Las propuestas de los candidatos
presidenciales no terminan de aparecer en el debate público, al menos no las
que corresponden a educación y a ciencia y tecnología. En cambio, se han pronunciado
fuerte y reiteradamente las formuladas por otros sectores. Es posible que se
comience a esbozar un escenario diferente de disputa y triunfo electoral.
La ausencia de ideas por parte de
los candidatos, probablemente, se debe a que las campañas están en su fase
inicial. Pero también podría ser que el desencanto llegó muy pronto a los
eventuales electores, a la falta de credibilidad de los políticos o acaso a los
insufribles spots que rápidamente han
saturado a las audiencias. Las propuestas específicas de los contendientes de
las elecciones federales de julio próximo no han ingresado claramente en la
arena pública; tampoco parece generar mucho interés su exploración.
En los electores solamente han
quedado referencias vagas sobre la ampliación de oportunidades educativas para
niños y jóvenes, la búsqueda de un
México más educado y productivo, alcanzar lo que dice la ley en apoyo
financiero a la educación y a la ciencia y la tecnología. Pero todavía no ha
sido pronunciada ninguna propuesta que haya generado polémica o grandes expectativas
en los electores. O bien, llanamente ha sido ignorada por los supuestos
destinatarios.
La contribución de los equipos de
campaña no ha sido menor. En su mayor parte han procurado (unos más que otros) cuidar
los escenarios ante los que se presentan los candidatos. Unos ambientes de
invernadero que evitan en lo posible la confrontación, que tienen cronometrado
el tiempo de exposición y las propuestas que se pueden pronunciar. Las
lecciones de los tropiezos –propios y ajenos; recientes y viejos--, ha cerrado
más el círculo interno y avispado.
Desde luego, por ley, las fuerzas
políticas y coaliciones tienen registrado ante el IFE su correspondiente
plataforma electoral y programa de gobierno (Artículo 27 del COFIPE). En esos
documentos aparecen claramente anotadas sus propuestas y los candidatos están
obligados a sostenerlas y difundirlas a lo largo de la campaña.
Sin embargo, hasta ahora, lo que
dicen las plataformas electorales no han ocupado centralmente el espacio de los
medios ni el debate público. Más bien han sido otros los actores que han
colocado sus temas en la agenda de discusión y que al parecer ocuparán un lugar
importante cuando se definan las elecciones federales.
Por ejemplo, la proyección del
documental DePanzazo si bien dejó instaurada la idea de que el sistema
educativo funciona pésimamente, lo que permanece y sobre lo que ha insistido el
grupo que respalda el documental, es que se debe dar paso a la evaluación universal
de los profesores –entre otros tipos de evaluación-- y de que los resultados se
deben hacer públicos. La propuesta ya ha obligado a tomar posición a la
autoridades educativas, a especialistas y algunos de los candidatos.
Otro caso es la reciente entrada
en vigor de la obligatoriedad de la educación media superior, sancionada por la
actual legislatura, la cual deberá lograrse plenamente para el ciclo escolar
2021-2022 y que aparece como punta de lanza para implementar los presupuestos
plurianuales. Una propuesta que también podría formar parte de un eventual
programa de gobierno.
También está la serie de
preguntas, sobre 14 temas, que formularon mediante desplegado público
diferentes personas de la vida pública, con las cuales buscan definiciones
puntuales de los actuales aspirantes a la presidencia. El asunto es decisivo
porque la autoridad electoral tomará las preguntas para un primer debate. Por
cierto, en la serie de temas aparece educación, pero lamentablemente también a
los preguntones se les olvidó la ciencia y la tecnología.
Igualmente está la posición expresada
por ANUIES sobre los plazos y requerimientos financieros para ampliar la
cobertura a 50 por ciento del grupo en edad de cursar estudios superiores. Una
idea que inevitablemente estará en discusión en cualquier programa de gobierno.
Lo mismo que, como lo señalamos aquí hace un par de semanas, el relativo
consenso que se ha generado sobe la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología
propuesto por múltiples actores.
(Publicado en Campus Milenio. No. 457. Abril 12, 2012)
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