Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
@canalesa99
(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/firmas-alejandro-canales-1-060820/.
Agosto 6, 2020)
¿Ha sido desmedido el número y volumen
de organismos creados para contribuir a resolver problemas de interés público?
Probablemente sí en algunos casos y en ciertas áreas. Pero de ninguna manera podemos
generalizar o subestimar su contribución en las tareas de gobierno. La
tendencia en curso a la jerarquización y centralización de las decisiones no
solamente puede dejar irresueltos los problemas, también los podría agravar.
Ni siquiera pensemos en organismos
autónomos de control horizontal que ya no están --como el ex Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación-- o aquellos otros que están en controversia
o simplemente han dejado de ser convocados, como el Foro Consultivo Científico
y Tecnológico. Nada de eso.
Tomemos como ejemplo el Consejo
de Salubridad General (CSG) que viene muy al caso. Un organismo vigente, creado
hace más de un siglo con el nombre que hoy tiene y cuyos rasgos principales quedaron
asentados en la Constitución de 1917: “dependerá directamente del Presidente de
la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus
disposiciones generales serán obligatorias en el país” (artículo 73, fracción
XVI).
La Constitución actual conservó
la misma redacción sobre el Consejo. Nótese que desde aquellas fechas colocaba
la fuerza de las decisiones en el ejecutivo federal y así hasta hoy. Sin
embargo, el reglamento y la composición del CSG --recuérdese que es el Consejo;
no son las iniciales de ningún expresidente-- es lo que ha cambiado a lo largo
del tiempo. La última modificación importante fue en 2009, en el periodo de Felipe
Calderón.
Según el reglamento vigente, al
CSG se le reconoce como un organismo colegiado, presidido por el secretario de
Salud e integrado por 13 vocales titulares: siete secretarios de Estado; tres
directores de las instituciones de salud más importantes (IMSS, ISSSTE y DIF);
los titulares de las academias Nacional de Medicina de México y Mexicana de
Cirugía; y el rector de la UNAM. Todos ellos tienen voz y voto, su cargo es
honorífico y son designados y removidos por el presidente de la República.
Además, el mismo Consejo cuenta
con otros 23 vocales auxiliares de los sectores gubernamental, académico,
social y empresarial, los cuales tienen voz, pero no tienen voto. Por ejemplo,
están los directores de sanidad de la Defensa Nacional y de la Marina;
representantes agrupados en cuatro regiones de la secretarías de Salud de las
entidades federativas; las titulares del Conacyt y del Colmex; los directores
del IPN y de Anuies; y representantes de la industria farmacéutica y de la Canacintra,
entre otros.
En conjunto suman casi cuarenta integrantes
en el Consejo. Seguramente no es nada fácil llegar a consensos o acuerdos
satisfactorios con tal volumen de participantes. No obstante, cada integrante
representa un sector, una visión distinta que puede alimentar el diseño global
de soluciones satisfactorias.
Si el CSG estuviera en pleno funcionamiento
¿tendríamos mejores resultados en la gestión de la actual pandemia? ¿Habría un
mayor involucramiento de los diferentes sectores y de los distintos niveles de
gobierno? Seguramente. Porque reúne distintos perfiles técnicos y políticos. Las
decisiones tendrían otro respaldo y otra fuerza.
Tampoco pensemos en lo que pudo
ocurrir, veamos lo que ocurrió. La primera convocatoria al CSG no fue cuando apareció
el coronavirus en China, ni cuando la amenaza de la pandemia creció en Europa,
ni siquiera cuando quedó registrado el primer caso en México (fines de febrero
de este año) o cuando los casos comenzaron a crecer en las semanas siguientes.
La primera convocatoria al CSG
fue el 19 de marzo, cuando la presión pública creció y urgía convocarlo para tomar
medidas extraordinarias. Un decreto presidencial de ese mismo mes daba cuenta de
la sesión del Consejo y reconocía al Covid-19 como una “enfermedad grave de
atención prioritaria”, pero dejó en manos de la Secretaría de Salud el
establecimiento de las medidas necesarias para la prevención y control de la
epidemia.
Tal vez es innecesario mantener al
Consejo en sesión permanente o celebrar reuniones interminables, pero sí es
importante su participación en momentos clave y en la definición de las líneas
estratégicas. No ha ocurrido así. No lo fue para la selección del modelo de
vigilancia epidemiológica ni para las acciones en marcha; tampoco para la
elaboración de la “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica”
(¿Recuerda la discusión ocurrida en el mes de abril?).
Incluso el Consejo, a pesar de
que cuenta con representantes de salud de las entidades federativas, no ha
desempeñado ningún papel en las negociaciones y acuerdos con los gobernadores sobre
el semáforo epidemiológico. No para las políticas. La política, la
jerarquización y centralización de las decisiones ha sido la respuesta. Las
disputas y los resultados los tenemos a la vista. Otros ejemplos se repiten en las
estrategias de desarrollo económico y social, en las acciones desplegadas en el
ámbito educativo o en las iniciativas en el campo científico y tecnológico.
En fin, tal vez es fundada la
confianza depositada en la formación, sagacidad, honestidad, inteligencia,
voluntad y sabiduría de los que llevan mano en las decisiones, pero no estaría
nada mal reconocer el papel y colaboración que pueden ofrecer los organismos
intermedios. Sí, los liderazgos unipersonales son falibles y efímeros.
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