Alejandro Canales
UNAM-IISUE-PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 853. Junio 11 de 2020. Pág.
4)
El dilema que tienen enfrente los
servidores públicos no es nada, pero nada sencillo. O se resignan a seguir la
inercia y principios generales del movimiento de la Administración Pública
Federal (APF) o improvisan metas, estrategias y acciones sistemáticas en sus
programas institucionales.
En un caso o en otro serán
incumplidos. Porque no cuentan con la carta de navegación que supone un Plan
Nacional de Desarrollo (PND) y, sobre todo, no tienen un programa sectorial que
desdoble los contenidos del Plan y les marque los lineamientos que deben
observar.
No es que el PND y los programas
sectoriales quedaran hechos añicos con la epidemia del Covid-19 en curso. No
los había antes y no los hay ahora. El Plan divulgado el 12 de julio de 2019 no
era plan, según lo dijo públicamente Carlos Urzúa, responsable de armar ese documento
programático y primer secretario de Hacienda de la actual administración.
A su vez, los programas
sectoriales son documentos de planeación elaborados por las propias
dependencias de la administración, considerando la participación social pero sujetos
a los ejes, objetivos y previsiones del PND.
Oficialmente, nada de eso existe
en las secretarías de Estado ni en las entidades paraestatales. Según los
plazos de la Ley de Planeación, los programas sectoriales debieron aparecer a
los seis meses de publicado el Plan, esto es, el 12 de enero de este año. Sin
embargo, ni en esa fecha ni después fueron presentados y así hasta hoy.
¿Habría diferencia si el Plan y
los programas sectoriales hubieran existido antes de la epidemia? Sin duda. Si
la segunda alternancia en el poder ejecutivo federal quería marcar una
diferencia total respecto de administraciones anteriores, esos documentos de
planeación habrían establecido claramente no solamente los objetivos específicos
que busca alcanzar, cosa que sí ha hecho, lo más importante es que también
habrían estado las estrategias para ejecutar las acciones, los indicadores de
desempeño y sus metas, la estimación de recursos, la programación de
lineamientos, entre otros aspectos. Después de la epidemia podrían ajustarse.
¿Administraciones anteriores han
cumplido con planes y programas? No. Hasta antes de los años 2000 los planes y
programas estaban hechos de una florida retórica elocuente y más bien carecían
de indicadores. Después, incluyeron metas cuantificables, pero tampoco se
cumplieron, siempre había imponderables que impedían alcanzar los grandes
objetivos, a pesar del esfuerzo realizado, decían.
Tal vez por las graves fallas y
el incumplimiento de periodos anteriores, las expectativas se desataron hacia
el ejercicio de la actual administración. No obstante, ahora mismo, parece
desempeñarse entre objetivos inasibles, fuertes limitaciones de presupuesto,
presiones de tiempo e improvisación de acciones. Algunos dirán que lo
importante está a salvo, lo demás es prescindible. El conjunto, sin embargo, puede
estar a la deriva.
La buena noticia es que, después
del Plan y los programas sectoriales, todavía hay un tercer nivel de
planeación: los programas institucionales. Casi el último eslabón que conecta a
las entidades de la administración pública y a los ciudadanos. La mala noticia
es que esos mismos programas debieran estar perfectamente alineados,
precisamente, con las previsiones del Plan y de los programas sectoriales. Si
no lo están, su asidero es inestable y endeble; tienen una base de barro.
A este respecto, resulta
ilustrativo lo que ocurre en el sector científico y tecnológico. Tampoco tiene un
programa sectorial. Aunque, en realidad, no es sectorial, la ley correspondiente
señala que es “especial” (Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Peciti).
Lo destacable es que, la semana
pasada, el Conacyt ingresó su Programa de Desarrollo Institucional 2020-2024 a
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Un mecanismo utilizado
para someter a consulta pública normas administrativas antes de ser dictaminadas
y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Hasta el día de ayer se
podía consultar el programa y opinar sobre el mismo en la página electrónica de
la Comisión.
Independientemente del contenido
del programa institucional, lo que llama la atención es que ahora podría marcar
la ruta de las acciones en el sector, pero sin contar oficialmente con el
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Eso será un detalle
menor para la Conamer? No debería.
Incluso el primer párrafo del
mismo Programa de Desarrollo Institucional 2020-2024 tiene un error en el
fundamento normativo del estatuto orgánico del Conacyt (refiere a artículos y
párrafos que son incorrectos). Un equívoco menor, provocado por las continuas
modificaciones en las normas, pero que ilustra la improvisación e inestabilidad
de buena parte de la APF. Así, todo resulta difícil, muy difícil.
Pie de página: Por cierto, el Estatuto Orgánico del Conacyt va por
su tercera reforma en menos de seis meses, la semana pasada fue publicada una
nueva versión en el Diario Oficial de la
Federación.
¿Qué ocurrirá con los resultados del parlamento abierto sobre los fideicomisos
públicos? Los legisladores tienen la palabra y el voto.
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