¿Fuerza centrípeta en la descentralización?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1042. Mayo 2, 2024. Pág. 4)

 

Al inicio del actual periodo gubernamental parecía que la fuerza descentralizadora en la administración pública sería arrolladora. Sin embargo, paradójicamente, a unos meses de concluir la gestión, se advierte que fue el movimiento contrario: se reforzó la centralización y la jerarquía en las decisiones.

 

El 1 de diciembre del 2018, cuando tomó posesión el presidente López Obrador, anunció como compromiso número 54: “Se descentralizará el Gobierno Federal y las secretarías van a estar ubicadas en distintos estados de la república, porque todo el país es México” (El Economista. 01.12.2018).

 

La idea de descentralizar la administración pública ya la había anticipado el entonces candidato López Obrador desde noviembre de 2017, quedó en ese voluminoso documento que contenía el “Proyecto de Nación 2018-2024”. Ahí proponía poner en marcha un programa de descentralización de las dependencias federales (pág. 275 y ss).

 

En su diagnóstico reiteraba la densidad demográfica de la megalópolis y la alta concentración de la burocracia en la Ciudad de México. Según sus números, en el gobierno federal se desempeñaban casi tres millones de personas, 80 por ciento de ellos ubicados en la ciudad capital. Las posibilidades que ofrecen las “nuevas tecnologías de la comunicación”, decía el Proyecto, permiten que los trámites se puedan realizar a distancia.

 

El plan era realizar una desconcentración gradual del gobierno para que al finalizar el sexenio cada estado contara con una dependecia federal. Planteó, entre otros traslados, que Salud se fuera Chilpancingo; Energía a Villahernosa; Educación a Puebla; Sedesol a Oaxaca; y el Conacyt a La Paz, Baja California Sur. El cálculo era que todo el proceso costaría alrededor de 22 mil 805 millones de pesos, incluyendo estudios, mudanza e infraestructura.

 

Así que, con ese plan, unos meses después, en uno de sus cierres de campaña como candidato presidencial en el norte del país, López Obrador dijo que ya había decidido que el Conacyt estaría en La Paz (El Financiero 19.08.2018). Una vez iniciado el periodo de gobierno, parecía inminente la desconcentración administrativa.

 

La instrucción para las secretarías fue que hicieran sus previsiones e iniciaran los contactos pertinentes. Sin embargo, durante el primer año todo fueron declaraciones y visitas a las entidades federativas. Después, algunas secretarías dijeron que ya tenían instalaciones, otras incluso hablaron de personal administrativo en el nuevo territorio, como fue el caso de Cultura, Educación o Salud. Lo cierto es que no hubo ningún movimiento de proporciones respetables; el tema ni siquiera apareció en el primer informe de gobierno.

 

Después vino la contingencia sanitaria y todo se quedó en veremos. Luego, para el año 2021, se reactivaron las actividades presenciales y los esfuerzos descentralizadores. El mismo López Obrador dijo que la recomendación para sus subordinados fue que no pusieran “un departamento o que sea una especie de delegación en el estado y que se mantenga aquí toda la estructura, que sea pura faramalla, no. Queremos que funcione la secretaría, la institución desde el estado” (14.10.2021)

 

Todavía el año pasado el gobierno federal aceptaba que estaba en proceso la descentralización prometida. Sin embargo, este año ya se dieron por cumplidos los compromisos y el presidente López Obrador dijo que el 99 por ciento ya estaba resuelto, lo restante es el pendiente de Ayotzinapa. Ni una palabra sobre descentralización (Milenio Diario 19.03.2024).

 

El problema es que no solamente se esfumó la fuerza descentralizadora y dejó intacta la concentración de oficinas administrativas, también operó una fuerza centrípeta que reforzó las atribuciones y la jerarquía federal. Eso ocurrió con el ejecutivo federal y luego se desdobló en cada organismo gubernamental. Las conferencias de prensa cotidianas del presidente se transformaron en programas sectoriales paralelos y también en una tribuna de informes de gobierno.

 

El caso del terreno científico y tecnológico es ilustrativo. El nuevo marco normativo ha depositado en la junta de gobierno del Conahcyt prácticamente todas las atribuciones y responsabilidades. La junta es presidida por la persona titular del organismo y en esa instancia se decide la política nacional, la agenda y el curso de todos los programas del sector.

 

Ahora la cadena de mando inicia y termina en la junta de gobierno. No existen más los fondos mixtos para la distribución de recursos para investigación en las entidades federativas y tampoco está la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta última era una instancia de representación de todos los estados para la definición de la política nacional del sector.

 

Así que no solamente la descentralización quedó pendiente, ahora tenemos una mayor concentración de las decisiones y ninguna instancia intermedia tiene cabida. Veremos los resultados.

 

Pie de página: Los vientos universitarios siguen soplando fuerte. Atentos. // Los legisladores aprobaron que el nombre de la UNAM se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor del Senado, pero ya no será en este periodo… se quedará para el siguiente. // Falta el tercer y último debate. Pendientes.