Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 841. Marzo
12, 2020. Pág. 5)
A la memoria de Rafaela, mujer ejemplar.
La nota de
Carlos Carabaña dice que el “Conacyt ocultó informe crítico con el Tren Maya”
(El Universal 09.03.2020). La construcción de la obra fue una promesa del entonces
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es un magno proyecto de alrededor
de 8 mil millones de dólares para impulsar el desarrollo del sur-sureste
mexicano y también es una de las obras polémicas de la actual administración.
El mismo día que
apareció la nota, Conacyt emitió un comunicado para señalar que el organismo
“no ha ocultado nada”, porque tal informe comenzó a distribuirse “a partir del 28 de febrero” en más de una
docena de dependencias gubernamentales. (147/20).
Según lo
descrito por Carabaña, el organismo rector de la política científica y
tecnológica invitó en septiembre del año pasado a una treintena de
investigadores para que analizaran las afectaciones que tendría la construcción
del Tren Maya en las diferentes comunidades y ciudades, puesto que se extenderá
territorialmente.
La idea fue
elaborar un reporte con información sobre el impacto de la construcción, para
difundirlo de forma anticipada a la consulta que iniciaría en noviembre y culminaría
a mediados de diciembre del año pasado. El informe está fechado en diciembre de
2019. Sin embargo, dice la nota de Carabaña, “el informe, en lugar de ser
distribuido a secretarías y público en general, fue detenido”.
El supuesto reporte
no incluye estudios de infraestructura ni tampoco de impacto ambiental y
social. No obstante, ahí se adelanta que tendría afectaciones negativas sobre
una decena de áreas naturales protegidas, entre ellas la recarga de mantos
freáticos y su capacidad para capturar bióxido de carbono atmosférico. La
construcción del Tren también implicaría la “destrucción irrecuperable” de más
de un millar de sitios arqueológicos y vulneraría los derechos de casi dos
centenares de comunidades indígenas.
La consulta
sobre el Tren Maya concluyó el 15 de diciembre del año pasado y obtuvo un
respaldo mayoritario de las comunidades indígenas convocadas (el 92 por ciento de
más de un millar de comunidades). Sin embargo, posteriormente, la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), invitada
como observadora del proceso de consulta, emitió un comunicado para advertir
que en el proceso no se habían “cumplido con todos los estándares
internacionales en la materia” (19.12.2020).
El comunicado de
ONU-DH precisó que: la Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y
la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del
proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. La ausencia de
estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que
las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente
informada.
El gobierno
federal a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, externó su
preocupación de lo que llamó “descalificaciones” que abonan a un clima de
incertidumbre y de falta de respeto a la voluntad de las comunidades indígenas
(23.12.2019).
Ahora, cuando se
da a conocer que existía un informe sobre el Tren Maya y no se dio a conocer
públicamente, sino meses después, se advierte la relevancia y obligación
gubernamental de contar con información precisa, oportuna y confiable. No es un
asunto a discreción o voluntad de los servidores públicos.
La Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública establece el principio de máxima
publicidad para los sujetos obligados. Es decir, toda la información que posean
deberá ser pública, completa, oportuna y accesible. La todavía vigente Ley de
Ciencia, Tecnología e Innovación, desde mayo de 2014, adicionó el capítulo X
para precisar las características del acceso abierto a la información.
Incluso, la
actual administración del Conacyt, en el mes de noviembre del año pasado,
anunció que era partidaria de una política de datos abiertos para “facilitar a
la población su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin”
(Comunicado 106/19). Por la misma razón no se entiende el retraso en su
difusión.
En diferentes
oportunidades, hemos llamado la atención sobre la importancia de contar con
información precisa y actualizada. La administración anterior se marchó sin
publicar el último Informe General del Estado del sector, a pesar de la
obligación normativa que mandata publicarlo anualmente. Las cosas no parecen
mejor en la presente administración, porque no actualiza la información y está
pendiente de aclaración el tema del financiamiento para ciencia como proporción
del PIB y la participación del sector privado en el mismo, por ejemplo. Los
datos más recientes del sistema son de 2017.
Ojalá que el
Tren no arrase con la información o la demore.
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