Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 827.
Noviembre 21, 2019. Pág. 5.)
La actual
administración gubernamental ha reprochado, de formas diversas y en distintos
momentos de su todavía corta gestión, la transferencia de fondos públicos hacia
el sector privado realizada en el sexenio pasado. También ha insistido en
establecer la austeridad como lineamiento en el servicio público, favorecer a
los más desprotegidos, la importancia de controlar el gasto público y erradicar
la corrupción, entre otros aspectos.
En el sistema
científico y tecnológico ha permanecido la idea de que las transferencias de
recursos públicos a entidades privadas está en el origen de sus dificultades. En
su conferencia de prensa del pasado 7 de noviembre, el presidente López Obrador
nuevamente puntualizó que en el sector de la ciencia y tecnología “todo el
presupuesto se lo llevaban para el sector privado”.
La afirmación
lacónica no es suficiente como diagnóstico. Haría falta precisar las
irregularidades u omisiones de las autoridades anteriores para incrementar la
inversión privada en ciencia y tecnología. A la fecha, la titular del Conacyt,
Elena Álvarez Buylla, solamente ha insistido en que se transfirieron al sector
privado alrededor de 35 mil millones de pesos en el sexenio pasado y se
descuidó la investigación básica.
Sin embargo,
no existe ningún diagnóstico o reporte de acceso público que muestre la
información oficial y precisa sobre las transferencias. El tema es delicado
porque los señalamientos críticos cada vez afianzan más la idea de que se trató
de algo irresponsable, cuando no indebido. Tal vez las autoridades
verdaderamente sí tienen otros datos y por eso López Obrador también afirmó que
el sistema científico y tecnológico, a causa de esas transferencias, retrocedió
en el periodo anterior.
Los datos, en
caso de existir, deberían estar públicamente disponibles y ser el respaldo de
las acciones en marcha. Hasta hace poco el diagnóstico del sector científico y
tecnológico parecía estar claro para todos, era relativamente compartido y
justificaba las acciones en ciernes. Por ejemplo, destacaba la alta
concentración regional e institucional del sistema, las inequidades generadas, la
necesidad de una mayor expansión, desarticulación del sistema, la falta de recursos
financieros, programas tradicionales o programas innovadores, polos altamente
desarrollados coexistiendo con otros de nulo desarrollo, atención a problemas
nacionales, entre otros elementos.
No obstante, actualmente
son otras las coordenadas de las que parten las iniciativas y también son otros
los puntos de llegada que anuncian, pero no se sabe cuales son sus bases
técnicas ni sus puntos de referencia. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) tampoco
disipó las dudas.
La Ley de
Planeación dice que los programas sectoriales y especiales deberán estar listos
y publicados dentro de los seis meses posteriores a la publicación del PND.
Este último apareció oficialmente el pasado 12 de julio, así que el Programa
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) deberá publicarse a más
tardar en el mes de enero del año próximo.
El Peciti
deberá contener un diagnóstico completo del sistema y las consecuentes líneas
estratégicas que conducirán su desarrollo. Porque ahora solamente conocemos
fragmentos de uno y enunciados generales de las otras. El problema es la
improvisación en la resolución de problemas y las iniciativas que se
contradicen a sí mismas.
Por ejemplo,
pareciera que en el actual periodo no se incentivará la inversión del sector
privado en el sector científico y tecnológico, por lo menos no a través de
estímulos directos (transferencias de recursos públicos) ni de incentivos
fiscales (programas indirectos). Aunque, al mismo tiempo, las autoridades han
indicado que los particulares tienen una muy baja participación en el
financiamiento para el sector (alrededor del 19 por ciento del total).
Entonces,
¿cómo se alentará la participación privada en el financiamiento? En las
vísperas del inicio de la gestión, el ahora jefe de la oficina de la presidencia,
Alfonso Romo dijo: “No va haber beneficios fiscales, por lo pronto vamos a
ahorrar, vamos a crear condiciones de confianza para que la inversión venga;
hoy no podemos hablar de incentivos porque tenemos que reducir gasto corriente.
Ya una vez que tengamos la casa en orden, entonces ya podemos hablar” (Crónica. 08.11.2018). Sin embargo, el
programa de incentivos fiscales para el sector científico y tecnológico sí
persiste.
Por otra
parte, si el Presupuesto de Egresos de la Federación del año próximo no
registra un incremento en el gasto para ciencia y tecnología y tampoco está
claro cómo podría alentarse una mayor participación financiera del sector
privado, la consecuencia lógica es que las decisiones sobre el sistema operan
sobre un diagnóstico que no conocemos. Ya sería hora.
Pie de página: Esta
semana inició y mañana concluye el XV Congreso Nacional de Investigación
Educativa; uno de los encuentros que se realiza cada dos años y concentra el
mayor volumen de profesores, investigadores, estudiantes y personas interesadas
y preocupadas por la educación. Pendientes. Otro: la semana pasada la Red
ProCiencia celebró su primer encuentro presencial.
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