Alejandro Canales
UNAM-IISEU/PUEES
@canalesa99
(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 865 03.09.2020--. https://suplementocampus.com/firmas-alejandrocanales-1-030920/
Al comienzo todo indicaba que el
diseño de nuevas leyes seguirían la misma trayectoria: formas de consulta, complementariedad
de objetivos, redacción de proyectos, cabildeo legislativo y, desde luego,
tiempos de aprobación en el Congreso. No es el caso. Cada vez fue más claro que
por su lado avanzaba la Ley General de Educación Superior (LGES) y por el suyo seguía
la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (LGCTI). ¿Cuál será el punto
de llegada de ambas y cómo lo harán?
Las dos leyes, seguramente usted
lo recuerda bien, deben ser aprobadas por el Congreso a más tardar en diciembre
de este año. Así lo estableció el artículo sexto transitorio de la reforma del
artículo 3º constitucional, la misma reforma que quedó aprobada en mayo del año
pasado. En ese entonces parecía un tiempo muy prudente, ahora el plazo ya es
perentorio y el legislativo trae la agenda recargada.
La norma para educación superior
tiene más de cuarenta años sin actualizarse y hoy ese nivel educativo ya es muy
otro. A pesar de intentos repetidos por reformar su ley, nunca era el momento
adecuado y ninguno cristalizó. Por el contrario, la ley del sector científico
ha tenido grandes reformas en 1984, en 1999 y en 2002, las cuales han acompañado
a la instauración del sector, con un diseño institucional con fallas y
aciertos. Ahora ambas deben actualizarse por disposición constitucional, pero el
punto en el que están es muy diferente.
En el caso de la norma de
educación superior, según nota de Alma Paola Wong en Milenio Diario (30.08.2020), el secretario de Educación, Esteban
Moctezuma, en las vísperas del inicio del periodo del Congreso, se reunió con
legisladores y autoridades universitarias en la sede de la Anuies. Lo notable
del caso es que los actores principales ya están de acuerdo en una iniciativa.
El secretario Moctezuma, la
autoridad educativa, dijo que la ley debe respetar la autonomía y recoger las
aportaciones de las instituciones educativas. Por su parte, el secretario
ejecutivo de la asociación de rectores, Jaime Valls, destacó el papel y
propuestas realizadas desde hace tiempo por la Anuies. Esta última ha sido un
organismo clave para establecer una línea de entendimiento.
A su vez, los titulares de
comisiones en el Congreso, el primer e insoslayable filtro para la aprobación
de las leyes, también expresaron su anuencia. Por ejemplo, el senador Rubén Rocha
Moya dijo que el acompañamiento de la SEP ha permitido contar con “un documento
más robusto”. El diputado Juan Carlos Romero Hicks celebró la apertura de SEP y
el hecho de “llegar a un documento consensuado”.
Lo mismo ocurrió con la senadora
Beatriz Paredes y la diputada Adela Piña, ambas celebraron el esfuerzo
colectivo y la iniciativa que “integra la visión de todos”. O bien, el diputado
Tonatiuh Bravo que anotó que ya
nada más faltan “los puntos finos”. Tal parece que ya existe un proyecto de ley
en el que todos están de acuerdo, solamente faltarían detalles. No es menor lo
que resta, pero ya es mucho lo que hay.
La norma para el sector
científico, en cambio, es un misterio indescifrable. Después de un primer
proyecto de ley, ingresado por la senadora Ana Lilia Rivera en febrero de 2019,
cuando todavía no había reforma constitucional aprobada, ningún otro se ha conocido.
Tal vez por la ola de oposición que levantó la iniciativa de la senadora Rivera
--la misma directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, tampoco la reconoció-- las
elaboraciones que vinieron después se han mantenido en absoluta restricción.
El problema es que cuando se
conozca oficialmente el proyecto de ley, podría tener un recibimiento similar
al que tuvo el intento de febrero de 2019, porque la mayor dificultad con una
ley es la satisfacción y consenso que puede suscitar entre los directamente
implicados. Elaborar una ley conforme criterios particulares no enfrenta
obstáculo ninguno, lo complicado es incluir visiones distintas y lograr una
norma inclusiva, justa, armónica y estable.
Para eso han sido las reuniones,
los foros de consulta, el parlamento abierto y otras tantas consideraciones, se
dirá. Y sí, en estas páginas hemos dado cuenta de las características y resultados
de esos procedimientos. Sin embargo, lo cierto es que los hilos de entendimiento
entre la autoridad del sector y buena parte de las organizaciones están
cortados o son quebradizos. Ni siquiera las comunicaciones unidireccionales del
Conacyt por correo electrónico, registradas en las últimas dos semanas, pueden
ser de mucha utilidad. Así es muy difícil.
La relación tampoco es la mejor
con los legisladores. Solamente habría que recordar la reunión virtual con las
comisión de diputados el pasado mes de mayo o la sostenida con la comisión de
senadores en julio. Seguramente eso explica porque un eventual proyecto de ley del
sector, a diferencia de lo que ocurre en educación superior, no tiene los
pronunciamientos públicos de aprobación de las titulares de comisiones del
Congreso.
No será imposible aprobar la
nueva LGCTI. De hecho, eso ocurrirá sí o sí. Lo peor será que no salga bien: el
sector no estará reflejado en el articulado y no consolidará lo bueno que había
en las normas anteriores. Nada bien y nada más.
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