Los diputados añadieron un párrafo al artículo relativo al financiamiento de la ciencia y la tecnología en su sesión del pasado 8 de marzo. La iniciativa parece anunciar que los diputados no solamente tomarán el camino de los incentivos fiscales para incrementar los recursos, como comenté aquí la semana pasada, sino probablemente un aumento directo al gasto en este rubro. Tal vez se afianza la responsabilidad de los legisladores en la conducción del sistema, particularmente frente a la inestabilidad y abulia de las autoridades de Conacyt.
El artículo 9 bis de la ley de ciencia y tecnología, vigente a partir de septiembre del 2004, solamente indicaba que el monto anual destinado al sector “deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”.
En realidad, el artículo 9 bis se incorporó para que estuviera en concordancia con lo que desde el 2002 señalaba la ley general de educación. La norma educativa, en su artículo 25, establece que el gasto en educación pública no debe ser menor al 8 por ciento del PIB y de ese monto se debe destinar, al menos, el 1 por ciento para ciencia y tecnología.
No obstante, a pesar de lo que dice la ley desde hace más de un quinquenio, hasta hoy permanecen incumplidos los niveles de gasto educativo y científico; tampoco se han exigido. Además, como lo hemos reiterado en este mismo espacio, existe una diferencia fundamental en ambas leyes sobre el gasto para ciencia y tecnología: una se refiere al gasto público y otra al gasto nacional (público y privado). No es una diferencia trivial, son varios miles de millones de pesos los involucrados.
En estos términos, resultó sorprendente que a pesar de la discordancia persistente en ambas leyes, ahora los diputados añadieron un párrafo al artículo 9 bis y lo hicieron velozmente. El párrafo dice que los diputados realizarán las “previsiones presupuestales correspondientes para que el monto anual que el estado-federación, entidades federativas, destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, no sea inferior a uno por ciento del producto interno bruto del país, de conformidad con lo establecido en la presente ley, sujeto a la disponibilidad de cada ejercicio fiscal”.
La iniciativa de reforma fue presentada en septiembre del año pasado por el diputado Pedro Jiménez León de la fracción de Convergencia en la cámara, el dictamen se realizó en febrero de este año y presentado al pleno el pasado 8 de marzo. Un proceso legislativo de alrededor de medio año; todo un logro para los ritmos de la cámara.
En el pleno, la adición al artículo 9 bis quedó aprobada por 356 votos a favor, uno en contra (PRI) y tres abstenciones (una del PAN y dos del PT). De hecho, en tribuna, solamente argumentaron en contra dos diputados del PT, Juan enrique Ibarra Pedroza y Jaime Cárdenas Gracia, quienes indicaron que se estaba aprobando una norma que quedará “en letra muerta” porque en los hechos no se aplicará. O bien, que la iniciativa no especificaba cuál sería la participación relativa de la federación y de las entidades federativas al incrementar el gasto, tampoco si se canalizarían recursos del ramo 33 ni cómo se fiscalizaría su aplicación.
La reforma todavía deberá ser ratificada o rectificada por el Senado, pero seguramente será aprobada. En primer lugar, porque el análisis y aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de los diputados; los senadores solamente intervienen en la aprobación de la ley de ingresos. En segundo lugar, porque los diputados se estarían ordenando a sí mismos ejercer su capacidad de previsión presupuestal. Los senadores no tendrían anda que objetar.
La adición al artículo 9 bis no es menor. La estimación del gasto público para ciencia y tecnología del 2008 (las últimas cifras oficialmente disponibles) era de un total de 47 mil millones de pesos (incluyendo gasto de las IES), lo que representa 0.53 del PIB. Es decir, a precios del 2008, casi habría que duplicar la cifra para alcanzar el 1 por ciento del PIB.
Por el contrario, si se considera el gasto nacional (público y privado), la estimación para el 2008 era de 89 mil millones de pesos (el gasto privado tiene una participación relativa del 47 por ciento), lo que representaba 0.84 por ciento del PIB. Esto es, si se añadieran unos 17 mil millones de pesos, prácticamente se alcanzaría la meta el 1 por ciento.
Las diferencias, como se puede apreciar son notables, pero en todo caso los diputados tendrán la última palabra el próximo 15 de noviembre, al aprobar el gasto para el 2012. Claro, el párrafo aprobado permite la salvedad de un incremento “sujeto a la disponibilidad de cada ejercicio fiscal tienen”. ¿Qué harán los legisladores? Ya veremos.
Posdata.
Los rumores sobre el cambio de titular en Conacyt fueron una constante, en septiembre de 2010 parecía inminente, pero se confirmaron en este mes. Tarde, muy tarde el reemplazo.
El artículo 9 bis de la ley de ciencia y tecnología, vigente a partir de septiembre del 2004, solamente indicaba que el monto anual destinado al sector “deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”.
En realidad, el artículo 9 bis se incorporó para que estuviera en concordancia con lo que desde el 2002 señalaba la ley general de educación. La norma educativa, en su artículo 25, establece que el gasto en educación pública no debe ser menor al 8 por ciento del PIB y de ese monto se debe destinar, al menos, el 1 por ciento para ciencia y tecnología.
No obstante, a pesar de lo que dice la ley desde hace más de un quinquenio, hasta hoy permanecen incumplidos los niveles de gasto educativo y científico; tampoco se han exigido. Además, como lo hemos reiterado en este mismo espacio, existe una diferencia fundamental en ambas leyes sobre el gasto para ciencia y tecnología: una se refiere al gasto público y otra al gasto nacional (público y privado). No es una diferencia trivial, son varios miles de millones de pesos los involucrados.
En estos términos, resultó sorprendente que a pesar de la discordancia persistente en ambas leyes, ahora los diputados añadieron un párrafo al artículo 9 bis y lo hicieron velozmente. El párrafo dice que los diputados realizarán las “previsiones presupuestales correspondientes para que el monto anual que el estado-federación, entidades federativas, destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, no sea inferior a uno por ciento del producto interno bruto del país, de conformidad con lo establecido en la presente ley, sujeto a la disponibilidad de cada ejercicio fiscal”.
La iniciativa de reforma fue presentada en septiembre del año pasado por el diputado Pedro Jiménez León de la fracción de Convergencia en la cámara, el dictamen se realizó en febrero de este año y presentado al pleno el pasado 8 de marzo. Un proceso legislativo de alrededor de medio año; todo un logro para los ritmos de la cámara.
En el pleno, la adición al artículo 9 bis quedó aprobada por 356 votos a favor, uno en contra (PRI) y tres abstenciones (una del PAN y dos del PT). De hecho, en tribuna, solamente argumentaron en contra dos diputados del PT, Juan enrique Ibarra Pedroza y Jaime Cárdenas Gracia, quienes indicaron que se estaba aprobando una norma que quedará “en letra muerta” porque en los hechos no se aplicará. O bien, que la iniciativa no especificaba cuál sería la participación relativa de la federación y de las entidades federativas al incrementar el gasto, tampoco si se canalizarían recursos del ramo 33 ni cómo se fiscalizaría su aplicación.
La reforma todavía deberá ser ratificada o rectificada por el Senado, pero seguramente será aprobada. En primer lugar, porque el análisis y aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de los diputados; los senadores solamente intervienen en la aprobación de la ley de ingresos. En segundo lugar, porque los diputados se estarían ordenando a sí mismos ejercer su capacidad de previsión presupuestal. Los senadores no tendrían anda que objetar.
La adición al artículo 9 bis no es menor. La estimación del gasto público para ciencia y tecnología del 2008 (las últimas cifras oficialmente disponibles) era de un total de 47 mil millones de pesos (incluyendo gasto de las IES), lo que representa 0.53 del PIB. Es decir, a precios del 2008, casi habría que duplicar la cifra para alcanzar el 1 por ciento del PIB.
Por el contrario, si se considera el gasto nacional (público y privado), la estimación para el 2008 era de 89 mil millones de pesos (el gasto privado tiene una participación relativa del 47 por ciento), lo que representaba 0.84 por ciento del PIB. Esto es, si se añadieran unos 17 mil millones de pesos, prácticamente se alcanzaría la meta el 1 por ciento.
Las diferencias, como se puede apreciar son notables, pero en todo caso los diputados tendrán la última palabra el próximo 15 de noviembre, al aprobar el gasto para el 2012. Claro, el párrafo aprobado permite la salvedad de un incremento “sujeto a la disponibilidad de cada ejercicio fiscal tienen”. ¿Qué harán los legisladores? Ya veremos.
Posdata.
Los rumores sobre el cambio de titular en Conacyt fueron una constante, en septiembre de 2010 parecía inminente, pero se confirmaron en este mes. Tarde, muy tarde el reemplazo.
(Publicado en Campus Milenio. No. 407. Marzo 17, 2011)
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