Alejandro
Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter:
@canalesa99
(Publicado
en Campus Milenio No. 750. Abril 19, 2018. Pág. 5)
Por
alguna razón, no del todo fundada, pero siempre presente, la aplicación o
distribución de los incentivos fiscales para fomentar la actividad científica y
tecnológica generan polémica, confusión y suspicacia. Ahora, se confunden los
montos que dijo el ejecutivo federal en su penúltimo informe de gobierno y los
que para ese mismo año dice el comité encargado de distribuirlos; los primeros
suman casi ocho veces más que los segundos. Los datos son oficiales y se supondrían
confiables. No lo parecen.
La
experiencia con la puesta en marcha de los incentivos fiscales es más o menos conocida.
Hasta antes de los años 2000, la normatividad preveía la posibilidad de deducir
del Impuesto sobre la Renta (ISR) el gasto destinado a capacitación y a
investigación y desarrollo. El crédito fiscal era hasta por 20 por ciento de
los recursos destinados a ese tipo de actividades y se consideraban 500
millones de pesos como monto máximo. Sin embargo, prácticamente ningún
empresario, por más audaz que fuera, intentaba la deducibilidad, ya fuera
porque esas actividades no eran de su interés o por no enfrentarse a la
burocracia de Hacienda.
Luego,
llegó el periodo de Vicente Fox y parte de su diagnóstico en el sector fue
simplificar los trámites administrativos y propiciar una mayor inversión del
sector privado en el desarrollo científico y tecnológico. Así que, primero,
modificó las reglas de operación del programa de incentivos fiscales: elevó a
30 por ciento el beneficio fiscal y en lugar de que fueran los empleados de
ventanilla los que decidieran, propuso la creación de un comité
interinstitucional para aplicar el incentivo. Sí, un comité interinstitucional.
En
la distribución, los 500 millones de pesos para incentivos fiscales comenzaron
a ser insuficientes. Así que, en el 2004, el comité propuso que se duplicara el
monto: 1,000 millones de pesos y luego se incrementó más, hasta alcanzar 4,500
millones de pesos. Todo bien. No obstante, al examinar con más detenimiento la
distribución y empresas beneficiadas, la Academia Mexicana de Ciencias expresó
su extrañeza por los nombres que aparecieron: básicamente empresas automotrices
y trasnacionales. La crítica fue en ascenso. El programa quedó suspendido en
2008.
A
partir del 2009, la opción fue entregar incentivos directamente, lo llamaron
Programa de Estímulos a la Investigación a pequeñas y grandes empresas y así
operó hasta el 2016. En este último año, el ejecutivo federal, otra vez para
incentivar la menguante inversión de los empresarios, instruyó a los
secretarios de Hacienda, Economía y Conacyt para que, nuevamente, elaboraran un
programa de incentivos fiscales.
Y
sí, a partir del ejercicio fiscal del año pasado el nuevo programa está en
marcha. De hecho, en la modificación a la ley de impuesto sobre la renta (ISR),
volvió a proponer un crédito fiscal del 30 por ciento de los gastos en
investigación o desarrollo de tecnología, aplicable contra el ISR (artículo
202). También, una vez más, propuso que fuera un comité interinstitucional el
encargado de otorgar los incentivos. La diferencia fue que, ahora, el monto
sería de 1,500 millones de pesos en cada ejercicio fiscal y no más de 50
millones de pesos por contribuyente.
El
caso es que, el pasado mes de septiembre, en el Quinto informe de gobierno, en
referencia al programa de incentivos fiscales, quedó anotado: “El periodo de
envío y recepción de las solicitudes fue del 1 de abril al 31 de mayo de 2017.
Al concluir el proceso, se recibieron 162 solicitudes para obtener el
incentivo, que corresponden a 117 contribuyentes del ISR, por 4,734 millones de
pesos para 2017” (p.352).
Por
su parte, el Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal, publicó
el penúltimo día del pasado mes de febrero, los resultados de la distribución y
beneficiarios de los estímulos fiscales. Según la información reportada, el
comité autorizó 593.4 millones de pesos (fue un poco más, pero unos
contribuyentes renunciaron al beneficio) y los elegidos sumaron 38, siete de ellos
con un monto de 50 millones de pesos cada uno (DOF. 27.02.2018).
La
diferencia entre montos, solicitudes y autorizaciones es amplia. Si bien el
Quinto informe no dice, exactamente, si distribuyó o no los poco más de 4,500
millones pesos, sí lo sugiere. A su vez, llama la atención que el monto
distribuido por el Comité no solamente sea menos de lo que dice el Informe,
también que distribuyó una tercera parte de lo que podía asignar. Solicitudes
había. Tal vez por eso, ahora, prorrogaron la recepción de solicitudes.
Para
variar, ni como contar bien; otra vez, los datos oficiales no cuadran y no
cuentan mucho.
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