseño del paquete económico inició desde el pasado mes de abril. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que, a más tardar el 1 de abril, el ejecutivo federal debe enviar al Congreso de la Unión un documento con los principales objetivos de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, así como los escenarios de las principales variables macroeconómicas del año siguiente y del monto total del presupuesto de egresos. Después, como fecha máxima el 30 de junio de cada año, el gobierno federal debe remitir a los diputados, la estrucutra programática del presupuesto. (Articulo 42). Al final, el 8 de septiembre, entrega el paquete económico completo.

Por su parte, los diputados deben aprobar la ley de ingresos a más tardar el 20 de octubre y la misma ser ratificada por los senadores el 31 de octubre. La aprobación del presupuesto de egresos de la federación es responsabilidad exclusiva de los diputados y tienen hasta el 15 de noviembre como fecha límite para aprobarlo. Luego, ambas leyes son publicadas en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor y el plazo para publicarlas es de 20 días después de aprobadas.

Entonces, los procesos de diseño, disucusión y aprobación del paquete económico va de abril a noviembre; prácticamente dos tercios del año. Sin embargo, pese a las previsiones que se tomaron para que la aprobación de recursos se diera en tiempo y forma, lo cierto es que la etapa crítica se verifica en los días y horas cercanas al 15 de noviembre.

A la fecha, el secretario de Hacienda solamente ha expresado dos datos sobre el paquete económico para el año próximo: voluntad para generar mayoría en el Congreso –sobre todo por las propuestas en materia de impuestos— y la consideración de un déficit público menor al 0.7 or ciento.

Los sectores educativo y científico, a su vez, han expresado la necesidad de mayores recursos, a la vista del panorama en cobertura y calidad de la educación, así como de los pendientes en ciencia y tecnología. En particular, la ANUIES, desde el primer trimestre del año anunció que presentará su propuesta de presupuestos plurianuales para las universidades. El tema de los recursos está sobre la mesa.

(Publicado en Campus Milenio. No. 382. Agosto 26, 2010)

UN FUTURO PARA LOS JÓVENES

El pasado 12 de agosto se celebró el día internacional de la juventud. La fecha ha traído al presente los pendientes de ese heterogéneo y cambiante sector de la población localizado generalmente entre los 15 y 24 años de edad. Sin embargo, no solamente se trata de una conmemoración efímera, a partir de este mes se celebra el “Año Internacional de la Juventud” (AIJ). Por tal motivo, diferentes entidades de Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta para impulsar el AIJ, la semana siguiente se realizará en México la Conferencia Mundial de la Juventud y el año próximo una siguiente conferencia, con el fin de realizar un balance de cuáles han sido los avances en las políticas hacia los jóvenes desde que se realizó el primer AIJ en 1985.

La celebración del día de los jóvenes fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1999, cuando estaba por cumplirse un quinquenio del programa de acción mundial para los jóvenes previsto por el mismo organismo, la resolución indicaba que Naciones Unidas hacia suya la recomendación de que 12 de agosto fuera declarado Día Internacional de la Juventud y, en ese entonces, recomendaba organizar actividades de información pública a todos los niveles en apoyo del día señalado (A/RES/54/120). A partir del año 2000 quedó instaurada la fecha celebratoria.

No obstante, el organismo internacional había desplegado algunas iniciativas a favor de la juventud desde fines de los años setenta, particularmente en lo que concierne a la instauración de un foro mundial para dialogar sobre los temas y problemas de interés de los jóvenes y, especialmente para el mejoramiento de las formas de comunicación con las organizaciones juveniles.

En una resolución de noviembre de 1985, Naciones Unidas estableció la primera celebración del Año Internacional de la Juventud. El lema de ese primer año fue: “participación, desarrollo, paz”, quizás en referencia a la escasa presencia y representación de los jóvenes, así como de sus preocupaciones por la paz, la expresión, la democracia y el crecimiento en los foros internacionales.

Después de 25 años, a partir de este mes de agosto se celebra el segundo AIJ. Ahora son otras las condiciones de coexistencia entre las naciones y otras las fuentes de preocupación en torno de los jóvenes, un buen número de ellos carentes de oportunidades laborales y educativas. También son otras las formas de participación de las organizaciones juveniles y distintos los jóvenes de hoy.

El lema del reciente AIJ establecido por Naciones Unidas es: “diálogo y comprensión mutua”. Tal parece que más de dos décadas no han sido suficientes para trazar líneas estratégicas de atención y que los pendientes en este terreno son cambiantes y variados.

La reciente declaración de una veintena de entidades especializadas de Naciones Unidas, destaca el papel clave de la educación para una transición a la vida adulta. Si bien reconoce que las tasas de alfabetización se han incrementado notablemente en los últimos 25 años, también señala que el progreso ha sido desigual, porque algunas naciones se han rezagado y se ha ensanchado la brecha entre la población urbana y rural en algunas naciones. Destaca que se necesita incrementar la inversión y el acceso a la educación, particularmente en educación secundaria, debido a las metas trazadas en el año 2000, cuando se plantearon los Objetivos de Desarrollo del Milenio que debieran cumplirse en cinco años más.

Otro de los temas relevantes de la declaración es el concerniente al empleo. A este respecto señala que, como es obvio, el desempleo y subempleo juvenil tiene costos significativos en la economía nacional, la sociedad, el individuo y sus familias. Más importante: Si se experimenta en las etapas tempranas de la vida la falta de un trabajo productivo y decente, con frecuencia se comprometerán de forma permanente los prospectos de empleo en el futuro de una persona. En consecuencia se producirá la exclusión, la ociosidad, la vulnerabilidad de los jóvenes y posteriormente una cauda de conductas antisociales.

En el caso de México, en ocasión de la celebración del día de los jóvenes, la directora del Instituto Mexicano de la Juventud, Priscila Vera, afirmó que la generación actual de jóvenes, en comparación con las anteriores, es la más educada y más saludable en la historia del país. Sin duda la afirmación es correcta, debido a las cifras acumuladas, el mayor volumen de jóvenes y el incremento nacional del promedio de escolaridad, como también sería el caso del aumento en la esperanza de vida de la población. Sin embargo, el verdadero problema es si los índices educativos alcanzados son los que podríamos y debiéramos tener como nación.

Las tasas de cobertura educativa en el nivel superior (uno de cada cinco jóvenes) y el desempleo o el empleo precario para los jóvenes anuncian un futuro trunco, no sólo para ese sector sino para la sociedad entera. No debiera ocurrir; ojalá el AIJ revierta la tendencia.

(Publicado en Campus Milenio. No. 381. Agosto 19, 2010)

EL CONSEJO DE COMPETITIVIDAD DEL DF Y LA FUERZA CENTRÍFUGA

En diversas ocasiones, en este espacio, he reiterado que casi toda la estructura administrativa en el país ha tendido a concentrar las capacidades decisorias en el centro y en el nivel jerárquico más alto. Una especie de movimiento centrípeto superior. La organización de la actividad científica y tecnológica, tanto a nivel federal como local, no ha sido la excepción, aunque probablemente podría comenzar a revertirse la tendencia.

Si se intentaba que los problemas más importantes fueran atendidos con prontitud o los asuntos fueran despachados con relativa eficiencia, había que garantizar la participación directa, o al menos la cercanía, del funcionario del más alto nivel involucrado en tales menesteres.

Obviamente, quienes están a la cabeza de las estructuras administrativas verticales tienen mayor capacidad de decisión y son los responsables últimos del funcionamiento de la organización, pero tal parece que se habían convertido en la única instancia posible de solución. La cadena de mando escalaba hasta el máximo responsable.

La fuerte tradición presidencialista que nos caracterizó como país hasta hace poco, concentró el mayor poder de decisión alrededor del ejecutivo federal y las más variadas capacidades en la ciudad capital. Por tal motivo se buscaba la intervención del ejecutivo federal en las más diversas circunstancias a fin de garantizar la solución deseada; la dinámica todavía es persistente pero hoy es menor y podría disminuir aún más.

La instauración de contrapesos a la figura presidencial y la emergencia de otros poderes han acotado y disminuido algunas de las facultades previas del ejecutivo federal. Igualmente, un lento movimiento descentralizador se ha registrado en las últimas décadas y las entidades federativas han ampliado sus capacidades y adquirido un importante peso relativo.

Sin embargo, una buena parte del diseño y funcionamiento de las estructuras administrativas sigue bajo la lógica de concentrar las decisiones en el máximo nivel jerárquico, a fin de garantizar las respuestas adecuadas, aunque en realidad no sea el caso. Es ilustrativo el caso de las estructuras de las actividades científicas y tecnológicas.

A nivel federal, la normatividad de la actividad científica y tecnológica estableció un Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, como máximo órgano de política y coordinación de las actividades del sector. Claro, se trata de un consejo presidido por el ejecutivo federal e integrado por secretarios de Estado y que es el único facultado, entre otras atribuciones, para aprobar el programa sectorial. Por supuesto, desde el comienzo ha tenido dificultades para sesionar y aprobar lo conducente.

La mayor parte de entidades federativas, al aprobar su normatividad y establecer sus respectivos organismos para regular las actividades científicas y tecnológicas, siguieron el mismo esquema federal y tienen sus propios consejos generales estatales presididos por el ejecutivo local. Seguramente con igual o peores dificultades de funcionamiento que a nivel federal.

Además de los organismos rectores sectoriales en las entidades, también se establecieron otras agrupaciones e igualmente bajo el mismo principio jerárquico de organización. Un ejemplo es el Consejo de Competitividad de la Ciudad de México creado en enero de 2007.

El Consejo de Competitividad es un órgano para la definición de las políticas públicas en materia de desarrollo, competitividad y generación de empleo a nivel local, según lo establece su acuerdo de creación (Gaceta Oficial del Distrito Federal 15/01/2007). En el diseño original el organismo debía estar integrado por el jefe de gobierno del Distrito Federal como presidente, un secretario ejecutivo y catorce miembros; las designaciones las realizaba el ejecutivo local.

El organismo para la competitividad, salvo un cambio de domicilio en el 2008 y algunas propuestas en marcha, poco ha funcionado. Tal vez, entre otras razones, a ello se debe que recientemente el gobierno local decidió reformar el acuerdo de creación y ahora, además de que le añadió la función de evaluar la ciencia, la tecnología y la innovación, transfirió la presidencia del Consejo de Competitividad al director del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, quien también será responsable de designar y remover al secretario ejecutivo (Gaceta Oficial del Distrito Federal. 02/08/2010).

Al parecer, si se consideran los resultados de las iniciativas desentralizadoras de los años recientes y el reconocimiento de que la participación directa de funcionarios de alto nivel no es una garantía de eficiencia ni de eficacia, podría expresarse con mayor contundencia un saludable movimiento centrífugo en las actividades del sector. El asunto es si un nuevo esquema de estructuración puede mostrar mejores resultados o si, por el contrario, serán peores, porque no se traslada el centro de gravitación.

(Publicado en Campus Milenio No. 380. Agosto 12, 2010)