Tal parece que el inicio de la
segunda década del siglo XXI ha traído, por fin, cierta preocupación por la conducción
del sistema científico y tecnológico en México. Los argumentos y las posiciones
de una buena parte de los actores relevantes del sector coinciden en que se debe
elevar el rango del sector y crearse una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Es
un principio, pero faltan definiciones y la expresión que podrían seguir
actores y organismos hasta ahora existentes.
Lo hemos reiterado en varias
ocasiones en este mismo espacio: la idea de una nueva secretaría poco a poco
fue generando un efecto de consenso y ya encabeza la agenda de discusión para un
eventual programa del sector. Seguramente, sea cual sea el resultado de las
elecciones federales de julio próximo, será imposible soslayar el tema; por el
contrario, será un asunto prioritario.
Sin embargo, las posiciones
unánimes sobre la conveniencia de una nueva secretaría podrían comenzar a
mostrar las primeras fisuras al momento de definir los detalles relativamente
finos de la propuesta. De hecho, en los pronunciamientos a favor se puede
advertir que algunos incluyen a la
educación superior, otros la omiten y unos más guardan un prudente silencio. En
consecuencia, tampoco es claro si podría estar más cerca de la Secretaría de
Educación, de Economía o en qué proporción se dividiría su tendencia. No es un
asunto menor. Las manifestaciones también son ambiguas sobre si Conacyt debiera
preservarse, desaparecer o si la secretaría de ciencia y tecnología se
edificaría sobre esa estructura.
A la propuesta, como se podrá
notar, todavía le faltan precisiones. Pero quizás también le falta advertir
algunas de las implicaciones en el relativamente pequeño y complejo entramado
institucional del sistema científico y tecnológico. Desde fines de los años
noventa, las reformas a la ley del sector crearon un conjunto de organismos para
facilitar la conducción o gobernanza administrativa y política del sistema. El
asunto es si la creación de una nueva secretaría redefinirá la relación con el
conjunto de estructuras ya existentes, incluyendo las entidades federativas, y
cuáles de ellas permanecerán o desaparecerán en definitiva.
Uno de los problemas inveterados del sistema científico y tecnológico ha
sido el de la planeación y coordinación. Una responsabilidad otorgada a Conacyt
desde su creación en 1970, pero que carecía de instrumentos para hacerla
efectiva. De hecho, la primera norma, titulada “Ley
para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico” de 1985, se
propone con la idea de facilitar la coordinación entre las dependencias
del sector público que realizaban tareas de investigación y desarrollo, y entre
éstas y los sectores privado, social y educativo.
La entonces ley para coordinar,
planteó la creación de una
Comisión para la Planeación del Desarrollo Tecnológico y Científico, integrada
por 14 personas: once subsecretarios, el director de Conacyt y los titulares de
la UNAM e IPN. Una comisión que intentó reunir a funcionarios de alto nivel y ser
propositiva para definir los aspectos centrales de la política científica y
tecnológica. Desafortunadamente, como ocurre en el presente, la comisión
careció de efectos prácticos y se perdió en el laberinto de las buenas
intenciones.
La idea de estrechar relaciones con actores centrales del
sistema y/o tomadores de decisión ha sido persistente a lo largo del tiempo.
Tómese como otro ejemplo la creación del Consejo Consultivo de Ciencias de la
Presidencia (CCCP) en 1989, de gloria efímera, al inicio del periodo de Carlos
Salinas de Gortari, buscando una instancia de asesoramiento en la materia, pero
sobre todo a la caza de legitimidad e interlocución con científicos.
Tal vez la intención se acercar las definiciones de la
política científica y tecnológica a personas clave y a la comunidad científica,
se aprecia con mayor claridad en las reformas a la ley del sector de 1999 y
2002. En el primer caso, introdujo un cambio fundamental en las reglas del campo de la ciencia y la tecnología, como
la instauración de los fondos competitivos para la distribución de recursos, el
establecimiento de la evaluación de resultados como requisito para distribución
adicional de recursos, los convenios de desempeño de los centros públicos de
investigación y la participación de agentes y sectores en el diseño de la política.
En este último caso previó la creación del entonces
denominado Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, un órgano de
consulta del poder ejecutivo.
La reforma del 2002 una vez más buscó la coordinación intersectorial
para las actividades científicas y tecnológicas, acercarse a los tomadores de
decisión y otorgarle mayores capacidades a Conacyt. Efectivamente, en esa ley
quedó estipulada la creación de un ramo de gasto en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el sector (ramo 38), los rasgos de una política de
Estado, un ajuste al Foro Permanente –el cual pasó a llamarse Foro Consultivo--
y la creación del Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología y del Consejo
General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
En lo que se refiere a la Conferencia, se trata de un órgano de
coordinación del Conacyt con las entidades federativas, para promover la
descentralización de las actividades. Desafortunadamente su funcionamiento fue
irregular entre el 2002 y 2007. Apenas en el 2008 emitió sus bases de
funcionamiento y sus logros han sido poco visibles.
El Consejo General, máximo órgano de la política científica y
tecnológica, estaba considerado que fuera presidido por el ejecutivo federal,
nueve secretarios de Estado, el coordinador del Foro y cuatro investigadores.
Tampoco ha tenido un funcionamiento eficaz, contadas veces se ha reunido desde
su creación en el 2002. En la actual administración solamente ha sesionado una
vez y solamente porque debía aprobar el programa sectorial.
Un comité más se estableció en el 2009, con la reforma correspondiente, es el
Comité Intersectorial para la Innovación, presidido por la Secretaría de
Economía y el Conacyt en la segunda posición. Un organismo para fomentar la
innovación en le sistema y como asesor del Consejo Geenral.
El asunto es que la conducción del sistema científico y tecnológico ha
mostrado un doble movimiento. Por un lado, en sentido vertical, a la búsqueda
de aproximarse a la cúspide, con los tomadores de decisión para asegurarse la
provisión de recursos y de que las iniciativas se lleven a cabo. Por otro, en
sentido horizontal, intentando establecer un vínculo y coordinación con
estructuras administrativas afines y una interlocución con representantes de
actores clave, como la comunidad científica y tecnológica, a través de la
Conferencia y el Foro.
Actualmente, con la propuesta de crear una nueva secretaria, el sistema
podría dar un paso más en dirección ascendente vertical, puesto que tendría
mayor peso político, un mejor estatus en la administración pública y quizás
mayores recursos financieros. En estos términos, su búsqueda por ampliar sus
capacidades de coordinación y regulación estaría satisfecha.
(Publicado en Campus Milenio No. 462. Mayo 17, 2012)
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