Alejandro Canales
UNAM-IISUE-PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 833. Enero 16, 2020. Pág. 4)
¿Cuál es el meollo en el largo conflicto entre
Conacyt y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCCyT)? En la
superficie, el primero sostiene que, previa consulta con la Secretaría de la
Función Pública en julio del año pasado, quedó claro que no está obligado a
transferir recursos económicos a una asociación civil, como lo es el Foro. Independientemente
de si está justificado o no, el asunto plantea un problema más amplio: la
relación entre el gobierno, la participación social y las organizaciones de la
sociedad civil.
El Foro es uno de los miles de organismos existentes
en el ámbito científico, educativo y artístico, los cuales se suman a otros
miles en diferentes campos, como el deporte, salud, ecología, política,
discapacidad, género y muchos otros. Las actividades que desarrollan son
múltiples y sus figuras jurídicas son muy variadas. Incluso, los mismos Centros
Públicos de Investigación, entidades que reciben financiamiento de Conacyt,
tienen la figura jurídica de asociación civil.
Las organizaciones son inveteradas, aunque apenas
hace quince años, con la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las
Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, comenzó un registro
más sistemático de su volumen, tanto como la regulación de sus derechos y
obligaciones. La última reforma a esa ley tuvo lugar hace poco más de un año.
Entonces, si se busca un cambio
en el tipo de relación y en las reglas de juego entre las organizaciones de la
sociedad civil y las entidades gubernamentales, conviene discutir el marco
normativo actualmente vigente, ajustar la posición de las partes y acordar
nuevos lineamientos.
El mismo ejecutivo federal ha
sostenido que no le gustan los organismos intermedios y prefiere la relación
directa con los gobernados. Sin embargo, el problema no parece tan sencillo de
resolver y tal parece que casi siempre emprendemos el camino inverso: ignoramos
la norma existente, normalizamos las prácticas y luego buscamos plasmarlas en
nuevos ordenamientos.
En el campo educativo, como si se
viera llover, la nueva Ley General de Educación, la promulgada el pasado mes de
septiembre, suprimió el capítulo VII de la norma anterior. Se trataba de un
apartado sobre la participación social en educación, los lineamientos para
regular la intervención de los padres de familia, la abigarrada edificación de
los Consejos de Participación Social y el papel de los medios de comunicación. Todo
un vuelco.
Por el contrario, en el campo
científico la norma está vigente, pero la disputa entre el Foro Consultivo y el
Conacyt comenzó discretamente desde el periodo de transición y abiertamente
cuando inició el ejercicio de gobierno de la actual administración. Después, la
confrontación se trasladó al terreno legal.
Al comienzo parecía que solamente se trataba de un
estira y afloja para disminuirle los recursos financieros al Foro, como ocurrió
en la mayor parte de entidades de la administración pública. No obstante, el
conflicto entre las partes escaló rápidamente y las posiciones de ambos
organismos se radicalizaron.
El Foro promovió un juicio de
amparo para que Conacyt le entregara los recursos necesarios y en septiembre
del año pasado, un juez le concedió la suspensión provisional para que sí
obtuviera el financiamiento suficiente. Sin embargo, en el proceso legal, procedía
un recurso de queja y faltaba la suspensión definitiva, así que continuó sin
recibir los recursos.
El Foro argumenta que, conforme
al artículo 38 de la vigente Ley de Ciencia y Tecnología, la autoridad debe
dotarlo del financiamiento necesario para su operación. En efecto, el citado
artículo precisa que Conacyt debe otorgar, “por conducto del secretario técnico
de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado
funcionamiento” del Foro.
Ahora, en la resolución del
pasado 6 de enero, un juez federal dictó sentencia a favor del Foro, reconoce
su importancia como “órgano autónomo que ayude a que la voz de los
especialistas, científicos e investigadores sea tomada en cuenta por el sector
público” (Milenio Diario.
09.01.2020).
No obstante, la semana pasada la
directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, ante la pregunta sobre el fallo
judicial favorable que obtuvo el Foro, respondió: "Es un tema legal, aún
no concluye, por eso me gustaría guardarme los comentarios. Solo puedo decirles
que estamos en un Estado de derecho y respetamos los recursos de la ley y lo
que ésta determine" (Reforma.
11.01.2020: 16).
En efecto, el asunto legal no concluyó
con la resolución del juez, todavía procede una revisión. Como todos los pleitos
legales, siempre habrá recursos que interponer y prolongar el juicio. El
problema más apremiante, sin embargo, será discutir las nuevas reglas de la
participación social y las entidades gubernamentales.
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