domingo, 6 de noviembre de 2011

LA EXIGENCIA DEL UNO POR CIENTO PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), un órgano de consulta de la política sectorial previsto en la ley, destaca en desplegado público, reproducido en diferentes medios el pasado 28 de octubre: ¡Ya basta! México requiere que se cumpla con lo que establecen sus leyes. Es momento de que el Congreso de la Unión actué responsablemente y en cumplimiento de las leyes que él mismo aprueba.

Dirigiéndose a los principales órganos legislativos --los que básicamente deciden el gasto público de la nación--, el Foro se inconforma con el monto previsto para ciencia y tecnología en el proyecto que envió el ejecutivo federal.

El proyecto, aparte de que probablemente no todo el monto se canalizaría a actividades científicas y tecnológicas, prácticamente no representaba un cambio sustancial respecto de años anteriores como proporción del producto interno bruto (alrededor de 0.39 del PIB). Tal vez por la misma razón, en la reciente demanda pública del Foro, hace un “enérgico y atento” requerimiento a los legisladores para que los recursos para el sector cumplan con el mínimo de uno por ciento del PIB que marca la normatividad.

Sí, las leyes marcan el uno por ciento del PIB, el asunto es que entre las mismas existen inconsistencias. Por ejemplo, la ley general de educación en su artículo 25 dice que el monto anual para educación pública no puede ser menor del 8 por ciento del PIB y de ese total, al menos, el uno por ciento debe ser destinado a la “investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas”. Es decir, es gasto público y solamente para instituciones educativas.

Por el contrario, el artículo 9 Bis de la ley de ciencia y tecnología dice que el monto anual que el Estado destine a “las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al uno por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”. Esto es, a diferencia de la ley anterior, aquí se refiere a gasto nacional (público y privado) y no precisa que deba canalizarse a las actividades sectoriales desarrolladas en instituciones educativas.

Entonces, un primer aspecto que los legisladores debieran atender es la armonía entre las diferentes leyes. Claro, sea una u otra la que prevalezca, llevar la inversión al uno por ciento del PIB, implicaría más o menos duplicar el monto actual del sector. El gasto federal estimado para ciencia y tecnología en el año actual representa alrededor del 0.38 respecto al PIB, mientras que el gasto en investigación y desarrollo experimental es de 0.44 del PIB.

Según adelanta el Foro en su desplegado público, los diputados de la comisión de ciencia y tecnología han elaborado un dictamen sobre la propuesta del gobierno federal y le han aumentado 8 mil 122 millones de pesos. Es decir, de aprobarse, el monto total para el sector representaría 62 mil 586 millones de pesos. Cifra mejor que la original, pero sin aproximarse mínimamente a la meta del uno por ciento respecto al PIB.

El problema es que, por una parte, no existe ninguna garantía de que el dictamen de la comisión de ciencia y tecnología sea tomado en cuenta para la elaboración del dictamen global del presupuesto de egresos de la federación. Todas las comisiones hacen llegar sus respectivos dictámenes a la comisión de presupuesto y cuenta pública y todas tienen exigencias de mayores recursos, pero pocas lograrán hacer efectivas sus consideraciones. Las posibilidades son menores para las comisiones con menor rango en el recinto parlamentario, como sería el caso de la de ciencia y tecnología.

Por otra parte, está la salvedad que establecen las mismas leyes de referencia para alcanzar la meta del uno por ciento. Tanto la ley de educación como la de ciencia y tecnología, en los artículos ya mencionados, precisan que la participación del ejecutivo federal y del gobierno de cada entidad federativa en el financiamiento, será “con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables”. Así, difícil, muy difícil.

Tampoco se advierte una preocupación especial de los gobiernos locales ni de los legisladores por las actividades científicas y tecnológicas. Los gobiernos de las entidades federativas, pese a lo que dice la norma, no incrementarán su participación para llevar la inversión en el sector al uno por ciento del PIB; tienen otros asuntos atenazantes que atender y otras responsabilidades. Los legisladores, preocupados como están en los más altos asuntos de la República y en el ya próximo año electoral, menos están para minucias.

Seguramente, como es usual, las fuerzas políticas representadas en el Congreso llevarán al límite (o más allá) los arreglos de último minuto y sesionarán sin descanso durante horas el próximo 15 de noviembre o por ahí. Bueno, sí, algún respiro se tomarán. Pero, al final, aprobarán un presupuesto, con errores, pero ni modo que en tales circunstancias no se justifiquen. Y, exhaustos, esperarán la comprensión y el agradecimiento de sus representados. Así, ni modo de exigirles.

(Publicado en Campus Milenio No. 438. Noviembre 3, 2011)

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