Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 822.
Octubre 24, 2019. Pág. 5).
El
científico Antonio Lazcano, a raíz de su destitución de la comisión
dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), había anunciado hace
un mes que se inconformaría. El pasado día 17 informó que como resultado de un
amparo indirecto que promovió, un juzgado consideró que en tanto no se resuelva
si la destitución fue legal o no, la autoridad del sector lo debía reincorporar
en la misma posición.
Lo
notable es que el mismo día, unas horas después de la orden del juez, el
titular del SNI, Mario De Leo, le reiteró vía electrónica a Lazcano su pérdida
como miembro de la comisión dictaminadora del área II y enfatizaba que la
destitución continuaría por sus faltas injustificadas a las sesiones plenarias
(El Universal 18.10.2019).
Seguramente usted recuerda la serie de desencuentros y no
hace falta reiterar los hechos. Tal vez sea suficiente mencionar que parte de los
antecedentes tuvieron lugar en los últimos cuatro meses, en los cuales se han expresado
visiones opuestas sobre la gestión, logros y dificultades del sistema
científico y tecnológico nacional, así como la posterior destitución de Lazcano.
“Por incumplir con sus deberes y fallarle así a la comunidad y al pueblo de
México”, según lo planteó el comunicado de Conacyt (22.09.2019).
Lo más
probable es que la disputa entre el integrante de la comunidad académica y las
autoridades del sector se extienda en el terreno legal, porque siempre habrá un nuevo recurso al que puedan apelar una y otra
parte en los tribunales, antes de sucumbir en la vorágine de expedientes
judiciales o el agotamiento del periodo en funciones. Sin embargo, la
peculiaridad del conflicto revela la tensión en el sistema.
Aparentemente
todo suena algo descabellado: el intercambio epistolar, las razones de la
destitución, el amparo, la resolución del juez, la desobediencia inmediata a la
orden. Principalmente porque lo que está en juego no es de beneficio directo,
un puesto laboral o remunerado, se trata de la pertenencia ad honorem a una comisión dictaminadora que tiene sus ganancias y
sin duda es muy importante para la operación del sistema de incentivos, pero no
es una posición anhelante.
Entonces
¿por qué llevar la disputa a los tribunales y tanto empeño en la posición? Porque
es evidencia de un quiebre en las reglas del juego entre los ámbitos académico
y gubernamental, tanto como la imposibilidad de dirimir las querellas y llegar
a acuerdos bajo el marco y los carriles usuales.
Los
conflictos administrativos no son algo extraordinario en el ámbito académico,
aunque casi siempre el epicentro se localizaba en las relaciones laborales, por
los despidos injustificados, el incumplimiento de labores o la vulneración de
algún derecho. Tampoco, desafortunadamente, son novedosas, y cada vez lo son
menos, las sanciones derivadas de la comisión de ilícitos, como el acoso
sexual, violencia, el plagio académico o el tráfico de drogas en las
instituciones educativas.
Sin
embargo, lo notable del caso es que en los últimos años se han sumado y
multiplicado los conflictos legales entre las instituciones universitarias y
las gubernamentales. Ahí está la intención de instalar órganos internos de
control o los adeudos financieros con el caso emblemático de la Universidad
Veracruzana, pero también el de la Universidad Autónoma de Morelos o el de la Universidad
Autónoma de Baja California. Cada caso es diferente y la historia también los
tiene registrados en el pasado, pero ahora lo extendido es el tema de los
recursos financieros.
Las
contiendas legales por el financiamiento también llegaron al terreno científico
y tecnológico. Recordemos las recientes inconformidades y los amparos del
personal de centros públicos de investigación y de otras instituciones por la
reducción de su salario y la suspensión de su seguro de gastos médicos mayores.
Por los
mismos motivos también habría que añadir el litigio que sostiene el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y el Conacyt. El Foro informó que
conforme lo mandata la ley del sector, debió recibir recursos financieros
necesarios desde el pasado mes de julio y no fue el caso, así que promovió un
juicio de amparo para que se cumpliera la norma.
Ocurrió
casi lo mismo que con el científico Lazcano. El pasado 26 de septiembre, el Foro
informó que un juez de distrito concedió la suspensión provisional en su favor
y ordenó que Conacyt le entregara los suficientes recursos económicos para su
operación permanente mientras se resuelve el juicio de amparo” (Boletín 198).
Todo indica que la autoridad tampoco obedeció al juez y el litigio sigue su
curso.
En fin, lo que parece evidente es una cierta judicialización
de la academia, esto es, regular su intercambio con el gobierno a través del
sistema jurídico, lo que indica que el poder de los jueces, los circuitos y los
tribunales tendrán una creciente importancia dentro y fuera del terreno
académico. Veremos los resultados.
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