Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 703.
Mayo 4, 2017. Pág. 5)
La Unidad Peninsular del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) tiene una
nueva directora: Dulce María Sauri Riancho. El director general de la
institución, Agustín Escobar Latapí, con manifestaciones previas de inconformidad,
le dio posesión el pasado 24 de abril. Las funciones de la nueva directora
comenzaron este primero de mayo y se extenderán durante los siguientes tres
años.
El CIESAS es uno de los 27 centros
públicos de investigación sectorizados al Conacyt y uno de los ocho centros de
ciencias sociales y humanidades de ese subsistema. Al igual que muchas otras
instituciones del sector científico se fundó en los años setenta, pero el
Centro mismo ya es un subsistema que se ha expandido en los últimos años.
Actualmente, el CIESAS, aparte de la sede en Ciudad de
México, tiene otras seis sedes regionales en diferentes puntos del territorio
nacional: Golfo, Noreste, Occidente, Pacífico Sur, Sureste y Peninsular. De
hecho, de los centros públicos de investigación de ciencias sociales es el que
más se ha extendido. En conjunto, en sus diferentes sedes, su personal
académico sumaba casi dos centenares el año pasado (158 profesores-investigadores,
13 jóvenes Cátedra Conacyt y 28 técnicos académicos).
Por su parte, la Unidad Peninsular, la
que ahora dirigirá Sauri Riancho, es una de las sedes más recientes y
relativamente pequeña (la otra es el la del Noreste). Apenas se creó en el año
2000, tiene una docena de investigadores y tres áreas de especialidad:
historia, etnohistoria y antropología social. En términos comparativos es una
institución modesta.
Pero ¿por qué generó inconformidad el
nombramiento de Sauri Riancho? En el mes de marzo de este año, la revista
Contralínea reportó que había sido contratada Sauri como investigadora de la
institución y que el hecho había generado rechazo, porque se había apartado de
la normatividad y porque los que estuvieron en desacuerdo argumentaron que las
oportunidades debían ser para los jóvenes, no para las personas mayores de 65
años (http://www.contralinea.com.mx).
El director general del CIESAS, Escobar
Latapí, según reportó la misma revista, asumió la responsabilidad directa del
nombramiento y en carta pública, explicó que se debía a razones estratégicas: “El contexto presupuestal y
político de la ciencia en México ha cambiado. No podremos ser fuertes si
dependemos sólo del presupuesto federal aprobado por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público... La contratación de una investigadora que facilite las
redes, contactos y proyectos es una decisión estratégica que cabe dentro de mis
facultades”.
Y sí,
para todas las instituciones académicas la presión por la búsqueda de recursos
propios se ha incrementado notablemente, pero ha sido mayor para los centros
públicos de investigación. No es un tema menor. De hecho, la ley establece una
regulación específica para los fondos autogenerados en estos centros y, tal vez
por la misma razón, los recortes presupuestales les han afectado en mayor
medida. ¿Razón suficiente para la nueva contratación? Podría ser.
El
asunto es que Sauri Riancho, al poco tiempo de su incorporación, fue nombrada
directora de la Unidad, lo que reanimó las muestras de inconformidad. Así que
Escobar Latapí, en otro comunicado público, volvió a argumentar en favor de
Sauri, ahora como directora, para destacar sus méritos para conciliar
diferentes intereses académicos, su compromiso y su participación personal en
distintos proyectos.
En estas
circunstancias destacan diferentes aspectos. En primer lugar, es obvio que una
parte del rechazo a la nueva directora está animado por su carrera como
política de alto nivel en el PRI (legisladora, gobernadora de Yucatán,
dirigente del partido) y su reciente grado como doctora en historia (en
septiembre de 2016). Una combinación letal. Los políticos, casi que
independientemente de su trayectoria y partido, tienen una bajísimo nivel de
aprobación y cayendo.
En
segundo lugar, si antes un buen número de investigadores, directivos y rectores
de universidades aspiraban (o aspiran) a saltar a la administración pública,
hoy se registra el camino inverso. No es ninguna novedad. Un buen número de
funcionarios públicos de mandos superiores, en el ocaso de sus carreras en la
política, han buscado un prudente y discreto retorno o refugio en la academia
nacional o internacional.
En
tercer lugar, y esto sí es más reciente, la opción académica de alto nivel para
los políticos está bajo los reflectores y en la mayoría de los casos ha sido controvertida.
No solamente por los cuestionados expresidentes que buscan una posición o
estancia en una universidad en el extranjero y no lo logran o son ampliamente cuestionados.
También están los casos de ex gobernadores, como Humberto Moreira, que cursan
estudios de posgrado en condiciones inmejorables y esperan tiempos mejores. O
los funcionarios públicos que se dedican a dar conferencias en espacios de
invernadero.
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