Alejandro Canales
UNAM-IISEU/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 811. Agosto 8, 2019. Pág. 5)
El conflicto entre el Conacyt y el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) escaló todavía más la semana
pasada. El primero dijo que normativamente no está obligado a entregar recursos
financieros a asociaciones civiles, como lo es el Foro, así que la relación llegó
a un punto de ruptura. Una acción que le da la espalda al largo proceso que
llevó a la instauración del Foro, a las normas vigentes y al respaldo que ha
recibido el organismo de consulta.
Según la ley sectorial vigente, el Foro y el
Conacyt debieran trabajar de forma conjunta, no solamente como participantes en
el máximo órgano de política y coordinación del sistema científico y
tecnológico, también en la realización de consultas para la integración del
programa sectorial y en todas las definiciones del sector. Además, dice
claramente que el Conacyt sí debe otorgarle recursos al Foro para su operación
(artículo 38)
La ley actual, sin embargo, deberá adecuarse a
la reciente reforma del artículo 3º constitucional y especialmente a la
fracción V. La semana anterior, en este mismo espacio, dijimos que en buena
medida ahí radica el origen de la disputa entre ambos organismos: en la
definición de ese marco normativo.
Los antecedentes sobre los desencuentros
recientes son relativamente conocidos. A partir de enero mujeres destacadas
ocuparon posiciones de primer nivel en el sector: Elena Álvarez Buylla
(Conacyt); Beatriz Paredes (comisión de ciencia en la Cámara de Diputados);
Marivel Solís (comisión de ciencia en la Cámara de Senadores); y Rosaura Ruiz
(Seciti Cdmx). Así, pareció de lo mejor que Julia Tagüeña, otra mujer más,
pasará a la coordinación del Foro, la otra punta de la gobernanza del sistema.
No obstante, en la misma ceremonia de cambio de
titularidad del Foro, la directora de Conacyt llamó inaceptables las
transferencias de recursos públicos hacia el sector empresarial que había
realizado la administración previa. La doctora Tagüeña fue parte de esa
administración, pero no fue clara la referencia y la imprecisión de las cifras;
sin embargo, quedó registrado que la relación no sería sencilla. Semanas
después Álvarez Buylla simplemente dijo que el caso se había turnado a la
Secretaría de la Función Pública.
Después, en febrero, cuando todavía no estaba
lista la reforma constitucional, vino el polémico proyecto de ley que presentó
la senadora morenista Ana Lilia Rivera Rivera (Campus Milenio No. 790). Una iniciativa que tenía como eje la
centralización de recursos y funciones, así como la anulación del Foro y de
otros organismos intermedios. Las reacciones no se hicieron esperar y la
propuesta de ley fue desconocida incluso por la propia directora del Conacyt.
Ahí volvieron las señales de alarma.
En mayo, con el memorando de austeridad, llegó
la regulación de viajes al extranjero para investigadores y la posterior marcha
atrás a la medida. Otra vez intervino la Secretaria de la Función Pública. Más
recientemente, a propósito de la consulta electrónica que realizó el FCCyT a los
miembros del SNI para la elaboración de la nueva ley, el Conacyt
“conminó” públicamente al Foro a cumplir con la ley y a conducirse conforme las
medidas de austeridad del gobierno federal (48/19). También le dijo que duplicaba
atribuciones del Conacyt, hacia un uso indebido de las bases de datos de
investigadores del SNI, recibía un presupuesto excesivo, le anunció que sería
fiscalizado y analizaría la viabilidad de continuar otorgándole recursos
financieros.
Al día siguiente, el Foro citó a conferencia de prensa para aclarar la
situación y llamar a la conciliación. Pero justo cuando
estaba por finalizar la conferencia de prensa, la reportera de Animal Político anunció que en ese
momento Conacyt también había emitido un nuevo comunicado y decía que no estaba
obligado a otorgar recursos financieros a ninguna asociación civil.
En la negativa otra vez intervino la Secretaría
de la Función Pública y precisó que el gobierno federal es el que debe ejercer
los recursos directamente. Entonces, no solamente es la disputa por la
definición de la nueva ley general de ciencia y tecnología, en el centro
también está la aplicación del principio general que la actual administración
busca imponer: el ejercicio directo de recursos y la supresión de organismos
intermedios. Así lo ha expresado el propio presidente López Obrador y ya
ocurrió en otros ámbitos.
¿Eso es lo más conveniente? No necesariamente.
Al contrario, puede ser contraproducente. Son varios factores: la reiterada
intervención de la Función Pública, el papel de las asociaciones civiles y el
manejo de recursos públicos. Si los organismos intermedios han realizado un
ejercicio indebido deben ser sancionados, pero tienen una función en la
provisión de servicios o en la coordinación del sistema. En una siguiente
entrega veremos el origen del Foro y sus funciones.
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