Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter:
@canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 837. Febrero 13, 2020. Pág.5)
La reforma del artículo 3°
constitucional de mayo del año pasado es el norte de la serie de cambios en
marcha para el cuerpo normativo de la educación superior y de la actividad
científica y tecnológica. Sin embargo, el punto no solamente es conjuntar y robustecer
los esfuerzos de ambas áreas para cumplir lo que dice la ley, también importa sumar
las diferentes perspectivas de los distintos actores que se desempeñan en cada
ámbito y convencerlos. ¿Cómo se añaden?
Tal vez la negociación y la
búsqueda de consensos no es el camino más corto para diseñar nuevas leyes, pero
permiten que el rechazo no se incube desde su misma instauración. La
experiencia ha mostrado que la imposición de una ley garantiza rapidez y efectividad,
aunque generalmente queda condenada a una vida breve y azarosa.
El artículo sexto transitorio de la
reforma constitucional del año pasado estableció que el Congreso de la Unión
debe expedir las leyes generales de “Educación Superior y de Ciencia,
Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020”. Han transcurrido nueve
meses desde entonces y todavía resta un tanto similar para alcanzar el tiempo
límite.
Pero ¿hasta ahora se han
discutido y sumado diferentes perspectivas en cada uno de los anteproyectos de
ley y de éstos entre sí? Demos por supuesto que una línea base de cada ley está
fincado en los componentes que ahora prevé el 3º constitucional (los hemos
reiterado en este mismo espacio).
Sin
embargo, cada diseño de ley ha seguido una dinámica diferente. En el caso de la
Ley General de Educación Superior, según informó la subsecretaría federal del
sector, se realizaron 32 foros estatales de consulta del anteproyeto de ley. Un
foro en cada entidad federativa y participaron 1 mil 633 de instituciones de
educación superior, tanto públicas como privadas; sumaron casi 12 mil
asistentes (Foros Estatales de Consulta
del Anteproyeto de Ley General de Educación Superior. Diciembre, 2019).
Según advirieron las autoridades,
la idea era asegurar que el proyecto de ley “incluya las aspiraciones, necesidades
y propuestas de los actores involucrados en la educación superior”. Los temas
sobresalientes de los foros fueron amplios y diversos (la perspectiva de
género, el arte, el deporte, la gratuidad, la acreditación, la equidad laboral,
las normales y muchos otros). Al parecer el anteproyecto ya está listo, faltaría
averiguar cómo quedaron integrados.
Por su parte, el diseño de una
nueva ley para el sector científico y tecnológico ha transcurrido por una vía diferente
y relativamente accidentada. El ruido comenzó meses antes de la aprobación de
la reforma del 3º constitucional. Seguramente usted recuerda el proyecto de ley
que ingresó la senadora Ana Lilia Rivera Rivera en febrero de 2019, denominado
“Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías”, en el que resaltaba la
incorporación de la “H” en la nomenclatura, la centralización de las decisiones
en el Conacyt y la omisión de organismos como el Foro Consultivo Científico y
Tecnológico.
A pesar de que el proyecto de la
senadora Rivera recuperaba algunos de los propósitos e ideas que flotaban en
las discusiones, nadie lo apoyó públicamente, ni siquiera en su propia bancada.
Más tarde, un mes después de aprobada la reforma del artículo 3º
constitucional, un nuevo proyecto de ley apareció en las redes sociales
(“Proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación”). Sin embargo, tampoco
nadie lo respaldó y menos se responsabilizó del documento.
Después, el Conacyt informó de algunas
reuniones, conversatorios, foros y convenios de colaboración con objetivos muy
diversos, en los que también aparecía el propósito de elaborar una nueva ley. Nada
de forma organizada ni sistemática.
Ahora, en esta semana, un
comunicado del Conacyt informa que se reunieron por primera vez 13 integrantes,
representantes de secretarías de Estado, en el Comité Intersectorial de CTI,
con el fin de “analizar y realizar observaciones al proceso de elaboración del
Anteproyecto de la primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e
Innovación” (Comunicado 138/20). Por cierto, el nombre de la ley difiere de lo
que está indicado en la Constitución y es similar a la iniciativa de febrero de
2019.
El comunicado menciona que se
propusieron y analizaron diversos ejes temáticos que darán pie al anteproyecto
de ley. Sin embargo, los números de participación que precisa son simplemente
sorprendentes. Por ejemplo, informa que los ejes propuestos son el resultado de
277 foros (multiplican por un factor de 8 a los de educación superior), en el
que participaron más de 24 mil personas (duplican a las de educación superior)
e incluyen 23 iniciativas de ley presentadas por diferentes partidos políticos
en el Congreso.
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