Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 694. Febrero 23, 2017. pág.
5)
“En términos generales, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), responsable de las
operaciones del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt), no cumplió con las
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”. Este es parte de uno de los cinco dictámenes
del reciente informe emitido por la Auditoria Superior de la Federación (ASF)
sobre programas del organismo rector de las políticas científicas.
El documento general
del informe permanece en reserva hasta que es entregado a la Cámara de
Diputados (máximo el 20 de febrero de cada año), cuando eso ocurre ya es del
dominio público y se puede consultar. El informe contiene los resultados de las
auditorias a las políticas y programas gubernamentales, también acerca del desempeño
de las entidades sujetas a fiscalización, así como lo concerniente al manejo
del ingreso y gasto público.
Aunque la ASF toma muestras de cada sector, el universo que
incluye el informe de resultados de la cuenta pública es relativamente
voluminoso (para la cuenta pública 2015 suman más de 1,600 auditorias). De
hecho, todos los entes que ejercen recursos públicos federales son auditables,
sean particulares o constitucionalmente autónomos (como algunas universidades)
o perteneciente a alguno de los tres poderes de la Unión o nivel de gobierno
(municipal, estatal o federal).
Las auditorias constituyen uno de los pocos instrumentos de
contrapeso a las decisiones y desempeño discrecional del poder público. A pesar
de que se ciñen a un marco normativo sumamente rígido y las valoraciones,
algunas veces, siguen una lógica administrativa incomprensible, sus resultados
son de los escasos indicadores que tiene la ciudadanía para calificar las
actividades gubernamentales.
En el caso del Conacyt, el informe más reciente de la ASF, auditó
cinco diferentes programas: 1) El Fordecyt; 2) El de Fortalecimiento a nivel
sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación; 3) Apoyos
para el fortalecimiento en materia de infraestructura científica y tecnológica;
4) Auditoria de TIC; y 5) Innovación tecnológica para negocios de alto
valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas.
De acuerdo el
informe de la ASF, el primer programa, el Fordecyt, como se indicó al inicio de
este texto, tiene diferentes faltas: en los recursos acumulados al final del
2015, se incluyen
810 millones de pesos “de cuyo importe sólo se otorgaron 203 millones 205 mil pesos
para proyectos de investigación (25.1 por ciento), por lo que el Fordecyt no
cumplió con la gestión financiera de la administración y operación del Fondo
Institucional para el Desarrollo, Científico, Tecnológico y de Innovación, con
lo que incumplió el objetivo para el que fue creado” (p. 790).
En consecuencia, la ASF recomienda a la Cámara
de Diputados que “verifique la disponibilidad y excedentes” del Fordecyt,
puesto que al 31 de diciembre de 2015, contaba con recursos acumulados por casi
dos mil millones de pesos, incluyendo lo que no se distribuyó de los 810
millones de pesos.
Los datos de
la auditoria revelan un subejercicio y ponen en cuestión el supuesto incremento
reportado por el gobierno federal en su 3er Informe de gobierno: “En los primeros tres años de la actual administración, el gobierno
de la República incrementó de manera sostenida la inversión en CTI en
los estados y regiones del país a través del Fordecyt. En 2015
canalizó recursos presupuestarios por 810 millones de pesos, 30.6 por ciento más
en términos reales que en 2014” (p. 333). ¡Sí, la cantidad fue superior, pero
no fue distribuida! Grave.
Otro caso, el segundo programa, el de
Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas y
tecnológicas, en el que se revisaron los subsidios otorgados por Conacyt para atender demandas. La opinión de la ASF es que el
organismo puso en marcha el programa con deficiencias en su diseño, puesto que “no definió con precisión a su población
objetivo; y desconoció el efecto de los apoyos otorgados mediante el programa
en el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas”.
La misma ASF recomienda que Conacyt disponga de mecanismos para cuantificar el
desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas, tecnológicas y de
innovación de las dependencias y entidades de la administración pública
federal. AFP. Sin embargo, el mismo gobierno federal reportó que había
promovido un desarrollo integral.
En fin, según
el artículo 32 de la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la
federación, la que rige la actuación de la ASF, las entidades fiscalizadas,
tienen 30 días hábiles, a partir de que reciben las observaciones y
recomendaciones, para presentar la información y consideración que estimen
pertinentes.
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