Desde mediados de los años noventa, conforme disminuía el brillo de la figura presidencial y adquiría relieve el Congreso de la Unión en la toma de decisiones, también se comenzó a hablar con mayor insistencia de instaurar políticas de Estado para el desarrollo de México. El movimiento anunciaba el descentramiento de una responsabilidad unipersonal y el cambio en la temporalidad de las políticas públicas; pasar de las iniciativas sexenales centradas en el gobierno federal a las iniciativas de participación múltiple y bajo acuerdos intertemporales.
La reforma a la normatividad científica y tecnológica de 1999 --todavía con el PRI como partido en el gobierno-- entre los muchos cambios que formuló, también incluyó la necesidad de contar con una política de Estado y propuso la creación de instrumentos (de ahí vienen los fondos competitivos y los convenios de desempeño) e instancias para el diseño de la política (el Foro, el programa especial, por ejemplo). No obstante, en la ley no quedó enunciada de forma explícita la idea de política de Estado en el sector.
Al cambio de siglo y con la alternancia en el gobierno, la idea de políticas de Estado y de largo plazo cobró mayor relevancia. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo del primer gobierno federal panista, el de Vicente Fox, planteó por primera vez la idea de un escenario a 25 años de los programas sectoriales y otro escenario para el sexenio. La propuesta fue recogida en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología y quedó como primer objetivo disponer de una política de Estado en ciencia y tecnología.
Una nueva reforma a la ley de ciencia y tecnología en el 2002, elevó a rango de ley el planteamiento de política de Estado. Efectivamente, en el artículo 2 de la entonces nueva ley se anotaron diferentes acciones que “Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología”. También consideró que el Consejo General sería quien definiría la política de Estado en esta materia (artículo 3).
Sin embargo, tal parece que las modificaciones normativas no eran completamente explícitas ni satisfactorias. La fracción del PRD en el Senado y particularmente el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, quien preside la comisión de ciencia y tecnología, presentó en febrero del 2009 una iniciativa de reforma a la ley de ciencia y tecnología para darle mayor precisión al tema de la visión de largo plazo en el sector.
La propuesta consistía en modificar los artículos 20 y 21 de la ley de ciencia y tecnología para añadirle nuevas características al Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación (Peciti): una visión con proyección a 25 años; actualizable cada tres años, conforme el inicio de cada legislatura; y la definición de áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica.
En la misma propuesta se especificaba que la aplicación de estos nuevos atributos debían estar bajo la responsabilidad del máximo órgano de gobierno del sector (el Consejo General que preside el ejecutivo federal) y de su secretario ejecutivo (el director de Conacyt).
Aunque con leves modificaciones, como las fracciones afectadas, el orden o la redacción de los cambios, el pleno del Senado aprobó la propuesta de reforma el primero de diciembre de 2009. Esto es, sobre el Peciti, además de establecer la responsabilidad del Consejo General, el artículo 20 indica que: “El Programa incluirá una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco años en los términos de esta Ley y de las disposiciones que deriven de la misma. El Programa será actualizado cada tres años. Las actualizaciones coincidirán con el inicio de cada nueva Legislatura del Congreso de la Unión”. Seguramente esto último para garantizar los recursos financieros.
La modificación del artículo 21 tampoco carece de importancia. Ahora, en su fracción III Bis, precisa que el Peciti debe contener “Las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica, así como los proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación por sectores y regiones”. Es decir, la definición de áreas y proyectos relevantes para el desarrollo nacional. Un componente que no es nuevo pero que ha sido poco sistemático y fuente de múltiples tensiones entre autoridades e investigadores.
La propuesta de reforma del Senado pasó a la Camára de Diputados hace casi un año y la semana anterior, el pasado 2 de diciembre, el dictamen fue presentado al pleno de la cámara. El diputado Reyes Tamez Guerra, exsecretario de Educación Pública y ahora coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza y presidente de la comisión de ciencia y tecnología, fundamentó el dictamen. Ningún orador se anotó para debatir la iniciativa, ni a favor ni en contra. Sin mayor trámite, la propuesta fue aprobada con 302 votos (de 500 posibles), 0 en contra y 0 abstenciones.
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