EL RETO DEL APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN EL TERRENO DE LA DESIGUALDAD

Una buena parte de los esfuerzos del Estado mexicano en el siglo XX, y particularmente en las últimas tres o cuatro décadas, se concentraron en tratar de superar el atraso educativo y ofrecer mayores oportunidades de acceso a la escuela. Ahora tiene el reto de completar los pendientes en materia de acceso y además enfocarse en la igualdad de resultados

Primero fue lo básico a nivel nacional: superar el problema del analfabetismo, cuyo índice a mediados del siglo XX casi alcanzaba a la mitad de la población. Después, tratar de universalizar la educación primaria que para mediados de los años setenta solamente alcanzaba al 85 por ciento de los niños en edad de cursarla. Luego, vino el reto del ciclo completo de la educación básica, dado que a la obligatoriedad de la primaria, se añadió también la educación secundaria en 1993 y el preescolar en el 2002.

A la par, con la ampliación de los niveles previos, la educación media superior experimentó un importante crecimiento (pasó de alrededor de 37 mil estudiantes a mediados de siglo pasado a 3 millones al finalizar la centuria). La educación superior, el nivel más alto, aunque también se expandió de forma notable, persistió, y persiste, en su carácter relativamente elitista: tenía una cobertura de alrededor del uno por ciento en 1950 y alcanzó el 20 por ciento para el final del siglo.

Sin duda, el desafío de hacer frente a la demanda educativa ha sido muy notable. Sobre todo en un contexto de alto crecimiento demográfico (tasas de más del 3 por ciento hasta fines de los años sesenta), de apertura y de cierta inestabilidad económica que fue característica de las últimas tres décadas del siglo pasado.

El asunto es que la preocupación se concentró fundamentalmente en la búsqueda de una expansión cuantitativa del sistema educativo y solamente hasta fines de los años ochenta se comenzó a reparar en los contrastes regionales y las profundas inequidades educativas; también en los problemas de calidad del sistema. Desde entonces se pusieron en marcha programas dirigidos a mejorar la infraestructura del servicio educativo, la calificación de profesores, los materiales, la gestión escolar o diferentes apoyos a los grupos vulnerables para facilitarles la asistencia a la escuela. Los avances han sido significativos, pero insuficientes.

A pesar del énfasis en mejorar la oferta educativa y avanzar en la igualdad de acceso escolar, actualmente, entrada la segunda década del siglo XXI, todavía debemos añadirle el problema de igualdad en resultados. En el horizonte debe estar, además de los problemas irresueltos de atención educativa, en todos los niveles y especialmente en el superior, el de la calidad del sistema y los resultados en aprovechamiento escolar.

Es un tanto paradójico lo que ocurre en el sistema educativo: es alta y profundamente selectivo, pero está en duda que proporcione las habilidades y capacidades que debiera otorgar en los diferentes niveles. Un rasgo que exhibe el corte de la desigualdad y los problemas de gestión e ineficiencia del sistema.

Por una parte, los filtros que se despliegan a lo largo del recorrido escolar llevan a que solamente una proporción mínima de los alumnos que se inscriben en la primaria, alcance, en el tiempo previsto, el nivel superior. Los cálculos son variables, pero solamente entre 11 y 14 de cada cien, lo lograrán; el resto cumplirá su recorrido en un tiempo mayor o en definitiva abandonará la escuela. No es fortuito que solamente tres de cada diez jóvenes en edad de cursar estudios superiores esté en la escuela o que la cifra del rezago educativo (personas mayores de 15 años que no completaron su enseñanza básica) sume actualmente poco más de 30 millones de personas. Esta última cifra es un volumen casi equivalente a la matrícula total del sistema educativo.

Por otra parte, son frecuentes las quejas reiteradas acerca de los problemas en la formación de los alumnos, en donde el nivel escolar más alto culpabiliza al previo de que los alumnos no sean capaces de leer, escribir o argumentar correctamente; el siguiente al anterior; y así hasta llegar a lo elemental. No es solamente un problema de apreciación, las pruebas estandarizadas a gran escala, con sus sesgos y dificultades, han dado muestras de las dificultades con el dominio de conocimientos y la correspondiente falta de capacidades y habilidades.

Desde los años setenta, la literatura ha destacado la importancia de la clase social y el contexto familiar como determinantes de la trayectoria escolar y el acceso a los niveles superiores. Las desigualdades sociales previas como influencia y condición para el éxito o fracaso escolar que en no pocas ocasiones la escuela vuelve a reproducir. El nivel de ingreso económico como variable para el acceso escolar, el cual adquiere un mayor peso conforme más alto el nivel educativo.

La dificultad para el acceso escolar se ha tratado de remediar, principalmente, con el otorgamiento de becas y, al mismo tiempo, con la extensión de la obligatoriedad desde el preescolar hasta la media superior. La cobertura en preescolar y secundaria, cuya universalización todavía no es un hecho a pesar de lo que dice la norma, muestran los pendientes que todavía se deben atender, anticipan lo que podría ocurrir con el nivel medio en el 2021 y la presión que habrá en la educación superior.

Además de una atención acelerada a los déficits en materia de acceso en los niveles obligatorios, el tema de la igualdad de resultados cobrará mayor importancia. De hecho, ya la tiene. Las diferencias de logro escolar será objeto de un escrutinio más escrupuloso, debido a las desigualdades en la conclusión satisfactoria o accidentada de los estudios, el sector y tipo institucional del que se trate, o las capacidades y habilidades adquiridas. Por tal motivo, en ocasiones, resulta más significativo conocer la institución donde se estudió que el nivel de estudios alcanzado; el mismo título profesional refleja contenidos y aprendizajes muy diferentes según la institución de donde se proviene.

El mérito, como principio esencial, parte del supuesto que el esfuerzo individual y las cualidades son el el motor de ascenso para que los individuos con mayores aptitudes y capacidades obtengan los puestos de mayor relevancia y prestigio. Sin embargo, como indica François Dubet, una concepción puramente meritocrática de la cultura escolar tiene una serie de problemas. La escuela no es un espacio para la igualdad de oportunidades ni un espacio justo de competencia. En todo caso, como se sostiene, si la igualdad de oportunidades se subordina a la eficiencia y al mérito, no hacemos sino profundizar en la meritocracia, pero no en la igualdad. En fin, serán tensiones que habrá que resolver.

Hasta ahora, en el caso de la educación superior, las iniciativas que se pondrán en marcha están centradas, nuevamente, en avanzar en la igualdad de oportunidades de acceso. Se trata de los dos compromisos anunciados en el Pacto por México de diciembre pasado: Uno, asegurar los recursos presupuestales para incrementar la cobertura en al menos al 80 por ciento en la educación media superior  y en 40 por ciento en la educación superior; otro, crear un programa nacional de becas para los alumnos de esos dos niveles, el cual estará centrado en una primera etapa en los alumnos provenientes de familias ubicadas en los cuatro deciles con menores ingresos. Además, como parte de este último compromiso, se planteó que habrá un programa piloto de “beca-salario” en tres entidades federativas.

Los compromisos no tienen el nivel de detalle que seguramente estará en el correspondiente programa sectorial. Pero, como se puede advertir, las prioridades están en la misma línea de preocupación por el acceso de las últimas décadas. Incluso es de apreciar la reducción operada en los compromisos del Pacto, respecto de los compromisos que ofreció el entonces candidato presidencial y ahora ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto. Había comprometido cobertura universal para la educación media superior e incrementar al menos a 45 por ciento la cobertura en superior.

Mientras más tiempo lleve cubrir el déficit de acceso a la educación, más demorará la atención a los resultados y a las consecuencias de la educación.

(Publicado en Campus Milenio No. 500. Febrero 28, 2013. p. 8)

LAS COMISIONES EN EL SNI

El decreto de creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) cumplirá el próximo año tres décadas. El actual Sistema es muy diferente al del inicio; suficiente comparar el volumen de sus integrantes (empezó con poco más de un millar y hoy suman casi 19 mil). Sin embargo, entonces y ahora, uno de sus puntos críticos ha sido la integración de las comisiones dictaminadoras.

En el contexto de la década perdida de los años ochenta, la idea de crear un programa para incrementar las percepciones salariales de los científicos y retenerlos en sus respectivas instituciones, fue el motor principal que animó la instauración del SNI.

Sin embargo, prácticamente al año siguiente de la puesta en marcha del Sistema vino su primera modificación y fue precisamente en sus comisiones dictaminadoras. En el decreto de creación solamente se consideraron tres comisiones: fisicomatemáticas e ingeniería; biológicas, biomédicas, agropecuarias y químicas; y sociales y humanidades.

Cada una de las tres comisiones, estableció el decreto de creación, estarían integradas por nueve investigadores nacionales del máximo nivel. Todos los integrantes serían designados por el Consejo Directivo del SNI, pero cuatro de ellos serían a propuesta de la entonces Academia de la Investigación Científica (la hoy Academia Mexicana de Ciencias) y todos durarían cuatro años en el cargo.

La primera modificación del SNI, en 1986, fue para desagregar una de las tres comisiones existentes. Principalmente por las inconformidades que suscitó en los ingenieros, la evaluación conjunta con físicos y matemáticos. Por tal motivo, se añadió una más: la comisión dictaminadora de ingeniería y tecnología. Pero no fue suficiente.

En 1988 vino una segunda modificación importante. Aunque autorizó la participación como evaluadores en la comisión de ingeniería y tecnología a expertos que no estuvieran reconocidos por el SNI, el tema central no fue la integración de comisiones, si no la ampliación a los investigadores provenientes de las instituciones particulares.

Después vinieron otras dos modificaciones, una 1993 y otra 1995, ambas para cambiar el número de integrantes de las comisiones dictaminadoras y la vigencia del cargo. La primera disminuyó a tres los candidatos que podía proponer la AIC y a tres el periodo que estarían vigentes en el cargo (antes eran cuatro en los dos casos). La segunda amplió a 12 el número de integrantes de las comisiones.

A pesar de los cambios, las protestas por los resultados de las evaluaciones han persistido. En 1999 nuevamente se reformó el Sistema, principalmente para ampliar a siete el número de comisiones y dar cabida a un mecanismo de impugnación a la evaluación recibida. Un mecanismo hasta entonces inexistente y que dio lugar al establecimiento de las comisiones dictaminadoras revisoras, sobre todo por la fundada inconformidad de Sergio Aguayo, investigador del Colmex.

El cambio más reciente fue en diciembre pasado, en el que se estableció como parte del capítulo de “obligaciones y sanciones” del reglamento del SNI que los investigadores que participan en las comisiones deberán observar en todo momento “las normas de ética, y en su caso, deberá excusarse de opinar o recomendar, cuando tenga algún interés directo o indirecto en el asunto o exista amistad o enemistad manifiesta con alguno o algunos de los investigadores evaluados”.

La adición a la norma fue producto, nuevamente, de la inconformidad de Sergio Aguayo, quien argumentó violaciones al reglamento por posibles conflictos de interés y tráfico de influencia en la evaluación de su expediente. El Conapred le dio la razón y emitió un exhorto a Conacyt.

Desde el 2006 la normatividad prevé que las siete comisiones se integren por 14 miembros y que se procure un “equilibrio y paridad entre disciplinas, instituciones, género y regiones”. Los designa el Consejo de Aprobación y considera la opinión del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Sin embargo, el equilibrio no siempre se cumple, lo cual genera fricciones e inconformidades.

No parece fácil una reforma profunda del SNI. En diferentes oportunidades se ha anunciado y no se lleva a efecto. En cualquier caso, uno de los aspectos que debe atenderse es el delicado y básico tema de las comisiones dictaminadoras, sobre el que descansa y está edificado el Sistema. Vale la pena no perder de vista el avance gradual que han sostenido y ponderar la relevancia de su integración.

(Publicado en Campus Milenio No. 499. Febrero 21, 2013, p. 9)

TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA EDUCACIÓN

El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los salones de clase se ve como una de las válvulas de escape para disminuir la presión de una creciente demanda educativa de niños, jóvenes y adultos; también como el instrumento que dará esa calidad y mejora que tanto busca la educación.

En tal perspectiva, diferentes programas se han puesto en marcha, desde la distribución masiva de equipos tecnológicos en las aulas hasta el diseño de nuevas modalidades educativas no presenciales. Básicamente con la idea de facilitar y mejorar el aprendizaje, atemperar el problema de acceso educativo y enfilarse en la ruta de sociedad de la información.

Sin embargo, iniciativas pioneras y experiencias relativamente recientes en materia de TIC en educación, han dejado en claro que las tecnologías por sí mismas resultan insuficientes. El contexto escolar, la integración curricular y el papel del maestro son elementos imprescindibles para poder apreciar algún impacto de las TIC en el aprovechamiento de los estudiantes.

En el caso de México, en la última década, los grandes planes que se han puesto en marcha para llevar las TIC a la educación básica han consumido importantes montos de recursos económicos, su operación ha sido ampliamente cuestionada, sus resultados poco edificantes y han provocado reacciones ambivalentes sobre la utilidad de los dispositivos tecnológicos en la escuela.

A pesar del desencanto, se sigue conservando cierta confianza en el uso de las TIC para lograr la calidad educativa e impulsar el rendimiento de los estudiantes. Sobre todo porque el alcance de los dispositivos tecnológicos parece ir en aumento constante fuera de la escuela y en la vida cotidiana.

Aunque, como siempre ocurre, el alcance de los bienes y servicios se corta por estratos socioeconómicos y revela las graves desigualdades en México. También muestra que en este terreno el país avanza a un ritmo diferente. 

Según el reporte del año pasado del Foro Económico Mundial sobre el uso e impacto de la TIC en el desarrollo y competitividad de las naciones (“The Global Information Technology Report 2012”), particularmente de su Índice de Disponibilidad de Red, México ocupaba la posición 76 entre 142 países. Hace seis años, en el mismo índice, ocupa la posición 45 entre 122 países.

No obstante, desde el gobierno federal y de los partidos políticos no se ha abandonado la idea de llevar las TIC a la escuela. En el Pacto por México quedó asentado el compromiso número 11: instrumentar un programa de dotación de computadoras portatiles con conectividad para todos los alumnos de quinto y sexto grado de escuelas primarias públicas, así como adecuar los contenidos edcuativos al contenido de la tecnología y la capacitación de los maestros. Esto significará distribuir 4.9 millones de computadoras entre los alumnos (es la matrícula de los dos grados considerados), la modificación curricular y atender al correspondiente número de profesores.

El compromiso fue ratificado por el presidente Enrique Peña Nieto, en su gira por Uruguay  al final del mes pasado, cuando visitó el Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (Ceibal) de ese país y dijo que impulsaría un modelo propio.

El plan Ceibal está en operación en Uruguay desde el 2007 y consiste en el otorgamiento de una computadora portátil (el modelo XO) a todos los alumnos y maestros de enseñanza primaria (alrededor de 350 mil equipos). Luego se extendió a la educación secundaria  en el 2011. Es el modelo de One Laptop per Child (OLPC) desarrollado en el laboratorio de medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) e impulsado por Negroponte, como alguna vez ya lo comentamos aquí.

Los resultados de PISA 2009 sobre tecnologías digitales y desempeño, los más recientes disponibles, muestran que en los países de la OCDE existe una mejora continua en el acceso de los estudiantes a las TIC. La disposición de Internet en casa pasó de 45 a 89 por ciento en promedio. Sin embargo, mientras que algunos países, como Noruega y Finlandia,  prácticamente universalizaron la  computadora en casa y el acceso a Internet, otros países, como México, menos de la mitad de sus estudiantes de 15 años tienen el equipo y el servicio (p. 175).

La utilización de TIC en educación tiene sus detractores y sus apologistas. Lo importante es tener presente que se trata de instrumentos, recuperar la experiencia nacional e internacional y tener claro cómo y para qué se quieren utilizar.

(Publicado en Campus Milenio No. 497. Febrero 14, 2013.

¿PREMURA EN LA NUEVA LEY DE CyT PARA EL DF?

Finalmente se publicó el decreto de ley para regular las actividades científicas y tecnológicas en el DF, no así el debate correspondiente en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF). El decreto incluye una nueva secretaría, también algunas acotaciones a uno de los órganos de gobierno, aunque tiene varios errores y omite el espinoso tema del financiamiento.

Quizás, estimado lector lectora, recordará que al final del año pasado, indicamos que había cierto paralelismo entre la administración local y federal en torno a la idea de crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología.

En definitiva el acicate del gobierno local no funcionó. A nivel federal claramente ya se dijo que no habrá una nueva secretaría. Todavía está en veremos la creación de una agencia o fundación para la innovación, lo mismo que las luces de una evanescente Coordinación de Ciencia y Tecnología a nivel presidencial.

La dificultad que habíamos previsto para crear la nueva secretaría en el DF no fue tal. El asunto se resolvió más o menos rápidamente. El 28 de diciembre del año pasado los asambleístas aprobaron la nueva ley, aunque el decreto para darle vigencia apenas fue publicado la semana anterior (Gaceta Oficial del DF No. 1532, 29 de enero de 2013).  Sin embargo, lo que no es claro es cómo se llegó a tal acuerdo.

En el último trimestre del año pasado se presentaron dos iniciativas en la Asamblea: una de la fracción perredista que solamente proponía reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF para dar cabida a una nueva secretaría para el sector; otra de la fracción panista que, además de reformar la ley orgánica, proponía una ley de ciencia y tecnología local.

El detalle es que la iniciativa de los asambleístas del PRD proponían que el presupuesto del entonces Instituto de Ciencia y Tecnología del DF debería ser suficiente para la operación inicial de la nueva dependencia local. Por el contrario, el proyecto del ley del PAN proponía que a la nueva secretaría se le debería asignar el 1 por ciento del presupuesto total del DF (artículo 41).

La Asamblea no ha publicado el dictamen, el debate ni el acta correspondiente a la sesión del 28 de diciembre, de modo que por ahora no es posible conocer las posiciones de los diputados locales. Sin embargo, el decreto de ley del Jefe de Gobierno muestra una combinación de las dos iniciativas que estaban en comisiones, con algunas precisiones y otras adiciones.

La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal (LCYTDF) ya publicada, tomó como base el proyecto de la fracción panista, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, la nueva ley, como también ocurrió con su homóloga federal en el 2009, adicionó la palabra “innovación” en todos los artículos correspondientes.

También desagregó con mayor precisión las funciones que corresponden a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal (SCTIDF), combinándolas con las que proponía la reforma perredista a la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF y agregando otras.

Una de las diferencias más importantes, respecto del proyecto base y de la legislación federal, es que su Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación tiene funciones acotadas. Este Consejo es una especie de órgano superior de gobierno, tanto en el nivel federal como en el local porque se integra por funcionarios de primer nivel, pero en el primero se considera como “órgano de política y coordinación” y se le reservan atribuciones exclusivas para aprobar el programa sectorial y el presupuesto, definir lineamientos, decidir prioridades, entre otras.

En cambio, en el caso del DF, al Consejo se le define como un órgano de consulta, “de opinión, asesoría y análisis” (art. 11), no de coordinación y menos de decisión. Por cierto, en el decreto, aparece nombrado de forma indistinta como Consejo de Fomento y Desarrollo y como Consejo de Desarrollo, seguramente por error –aparte de otros-- y por haber tomado como base el proyecto de la fracción panista. La acotación al Consejo seguramente se debe al escaso funcionamiento y magros resultados que ha mostrado su homólogo a nivel federal.

Otra de las diferencias relevantes es que no incluye el tema del financiamiento. El capítulo sobre presupuesto del proyecto base fue suprimido y no se menciona nada al respecto.

En fin, aunque de forma apresurada, ya se dio el importante paso de elevar a rango de secretaría al sector local, resta poner en marcha la estructura y mostrar sus resultados. Nada menos.

(Publicado en Campus Milenio No. 497. Febrero 7, p. 9)

CyT: LOS SENADORES Y EL MOMENTO HISTÓRICO

Los legisladores podrían tener su propia agenda en el terreno de la ciencia y la tecnología, como también el gobierno federal y otro tanto los representantes de las organizaciones que constituyen el sistema científico y tecnológico. El asunto es cuál predominará o si son convergentes en este “momento histórico”, como lo caracteriza el director de Conacyt.

La comisión de ciencia y tecnología del Senado celebró recientemente su primera sesión de trabajo, en la cual también participó el director de Conacyt, Enrique Cabrero, la coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), Gabriela Dutrénit, y el presidente de la respectiva comisión de ciencia de los diputados, entre otros.

Los objetivos del programa de trabajo de la comisión de ciencia y tecnología no difiere mayormente de una legislatura a otra. En general, además de expresar su preocupación y participación en las tareas de fomento, reiteran la idea de transformar en leyes e instrumentos los temas de interés compartido en el sector.

La actual comisión de ciencia y tecnología del Senado la preside Alejandro Tello Cristerna del PRI y como secretarios Juan Carlos Romero Hicks del PAN, Mario Delgado del PRD y Oscar Román Rosas del PRI; también participa en la comisión Francisco de Paula Búrquez. En total: dos Senadores del PRI, dos del PAN y uno del PRD.

El trabajo de la comisión apunta a un trabajo convergente con el gobierno federal, puesto que el senador Alejandro Tello, al darle la bienvenida al director de Conacyt y congratularse por su nombramiento, le propuso “trabajar de manera conjunta a fin de realizar con éxito las cinco grandes acciones marcadas por el presidente Enrique Peña Nieto”.

Las acciones a las que se refería el senador Tello, son las que fueron anunciadas por Enrique Peña el día de la toma de posesión del director de Conacyt y que lo instruyó a realizar: diseñar una hoja de ruta para alcanzar el 1 por ciento del PIB en inversión al término en el 2018 y el 1.2 por ciento del PIB en el 2022; impulsar políticas diferenciadas para las regiones y estados; fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores; creación de un verdadero Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y fortalecimiento del vinculo entre el sector productivo y la academia.

La coordinadora del FCCyT, Gabriela Dutrénit, expresó ante los legisladores, qué es el Foro y el papel que desempeña. Enfatizó la importancia de los montos de inversión en ciencia y tecnología (“no es un gasto”) y destacó algunas propuestas como el retorno de los incentivos fiscales, los fondos directos o la creación de la Agencia de Innovación, mismas que fueron incluidas en el documento “Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación”, presentado en septiembre pasado. Una relativa convergencia.

Lo sorprendente es que el director de Conacyt no abundó en las cinco acciones que le recordó el senador. Más bien mencionó algunos aspectos que seguramente serán parte central de esta administración. Por ejemplo, destacó la idea de que Conacyt sea más receptivo a las solicitudes y demandas externas, más que a los programas tradicionales, así como la importancia de un marco regulatorio para la existencia de “un mercado del conocimiento que permita el flujo, la comercialización y la valoración de las ideas”. En su opinión, el actual, “es un momento histórico del sector, por la voluntad y el compromiso del presidente Enrique Peña de poner más recursos”.

Por su parte, el senador Romero Hicks, exdirector de Conacyt, también celebró el nombramiento del actual director de Conacyt y propuso como puntos de agenda de la comisión que debería reformarse la Constitución para incluir el tema de la ciencia y la tecnología, así como modificar la leyes General de Educación, la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Orgánica de los Centros Públicos de Investigación. Tales cambios, en la perspectiva de Romero, permitirían una mejor respuesta del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas.

Faltan cuatro meses para la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, todavía más tiempo para la elaboración de los programas sectoriales y mucho más para advertir los primeros resultados. Sin embargo, tal parece que ya existe un relativo consenso sobre algunos de los problemas principales y las vías de solución; es el alineamiento esperado por la firma del Pacto entre el gobierno federal y partidos políticos. Pero resulta excesivo calificarlo de momento histórico.

(Publicado en Campus Milenio No. 495. Enero 31, 2012) 

HIDALGO: ¿OTRA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO?

“Queremos transformar para pasar de ser un país de manufactura o de mente para la manufactura, a uno de mente que permita mayor productividad y elevar competitividad para el país”, dijo Enrique Peña Nieto, el titular del poder ejecutivo federal, en Pachuca, Hidalgo, el pasado 17 de enero.

Las palabras fueron pronunciadas en el proyecto Ciudad del Conocimiento y la Cultura, en lo que el propio Peña Nieto, considera parte de sus compromisos. Recordó que había estado ahí en mayo del año pasado para suscribir el compromiso de “detonar y desarrollar el proyecto “Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura” y ahora lo estaba cumpliendo.

En el debate internacional se comenzó a hablar de sociedad del conocimiento desde inicios de los años setenta y con mayor énfasis en los años noventa. El concepto se utilizó casi a la par de las nociones de sociedades del aprendizaje y de educación a lo largo de la vida.

Básicamente, la idea hace referencia a que el conocimiento es factor clave para transformar los bienes y servicios con un mayor valor agregado, de modo que los esfuerzos de producción ya no descansan, o no solamente, en el uso intensivo de la mano de obra sino fundamentalmente en el conocimiento. De ahí se desprendió la idea de sociedad o economía basada en el conocimiento y en el renovado interés en los sistemas educativos y en los sistemas científicos y tecnológicos.

No obstante, el asunto no es tan simple. Ni se trata de modelos únicos de sociedad del conocimiento ni se puede improvisar con aparatos educativos frágiles, rezagados y de baja competencia académica. La construcción de sistemas educativos robustos es una tarea que lleva décadas de esfuerzo y continuidad de medidas para alcanzar un cierto nivel de logro.

En el caso de México, imposible no reparar en el contraste de hablar de sociedad del conocimiento cuando un tercio del total de la población se encuentra en rezago educativo, poco menos de la mitad de los jóvenes entre los 15 y los 19 años de edad no están inscritos en el sistema educativo y solamente un tercio del grupo de edad logra una inscripción en la educación superior. Ni hablar de la calidad educativa o del retraso tecnológico en sectores estratégicos o las dificultades de los sistemas de innovación.

La idea de sociedad del conocimiento dio paso a la noción de sociedades del conocimiento para admitir que no existe un modelo único y también para reconocer las diferencias entre las naciones. Pero la idea continuó con los llamados sistemas nacionales y estatales de innovación.

Las dificultades para mostrar la edificación o consolidación de auténticos sistemas de innovación, a nivel nacional o estatal, han llevado a hablar, sin demasiada claridad, de determinados espacios geográficos de conocimiento (ciudades, parques o agrupaciones), para resaltar cierta similitud con aquellos otros que se han enfocado en ciertas áreas de conocimiento o generación de tecnología.

En México, varias entidades, desde el sureste hasta el norte de la República, han declarado oficialmente la creación de ciudades del conocimiento, pero refiriéndose a un espacio acotado en el que están instituciones educativas, algunos centros de investigación y quizá alguna empresa. Sin embargo, las intenciones son más propagandísticas que reales.

El proyecto de Ciudad del Conocimiento en Pachuca Hidalgo es de agosto del 2011 e inició con la firma de un convenio con el IPN, pero sin financiamiento y sin lugar definido. Hoy, año y medio después, otra vez se vuelve a relanzar el proyecto. Se habla de impulsar la educación media superior y de analizar la vocación económica de la región para apoyar los proyectos pertinentes.

El segundo informe del gobierno estatal, presentado el pasado mes de septiembre, anotó que la iniciativa se desarrolla en 178 hectáreas, en las cuales habrá “espacios para los sectores educativo, productivo y empresarial, zona comercial y de servicios, una nueva reserva ecológica, áreas verdes y recreativas, un Museo de Ciencia y Tecnología, un Centro de Convenciones, una zona habitacional y un Centro de Tecnologías de la empresa Microsoft”.

El estado de Hidalgo ha realizado importantes esfuerzos en las últimas décadas para salirse del club de entidades con los peores indicadores socioeconómicos, pero todavía carga con importantes rezagos. El proyecto Ciudad del Conocimiento y la Cultura todavía es una aspiración, le falta estructura y le sobra retórica.

(Publicado en Campus Milenio No. 494. enero 24, 2013)

EDUCACIÓN, EN LA AGENDA GUBERNAMENTAL

No existe garantía si recibirán solución los graves problemas que aquejan al sistema educativo mexicano; tampoco el detalle de la eventuales medidas para atenderlos; y menos el tiempo en que se apreciarán claramente algunos resultados. Sin embargo, lo que parece indudable es que la educación ha logrado colarse a la agenda y ser capitalizada por la actual administración. Pero conviene moderar las expectativas porque apenas es un peldaño de una larga escalera y además es parcial.

En los años recientes, numerosos grupos, internacionales, empresariales, académicos, sociales, padres de familia, etcétera, por razones no siempre coincidentes, han expresado su descontento con la situación en materia educativa. Pero la mayoría, con muy pocas excepciones, han carecido de la fuerza para llevar sus opiniones al diseño de los programas gubernamentales o a la lista de prioridades nacionales.

Cuando más, la serie de reclamos ha logrado el impulso a algún programa, incrementar el financiamiento, demandar calidad educativa o ampliar la matrícula, todo dentro de un marco previsible. No por nada calidad, evaluación y financiamiento han sido los temas de las últimas dos décadas.

La agenda y los ritmos de los cambios educativos los lleva la parte gubernamental; tiene los recursos técnicos y dispone del erario. Hoy, una vez más, el tema de la evaluación y la calidad vuelven a ocupar el centro de las medidas. La figura presidencial no tiene las mismas características que en el pasado, pero su densidad sigue siendo el factor decisivo para impulsar o inhibir, para atender o ignorar. Así lo fue en el pasado y así es en el presente.

En su discurso de toma de posesión, Enrique Peña Nieto (EPN) señaló que el tercer eje de su gobierno sería: “lograr un México con educación de calidad para todos. Ese país que podemos ser, hará frente a los rezagos educativos, para estar al nivel de las naciones desarrolladas”.

En el mismo acto, EPN informó que enviaría al Congreso de la Unión la iniciativa para reformar el artículo tercero constitucional, en la cual se establecerían las bases para el Servicio Profesional de Carrera Docente y la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, éste último a cargo de un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación plenamente autónomo. Además, también dijo que había instruido al secretario de Educación Pública para que éste solicitara al INEGI la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos.

Al día siguiente, Enrique Peña Nieto firmó el Pacto por México con las tres principales fuerzas políticas del país, el cual incluyó el tema educativo y básicamente las acciones que había anunciado. Una semana después envió al Congreso la iniciativa de reforma constitucional con los mismos propósitos (incluído el adjetivo de calidad).

La reforma pasó sin grandes contratiempos en el Congreso de la Unión, actualmente está a punto de ser aprobada por la mayoría de los Congresos locales y seguramente en unas semanas más se pondrán en operación las modificaciones. Es decir, tanto los contenidos como los tiempos los ha marcado el gobierno federal.

Todavía falta la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y después el correspondiente programa sectorial, en los cuales se sepone se recogerá la opinión de los ciudadanos. Sin embargo, el diagnóstico y las soluciones del tema educativo ya han avanzado en el terreno de los hechos.

No está mal el sentido de urgencia concedido por la actual adminsitración, el asunto es que no hemos resuelto cuáles son o deben ser los temas prioritarios y, sobre todo, si las medidas anunciadas hasta ahora, son las mejores para el sistema educativo. Por ejemplo, ¿debemos ser indiferentes al rezago educativo o al ajuste a la baja de la cobertura en media superior y superior? ¿Convertiremos nuevamente a la evaluación en un fin en sí misma?

Es ilustrativo de nuestra sociedad que, una vez más, el gobierno federal lleva la responsabilidad de la agenda educativa y son contados los sectores que han alzado la voz. Entre otros, se han expresado públicamente algunos grupos sociales, opiniones en medios, la propuesta de la UNAM (Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional) o las recomendaciones que recientemente entregó la OCDE en el Foro México 2013 (Getting It Right. Una agenda estratégica para las reformas en México). Pocos.

Sin argumentos ya nos convencimos. Todavía no hay plan ni programa formal pero ya vamos a la operación de la reforma. No hemos tomado suficiente distancia de las políticas gubernamentales.

(Publicado en Campus Milenio No. 493. Enero 17, 2013)