Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 845. Abril 16, 2020. Pág. 4)
Un año y nueve meses después se convirtió
en decreto presidencial la idea de cancelar fideicomisos en la administración
pública federal porque hoy apremia sacar recursos de donde sea. No podría
decirse que es una medida inesperada, el ahora presidente de la República la anunció
dos semanas después de su triunfo en las elecciones. Pero sí es anticlimática,
paradójica y pega en la línea de flotación de la actividad científica y
tecnológica.
López Obrador la enlistó el 15 de
julio de 2018 como parte del medio centenar de lineamientos para el combate a
la corrupción y la austeridad republicana. Había motivos. Unos meses antes, la asociación
civil Fundar dio a conocer un informe que detallaba cifras y operación de los
fideicomisos: los que no pasaban por la estructura administrativa de las
dependencias (sin estructura orgánica o no paraestatatales) incluían alrededor
de 772 mil millones de pesos y habían sido uno de los instrumentos preferidos
para evitar la rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos.
No obstante, desde entonces,
estaba claro que no todos los fideicomisos públicos eran opacos e irrelevantes.
La preocupación era que algunos fideicomisos útiles se tiraran junto con el
agua sucia de la corrupción. Ahora mismo, con el decreto de extinción, los
propios titulares de las oficinas gubernamentales no saben bien a bien cuántos
de los recursos financieros que sirven a sus respectivos sectores quedarán a
salvo y acaso esa misma incertidumbre muestra la sorpresa y discrecionalidad de
la aplicación.
Un atisbo de esa perplejidad la
reveló el propio presidente López Obrador en su conferencia de prensa del
pasado lunes 6 de abril. El periodista Miguel Reyes Razo le preguntó si era una
de sus preocupaciones el financiamiento para las actividades científicas y
tecnológicas. El ejecutivo federal, entre otras cosas, dijo:
Les quiero aclarar, qué bien que tratamos este tema, ahora que se tomó
la decisión de recoger los recursos de los fideicomisos y de los fondos, en el
caso de Conacyt había 64 fideicomisos y como el decreto es que se concentren en
Hacienda todos los recursos, pues preocupada la directora del Conacyt me
escribió para decirme que ellos estaban ya haciendo un esfuerzo para concentrar
y eliminar fideicomisos, que no tenían ninguna utilidad pública, pero que le
preocupaba que se quedaran sin recursos, más ahora que están necesitando estos
fondos para la elaboración del ventilador, que va muy avanzado.
El presidente se refería a los
recursos financieros para el trabajo que están realizando algunas instituciones
y algunos de los centros públicos de investigación (el Centro de Ingeniería y
Desarrollo Industrial y otros centros) para el diseño y producción de un
prototipo de respirador.
Además, el ejecutivo federal describió
la nota que le hizo llegar la directora del Conacyt y precisó que de los 64
fideicomisos existentes, la misma titular del organismo le aclaró: “Es más,
creo que con uno (con un fideicomiso nos conformamos)”.
O sea, si alguien pensaba en la
posibilidad de convencer al ejecutivo federal o al secretario de Hacienda sobre
la conveniencia de conservar todos o la mayoría de fideicomisos, de una buena
vez cabría anticipar que eso no ocurrirá.
El artículo 3 del decreto de extinción
indica que Hacienda --en consulta con Función Pública-- es la secretaría
facultada para resolver las excepciones de terminación de fideicomisos. El
plazo perentorio para saber cuáles sí y cuáles no se conservan venció ayer
mismo, aunque todavía no hay información pública de cómo quedaron.
¿Qué fideicomisos son en el
sector y qué volumen de recursos financieros implican? Se refieren
principalmente a los llamados fondos sectoriales, fondos mixtos y a fondos que
operan los Centros Públicos de Investigación (CPI). Los primeros son esos
montos que el Conacyt en coordinación con otra secretaría de Estado instauran
para impulsar la investigación de problemas relacionados con sus respectivos
sectores (educación, energía, economía, medio ambiente, etcétera); los segundos
tienen una función similar, pero la parte corresponsable es una entidad
federativa o un municipio; y los últimos son los que están bajo administración
de los CPI.
Un cálculo del Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) dice que el ramo del Conacyt
concentra 22 mil 631 millones de pesos en fideicomisos sujetos a extinción (el
volumen total en todos los sectores es de 181 mi 472 mdp). Otra estimación de
Leonardo Núñez González señala un volumen relativamente similar para Conacyt:
21 mil 844 millones de pesos (educación.nexos.com.mx). En cualquier caso, el
monto es casi equivalente al presupuesto autorizado para este año a Conacyt: 25
mil 659 mdp.
En el volumen de recaudación de
la Tesorería de la Federación no pesarán mucho, pero para el sector serán una
baja demoledora, justo cuando más se les necesita. El problema no es que
desaparezcan todos o la mayoría de fideicomisos, el problema es que quedarán en
ceros. Adicionalmente, Función Pública instruyó a reducir en 50 por ciento del
presupuesto asignado a las dependencias para servicios generales y gastos de
operación. Tiempo nublado.
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