Alejandro
Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter:
@canalesa99
Hace
casi exactamente un año, un mes después de los resultados electorales en la
Ciudad de México y con un alto nivel de desaprobación a la gestión del jefe de
gobierno, Miguel Ángel Mancera, el mandatario realizó un ajuste mayor en su
gabinete. Uno de los cambios fue en la Secretaria de Educación (Sedu)
capitalina. En julio de 2015 ingresó a la Sedu Alejandra Barrales --sustituyó a
Mara Robles que había iniciado con el periodo de la administración-- y hoy, un
año después, deja el cargo para tomar la dirección del Partido de la Revolución
Democrática.
Aunque
los discursos digan lo contrario o sean inexistentes, demos por sentado que el
cambio de aquel entonces, el cambio de hoy o cualquier otro, están más
pendientes del futuro de las próximas elecciones, más que a las preocupaciones
sobre la educación del presente. También dejemos de lado las especulaciones
sobre las corrientes partidistas que se benefician o languidecen con los
movimientos del gabinete.
El
hecho incontrovertible es que la Ciudad de México, como ya lo hemos indicado
anteriormente (Campus Milenio No.
645), es la única entidad de la República en la que no se descentralizaron los
servicios educativos. A diferencia del resto de entidades federativas, desde
hace más de 20 años, el gobierno local no controla ni presta el servicio
educativo de educación básica y normal. Aunque cuenta con una ley y sí ha
emprendido diferentes programas.
La
educación en la Ciudad de México sigue dependiendo del gobierno federal. El
gobierno local se hará cargo cuando se acuerde lo correspondiente con el
sindicato magisterial, según lo establece el artículo cuarto transitorio de la
Ley General de Educación. En las negociaciones de la reciente reforma política
que cambió el nombre de la entidad no se incluyó el componente educativo,
aunque quizás el tema sí forme parte de las discusiones de la próxima Asamblea
Constituyente.
¿Cuáles
fueron las acciones más sobresalientes de la ahora ex titular de la Sedu en su
relativamente breve gestión? Tal vez, aparte de la serie de fotos y acciones
distributivas que proliferaron en el periodo, lo relevante fueron algunas
modificaciones normativas que resultaron de acuerdos y convenios con diferentes
sectores.
Uno
de los primeros acuerdos fue el que firmó el jefe de gobierno para ampliar la
cobertura en media superior y superior a jóvenes excluidos, participaron diferentes
instituciones de educación superior. La idea era integrar una oferta de lugares
extra en lo que se denominó “Educación Por Ti”.
El
programa sumaba lugares del propio bachillerato de la Ciudad de México (Bachillerato
Digital, B@DI; el Bachillerato a Distancia, B@D; y la preparatoria José
Guadalupe Posada), instituciones públicas (UNAM con 2 mil cursos de nivelación
y otros tantos de formación propedéutica, y el Poli con 2 mil 500 lugares en modalidad no escolarizada) e
instituciones particulares (Tecmilenio con
300 becas, Ibero 500 becas y UVM 300
becas) (Gaceta CDMX. 11.09.2015).
Sin
embargo, como en estas mismas páginas lo documentó Roberto Rodríguez, el programa con las instituciones particulares
resultaba controvertido porque las becas otorgadas a jóvenes excluidos eran a
cambio de beneficios fiscales. Una especie de voucher educativo sin nombrarlo como tal.
Otra
modificación normativa que impulsó la ex secretaria de Educación fue poner en
marcha el otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
Una facultad que estaba prevista en la ley pero que no había ejercido el
gobierno de la Ciudad de México. Seguramente
a partir del próximo ciclo escolar se advertirán los primeros resultados
de esta modificación.
Una
tercera y más reciente modificación, también en el terreno de la cobertura educativa,
fue la creación de la Comisión para la Planeación de la Educación Superior de
la Ciudad de México (Gaceta CDMX
08.06.2016). Una comisión como las que proliferaron desde los años 70 en las
entidades federativas, la de la Ciudad de México integrada por una treintena de
representantes (funcionarios capitalinos y del gobierno federal; instituciones
de educación superior públicas y privadas) y presidida por la Sedu.
También
recordemos que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y los
gobernadores de la zona centro se comprometieron a poner en marcha la
“estrategia de cero rechazados en la educación superior”. Una iniciativa que
requerirá acuerdos entre los titulares de las entidades. Por cierto, al final
del mes pasado, cambió de titular la secretaría de Educación del estado de
México (Boletín 30.06.2016).
En
fin, la principal responsabilidad educativa del gobierno de la Ciudad sigue
pendiente y en el corto plazo habremos de advertir qué quedará de las modificaciones
normativas, todas ellas secundarias.
(Publicado
en Campus Milenio No. 666, Julio 21, 2016, p.5)
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