“En la visión
del desarrollo de México, que me propongo conducir los próximos seis años, hay
grandes coincidencias con las recomendaciones que la OCDE nos ha entregado”,
dijo el presidente electo, Enrique Peña Nieto, en ceremonia protocolaria con José
Ángel Gurría, el secretario general de la organización económica.
Las palabras
del presidente electo fueron pronunciadas el pasado 11 de septiembre, durante
la firma del “Acuerdo Marco para la Colaboración Estratégica entre México y
la OCDE”. Las recomendaciones que recibió se refieren a las plasmadas en el documento
"México: Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente", entregado
el mismo día de la ceremonia (el texto está disponible en la página web del
organismo internacional).
El documento
contiene un muy breve diagnóstico de una veintena de temas y las
correspondientes sugerencias en materia de política pública en cada caso. Por
supuesto, incluye educación e innovación. Las coincidencias que resaltó el
presidente electo no fueron un mero ejercicio retórico ni una simple cortesía
con el secretario de la OCDE.
En efecto, no
solamente se firmó una declaración de intenciones para un acuerdo, el equipo de
transición del presidente electo y un grupo de la OCDE trabajarán de forma
conjunta para producir otro documento (Los desafíos de las políticas públicas
en México), el cual será la base para realizar un foro sobre políticas públicas
en enero del año próximo.
Entonces, habrá que
tomar con seriedad las posiciones y las propuestas de política de la organización
económica. Aunque las propuestas de la OCDE no son las únicas, otras organizaciones,
nacionales e internacionales, también pugnan por llevar sus posiciones a la
agenda.
Tampoco es la
primera vez que la OCDE examina y formula recomendaciones a México. A partir de
1994, cuando México ingresó como país miembro de la organización, se han practicado
múltiples estudios sobre los más variados temas. Es suficiente recordar los primeros
exámenes de las políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología y de
educación superior en los años noventa.
Sin embargo,
actualmente, es innegable la creciente influencia de la organización. No
solamente en lo concerniente a la cooperación económica y financiera. Los
puntajes obtenidos en la prueba PISA que diseñó se han convertido en un
referente a nivel internacional para calificar el desempeño y las competencias
de los jóvenes al concluir su educación básica. También sus planteamientos
sobre la distribución del gasto educativo y los componentes que vinculan la
innovación y el desarrollo económico de las naciones.
En el reciente
documento que entregó al presidente electo realiza recomendaciones muy
puntuales en el tema educativo y en el científico y tecnológico. Aunque,
ciertamente, no difieren mucho de las que formuló en enero de este año y plasmó
en otro documento (Reformas para el
cambio).
Por ejemplo, en lo
concerniente a educación plantea: ampliar la cobertura educativa, pero cuidando
la capacitación del personal y la mejora pedagógica. O bien, fortalecer la
inversión en la eficacia de los docentes a través de la revisión de los
procesos de asignación de los docentes a las escuelas y de un sistema de
evaluación. En educación superior sugiere una reforma del financiamiento de la
educación superior, “buscando un equilibrio entre el costo público y el
beneficio social (colegiaturas vs. subsidio)”.
En lo que se
refiere al tema de la innovación reconoce el bajo nivel de inversión de México
en el sector: 0.44 por ciento del PIB en investigación y desarrollo. También admite
las dificultades del marco normativo y la gobernabilidad del sistema. En
consecuencia, sugiere: garantizar la continuidad de las políticas --entre ellas
la comercialización de los resultados de investigación— y evitar los frecuentes
cambios de enfoque; incrementar la claridad del sistema público de apoyo a los
usuarios; y aumentar la descentralización de los programas federales de apoyo,
entre otras recomendaciones.
(Publicado en Campus Milenio No. 479. Septiembre 20, 2012)
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