Quinto informe de gobierno. La cantidad de becas

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 721. Septiembre 7, 2017. Pág. 5)

El programa de becas de posgrado es uno de los escasos logros sectoriales de la actual administración. El presidente Peña Nieto lo enfatizó en su mensaje con motivo de su más reciente Informe de gobierno. No es fortuito. Ciertamente, en el actual periodo gubernamental, el volumen de becas se ha incrementado. Sin embargo, las cifras no son exactas y, si las comparamos con el periodo anterior, el crecimiento representa menos de una tercera parte.

Las becas de posgrado a cargo de Conacyt, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, ha posibilitado la formación de académicos de alto nivel y la consolidación de una todavía pequeña porción de científicos en México. En buena medida, ha ofrecido verdaderas oportunidades educativas para miles de personas que de otra forma no habrían tenido forma de ingresar a determinado tipo de estudios, tanto a nivel nacional como en el extranjero.

Es un programa de largo aliento, casi está por cumplir medio siglo de operación. Nada fácil. También ha sido sumamente generoso, financiado con recursos públicos en un país en el que el promedio de escolaridad de la población es de 9.1 grados (la secundaria completa) y solamente tres de cada diez jóvenes del grupo de edad están en las aulas universitarias.

Por supuesto, las becas no siempre se han dirigido a dónde debieran y la coordinación del programa no ha estado exenta de yerros, desorden y equívocos. La mayoría de las malas decisiones o la disminución en el número de becas están asociadas a la escasez de los recursos financieros. Por ejemplo, ¿usted recuerda cuando Conacyt propuso que la beca se otorgara solamente los meses del calendario escolar y se suspendiera en vacaciones? Así que la rectificación viene cuando la presión es demasiada y entonces el financiamiento se recupera o sale de otras partidas.

El conflicto más reciente, seguramente usted lo tiene presente, fue al comienzo de este año, cuando Conacyt anunció que el número de becas sería conforme el volumen otorgado el ciclo previo (Campus Milenio No. 698). El problema es que, respecto del año anterior,  algunos programas de posgrado habían aceptado un mayor número de alumnos. Al final, Conacyt rectificó y otorgó las becas necesarias.

Ahora, la promoción de las cifras de las cifras del Quinto informe de gobierno, destacaron: “La actual administración ha incrementado de manera importante el número de becas para posgrado apoyadas por Conacyt: De 2012 a 2017 las becas vigentes apoyadas aumentaron 30 por ciento; Las becas y otros apoyos vigentes a junio de 2017 ascendieron a 62 mil 588” Además, dijo que el Reino Unido, Estados Unidos, España, Alemania, Francia, eran los principales destinos de los becarios (https://www.gob.mx/presidencia/articulos/5toinforme-mexico-con-educacion-de-calidad?idiom=es).

Sin embargo, en el mensaje que ofreció al día siguiente, con motivo de la entrega del informe, la cifra ya no fue la misma: “En apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, las becas para posgrado han aumentado casi 35 por ciento en lo que va de la Administración, destacando el impulso de Conacyt al talento de nuestros investigadores y al desarrollo de capacidades científicas a nivel regional” (02.09.2017).

Independientemente de si la diferencia de cinco puntos porcentuales es o no significativa, lo que llama la antención es que en la misma institución y la misma fuente, las cifras no son las mismas. Nada más no coinciden. No es la primera vez.

Si uno revisa el anexo estadístico del mismo informe, ahí dice que en el 2012 se otorgaron 44 mil 833 becas y las estimadas para este año son 58 mil 619 becas. Así que si calculamos el porcentaje de incremento el resultado es: 30.7 por ciento. Además, si uno compara ese incremento con el de la administración anterior, resulta que en el sexenio pasado el volumen de becas pasó de 20 mil 111 a 44 mil 833. Esto es, las becas más que se duplicaron. Un incremento de 122 por ciento para ser exactos.

Además, este verano, previo al informe de gobierno, con motivo del reciente inicio del ciclo escolar, funcionarios de Conacyt, la institución responsable de la política sectorial y de las estadísticas correspondientes, convocaron a los medios para anunciar que estaban comprometidos a otorgar el número de becas necesarias (Comunicado 54/17. 14.08.2017). Sin embargo, las cifras que dieron tampoco coinciden con las anteriores.

Por ejemplo, señalaron que al concluir este año habría 63 mil 696 jóvenes becados y de ellos serian 25 mil 824 becarios nuevos.  Y pues sí, otra vez las cifras son diferentes de las indicadas en el mensaje de Peña Nieto y también de las anotadas en el anexo estadístico del informe de gobierno. Por lo menos la primera, porque la segunda no hay forma de corroborarla.

Entonces, ¿con cuál cifra nos quedaremos? Seguro nos convendría quedarnos con los números más altos y sería mejor. Pero, luego, ¿cómo le haremos para que cuadren los números? Bueno, total, ya veremos.

Transparencia en ciencia y tecnología. ¿Te lo firmo y te lo incumplo?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 720. Agosto 31, 2017. Pág. 6)

“Que los compromisos en proceso de cumplimiento se tiene previsto cumplirlos durante el actual periodo del Poder Ejecutivo Federal, mismo que concluye hasta el 30 de noviembre de 2018…”

El párrafo anterior fue la respuesta que dio, el año pasado, la Secretaría Técnica del Gabinete de la Oficina de la Presidencia de la República a la solicitud de información de un particular sobre los compromisos de la campaña electoral del 2012 del presidente Enrique Peña Nieto. La petición fue presentada en la Plataforma Nacional de Transparencia (http://consultas.ifai.org.mx).

La oficina gubernamental, en la respuesta que dio por escrito, enlistó los 266 compromisos y anotó, en cada uno, si estaba “en proceso” o ya lo había “cumplido”. En este último caso solamente aparecieron 91 compromisos. O sea que, en ese entonces, casi dos terceras partes de los compromisos estaban pendientes.

Es decir, hace un año todavía persistía la idea de que el ejecutivo federal podría cumplir el total de compromisos que firmó ante notario público. Hoy, el plazo está más acotado: a la administración le queda poco más de un año y debe rendir su penúltimo informe de gobierno. No, no se ve cómo podría cumplir algunos de los compromisos pendientes.

Actualmente, según el recuento de Erika Hernández en el periódico Reforma (27.08.2017: 8), el ejecutivo federal lleva el 60 por ciento de compromisos, así que le falta por cumplir más de un centenar. Una buena parte se refieren a infraestructura. Los de la Secretaría de Comunicaciones son los más numerosos, entre ellos el tren rápido México-Toluca, el tren eléctrico de Guadalajara, así como la terminal aeroportuaria de Puerto Vallarta. No son los únicos.

En los 266 compromisos, los referentes a asuntos educativos sumaron 17 y de estos últimos, según el mismo medio, una decena están todavía por cumplirse. Por ejemplo, por mencionar los más obvios, están: la construcción de preparatorias; la distribución de laptops para alumnos de escuelas públicas que cursan el quinto y sexto grado; y adecuar instalaciones de escuelas públicas y capacitar a los maestros para integrar a los niños con discapacidad al proceso de enseñanza – aprendizaje.

Es emblemático el caso de la iniciativa para distribuir laptops. Independientemente del impacto que pudiera o no tener la medida en el logro educativo de los niños, en el ciclo escolar 2012-2013, cuando se puso en marcha el programa, la población potencial estaba calculada en casi 13.5 millones niños, con datos de ese año, y solamente se distribuyeron 216 mil equipos.

En el informe de gobierno del año pasado, para los ciclos escolares 2013-2014 a 2015-2016,  se calculaba la distribución en poco más de 2 millones de equipos, en cifras redondas (pág. 308). En un cálculo simple, considerando el periodo que ya pasó, lo que resta de tiempo y las restricciones presupuestales, se advierte que será imposible cumplir ese compromiso en lo que resta de la actual administración.

En materia de ciencia y tecnología, el ejecutivo federal firmó ante notario solamente cuatro compromisos: la construcción y operación del Centro Nacional de Investigación y Certificación de Materiales Compuestos para la Industria Aeronáutica en Querétaro; el establecimiento de una agenda digital para democratizar el acceso a las TIC; la creación de red nacional de centros comunitarios de ecuación digital; y la creación de una fundación para la innovación con participación de la iniciativa privada.

Y no, tampoco se han cumplido o no como se habían previsto. Por ejemplo, al final del 2014, Conacyt anunció que la nueva institución, el Centro Nacional de Investigación y Certificación de Materiales, formaría parte de un proyecto integral denominado Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (Comunicado 64/14). A su vez, ese centro estaría coordinado por el Centro de Investigación y Desarrollo Industrial (CIDESI). El proyecto, según dijo el propio director de Conacyt, sería financiado por el gobierno federal. Pero no, a la fecha no se han registrado los avances. Más o menos lo mismo ocurrió con la fundación para la innovación.

En realidad, normativamente, no es exigible el cumplimiento de los compromisos que firmó el ahora ejecutivo federal. Básicamente porque cuando los firmó no era un gobernante, era un candidato en campaña que podía prometer e ilusionar. Un momento muy diferente a la hora del gobierno. Así que la actual administración bien puede cruzarse de brazos sobre lo que dijo que haría y no cumplirá. Sin embargo, así como fue una exitosa campaña mediática el “Te lo firmo y te lo cumplo”, también quedará registro de lo que incumplió y la sanción social será inevitable.

 
Un asunto diferente es el de los compromisos que se firmaron en el Pacto por México y la traducción que tuvieron después en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales. Los avances, en el umbral del último año de gobierno, son los que mañana deberá presentar el ejecutivo federal y los que examinaremos en la próxima entrega.

LAS PETICIONES DE LA PERMANENTE A CONACYT

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 

(Publicado en Campus Milenio No. 718. Agosto 17, 2017. Pág. 6)

En la Comisión Permanente del Congreso, en una de las sesiones del mes anterior, se presentaron varios dictámenes con puntos de acuerdo dirigidos a Conacyt. Algunos merecieron la intervinieron de los legisladores, otros simplemente quedaron aprobados sin mayor trámite. Sin embargo, todos ellos fueron o serán comunicados a Conacyt y plantean asuntos relevantes.

Uno de los puntos de acuerdo, aprobado en la sesión del 19 de julio, exhorta al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación –máximo órgano de política del sector-- y al propio Conacyt, “para que en el ámbito de sus competencias, continúen con las acciones que garanticen el desarrollo educativo y la formación de estudiantes de posgrado en nuestro país”.

Este exhorto es, en buena medida, uno de los resultados de la inconformidad mostrada por los jóvenes estudiantes sobre el reciente recorte en el número de becas que otorga anualmente Conacyt y los conversatorios a los que aquí nos referimos en su oportunidad. En la sesión, en su intervención favorable al dictamen, la diputada del PRI, Ruth Noemí Tiscareño, hizo notar la importancia del ramo 38 (el ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para ciencia y tecnología) para materializar las políticas sectoriales.

Al mismo tiempo, la diputada Tiscareño, destacó que el actual presupuesto del ramo es casi la mitad de lo que sugieren los organismos internacionales. Y sí, como lo hemos reiterado en este espacio, el gasto en investigación científica y desarrollo tecnológico, como proporción del PIB, es insuficiente y muy por abajo de la propia meta que se autoimpuso el gobierno federal (ahora está en 0.54 por ciento y se planteó que alcanzaría el uno por ciento para el 2018).

Un exhorto complementario fue dirigido a la “Comisión de presupuesto y cuenta pública” de los diputados para que en el presupuesto del año próximo consideren la posibilidad de ampliar los recursos para Conacyt. Después de todo, esta comisión y el pleno de la cámara son los que autorizan los recursos públicos. El incremento es deseable y en el cálculo, análisis y discusión, debiera considerarse que el presupuesto de este año tuvo un recorte de casi siete mil millones de pesos. Así que, si fuera el caso, tendría que ser una ampliación sustantiva de recursos.  

Otro dictamen con punto de acuerdo solicita a Conacyt un informe “sobre los programas denominados de Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de las Empresas e Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas”. Es, en realidad, un programa de fomento a la investigación científica y desarrollo tecnológico dirigido a empresas privadas que opera bajo tres modalidades.

El volumen de recursos financieros para ese programa (U003) es significativo: 4 mil 640 millones de pesos y, de acuerdo al diputado Adolfo Cárdenas de Movimiento Ciudadano, existió un subejercicio en 2015 por 2.3 por ciento. Además, el mismo diputado indicó que, de acuerdo a una evaluación de el Coneval, no está claro el problema que se busca atender el programa y la Auditoria Superior de la Federación precisó fallas en la implementación. El dictamen fue aprobado, sin discusión.

Un ultimo dictamen, exhorta a Conacyt a analizar la “viabilidad de considerar como invitado permanente a las Comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y del Senado de la República en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Así dice.

Es decir, ahora, legisladores solicitan estar en el máximo órgano de política y en un organismo intermedio. Es un tanto sorprendente la solicitud. Por una parte, recordemos las dificultades de integración y operación del Consejo General que hemos señalado en este espacio y también la iniciativa que está en curso para la reforma del mismo organismo (la posibilidad de suplencia de los titulares) y ahora resulta que los responsables de los cambios necesitan invitación. Por otra parte, la petición vuelve a plantear el irresuelto problema del diseño institucional del sector, así como la duplicidad y el trabajo convergente de diferentes instancias del sistema.

La solicitud también revela la escasa densidad de las comisiones de ciencia y tecnología en el Congreso y en el trabajo legislativo. Además, la propuesta original fue presentada por la diputada Perea Santos de Encuentro Social, aunque la diputada, en lugar de dirigir el exhorto a Conacyt, lo hizo a la SEP. 

Un punto de acuerdo emitido por el Congreso es una posición institucional respecto de algún asunto que se considera relevante. El reglamento legislativo dice que puede ser de exhorto cuando se solicita información que puede ser de interés para una comisión, pero también puede ser una solicitud de información que tiene un interés general.

Los puntos de acuerdo no son vinculantes, pero expresan diferentes asuntos que son de importancia e interés público. En este caso sin duda lo son y valdría la pena conocer lo que Conacyt tiene que decir.

TLC: movilidad laboral y calificación de los migrantes

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 716. Agosto 3, 2017. Pág. 5)

En este mes comenzará la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las especulaciones han sido muchas y muy variadas sobre las estrategias que utilizarán los tres países participantes, su preparación, sus expectativas y lo que finalmente resultará de las negociaciones. En este proceso, la base la constituyen las relaciones comerciales, pero no hay duda de que el tema migratorio y la movilidad laboral serán factores clave.

El presidente estadounidense, Donald Trump, es el factor más disruptivo e inquietante en el eventual acuerdo trilateral de comercio. La importancia de la migración, como telón de fondo en las negociaciones del TLC, ha sido revelada por la más reciente afirmación de Trump y un sorprendente desmentido del gobierno mexicano este lunes 31 de julio.

Donald Trump, en la presentación de su jefe de gabinete, John Kelly, dijo que la frontera era un gran problema, pero que ya se estaba deteniendo a cerca del 80 por ciento y añadió: “incluso el presidente de México me llamó y ellos dijeron que de su frontera sur muy pocos vendrán [a los Estados Unidos] porque saben que no podrán cruzar la frontera” (https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/07/31/remarks-president-trump-cabinet-meeting). Sencillamente inaudito.

Horas después, la cancillería mexicana envió un boletín para desmentir la llamada: “El presidente Enrique  Peña Nieto no ha sostenido recientemente comunicación telefónica con el presidente Donald Trump”. Sin embargo, añadió que en su encuentro del pasado 7 de julio en Alemania, EPN sí comentó que la repatriación de mexicanos había disminuido 31 por ciento en el primer semestre de 2017, comparado con el mismo periodo del año previo, y que la migración de Centro y Sudamérica había disminuido, para el mismo periodo, en 47 por ciento.

Lo que hoy está claro es que los “hechos alternativos” o las “noticias falsas” pueden ser pronunciadas sin mesura ni rubor. También que Trump, con independencia de las ventajas comerciales que pudiera o no lograr, canceló, sin mayores argumentos, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) al inicio de este año y, más recientemente, en contra de cualquier principio y evidencia científica, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático.

Ahora, lo que también está firme es la primera ronda para la renegociación del TLC: será del 16 al 20 de este mes. Después, está previsto que existan otras seis rondas más, con un intervalo de tres semanas en cada una (Milenio Diario 19.07.2017). Sin embargo, esto último todavía no es un acuerdo, así que habrá mayor certeza una vez realizado el primer encuentro. Lo que sí es cierto es que el gobierno mexicano solicitó que la renegociación concluya antes de que arranque el proceso de las elecciones federales del año próximo.

Todavía hay otros dos elementos que ya se conocen. Uno de ellos es parte del contenido del encuentro privado que sostuvieron Donald Trump y Peña Nieto, a propósito de su asistencia a la cumbre de líderes del G20, el pasado 7 de julio, el que apenas la cancillería refirió en su reciente boletín, pero que presidencia ya lo había adelantado.

En aquellos días, sobre Trump dijo el presidente mexicano: “Acordamos, también, revisar un programa que permita que trabajadores agrícolas puedan tener, al amparo de un programa, de un programa con los Estados Unidos, puedan desempeñar labores en los Estados Unidos de manera temporal” (Comunicado presidencia 08.07.2017). Es decir, un programa para trabajadores de baja calificación. La pregunta es si será como el que operó en los años sesenta o cómo. Eso no lo reveló.

El otro elemento es que la composición de los flujos recientes de inmigrantes hacia los Estados Unidos ha cambiado notablemente. Los datos del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), con los datos del censo estadounidense, encontró que cerca de la mitad (el 48 por ciento) del total de inmigrantes que llegaron a ese país entre 2011 y 2015 eran graduados universitarios, mientras que al final de los años 90 representaban el 27 por ciento (Jeanne Batalova & Michael Fix “New Brain Gain: Rising Human Capital among Recent Immigrants to the United States”).

El otro dato importante del mismo estudio es que el flujo mayoritario de personas altamente calificadas proviene de Asia, sin embargo, los provenientes de América Latina se han convertido en el segundo grupo de inmigrantes más numeroso de personas con mayores calificaciones (alrededor de una cuarta parte). Una posición que habían ocupado los europeos hasta mediados de los años 2000.

El asunto parece más complicado todavía. Un informe del año pasado del Center for Global Development, a la vista de los flujos migratorios y las necesidades de empleo en Estados Unidos, propone un nuevo convenio laboral bilateral. El documento, bajo la autoría principal de Michel Clemens y en el que figuran como copresidentes Carlos Gutiérrez y Ernesto Zedillo Ponce de León, así como un grupo de trabajo de una veintena de personas mexicanas y estadounidenses (“Frontera compartida, futuro compartido”) fue dado a conocer recientemente por el periodico El Universal (30.07.2017) e incluye, centralmente, una propuesta para regular “la movilidad temporaria de trabajadores menos calificados”.

 
Y pues sí, la negociación deberá incluir trabajadores no calificados pero también a los altamente calificados. ¿O no?

Evaluación científica: la vida académica en un formato

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
 
(Publicado en Campus Milenio. No. 715. Julio 27, 2017. Pág. 5)

Investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), uno de los centros públicos de investigación del área del área de las ciencias sociales y las humanidades, encabezan una protesta pública por la manera en la que se quiere evaluar su trabajo. Dicen que es una “forma rígida y excluyente a la que nos quieren obligar a presentar la información sobre nuestras actividades académicas”.

En una carta dirigida a Enrique Cabrero, titular del Conacyt, y a Víctor Gerardo Carreón, director de planeación y evaluación del mismo organismo, casi un centenar de investigadores del CIESAS, se inconforman por el reciente cambio en la plataforma digital del Conacyt. El rechazo no es a la modificación informática es, más bien, al formato en el que deben “capturar” la información relevante de su trayectoria académica: el Currículum Vitae Único (CVU).

El CVU es la fuente de información primaria para todo trámite académico ante el Conacyt. Ahí quedan trazadas las coordenadas de la vida académica del investigador, el becario o el aspirante a serlo; sirve tanto para valorar la permanencia, ascenso o salida como investigador, como la asignación de financiamiento para un proyecto o el merecimiento de una beca de posgrado.

La importancia del CVU ha sido paulatina y es relativamente reciente su formato completamente digitalizado. Hasta hace muy poco los investigadores llegaban a las puertas del Conacyt con cajas de cartón apiladas con toda la documentación probatoria para su evaluación; incluso las instituciones contrataban transporte de carga. A la par, a mediados de los años 2000, el Conacyt comenzó a tratar de homogeneizar la información de todos sus investigadores.

También, a medida que los trámites gubernamentales (y de todo tipo) se extendieron electrónicamente a diferentes áreas, la digitalización de la información y el servicio “en línea” se han convertido en la forma más fácil de atención a las demandas. El Conacyt, sin embargo, apenas hace un par de años inició con su modernización tecnológica y a prescindir de la documentación física.

Ahora, el paso más reciente ha sido la actualización de su portal electrónico y la utilización de diferentes plataformas para los distintos servicios que brinda el organismo. Una de ellas es la del CVU, en la cual aparece el nuevo formato de captura y ahí, todos los usuarios, deben migrar sus datos curriculares de su CVU anterior. Eso también esa es parte de la queja.

El asunto del CVU no solamente tiene una dificultad técnica, especialmente para los investigadores de muy bajo perfil tecnológico, pero de alta categoría en el Sistema, que han tenido que aprender a utilizar las herramientas informáticas o buscar apoyo para esas tareas. Lo más importante es que, ahora, el nuevo formato de CVU será el principal instrumento para evaluar el desempeño individual.  El problema, señalan los investigadores del CIESAS, es que el formato “deja fuera actividades sustantivas de nuestro quehacer como científicos sociales”.

Por ejemplo, dicen en su carta los investigadores, excluye actividades realizadas en importantes universidades, lo mismo que publicaciones de determinadas editoriales y revistas. También se inconforman con la solicitud de incluir los códigos numéricos internacionales de las publicaciones (ISBN o ISSN), el registro de inscripción en los posgrados o la presentación de la cédula profesional.

La carta de los 100 investigadores del CIESAS fue acompañada de otras 174 firmas de académicos procedentes de casi medio centenar de instituciones y publicada el pasado 15 de julio en la plataforma “Change.org”. Esta última es un sitio electrónico para movilizar el respaldo a una causa y la lista de firmantes alcanzó más de dos mil adhesiones en los días siguientes (No-a-un-cvu-cerrado).

La inconformidad con las formas y tiempos de la evaluación del desempeño individual ha sido permanente. El SNI, a mediados de los años ochenta, fue uno de los precursores de la política que se extendió en la vida académica. Sin embargo, en estas más de tres décadas, a pesar de que se han modificado componentes, herramientas y mecanismos de evaluación, persiste la idea de que han sido mayores su efectos negativos (distorsión, parcialidad, cantidad sin calidad) que el mejoramiento de la actividad.

Al inicio de este mes, casi una decena de académicos de la UNAM y la UAM, publicaron un documento en el “Blog de educación de Nexos” para invitar a debatir ampliamente el problema de la evaluación académica y presentan una propuesta de evaluación diagnóstica y formativa (“Queríamos evaluar y terminamos contando: alternativas para la evaluación del trabajo académico”). Afirman que las actuales evaluaciones del desempeño individual no cumplen con los requisitos académicos elementales: promover el desarrollo y no castigar; recibir recomendaciones para mejorar; criterios de evaluación justos; reglas claras y transparentes

 
La incógnita es si estamos llegando a un punto de inflexión en la sostenida política de evaluación del desempeño individual o, una vez más, ésta conservará sus principios y se reinventará bajo nuevos mecanismos

Ciencia y tecnología. Conversemos sobre lo que tienen que decir

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx

(Publicado en Campus Milenio No. 714. Julio 20, 2017. Pág. 5)

Lo denominaron “Primer conversatorio. El otro lado de la moneda: desafíos del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación desde la mirada de los estudiantes de posgrado” y fue realizado en las instalaciones del Senado de la República. La iniciativa, apoyada por la Cámara alta, fue de los jóvenes y sí, fue un encuentro entre hacedores de políticas y los destinatarios de esas mismas políticas.

El encuentro es uno de los primeros intentos por zanjar el conflicto que se suscitó desde el primer trimestre de este año. Usted lo debe recordar, cuando varios estudiantes de posgrado, y muchos otros, no habían tomado nota de que en este año entraría en vigor una nueva unidad de referencia (la UMA) para todas las normas que tenían el salario mínimo como base de cálculo para otorgar incentivos. Una medida positiva que permitirá mejorar el salario sin implicar el cúmulo de leyes que estaban atadas, pero que los estudiantes piensan no les favorece. Las autoridades tampoco se ocuparon de explicarlo.

Después, el problema mayor fue que los jóvenes, cuando se inscribieron a un programa de posgrado, estaban en el supuesto de que recibirían una beca. Resultó que no, no habría becas para todos. Así que ni UMA ni nada.  Las autoridades de Conacyt dijeron que les comunicaron con anticipación a los coordinadores de los programas que no habría beca para todos los estudiantes; los coordinadores lo negaron. Ahí se agravaron las dificultades.

En realidad, como había ocurrido en los años previos, la mayoría de los estudiantes que eran admitidos en programas de posgrado pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) podían contar con una beca. Claro, los números finales estaban un tanto en función de los perfiles académicos y socioeconómicos de los jóvenes, otro tanto dependientes del número de becas recibido en cada institución el año anterior y, lo más importante, en virtud del presupuesto anual de Conacyt.

Las instituciones aceptaron, respecto del año anterior, a un mayor número de estudiantes y resultó que no todos alcanzaban una beca. Aquí lo comentamos en su oportunidad: en este año, un recorte de seis mil millones de pesos en el presupuesto que ejerce centralmente Conacyt tendría consecuencias.

El asunto es que lo estudiantes se inconformaron con el recorte de becas y con la nueva base de cálculo, Conacyt permaneció impasible y solamente intervino hasta que las protestas se hicieron públicas y crecientes.

No se modificó la unidad de medida pero sí se otorgó un mayor número de becas y al parecer hasta ahí había quedado el asunto. Pero no, un grupo de jóvenes persistieron en una incipiente organización, en su demanda de mayor presupuesto para el sector y en lograr becas para todos los estudiantes de posgrado.

El martes de la semana pasada tuvo lugar el conversatorio que organizaron los estudiantes. Los temas a conversar: la incertidumbre presupuestaria del sector; las vicisitudes de ser un estudiante de posgrado en México; infraestructura científica y tecnológica; la mancuerna academia – sector productivo – gobierno; y la participación de las y los estudiantes de posgrado en la planeación de la política científica, tecnológica y de innovación.

Desafortunadamente no pude atender la amable invitación para participar, pero en cada tema estuvieron estudiantes, autoridades del sector, legisladores y especialistas. Y como lo celebró el senador Juan Carlos Romero Hicks, fue muy importante que las comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología de las Cámaras, “hayan logrado el propósito de hacer visible a los alumnos provenientes de 30 instituciones y 13 casas de estudios, dedicadas a las artes, humanidades, ciencias exactas y naturales, con lo cual se logró pasar de las quejas a propuestas claras” (Boletín 1681).

El conversatorio es un formato que ha impulsado Naciones Unidas con el fin acercar a ciudadanos, especialistas y autoridades en discusiones que permitan registrar aportes y construir agendas nacionales en temas muy variados. Lo característico es que son participaciones informadas pero que son relativamente informales, relajadas y que no requieren de mucha preparación.

El formato no es desconocido para Conacyt ni tampoco para el Senado, aunque sí es relativamente reciente y sí lo es para acercar posiciones encontradas. Conacyt apenas lo utilizó el mes pasado para exponer diferentes puntos de vista sobre las evaluaciones de la política científica y tecnológica que realiza, pero todas las participaciones fueron de especialistas. El Senado lo ha utilizado desde hace un par de años, con diferentes propósitos, para ventilar o intercambiar información, entre ellas la concerniente a Naciones Unidas.

Lo positivo del reciente conversatorio es que quedó instalada la posición de los jóvenes sobre la política científica y tecnológica nacional. Todavía más porque ahora, con el inicio de los cursos universitarios, regresará el tema de las becas. Lo difícil de un conversatorio, sin embargo, es llegar a un consenso y conclusiones compartidas con efectos prácticos. El otro asunto que vale la pena tener presente es qué papel desempeñan los organismos intermedios del sector. 

Educación superior. Reconocimiento mundial de cualificaciones

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 713. Julio 13, 2017. Pág. 5)

Un convenio mundial de reconocimiento de títulos, grados y diplomas de la educación superior todavía no es una realidad. Sin embargo, es posible que para el final de este año o el siguiente lo sea. No será fácil. El comité encargado de la redacción de un posible convenio, después de más de un año de trabajo, celebró su última sesión al final del mes pasado y ha dicho que ya está el anteproyecto, el cual será presentado al comité ejecutivo de Unesco el próximo mes de noviembre (unesco.org 05.07.2017).

La elaboración de un documento marco en la materia se ha vuelto cada vez más apremiante y es, quizás, la expresión inequívoca de que hoy estamos ante un notable incremento en el flujo internacional de personas con altos niveles de calificación. Por ejemplo, de 1990 a 2010, en los países de la OCDE, el número de migrantes altamente calificados (al menos con un grado de estudios superiores) se incrementó 130 por ciento, mientras que los de baja calificación (educación primaria) solamente creció en 40 por ciento (Kerr, S. P. et al. 2016. “Global Talent Flows”. Journal of Economic Perspectives, 30(4), 83–106).

En el caso de los Estados Unidos, según las cifras de su censo, reveló que casi la mitad de los inmigrantes que llegaron a ese país entre 2011 y 2015 eran personas con estudios superiores, mientras que entre 1985 y 1990 representaron solamente el 27 por ciento. A pesar de que las personas provenientes de Asia han contribuido de forma significativa a elevar ese porcentaje de alta calificación, los que llegan de América Latina representan alrededor de una cuarta parte (Batalova, J., & Fix, M. 2017. New Brain Gain: Rising Human Capital among Recent Immigrants to the United States. Washington, D.C.).

Una movilidad que seguramente continuará en ascenso con nuevos desafíos por delante pero que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy sigue rutas muy variadas. Ya no es solamente desde un punto, en una sola dirección o concentrada en una región. Ciertamente, la búsqueda de acuerdos internacionales sobre niveles de calificación no es un asunto reciente. De hecho, como lo dice la propia Unesco (2015), desde mediados del siglo pasado se ha discutido el tema y en los años setenta e inicios de los ochenta se produjo una primera generación de convenios regionales.

Uno de los primeros acuerdos en ratificarse fue el “Convenio regional de convalidación de estudios, títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe”. Por cierto, el convenio fue firmado en México en julio de 1974, hace casi medio siglo. Ahí, en una veintena de artículos, quedaron las definiciones, los objetivos, los compromisos y las condiciones del reconocimiento de estudios.

Por ejemplo, quedó establecido que se entendería por reconocimiento de un diploma, título o grado extranjero, “su aceptación por las autoridades competentes de un Estado contratante y el otorgamiento a los titulares de dichos diplomas, títulos o grados de derechos concedidos a quienes posean” uno nacional similar.

Tales derechos serían válidos tanto para continuar estudios como para el ejercicio de una profesión. En el primer caso suponía establecer requisitos relativamente equivalentes de admisión y de evaluación en las instituciones de la región; en el segundo, aceptar la capacidad técnica del profesionista sin eximirlo de la regulación normativa nacional del ejercicio de la profesión.

Convenios similares se establecieron para las diferentes regiones del mundo: Mediterráneo (1976); Estados Árabes (1978); Europa (1979); África (1981); y Asia y el Pacífico (1983). Sin embargo, estos convenios se perfilaron y respondieron para un mundo que no es el de hoy. Así que, como dice Unesco, vino una segunda generación de convenios al final de los años noventa, espoleados por nuevas alianzas regionales, como el de la Unión Europea y su estrategia de Lisboa, la de América del Norte o la de Asia – Pacífico.

Según la Unesco, actualmente sería posible un convenio global, derivado de las tendencias regionales y globales de la educación superior. Tendencias que se podrían sintetizar en la palabra “diversificación”, tanto de proveedores como de suministros, alumnos, orientación institucional, etcétera. Una diversificación animada por la masificación de la educación superior y las tecnologías que la han hecho posible.

El asunto es que el volumen de la movilidad académica también se ha incrementado de forma importante. En los últimos 15 años el número de estudiantes móviles se duplicó y se estima que se volverá a duplicar para el final de la década actual. Entonces, el tema del reconocimiento de títulos y diplomas se volverá más relevante.

La Unesco ha dicho que el futuro Convenio no implicará un reconocimiento automático o mutuo de títulos y diplomas por sus Estados Partes. Más bien será un instrumento normativo que permita elaborar un marco internacional “para armonizar los procesos de reconocimiento de cualificaciones relativas a la enseñanza superior emitidas en todas las regiones del mundo”.

No, no será nada fácil lograr un acuerdo. No lo es a nivel nacional, como lo documenta Roberto Rodríguez en la columna vecina, y menos a nivel internacional. Todavía menos si se consideran los ajustes recientes en la geopolítica. Tampoco será imposible.