Las colegiaturas son un elemento sensible
en el ámbito educativo y en el gasto de los hogares. Desde hace más de un año
el ejecutivo federal decretó su deducibilidad. También por su importancia, el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), uno de los negocios más rentables de
la política en el país y siempre con los estudios de marketing bajo el brazo, basó parcialmente su reciente campaña
electoral en un par de spots que
ridiculizaban y se oponían al cobro de cuotas escolares.
La alianza entre el PRI y el PVEM
también llevaron, casi al finalizar la reciente campaña electoral, a que el
candidato priista realizara promocionales en los que respaldaba explícitamente las
propuestas del Verde, particularmente las de “vales para medicinas” y el no a
las cuotas escolares.
Ahora, en el periodo de la
transición que se prolongará durante los próximos cinco meses, será el momento
de hacer un recuento del cúmulo de promesas que se pronunciaron en el fragor de
la contienda electoral, sobre todo por los compromisos que se asumieron y la
inminente tarea de cumplirlos.
La promocionada oposición del
partido Verde a las cuotas escolares se refiere a los cobros que aplican algunas
escuelas públicas de nivel básico, a través de la sociedad de padres de familia
de forma discrecional, los cuales se utilizan para diferentes propósitos, entre
ellos el de mantenimiento y mejora de los planteles escolares.
Si la fracción IV del artículo
tercero constitucional establece que la educación impartida por el Estado debe
ser gratuita, cualquier cobro que realicen las escuelas públicas es indebido y
estará fuera de la norma. Sin embargo, también es cierto que ante la
insuficiencia de recursos públicos e incapacidad estatal para atender algunas
de las necesidades de los recintos escolares, la responsabilidad se ha
trasladado parcialmente a los padres de familia.
En tal situación: ¿qué hará la
nueva administración en materia de cuotas? ¿Se opondrá activamente o
simplemente ignorará si las instituciones o la organización de padres de
familia persisten en sus prácticas? ¿Cómo y a través de que medios podría suplir
el respaldo que reciben los planteles?
Otro asunto es el de las
colegiaturas en la educación particular. En este caso, paradójicamente, a
medida que la obligatoriedad se ha extendido a otros niveles escolares, también
se han incrementado los incentivos para acudir a las instituciones
particulares. En 1993 la educación secundaria se sumó a la primaria como grado
obligatorio; después, en el 2002, se incluyeron los tres años de preescolar; y
finalmente, el pasado mes de febrero se decretó la obligatoriedad de la media
superior. La participación relativa del sector particular en preescolar se ha
incrementado en la última década (de 10 a 14 por ciento) y seguramente lo mismo
ocurrirá con la media superior.
Una cierta imagen de deterioro de
la educación pública, complementada con la idea de superioridad, en buena
medida infundada, de la educación particular y una escasez de espacios
educativos públicos, han propiciado que una porción importante de las familias
se inclinen por la educación particular.
Tal vez por la creciente presión en
el gasto de las familias, la perentoria puesta en marcha de la obligatoriedad
de la media superior y los ajustes en el esquema del gasto educativo, el
gobierno federal decretó la deducción de los pagos por concepto de colegiaturas
el 15 febrero del año pasado.
Según el decreto correspondiente,
las personas físicas pueden deducir a su base gravable para efectos del ISR
anual, los pagos de las colegiaturas (no de inscripciones u otros gastos
escolares) a instituciones particulares que cuenten con RVOE. Los niveles que
incluyó van de preescolar hasta media superior y estableció montos máximos por
nivel y persona.
La Secretaría de Hacienda estimó
que en el corte correspondiente al año pasado dejaron de ingresar al erario por
ese concepto 13 mil millones 441 mil pesos (Presupuesto
de Gastos Fiscales 2011: p. 36). El 30 de marzo de este año, el ejecutivo
federal nuevamente publicó el decreto de beneficio fiscal y Hacienda calcula
que el monto que dejará de percibir será ligeramente mayor, sumará 13 mil
millones 554 mil pesos (Presupuesto de
Gastos Fiscales 2012: p. 84).
(Publicado en Campus Milenio No. 470. Julio 12, 2012)
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