Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
“Estoy seguro de que, trabajando juntos, podremos
identificar y, sobre todo, derribar las barreras que todavía dificultan una
mayor participación del sector privado en Investigación y Desarrollo”, espetó
el presidente Enrique Peña Nieto en la más reciente ceremonia de entrega de
premios de investigación y ante los integrantes de la cuarta reunión del
Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Luego, el mandatario, enumeró cuatro medidas para el
fortalecimiento de las actividades científicas y tecnológicas. La primera fue
precisamente sobre la participación del sector privado, donde instruyó para que
el Conacyt y las secretarías de Hacienda y Economía inicien un proceso de
diálogo con el Consejo Coordinador Empresarial, para “diseñar un posible
programa de estímulos fiscales que incentive la inversión privada en
investigación y desarrollo experimental” (Blog Presidencia 27.05.2016).
Los incentivos fiscales son uno
de los principales instrumentos para alentar la inversión de las empresas del
sector productivo. La medida tiene sus apologistas y detractores. Los primeros
dicen que son muy necesarios para alentar la inversión en cierto tipo de áreas
que no son particularmente atractivas para el empresariado –como la
investigación científica y el desarrollo tecnológico—, así que son partidarios
de todo tipo concesiones, aunque ello signifique una menor tasa de recaudación
fiscal.
Por el contrario, los que
rechazan los incentivos fiscales destacan que no resolverán el problema del
desarrollo y la inversión, más bien lo complican, al multiplicar las
excepciones y los tratamientos fiscales especiales que disminuyen la
recaudación. En realidad, indican, se debiera atender a las dinámicas de cambio
e incrementar la base fiscal y asegurar mayores recursos públicos.
La puesta en marcha de incentivos fiscales es un camino que ya
se experimentó al final de los años noventa y especialmente en el periodo de
Vicente Fox. Incluso, antes de ese periodo, la normatividad tenía prevista una
deducción del Impuesto Sobre la Renta si se destinaba un gasto a capacitación y
a investigación y a desarrollo, así como un 20 por ciento de crédito fiscal.
Aunque, en ese entonces, la queja del empresariado era lo abigarrado y tortuoso
que resultaba el proceso.
En los años 2000 se modificó la normatividad para agilizar los
procesos, así que se integró un comité interinstitucional que se encargaría de
aplicar los incentivos (DOF. 21.12.2001). El comité estaba formado por Conacyt
y los secretarios de Economía, Hacienda y Educación Pública. Así, como el que
ahora sugiere el presidente. Bueno, casi, porque en ese entonces no figuró el
Consejo Coordinador Empresarial y ahora no incluyó al secretario de Educación
Pública. Seguramente este último ya tiene suficiente con la reforma educativa.
Las reglas generales para la aplicación de los estímulos
fiscales se fueron ajustando periódicamente, intentando precisar excepciones,
rubros y condiciones para hacerlos efectivos. También se incrementó el crédito
fiscal (pasó de 20 a 30 por ciento) e igualmente ocurrió con el monto para
estímulos fiscales (paso de 500 a 3 mil millones).
Sin embargo, al final de los años 2000 las críticas al programa
de incentivos fiscales se intensificaron, destacando principalmente la escasa
transparencia en los mecanismos de operación para la asignación de los fondos y,
sobre todo, su alta concentración y beneficios para empresas transnacionales. Adicionalmente,
el reporte de la OCDE sobre la política de innovación en México sugirió que se necesitaba
modificar el sistema de incentivos fiscales indirectos y, por el contrario,
incrementar el volumen de apoyo directo a las empresas.
Luego, vino la reforma fiscal del
2010 y la incompatibilidad de aplicar lo que se indicaba en la Ley de Impuesto
Sobre la Renta (artículo 219) como crédito fiscal en proyectos de investigación
o desarrollo de tecnología y lo que indicaba el paquete económico como apoyo
directo a través del presupuesto de egresos.
En resumidas cuentas, a partir
del 2009, el programa de estímulos fiscales a la investigación y el desarrollo tecnológico
fue sustituido por el Programa de Estímulos a la Investigación (PEI). Este
último está dirigido a las empresas para impulsar la innovación y propiciar su
relación con los Centros Públicos de Investigación y las Instituciones de
Educación Superior.
El PEI también está basado en los
presupuestos anuales e incluye tres diferentes programas: InnovaPyme dirigido
precisamente a las Pyme; Innovatec para las grandes empresas; y Proinnova, para
ambos tipos de empresa, pero que tienen proyectos en los que destinan una
cuarta parte del costo total del mismo a una universidad o centro público de
investigación.
En fin, todavía no está a la
vista ningún diseño de nuevo programa de incentivos fiscales ni siquiera el
diálogo entre los nombrados. Pero la experiencia sí. ¿Se repetirá?
(Publicado en Campus Milenio No.
661, Junio 16, 2016, p.5)
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