Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
Sin duda es algo paradójico. Todavía
a mediados del año pasado las autoridades nacionales hacían malabares y se
quebraban la cabeza para diseñar acciones que permitieran acercarse a la prometida
meta, al término de este sexenio, de 100 mil mexicanos enviados a estudiar en
Estados Unidos. Hoy más bien hacen cálculos sobre quiénes y cuántos de lo que ya
estaban allá retornarán al país como alumnos. La población objetivo es
diferente, pero es ilustrativa de la actuación gubernamental.
El nuevo mandatario
estadounidense, Donald Trump, está dispuesto a cumplir sus inverosímiles
propuestas de campaña a punta de órdenes ejecutivas y las cosas han dado un
vuelco de 180 grados. Estados Unidos, el país que imantaba a jóvenes talentos
de todo el mundo, endurece los requisitos de entrada a su territorio, intenta
prohibir definitivamente el ingreso de algunas naciones y tal parece que se
quiere aislar del resto del mundo.
Sin embargo, en un eventual
cambio de contexto internacional y del tipo de relaciones con el país vecino,
convendría diferenciar las acciones irrealizadas que caen en el ámbito de la
responsabilidad nacional, sea por omisión, indolencia, incapacidad institucional
o simple negligencia, de aquellas otras que se derivan de las nuevas
condiciones o son consecuencia de la entrada en vigor de una orden ejecutiva de
Donald Trump.
Tal vez ahora se culpabilizará a
Trump de todos los problemas nacionales e incumplimiento de metas. Al final,
seguramente su contribución no será nada irrelevante. No obstante, nuestras
dificultades no comenzaron con Trump; antes de que resultara electo ya estaban las
fisuras de la credibilidad gubernamental, los problemas del crecimiento
económico, los obstáculos de las reformas estructurales y ya se habían operado los
recortes presupuestales. En todo caso nuestras preocupaciones simplemente se
agravaron.
El programa que
buscaba enviar 100 mil estudiantes mexicanos a los Estados Unidos y recibir 50
mil estadounidenses en México (“Proyecta 100,000) es emblemático. No es el más
importante en el terreno educativo y científico. Sin embargo, es un programa
que, en el marco del Foro Bilateral México-Estados Unidos sobre
Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII), muestra la forma de
solventar los problemas.
En estas páginas lo comentamos
anteriormente: simplemente resulta increíble que el programa, a septiembre de
2016, ya hubiera enviado 77 mil estudiantes (¡pasó de 14 mil a 77 mil en cuatro
años!) con recortes presupuestales y todo. Claro, ahora, posiblemente ya no
llegarán a los 100 mil, pero será cosa del nuevo contexto internacional, dirán.
Otro caso son los
estudiantes mexicanos en Estados Unidos que probablemente regresarán a México, dreamers o no, a raíz de las órdenes
ejecutivas de Trump. El gobierno federal, cuando fue impelido para que tomara
acciones específicas e inmediatas ante la indubitable hostilidad del nuevo
mandatario estadounidense, anunció diferentes medidas. Unas de protección
consular y otras para la recepción de los deportados.
Una de las medidas se
refiere a la modificación de la ley general de educación (LGE) para facilitar
la incorporación de niños y jóvenes al sistema educativo nacional, así como
para la revalidación de estudios. La propuesta fue presentada al Senado al
comienzo de este mes, en carácter de iniciativa preferente, lo que quiere decir
que pasarán máximo 30 días para que sea dictaminada y enviada a la cámara
revisora por otro periodo similar. La aprobación seguramente será en breve.
Entre las modificaciones que propone está la
autorización a las instituciones particulares para las revalidaciones: “...autorizar
que las instituciones particulares de educación superior con
reconocimiento de validez oficial de estudios, otorguen revalidaciones y
equivalencias parciales de estudios de licenciatura, de acuerdo con los
lineamientos generales que la Secretaría expida” (fracción III del
artículo 14).
O bien, añade una fracción al artículo 33 para impedir “que la falta de documentos de identidad o académicos de niñas, niños y adolescentes sea un obstáculo para acceder al sistema educativo
nacional”. Lo mismo que se modifica el artículo 62 para que los estudios
realizados nacionalmente puedan declararse equivalentes, “según lo establezca
la regulación respectiva, la cual deberá facilitar la movilidad académica”, así
como para que las IES que tienen RVOE puedan otorgar revalidaciones y
equivalencias (artículo 63).
Desde hace
tiempo la reforma a la ley era necesaria, al menos desde que la internacionalización
y la movilidad académica formaron parte de las políticas educativas. Sin
embargo, la autoridad no se había dado por enterada. Hasta ahora, ante lo que
parece inevitable.
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