Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 684. Diciembre 1, 2016)
¿La entrega de certificados de
educación primaria o secundaria pudo crecer 800 mil veces en los últimos 15
años? Inconcebible. Números que no corresponden a la realidad en un acto en el
que precisamente se trata de informar con exactitud qué se hizo o dejó de
hacer, no parece lógico ni muy sensato. Quién sabe si esto es una “posverdad”,
pero sí es lo que ocurrió en la comparecencia de la semana pasada del
secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava.
El controvertido e irascible
funcionario Miranda ha sido motivo de duras críticas en la prensa por sus polémicas
expresiones en la cámara de diputados. Los medios han reproducido con insistencia
las insolentes respuestas que dio a algunos cuestionamientos de legisladores y
especialmente a la diputada Araceli Damián. No tiene caso reiterar lo dicho a
ese respecto por el secretario, seguramente usted lo ha leído de sobra, lo que sí
conviene es interrogar el sentido de esos encuentros y la desmesura de datos
que deben ser totalmente confiables.
El espectáculo anual de un
presidente de la República, autocontenido e impávido, dando lectura a sus
logros en el Congreso, frente a interpelaciones de legisladores que cada vez se
fueron haciendo más estridentes y exaltadas, llevó a la reforma de la
Constitución en el 2008. Fue una negociación para evitar la ridiculización del ejecutivo
federal en el Congreso e intercambiar su presencia por la comparecencia de los
secretarios de Estado.
La reforma constitucional parecía
una buena idea y un buen principio. Los legisladores revisarían el informe presidencial;
posteriormente, podrían formularle al ejecutivo federal, “mediante pregunta por
escrito”, una solicitud para ampliar la información del documento y, después,
citar a comparecencia a los secretarios de Estado para rendir cuentas “bajo
protesta de decir verdad”. En el papel, todo bien.
Al comienzo, algunos legisladores
le hicieron llegar acuciosas preguntas al presidente de la República. Así
ocurrió en el cuarto y quinto informe de Felipe Calderón. Alrededor de dos o
tres decenas de preguntas fueron remitidas y, al cabo de semanas, recibieron
respuesta, algunas de trámite, pero todas puntuales. Sin embargo, por alguna insondable
razón, a los legisladores les pareció un ejercicio inútil y a partir del 2012 lo
abandonaron. Está en la Constitución pero, como tantos otros preceptos, no se
aplica.
Después, los legisladores se concentraron
en la comparecencia de funcionarios para lo que llaman la glosa del informe. Sin
embargo, una buena proporción de las comparecencias de los secretarios de
Estado no están animadas por una auténtica rendición de cuentas, sino por las rencillas
y el cobro de facturas entre fuerzas políticas. No obstante, sea el caso que
sea, los funcionarios están
obligados a trasparentar su actuación, mostrar con toda precisión las cifras
que tienen y aclarar qué resultados han obtenido.
Por ese motivo sorprende que, en la reciente
comparecencia del secretario Miranda, en su exposición inicial, dijo algo
sumamente ininteligible en materia de rezago educativo: En los últimos 15 años el promedio anual era de 5560 mil personas [a
quienes se les entregó certificado]. En
este año hubo un millón 713 personas certificadas de primaria o de secundaria,
e incorporadas a un sistema de preescolar a través de guarderías infantiles –y
a través de todos los sistemas– de 5.5 millones de personas. Es decir, 800 mil
veces más que el 2008 al 2012, solamente en esta administración (versión
estenográfica)
La información no tiene pies ni
cabeza. Para empezar, el promedio anual de certificados entregado por el INEA en
esos años es muy superior al que dice el secretario: poco más de 700 mil.
Luego, según el cuarto informe de gobierno, en este año se han entregado un
millón 460 mil certificados, más de 400 mil de los que anota el secretario (p.
367). Y que se hayan incorporado a través de todos los sistemas 5.5 millones de
personas es simplemente incompatible con sus propios números. Pero lo que
definitivamente no tiene comparación es decir que ahora suman 800 mil veces más
que del 2008 al 2012. Ni cómo entender nada.
Si se supone que los secretarios
de Estado acuden principalmente para rendir cuentas y están “bajo protesta de
decir verdad”, cómo puede ser que uno de ellos diga lo que dijo y como si se
viera llover. También, por qué ningún diputado alzó la voz para cuestionar los
datos del funcionario, la comparecencia es precisamente para eso. Solamente la
diputada Araceli Damián le espetó: “No se está trabajando en la reducción de la
pobreza, sino en la credencialización de los pobres”. Total, lo mismo dio que
Miranda se refiriera a decenas, cientos o cientos de miles de certificados.
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