Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 748. Abril 5, 2018. Pág. 5)
Al final de este mes concluye el
periodo ordinario de sesiones de la LXIII legislatura. En materia de ciencia y
tecnología son muchos y variados los pendientes, no solamente los que están
apilados en comisiones, también está lo que anunció el presidente Enrique Peña
hace casi tres meses y nada parece ocurrir. Ya no es novedad.
Seguramente, ante el ya próximo
final del periodo, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) se apresuró a publicar
un exhorto a los legisladores, con carácter de urgente, para que aprueben una
de las iniciativas más recientes que remitieron los senadores a los diputados (23.03.2018).
Se trata de una modificación al artículo 29 de la ley de ciencia y tecnología que
eliminaría trámites innecesarios y facilitaría la importación de insumos para
el sector. Sin embargo, los diputados no han dicho que sí y tampoco que no. No
es el único caso.
Otras dos iniciativas más han
remitido los senadores a la cámara baja. Una de ellas para modificar normas del
sector agropecuario y desarrollo rural, concernientes a la transferencia e
innovación tecnológica; pasó a los diputados desde febrero de 2016. Tampoco han
dicho nada. Otra reforma plantea incluir a los titulares de la Defensa Nacional
y de Marina en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (CGICDTI). Este último proyecto tiene dos años en el
cámara baja e incluye la propuesta de que el ejecutivo federal y los
secretarios de Estado puedan nombrar suplentes a ese Consejo.
De hecho, el Consejo, tal y como
está la ley actual, seguramente usted lo recordara, no se reúne las dos veces
al año que debiera, simplemente por la dificultad de que el presidente de la
República o los secrtarios de Estado hagan un espacio en su agenda de
actividades para asistir a las sesiones.
Un proyecto de decreto más pasó
de los senadores a los diputados y estos lo rechazaron y regresaron a la cámara
de origen en noviembre del año pasado. Es una ligera modificación al primer
párrafo del artículo 51 de la ley de ciencia y tecnología, en el cual se añade
que se “procurará aprovechar e impulsar
las capacidades y ventajas competitivas de las entidades federativas o
regiones” en materia de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas,
consorcios u otras figuras.
Además,
están tres proyectos de ley que los propios diputados han impulsado y falta la
aprobación de los senadores. Uno de ellos propone modificar el artículo 40 de
la norma sectorial para priorizar los proyectos que contribuyan al combate de
los efectos del cambio climático. Otro plantea cambiar el artículo 2 de la
misma ley para que quede establecido como una política de Estado el impulso al
desarrollo de vocaciones y capacidades científicas para incrementar la
resilencia a efectos del cambio climático. El tercer proyecto propone que el
Consejo –sí, ese que no se reúne dos veces al año— sesione cuatrimestralmente
de forma ordinaria y que el presidente y los secretarios de Estado puedan
designar suplentes con nivel mínimo de subsecretarios u homólogos.
También
hay que añadir otros 11 proyectos de ley que tiene pendientes la comisión de
ciencia y tecnología de los diputados. Son proyectos presentados por los mismos
diputados, entre el año pasado y el actual, que están a la espera de ser
dictaminados. Incluyen propuestas de muy diverso orden, desde incentivar el
interés por la ciencia hasta impedir los recortes al presupuesto asignado, o
bien, ampliar todavía más la representación en el Consejo General, con una
representante del Inmujeres y con la Secretaría de Cultura.
A
los proyectos anteriores se suman tres más, los cuales deben ser dictaminados
por la comisión de ciencia y tecnología y, al menos, por otra comisión más. Uno
para favorecer la inclusión de personas con discapacidad; otro para la
exenciones al pago de aranceles y a la importación de insumos para la
investigación científica; y otro más para la creación de la “Universidad
Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico de México”, con sede en
Jalisco. Sí, así como se escribe.
Finalmente,
están las instrucciones del pasado mes de enero del presidente Peña Nieto al
director de Conacyt, para que presentara al Congreso, junto con el consejero
jurídico, una reforma de ley que modernizara el marco normativo del sector y
“lo exitoso se extendiera en el tiempo”. Tal parece que, por un lado, la idea
era sostener el respaldo gubernamental en materia de financiamiento a pesar de
los cambios de administración. Por otro lado, buscar algún mecanismo
institucional de continuidad en la dirección de las políticas sectoriales. Y
pues no, ni uno ni otro.
También,
es sabido que muchas iniciativas se presentan no con el afán de ser aprobadas,
sino como una forma de aparecer en tribuna y figurar en los registros, lo cual
podría explicar el volumen. Lo cierto es que no existe un plan ni una
jerarquización de proyectos. Además, esta legislatura acumula, en total, un
rezago de casi cinco mil iniciativas.
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