Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No 848. Mayo 7 de 2020. Pág. 4)
Hace poco más de un mes, cuando
apareció firmado el decreto de extinción de los fideicomisos públicos sin
estructura orgánica, todo indicaba que el dinero que ahí circulaba pasaría a
manos de Hacienda y de tajo desaparecerían las actividades que funcionaban al
amparo de esos instrumentos jurídicos. Sin embargo, como el mismo decreto lo
preveía, estaba la rendija de apelar la medida en los días siguientes y quedar
a salvo del corte.
La incertidumbre se prolongó
durante todo el mes de abril, porque los recursos financieros de los
fideicomisos públicos sí pasaron a Hacienda, pero a pesar de que algunas dependencias
de la Administración Pública Federal (APF) interpusieron recursos de excepción,
no había respuesta de cuáles fideicomisos conservarían. El asunto parecía más
grave porque el decreto de extinción estableció que si Hacienda no daba su
visto bueno en un plazo no mayor a diez días hábiles “se entenderá como no autorizada”.
Las expresiones de inquietud de
los sectores cultural y científico fueron patentes y de alta resonancia. Como
la de directores de Centros Públicos de Investigación (CPI) y la carta pública
de diferentes agrupaciones académicas y científicas para solicitar aclaración
sobre los fondos. Tanto que los titulares de las dependencias correspondientes
tuvieron que manifestar públicamente su preocupación y colocarse del lado de
los afectados. Un tuit del pasado 17 de abril del secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, daba cuenta de una reunión con la secretaria de Cultura y la
directora del Conacyt.
Ni siquiera el tuit del mismo
secretario de Hacienda tranquilizó a las comunidades científica y cultural. A
pesar de que ahí aclaraba que “Independientemente del
mecanismo que se determine, bajo ninguna circunstancia se disminuirán ni se
pondrán en riesgo los recursos destinados a la #investigación y la #cultura”.
Tampoco ayudó el decreto del
presidente López Obrador del 23 de abril en el que mandataba: “No se ejercerá el
75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y
materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido” .
Una medida que expresamente incluía a los fideicomisos públicos. Los
casos de becarios que dejaron de recibir el apoyo correspondiente y de CPI que
tenían dificultades para realizar sus actividades comenzaron a multiplicarse.
El último día del mes pasado, el
gobierno federal remitió la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 a la
Cámara de Diputados. Ahí está integrada la información correspondiente a la
evolución de los recursos públicos de todo el año pasado y, desde luego,
también incluye lo concerniente a los fideicomisos sin estructura orgánica.
Según información de la Cuenta
Pública, al 31 de diciembre de 2019, existían 338 fideicomisos (330 estaban en
operación) e implicaban un total de 740 mil 629.3 millones de pesos de recursos
presupuestarios federales. Alrededor de la mitad de esos recursos (52 por
ciento) corresponden a apoyos financieros y de estabilización presupuestaria;
otro 16 por ciento a infraestructura pública y la parte restante es de
pensiones y prestaciones laborales. Cifras todas ellas muy importantes.
El Conacyt con 99 fideicomisos es
la entidad que tiene la mayor cantidad de esos instrumentos jurídicos en el
conjunto de la administración pública (29.3 por ciento del total) e involucran
22 mil 547 millones de pesos (3 por ciento del monto total). Es decir, tiene
casi un tercio de los fideicomisos existentes, aunque no concentra el volumen
más alto de recursos. La Secretaría de Hacienda, por ejemplo, le sigue con 83
fideicomisos. Sin embargo, el monto de recursos que alcanza es de 487 mil 722
millones de pesos. Esto es el 66 por ciento del total de recursos. Luego vienen
el resto de todas las dependencias con cantidades muy menores.
Y cuando el panorama parecía de
lo más catastrófico para las instituciones científicas, llegó la comunicación
de Hacienda para notificar que estarán exentos de la eliminación: 1) el fondo
Fordecyt-Pronaces y que desde ahí Conacyt ejercerá los recursos de un fondo institucional
(poco más de mil 100 millones de pesos para proyectos y formación de
científicos), así como los recursos de los fondos sectoriales y mixtos; y 2) tampoco
serán eliminados los fondos que tienen a su cargo los CPI.
Posteriormente veremos el detalle
de los fondos y las cifras, pero lo claro es que los CPI conservarán buena
parte de los recursos que tenían y Conacyt solamente manejará un fideicomiso y
ahí concentrará los recursos financieros que estaban dispersos en múltiples
fondos.
Todavía falta conocer cómo
quedará el volumen de recursos. Sin embargo, en la comunidad científica y
cultural no hay una sensación de alivio, porque abril fue un mes de zozobra
gratuita, de rudeza innecesaria y de “modos” poco prudentes que primero extinguieron
y luego averiguaron, precisamente cuando la crisis desatada por la epidemia nos
exige y exigirá mayores esfuerzos.
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