Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ingresaron la semana pasada una iniciativa de ley para crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Todavía está lejana una eventual aprobación de la propuesta de reforma, incluso lo más probable es que quede como un pendiente más de la actual legislatura. Pero, a diferencia de intentos anteriores, ahora quienes impulsan la medida son los propios legisladores.
El pasado 8 de septiembre, los senadores Francisco Javier Castellón y Carlos Navarrete, presentaron un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). El senador Castellón es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara y ha sido promotor de algunos temas sectoriales, como las reuniones en ciertas entidades federativas, algunas de las reformas a la ley de ciencia, las telecomunicaciones y el de la agencia espacial en México. Por su parte, el senador Navarrete es el coordinador del grupo parlamentario del PRD e integrante de la junta de coordinación política del órgano legislativo.
La LOAPF, como se sabe, regula las bases de organización de la administración pública y en su artículo 26 menciona el número de secretarías de Estado que integran la estructura centralizada. Actualmente son 19 dependencias (18 secretarías y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal). Uno de los cambios que proponen los senadores perredistas es añadir un párrafo más al mismo artículo para agregar otra secretaría: la “Secretaría de Ciencia y Tecnología”.
Otro cambio es añadir el artículo 38 Bis a la misma ley, el cual describiría las funciones de la nueva estructura encargada del sector científico y tecnológico. El conjunto de funciones es coincidente con las responsabilidades de cualquier secretaría en su respectivo sector y también con lo que ya realiza Conacyt.
La serie de funciones incluyen: la formulación y conducción de las políticas nacionales en el sector; apoyar la investigación científica básica y aplicada, así como la formación y consolidación de grupos de investigadores en todas las áreas del conocimiento; “Formular, actualizar y coordinar la ejecución del Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación”; responsabilidad sobre los criterios de asignación del gasto público para ciencia y tecnología; o aprobar la creación o extinción de los Centros Públicos de Investigación, entre otros.
En la exposición de motivos para justificar su iniciativa, los legisladores Castellón y Navarrete destacan que Conacyt carece de la personalidad jurídico-institucional para coordinar el sector. Esto es, indican que la desectorización de Conacyt “no ha funcionado plenamente” porque el organismo no es un sector administrativo en sí mismo; tampoco ha funcionado su Consejo General –el máximo órgano de gobierno— y que la existencia de un ramo de gasto independiente (el ramo 38), ha sido una medida positiva pero insuficiente.
La idea de crear una secretaría para ciencia y tecnología no es nueva. En tiempos relativamente recientes la planteó la Academia Mexicana de Ciencias, en igual sentido se pronunció en 2006 el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, precisamente en su serie de propuestas para la elaboración del plan sectorial de esta administración. (Aunque el Foro sugirió crear una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, esto es, conjuntar dos sectores en una estructura).
En el 2008, la OCDE, en su revisión de la política de innovación en México, propuso mejorar las estructuras de gobernanza del sector. En particular, en la publicación definitiva de su examen, como parte de sus recomendaciones indicó que la creación de una secretaría de ciencia y tecnología era una práctica común en los países de esa organización y que Conacyt aspiraba legítimamente a cumplir tal función, pero que no había tenido los medios ni tampoco la posición institucional para lograrlo.
No obstante, la misma OCDE puntualizó: La creación de una nueva secretaría parece poco realista en la actualidad […] aunque permanece como opción válida para el futuro. En el corto plazo, la opción más factible es un consejo inter-secretarial, encabezado por el presidente (de la República) y con participación de secretarios con injerencia en la gestión y presupuesto de ciencia y tecnología. (OCDE, 2009: 24). Sin embargo, la propuesta tampoco funcionó.
Tal vez en el horizonte de elecciones federales para el año próximo, la discusión sobre el diseño institucional y organizacional de la administración pública vuelva formar parte de la agenda nacional y en ese contexto tome vigencia el de una nueva estructura para el sector científico y tecnológico.
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