Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 688. Enero 12, 2017: 5)
En el proyecto original de la
Constitución Política de la Ciudad de México, aquel que presentó el Jefe de
gobierno en septiembre de 2016, en uno de los ocho títulos que lo integraban,
el de la “Carta de Derechos”, se establecieron tres derechos: a la educación, a
la ciencia y a la cultura (artículo 13).
Los debates y acuerdos de los
constituyentes avanzan poco a poco, aunque muy presionados porque el tiempo se
les vino encima y todavía tienen mucho por aprobar. Sobre el derecho a la
educación han añadido puntos de debate (calidad, pertinencia, discapacidad,
evaluación, etcétera), han realizado precisiones y aprobado algunas
modificaciones, pero el asunto central sobre la responsabilidad del sistema
educativo local parece que una vez más quedará pendiente. Es el elefante que
permanece en la sala desde hace más de dos décadas y al que se mira de reojo;
un tema al que nos referimos cuando apareció el proyecto de Constitución (CampusMilenio No. 674).
Lo que ahora sorprende es la
aprobación de una modificación importante sobre el derecho a la ciencia. Un
cambio que implica destinar un monto considerablemente mayor de presupuesto y
asumir más responsabilidades en la materia. Y fue aprobado prácticamente como
si se viera llover. Sin posiciones encontradas, ni debate, como sí ha ocurrido
con otros derechos o el uso de algunos términos. Seguramente, estimado lector,
tiene presente que el proyecto original de Constitución, en el artículo 13, apartado
“B”, se estableció en tres párrafos el “Derecho a la ciencia y a la innovación
tecnológica”.
En el apartado “B” se consignó no
solamente que toda persona tiene el derecho al acceso, uso y desarrollo de la
ciencia, también se anotó que las autoridades garantizarían “el derecho de
acceso a Internet de forma progresiva en todo el territorio de la ciudad” y
también fortalecerían y apoyarían proyectos de investigación científica y
tecnológica, la vinculación entre los distintos sectores con el fin de resolver
“problemas y necesidades de la ciudad.
Claro, desde que se presentó el
proyecto se enfatizó su carácter garantista, dado el amplio espectro de
derechos que incluyó y la posibilidad de materializar su exigibilidad. Sin
embargo, también es cierto que las opiniones sobre el proyecto fueron sumamente
críticas, destacando las deficiencias de técnica jurídica, la heterogeneidad en
la redacción del documento y muy especialmente la imposibilidad de garantizar presupuestalmente
lo que se estaba proponiendo en el documento.
La Asamblea Constituyente se
instaló, comenzaron las sesiones, las votos aprobatorios se han emitido y
aunque todavía no es posible formarse una idea clara de los términos y forma que
adoptará el documento final, algunos de los apartados permiten advertir el
tamaño de las responsabilidades que se están aprobando.
En lo concerniente al apartado
sobre el “Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica”, el dictamen de
la comisión de “Carta de Derechos” no propuso modificaciones al proyecto
original. Sin embargo, el diputado Javier Jiménez Espriú, del Movimiento
Regeneración Nacional, planteó añadir dos párrafos y tres incisos más.
Sugirió que las mismas
autoridades deberían respaldar: “la formación de técnicos y profesionales” (se
supondría que para contribuir al desarrollo social y económico de la ciudad);
“la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica”; “y el
apoyo a creadores e inventores”. También deben garantizar la preservación y
rescate de las prácticas originarias de la medicina y el buen uso de los
recursos naturales.
Además, propuso la elaboración de
un programa de desarrollo científico, tecnológico y de innovación como parte
integral del desarrollo de la Ciudad de México, con una visión a 20 años y
actualizaciones cada tres años. Lo más importante es que planteó que en el
presupuesto capitalino debe considerarse “una partida específica para el
desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser menor al 2 por
ciento del presupuesto de la ciudad”.
En el pleno de la sesión del
pasado 6 de enero, al presentar su propuesta y la reserva correspondiente, el
diputado Jiménez Espriú, destacó que la Constitución que está por aprobarse es
una oportunidad “para corregir errores y omisiones que nos limitan y definir
una posición de vanguardia”. No hubo
oradores en contra. Y se dio paso a la votación: 82 votos a favor, cero en
contra. Quedó la propuesta del 2 por ciento.
El presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2016 de la Ciudad de México fue de 181 mil 334 millones de
pesos (Gaceta Oficial. 30.12.2015: 15) y de ese monto se destinaron 334
millones 204 mil pesos a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del
entonces DF. Ahora, si se conservara el mismo presupuesto y se aplicara la
proporcionalidad que dirá la nueva Constitución, el monto sectorial que debiera
recibir sería de 3 mil 627 millones de pesos. Es decir, una cantidad casi once
veces mayor.
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