Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 828.
Noviembre 28, 2019. Pág. 10)
Un año en la
escala de un sexenio de administración gubernamental es poco tiempo para
estimar logros y dificultades, pero anticipa lo que está por venir. El año de
arranque de la gestión, por lo general, marca la hora de los planes ambiciosos,
el anuncio de las primeras iniciativas con sus golpes de efecto y un optimismo
desbordado. En materia de ciencia y tecnología ¿qué ha ocurrido en el año
inicial?
En primer
lugar, en la percepción pública es notable una cierta desconfianza y una
persistente incertidumbre sobre lo que podría suceder en el sector, porque todo
parece provisional, evanescente y en algunos casos cambiante. No es fortuito. En
buena medida se debe a qué a la fecha no existe un diagnóstico riguroso del
sector, tampoco un programa preliminar o lineamientos generales para gobernar
las acciones.
Las muestras
de inconformidad de los becarios de posgrado en el extranjero por la suspensión
de sus becas antes de concluir sus estudios, la continuidad o no del programa Cátedras
Conacyt, la modificación o permanencia de las reglas de evaluación del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), las reglas de juego para la acreditación de
los programas de posgrado, las disputas con los organismos intermedios o la
proporción de financiamiento para ciencia básica o para desarrollo tecnológico,
son una expresión inocultable de la incertidumbre en el sector.
Invariablemente,
cada administración busca diferenciarse de la anterior e imprimir su propia
orientación al sistema científico y tecnológico. Sin embargo, en todas ellas,
el punto de partida ha sido un diagnóstico, una línea base y una clara
definición sobre lo que permanece y lo que cambia. Porque existen programas que
han sido parte tradicional de las políticas para el sector, como el de becas de
posgrado, el SNI o financiamiento para proyectos, y otros que cada
administración busca impulsar para dejar su sello. Sin embargo, en este primer
año, ni diagnóstico completo ni definiciones preliminares; solamente
declaraciones, desmentidos e intercambios mediáticos.
En segundo
lugar, lo que también ha ocurrido es un desencuentro entre las autoridades del
sector y grupos de científicos. Las divergencias no solamente se deben al ambiente
de incertidumbre en el sector, también se originan por las diferentes posiciones
sobre el papel de los organismos intermedios en la conducción del sector y el
siempre espinoso tema de los recursos financieros para la ciencia y la
tecnología.
La tensión
comenzó al inicio de este año, cuando cambió la mesa directiva del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico y en esa ceremonia la directora de Conacyt,
Elena Álvarez Buylla, consideró inaceptables las trasferencias de recursos
públicos hacia el sector privado. Una referencia a la actuación de la
administración anterior y a la nueva titular del Foro, Julia Tagüeña, que había
formado parte de esa administración. Desde ahí quedó claro que la coexistencia
entre el Foro --como organismo intermedio reconocido en la ley-- y la cabeza
del sector no sería nada sencilla. A la fecha persiste el conflicto.
El
desencuentro se expandió a otros organismos, como la Academia Mexicana de
Ciencias y asociaciones de apoyo a niños y jóvenes (matemáticas y química, por
ejemplo), principalmente porque Conacyt siguió el lineamiento del ejecutivo
federal de prescindir de las medicaciones entre la autoridad y los gobernados.
La dificultad fue que se suspendieron programas en marcha sin reemplazarlos por
los apoyos directos.
Además, el
conflicto entre autoridades y académicos escaló todavía más por la aplicación
del memorando de austeridad del ejecutivo federal. En mayo de este año, cuando
todavía no estaba aprobada la “Ley federal de austeridad republicana del
Estado”, el memorando implicó diferentes limitaciones para el personal de
algunas instituciones y centros de investigación. No solamente enfrentaron una
reducción de ingresos y menor presupuesto para congresos y convenciones,
también una absurda restricción para viajar al extranjero sin previa
autorización. Después, esta última quedó sin efecto, pero la división y el
encono persistieron.
Finalmente, en
tercer lugar, aparte de la falta de certeza, las declaraciones y los
desencuentros, sí se han producido algunas definiciones. En materia de
financiamiento, tanto por lo que se asignó en este año (77 mil 315 millones), como
por lo que está aprobado para el año próximo (82 mil 992 millones), está claro
que no habrá un incremento sustancial en el ramo. Lo más notable del caso es que
el presupuesto que ejerce Educación en materia de ciencia y tecnología sigue
creciendo de forma importante, mientras que el ejercido centralmente por
Conacyt disminuye o crece modestamente.
Lo que no está
nada claro es el cálculo del gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE)
como proporción del PIB. En el reciente informe de gobierno no aparece el dato
para 2018 (en el último informe de gobierno del sexenio anterior para ese año
era de 0.47 por ciento), ahora lo estima en 0.31 por ciento del PIB para
2019 y la redacción es confusa.
Otro aspecto es
el marco normativo preliminar existente. Por un lado está el breve párrafo del
Plan Nacional de Desarrollo que plantea promover la ciencia y la tecnología,
respaldar a estudiantes y académicos y un Plan Nacional para la Innovación. Teóricamente en esos
enunciados está la base de lo que será el Programa
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti).
Por otro lado está la fracción V de la
reciente reforma al artículo 3º constitucional. El nuevo marco claramente
establece que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios de
la ciencia y la tecnología, la garantía del acceso abierto a la información
derivada y el apoyo del Estado a la investigación e innovación científica,
humanística y tecnológica. Todavía falta la Ley General de Ciencia y
Tecnología, pero los programas y las acciones a poner en marcha deberán
corresponder a ese marco.
Por último,
otra iniciativa más que está en curso son los Programas Nacionales Estratégicos
(Pronaces). El planteamiento inicial es que estarán dirigidos a conjuntar
esfuerzos de investigación y participación de diversos sectores para atender
problemas urgentes, así como para proponer soluciones integrales y amplias.
Según lo
previsto, cada uno de los Pronaces dará lugar a una agenda general que derivará
en Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (Pronaii), los cuales
tendrán metas de corto, mediano y largo plazo (uno, tres y cinco o seis años,
respectivamente). Hasta ahora los títulos de los once proyectos incluyen
temáticas como: “conocimiento y gestión de cuencas del ciclo socio-natural del
agua, para el bien común y la justicia socio-ambiental”; “violencias estructurales”;
“memoria histórica y riqueza biocultural de México”; o “educación para la
inclusión y la autonomía”, por ejemplo.
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