Hasta ahora, en el tiempo de las
peticiones y las campañas electorales, la propuesta con mayores
pronunciamientos es la de crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Una
iniciativa que todavía permanece en el terreno de las especulaciones, aunque le
sobran partidarios y le faltan definiciones. No está claro si podría incluir a
la educación superior. Tampoco si reemplazará al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) y menos si tenderá sus vínculos administrativos con el
sector educativo o el económico.
El dato inequívoco es que la
conducción del sector científico y tecnológico requiere de un nuevo arreglo
institucional. Uno en el cual se deben repensar los acuerdos y lineamientos que
han conducido la actividad, así como la orientación y mecanismos de
financiamiento.
La preocupación por las formas y
mecanismos de regulación de la actividad científica y tecnológica ha sido una constante
relativa y uno de los principales
dilemas de la política del sector. El principal razonamiento que ha estado a la
base de los cambios en las últimas dos décadas es que Conacyt, el órgano rector
de las políticas, no ha contando con los instrumentos para regular el sistema
ni tampoco ha gozado de las capacidades que le permitan decidir sobre la
orientación del mismo.
En buena medida, las limitaciones padecidas por Conacyt se atribuyen a
la dispersión de la actividad científica y tecnológica en múltiples secretarías
e instituciones, las cuales han escapado al control del organismo. Otro tanto
se refiere a las dificultades para articular un verdadero sistema y coordinar
la actividad en las entidades federativas.
Los intentos por mejorar la situación del organismo encargado de la
política científica y tecnológica han llevado a sectorizarlo a una u otra
secretaría y a múltiples modificaciones de la normatividad correspondiente. Los
cambios más significativos fueron las reformas a la ley de 1999 y 2002, las
cuales le otorgaron un mayor control sobre los recursos financieros y la
creación de algunas instancias altamente ineficientes.
Una de las novedades fue la instauración de los llamados fondos competitivos
a partir del 2002, mixtos y sectoriales, con los cuales Conacyt pudo orientar
las líneas y temas de investigación conforme la demanda. Igualmente, canalizó
una porción cada vez más creciente de recursos por este medio.
El otro aspecto fue la creación de un ramo de gasto propio para la
ciencia y la tecnología (ramo 38). A pesar de que estaba previsto en la ley
desde el 2002, apenas en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) de 2003 se incluyó un artículo transitorio que especificó que se haría
efectivo en el presupuesto del año siguiente. A partir de entonces Conacyt, ya
con ramo propio, quedó desectorizado de SEP. La autonomía relativa de Conacyt
le permitió un control de los recursos financieros y una mayor fiscalización de
los mismos.
No obstante, la separación resultó contraproducente, porque desde ese
año, sistemáticamente, en comparación con lo que recibía previamente, el
proyecto de presupuesto que remite el ejecutivo federal al Congreso contiene
menores recursos para el rubro. Aunque los diputados se han encargado de
incrementar las cifras propuestas gubernamentales.
Aquí mismo nos hemos referido a la creación del Consejo General de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, una instancia de alto nivel encabezada por
el presidente de la República y secretarios de Estado, responsable de la
política sectorial, pero que desde su instalación en el 2002
ha sesionado en contadas ocasiones y ha sido más bien sumamente ineficiente.
Entonces, a pesar de que
los cambios efectuados han permitido a Conacyt controlar directamente la
palanca del financiamiento e instaurar diversos órganos de contacto entre la
administración y los destinatarios de las iniciativas, tal parece que no han
sido suficientes para impulsar y orientar el sistema.
(Publicado en Campus Milenio No. 458. Abril 19, 2012)
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