Las preguntas de Romero Hicks

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99
 

A partir de la reforma del artículo 69 constitucional, los informes de gobierno en el Congreso han perdido interés. No son más el día del presidente de la República; tampoco el de la exhibición histriónica de algunos legisladores. En cambio, la comparecencia de funcionarios ha ganado terreno en las expectativas de diputados y senadores: una jornada difícil o un día de campo.
 

El pasado 23 de septiembre, el director de Conacyt, Enrique Cabrero, compareció ante la comisión de ciencia y tecnología del Senado. La comisión la preside Alejandro Tello Cristerna y en la sesión también estuvo presente Rubén Félix, presidente de la comisión homologa de los diputados.

 

 

Una primera intervención del titular de Conacyt puntualizó algunos de los avances más sobresalientes en el periodo. Por ejemplo, destacó la sesión del Consejo General y la consecuente aprobación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti). Nada dijo sobre el retraso en la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

 

El director de Conacyt también mencionó los avances en los cinco objetivos que se plantearon en el Peciti. Uno de ellos el nivel de inversión y la meta del uno por ciento del PIB en el sector. Aunque, como lo examinamos aquí hace dos semanas, la tendencia no es promisoria.
 

Otro aspecto fue el incremento de los recursos humanos, tanto en lo que se refiere al número de becarios (58 mil 88 en este año), los más de veinte mil miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), las 574 cátedras Conacyt o su ubicación conforme necesidades de desarrollo regional.

 

 

Finalmente, Cabrero anotó las acciones a corto plazo que le fueron encomendadas al organismo que dirige: la formación de recursos humanos para el sector energético; la puesta en marcha del repositorio nacional de información científica; o la participación en el Fondo Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (Fobesii).
 

En el turno de los legisladores, el senador Juan Carlos Romero Hicks, secretario de la comisión de ciencia y tecnología y ex director de Conacyt en el periodo de Felipe Calderón, formuló una decena de interrogantes a Enrique Cabrero.

 

 

Primero, dado que en este año se cumplieron 30 años del SNI y el próximo sumarán 45 de creación de Conacyt, el senador Romero preguntó sobre las modificaciones que se realizarán al SNI y en qué etapa está el rediseño institucional de Conacyt. O bien, los planes más concretos y precisos sobre cómo se atenderá el asunto del acceso abierto de la información científica.
 

El senador también inquirió sobre los montos de los fondos sectoriales, especialmente el del sector energético y los cambios en su volumen de recursos; lo mismo que una estimación y destino de los recursos que ingresaran por concepto de sanciones a los partidos políticos. También sobre las medidas complementarias para incrementar la inversión privada en el sector.

 

Romero Hicks cuestionó la adscripción laboral de las recientemente creadas cátedras: “no estoy tan convencido que lo mejor es que el patrón, entre comillas, sea el Conacyt, sino debe ser la casa donde está trabajando”. Igualmente expresó cierto escepticismo sobre las metas del Fobesii.
 

Otras preguntas de Romero Hicks se dirigieron a interrogar sobre la idea de crear nuevos centros, especialmente un Centro de Investigación y Educación, en el que estaría involucrado el CIDE, porque “es uno de los temas estratégicos; tenemos muy poca investigación educativa en el país”.
 

Otros senadores tomaron la palabra, añadieron otras preguntas referentes a los recursos financieros y al vínculo de algunas acciones con las reformas estructurales en marcha. Los principales cuestionamientos quedaron formulados.
 

El titular de Conacyt respondió algunas interrogantes, no todas. Habló de un ajuste en el cálculo de las estimaciones del gasto privado y una diversificación de los instrumentos de promoción. También destacó el Programa de Formación de Capital Humano para el Sector Energético.
 

 

Igualmente, apuntó los ajustes que se podrían realizar al SNI, como darle mayor cabida al desarrollo tecnológico, considerar otros productos (no solamente publicaciones), un sistema más basado en la confianza y el trabajo colectivo, entre otros aspectos. También especificó la canalización de los recursos derivados de las sanciones a los partidos políticos, las reticencias que existen sobre las cátedras Conacyt y los montos de algunos fondos sectoriales.
 

Quedó pendiente la meta sobre el uno por ciento del PIB para el sector, lo mismo que un eventual rediseño del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, la forma en que se cumplirán los compromisos del Fobesii y un eventual Centro de Investigación Educativa.

Después de todo, la comparecencia de los funcionarios públicos puede no ser inútil.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 578. Octubre 2, 2014, p.5)

 

El incentivo de los recursos financieros para la participación social

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx  Twitter: @canalesa99

En la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2015, el que recientemente entregó el gobierno federal al Congreso, se atribuye una responsabilidad financiera a los Consejos Escolares de Participación Social en Educación (CEPS). Desafortunadamente no se desagrega ni se precisa el volumen que podrían alcanzar tales recursos; tampoco la convergencia con otros programas en marcha.

La primera vez que, normativa y oficialmente, se habló de participación social en educación fue hace más de dos décadas. El término quedó registrado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992; al año siguiente sería recuperado en la Ley General de Educación.

Una amplia y compleja estructura de participación social se previó desde aquellos años, una que recorrería cada uno de los planteles de educación básica (en ese entonces sumaban más de 150 mil), los más de 2 mil 400 municipios, todas las entidades federativas y culminaría en un consejo nacional.

Pero no, 20 años después, lo que parecía una buena idea simplemente no se ha podido transformar en realidad. Llevar al terreno de la escuela a funcionarios, ciudadanos y padres de familia, a través de una estructura formal, ha resultado sumamente ambiguo y complicado

Al parecer, con la reforma educativa en marcha, la actual administración realiza un ajuste más a la propuesta de los CEPS. Ahora, de acuerdo a la exposición de motivos que acompaña al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), se busca fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas y que los Consejos decidan cómo invertir los recursos financieros, no la autoridad educativa.

Anota: “En virtud de lo anterior, los padres de familia (a través de los representantes de sus asociaciones), los maestros y directores de los planteles, conformarán los CEPS, los cuales tendrán la facultad y la encomienda de definir qué carencia será atendida y, por lo tanto, de qué manera se utilizarán los recursos” (p. 18).

No todas las escuelas estarán en la misma posición. En principio, serán aquellas que enfrentan graves carencias de infraestructura: “A partir de esto, serán susceptibles de ser beneficiadas más de 20 mil escuelas públicas de educación básica de los niveles de primaria y de secundaria, las cuales se encuentran en estado de alto y muy alto rezago en sus condiciones físicas, según el Índice de Carencias por Escuela (ICE) elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con base en los datos del censo escolar del INEGI, así como las supervisiones de zona que atienden a estas escuelas”.

Actualmente existen 229 mil escuelas de educación básica (públicas y privadas), de modo que las 20 mil proyectadas para recibir beneficios, representan alrededor del nueve por ciento del total. Desafortunadamente, en la desagregación del presupuesto educativo, particularmente en el ramo 11, no se aclara el volumen de recursos que implicaría.

En el presupuesto educativo suman más de una docena de programas sujetos a reglas de operación. Al menos la mitad tendría que ver con calidad e infraestructura en educación básica. Por ejemplo, están los programas: Escuelas de Calidad (PEC, 1 mil 470 mdp); PROSPERA inclusión social (28 mil 276 mdp); Escuelas de Tiempo Completo (14 mil mdp); para la Inclusión y la Equidad Educativa (572 mdp); y Fortalecimiento de la Educación Básica (800 mdp). ¿En cuál y cómo se incluye la iniciativa?

El Acuerdo 716 de SEP, publicado en marzo de este año, estableció nuevas bases de organización y funcionamiento de los CEPS, ahí quedó consignada la posibilidad de que los Consejos manejaran recursos económicos.

La proporción de escuelas y CEPS que podrían ingresar en una nueva dinámica de funcionamiento es relativamente pequeña. Sin embargo, es una redefinición de los ámbitos de competencia y responsabilidad de los Consejos, un nuevo cauce de transferencia directa de recursos financieros a las escuelas y tal vez un acicate a la participación social. El asunto es si será indiferente, refractario o convergente respecto de los programas que están en operación. El año próximo los sobremos, si es que los diputados no disponen otra cosa.

 (Publicado en Campus Milenio No. 577. Septiembre 25, 2014, p.5)

Menor respaldo para la actividad científica en 2015

 

Alejandro Canales 
UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx  Twitter: @canalesa99

El gobierno federal ya entregó al Congreso su paquete económico para el año próximo. Los recursos para la actividad científica se incrementan pero, a diferencia de los dos años anteriores, el aumento es poco significativo y podría complicarse la meta comprometida de gasto para investigación y desarrollo experimental para el final del periodo.

Los cálculos de ingresos y egresos del gobierno federal están hechos sobre la base de una tasa de crecimiento de la economía de 3.7 por ciento para el año próximo, pero si las previsiones se reducen o el desarrollo se estanca, el equilibrio del paquete se podría alterar.

Si se conservan las previsiones, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) se considera un monto total para la actividad científica y tecnológica, en cifras redondas, incluyendo el gasto de Conacyt y de todas las secretarías que realizan tales actividades, de 88 mil 54 millones de pesos (mdp).

El anexo 12 del PPEF muestra la distribución del gasto del sector en las diferentes entidades. Conacyt, el organismo rector de las políticas del sector, es el que tiene la mayor participación relativa en el gasto: 37 mil 118 millones de pesos (incluyendo recursos propios). Un volumen que representa el 42 por ciento del gasto total del sector.

La participación de Conacyt en el total del gasto del sector se ha estabilizado alrededor de ese porcentaje (42 o 43 por ciento). No siempre fue así. Hace más de una década tenía poco menos de una tercera parte. A partir de los años 2000, con las modificaciones normativas que llevaron a la creación de un ramo de gasto propio para ciencia y tecnología (el ramo 38), obtuvo mayor capacidad y control del gasto.

Después de Conacyt, la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la que también tiene una participación importante en el gasto del sector: 20 mil millones de pesos. Una cantidad que representa alrededor del 23 por ciento del gasto total; una participación en el gasto que ha declinado conforme la de Conacyt aumentó.

Otras secretarías, como Energía, Salud y Sagarpa, le siguen con participaciones de alrededor del siete o nueve por ciento. Otras siete u ocho secretarías, como Gobernación, Marina, Transportes, también participan en el gasto del sector, pero con porcentajes relativamente modestos.

En términos corrientes, la diferencia en el volumen de gasto total del sector para el año próximo, respecto del actual, es de 6 mil 244 mdp. En términos reales, las cifras serían casi equivalentes. Vale la pena recordar que el incremento representa casi la mitad del observado entre 2013 y 2014. El ritmo de crecimiento perdió impulso.

El proyecto de presupuesto para Conacyt del año próximo, como ya indicamos, es de 37 mil 118 millones de pesos (incluyendo recursos propios). En términos corrientes serían 2 mil 150 millones más que los recibidos en este año. Sin embargo, el año pasado el aumento fue de casi el triple de esa cantidad (6 mil 654 mdp). Es decir, también es menor el respaldo al gasto ejercido centralmente.

El presupuesto todavía podría incrementarse ligeramente porque, como seguramente lo recuerda estimado lector, la normatividad establece que los recursos derivados de las sanciones a los partidos políticos deben canalizarse al ramo 38 y deberán destinarse a actividades sustantivas y proyectos científicos” (artículo 39).

Sin embargo, por lo pronto, algunas de las principales iniciativas que parecían de largo alcance y de grandes repercusiones, también perderán impulso. Por ejemplo, en este año se puso en marcha el programa de “Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores”, porque contaba con una previsión de más de 500 mdp.

Ahora, en la exposición de motivos del PPEF, se anota que se “prevén 247 millones de pesos para creación de plazas con el propósito de aumentar el número de investigadores y académicos bajo un esquema de contratación denominado Cátedras Conacyt’ (p.54). Es decir, los recursos previstos se redujeron a la mitad.

La discusión sobre el PPEF está por comenzar. El paquete económico está en el Congreso y serán los diputados quienes ratificarán o modificarán el proyecto. Sin embargo, el incremento disminuyó y la meta de gasto para el sector parece que ya no va por buen camino.

(Publicado en Campus Milenio No. 576. Septiembre 18, 2014, p.5)

Segundo informe: los convenios del SNI con las IES particulares
 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Correo: canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99
 

En el 2012, el último año de la administración anterior, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) contaba con 18 mil 555 integrantes. Las cifras del reciente segundo informe de gobierno señalan que este año son 21 mil 358. Es decir, en estos dos años se incorporaron 2 mil 803 nuevos investigadores.
 

¿El incremento es mucho, poco o similar a los años anteriores? En las tres décadas de operación del SNI, con ciertos picos, el crecimiento anual promedio ha sido de alrededor del 11 por ciento. Aunque lo cierto es que el incremento más importante comenzó a partir de los años 2000.
 

En la última década los miembros del SNI se han duplicado: en 2004 sumaban 10 mil 189 investigadores y en este año, como indicamos, son 21 mil 358. Sin embargo, quizás el punto más importante, en lo que va de esta administración, son los convenios que firmó Conacyt con las instituciones de educación superior particulares (IES). Desafortunadamente los datos en el segundo informe son sumamente escuetos.
 

Quizás, estimado lector, recuerde que en enero de este año, Conacyt anunció que había tomado la decisión de firmar convenios con IES particulares para asumir el pago total de los investigadores miembros del SNI (Comunicado 02/14).
 

En ese entonces, se dijo que en el convenio, como contraprestación, las instituciones particulares adquirían el compromiso de canalizar el equivalente de los recursos que el SNI destinaría al pago de sus investigadores, al desarrollo de la investigación en sus instalaciones y al fomento de los posgrados de calidad.

 

A su vez, la razón que expresó el director de Conacyt sobre la decisión de asumir la responsabilidad del pago total a los investigadores de instituciones privadas es que: “permitirá dar pasos más firmes hacia la sociedad del conocimiento”.
 

Ahora, en el segundo informe de gobierno, se anota que: “El Conacyt, de septiembre a diciembre de 2013 promovió la colaboración con instituciones privadas mediante 41 nuevos convenios, y al mes de junio de 2014 operan 173 convenios” (p. 265).  

 

Por un lado, llama la atención que la fecha de firma de convenios fue previa a la comunicación pública de los mismos. Por otro lado, también es de notar el alto volumen en el número de convenios que están operando. ¿Quiere decir que son 173 instituciones particulares que tienen investigadores reconocidos en el SNI? Probablemente. Pero no hay ninguna certeza.

 

Los datos del informe de gobierno no presentan mayor explicación ni la información está desagregada. La publicación anual de Conacyt (“El informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación”), la que debiera detallar los datos, sigue sin publicarse. No el año anterior, menos en el actual.
 

El dato que sí aparece en el informe es el monto estimado para el programa del SNI en este año: 3 mil 722 millones de pesos. El presupuesto para el mismo programa en el 2012 fue de 2 mil 803 millones y para el 2013 de 3 mil 108 millones. Es decir, términos nominales, en el 2012, respecto al previo, se incrementó alrededor de 300 millones y otros 600 del año anterior al actual. En total: 900 millones de pesos corrientes más entre 2012 y 2014.

 

Es un incremento importante, mayor al observado en los años previos y mayor al crecimiento de investigadores. El volumen global de los 3 mil 722 millones de pesos es ligeramente inferior a la del Programa de Estímulos a la Innovación dirigida a las empresas (3 mil 930 millones). Cada una de estas cantidades representan alrededor del 4 por ciento del gasto federal para el sector y cerca del 12 por ciento del presupuesto federal que ejerce centralmente Conacyt.

 

Las últimas cifras oficiales indican que de lo más de 21 mil investigadores, alrededor de 800 están en instituciones particulares: 634 en universidades privadas y otros 160 laboran en empresas. El Tec de Monterrey, con 257 investigadores, es el que agrupa el mayor volumen.

 

Lo que convendría precisar es cuánto del incremento en el presupuesto de SNI se debe a nuevos investigadores y cuanto a la firma de convenios. No menos importante sería detallar la contraprestación de las IES particulares en el gasto en IDE. Pero no, los datos no están en el informe de gobierno

(Publicado en Campus Milenio No. 575. Septiembre 11, 2014, p.5)

C y T: el segundo informe

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

En esta semana se cumplió el plazo para la presentación del segundo informe de gobierno de esta administración. El balance, en el primer tercio de su periodo, muestra logros en materia normativa, aunque en materia de ciencia y tecnología, hasta ahora, las principales iniciativas han estado más bien fuera del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (Peciti).

Indiscutiblemente, los principales avances de esta gestión se han registrado en materia legislativa. La reforma energética, uno de los cambios estructurales más relevantes en el sector, es la que podría tener un vínculo más directo  con el campo de la ciencia y la tecnología. En este caso, como lo comentamos aquí hace un par de semanas (Campus Milenio No. 572), el propio presidente Enrique Peña Nieto, destacó que tal reforma llevaría a una mayor demanda de profesionales de las ingenierías y disciplinas afines.

Además, anunció la creación de un “Programa estratégico para la formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos”, incluyendo las becas correspondientes para nivel posgrado y técnico. Posteriormente se anunció El Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Industria Petrolera que se hará cargo de tal formación. Todavía no se atisban los alcances del programa y, al igual que la misma reforma energética, por ahora es un proyecto en ciernes.

Sin embargo, el programa estratégico de formación de recursos humanos para el sector energético no forma parte de las acciones claras y explícitas del Peciti. Este último, presentado tardíamente, establece la idea de continuar la formación de recursos humanos de alto nivel en temas prioritarios, pero no en hidrocarburos.

La omisión podría deberse a la propia incertidumbre que había sobre la aprobación de la entonces proyectada reforma energética. Sin embargo, el Peciti, como parte de sus objetivos generales y acciones estratégicas, incluyó el tema de la biotecnología. De hecho, tiene una meta específica sobre el número de investigadores involucrados en el desarrollo de la biotecnología (pasar de 3.8 a 4.5 por ciento en el periodo).

En lo que va del periodo, otra iniciativa que se puede destacar como un logro es la creación de oportunidades laborales para los jóvenes doctores. Como también lo hemos documentado en su oportunidad, se trata del programa “Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores”.

Es un número relativamente modesto de plazas laborales para jóvenes (son 574 espacios) en instituciones y centros públicos. Solamente consideremos que cada año se gradúan poco más de 2 mil 500 nuevos doctores. No obstante, la medida puede tener un efecto importante en el mercado y la profesión académica, dadas las características contractuales y condiciones laborales.

El mes anterior se integraron los jóvenes que fueron seleccionados en el programa de cátedras. Sin embargo, es incierto si el programa continuará para el año próximo y en tal caso si conservará o modificará algunas de sus principales características. Lo que es un hecho es que no se ha informado públicamente de la implementación del programa: cuántos jóvenes se presentaron, qué instituciones se beneficiaron, qué temas y retos recibieron más solicitudes, etcétera.

El programa de cátedras tampoco apareció en el Peciti. En la parte diagnóstica se reconoce que “Actualmente las estrategias para la absorción de capital humano de investigación son poco claras” (p.24). Y se planteó como objetivo “Apoyar a las investigadoras e investigadores recién doctorados para que logren su inserción laboral en las instituciones generadoras de conocimiento del país” (p.66).

 

El programa de inserción laboral de jóvenes, como tal vez será el de formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos, es de un volumen relativamente discreto. Pero ambos podrían tener un efecto amplio y profundo en el sector.

Un tema más que se puede añadir en el balance del periodo es el de los indicadores. Tema sobre el que volveremos la semana próxima. Por ahora, constatemos que las principales iniciativas, incluido el incremento presupuestal, se han definido en la arena de la política, no en el Peciti.

(Publicado en Campus Milenio No. 574. Septiembre 4, 2014, p.5)

 

Los jóvenes

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter:@canalesa99

Es el grupo de edad que está entre los 15 y los 29 años e incluye desde la educación básica hasta el posgrado. No solamente en materia educativa, tampoco se trata nada más de los jóvenes y no es únicamente cosa de cifras. Pero ahí se localizan principalmente los grandes retos de este periodo y de esta administración.

El primer desafío ya comenzó con la reciente “Campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo”. Actualmente, son poco más de 5 millones los jóvenes que no iniciaron o no han concluido su educación elemental; una cifra abultada, aunque no representa la parte mayoritaria de los 32 millones del volumen global de rezago educativo.

En términos relativos, los jóvenes en situación de rezago educativo suman entre 15 y 20 por ciento del total. El punto de quiebre para la mayoría de esos jóvenes ha sido la secundaria. Ahí, en alguno de los tres años del nivel, se truncó su trayectoria escolar y no concluyeron sus estudios.

Ninguna persona debiera carecer de los conocimientos elementales de la enseñanza básica. Todavía menos aquellas que están en la etapa más productiva o que tienen un horizonte de más largo plazo. Las mismas autoridades han reconocido las dificultades de atender el rezago educativo en las personas de edad avanzada y en las zonas más dispersas.

Así que, seguramente, la mayor cuota del combate al rezago, las mayores probabilidades, y especialmente del último tramo de la educación básica, vendrán de la población más joven. Sin embargo, demandará estrategias especiales de captación y atención educativa. El asunto es: ¿están previstas? No lo parece.

Otro gran reto es el de ampliar las oportunidades educativas en el grupo de jóvenes de los 15 a los 17 años, la edad correspondiente a la media superior. La Constitución ya establece la obligatoriedad de este nivel, la cual deberá alcanzarse plenamente en el ciclo escolar 2012-2022.

La actual administración, en su programa sectorial, se ha propuesto llegar a una tasa bruta de 80 por ciento (de los cuales 79 por ciento de hombres y 81.1 por ciento de mujeres) para el ciclo 2018-2019. En el ciclo escolar del año pasado, la matrícula llegó a los 4.5 millones y la tasa de cobertura se estimaba en alrededor del 66 por ciento.

Es decir, en este periodo se propone incrementar alrededor de 14 puntos porcentuales la tasa de cobertura. Al siguiente, nada menos, le corresponderá alcanzar los 20 puntos restantes para lograr la universalización. Una proyección de crecimiento muy rápido en muy poco tiempo: más de tres puntos porcentuales cada año hasta el 2022. Difícil.

Además, el incremento de matrícula debe producirse en el contexto del ajuste estructural que está en marcha con la reforma del nivel. Pero todavía no logra establecer el sistema nacional de bachillerato (solamente incluye a alrededor del 5 por ciento del total de planteles de media superior) ni contener el grave problema de abandono escolar que es recurrente.

Un desafío más es el de las metas de cobertura educativa para los jóvenes entre los 18 y 22 años, el grupo de edad de la educación superior. En el programa sectorial quedó como meta incrementar ocho puntos la tasa bruta de escolarización: pasar de 32 a 40 por ciento entre el 2012-2013 y 2018-2019. Una meta que tampoco está a la vista que se pueda alcanzar fácilmente, como en estas mismas páginas Roberto Rodríguez lo ha examinado (CampusMilenio No. 522).

Ciertamente, la campaña nacional de alfabetización o el “Programa de expansión en la oferta educativa en educación media superior y superior”, así como los programas de becas y diferentes iniciativas institucionales para tratar de ofrecer respaldo a los jóvenes, han buscado remediar los problemas.

Sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes en los asuntos más elementales; ni hablar del tema del empleo. Los jóvenes representan una tercera parte de la población en México, pero la tasa anual de su crecimiento perdió impulso desde los años ochenta. Las oportunidades más bien se les han ido estrechando.

(Publicado en Campus Milenio No. 573. Agosto 28, 2014, p.5)

¿Formación de recursos humanos para la reforma energética?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

 Las posiciones sobre la reforma energética son encontradas y controvertidas. También son muchos y muy variados los argumentos que se han expresado para oponerse y para respaldarla. Entre estos últimos, el ejecutivo federal ha destacado los incalculables beneficios que traerá para el desarrollo nacional, tanto como su vínculo con la formación y oportunidades laborales para los jóvenes.

La reforma no es un cambio menor. Es, auténticamente, una reforma en sentido estricto. Una modificación estructural, un cambio en las reglas del juego en materia energética y especialmente en el manejo de los hidrocarburos. Este último, un sector que parecía intocable apenas el día de ayer.
 

En lo que va de esta gestión, poco antes de su segundo informe de gobierno, los acuerdos, el diseño y el marco normativo de la reforma energética –en paralelo con otras reformas estructurales— quedaron listos para su puesta en marcha. Sin duda una expresión de eficacia y eficiencia política de la actual administración.

Sin embargo, apenas se ha cumplido la primera fase de la reforma energética, la del diseño y la aprobación en el Congreso. Un paso difícil, de múltiples negociaciones, acuerdos, de persuasión y convencimiento de los interlocutores. Pero es el primer peldaño, no el único y quizás tampoco el principal.

Ahora vendrá el complicado paso de la puesta en marcha, el contacto con la realidad energética, sus escollos, sus estructuras y sus agentes. Todavía más importante, estará presente la presión por los resultados y la vigilancia de las promesas que se enunciaron al calor de la persuasión y las negociaciones.
 

Las expectativas que se han generado son muy altas. La estrategia de comunicación de la reforma y de sus agentes han enfatizado una y otra vez los múltiples beneficios que traerá el nuevo esquema energético. No solamente se ha argumentado sobre los menores costos por servicios del sector que pagarán los hogares mexicanos.

El día que se emitieron las leyes secundarias, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto (EPN), sintetizó varios de los beneficios que traerá la reforma: generación de más empleos; mayores inversiones nacionales y extranjeras; mejora en los ingresos de las familias del campo; nuevos puestos de trabajo en el sector energético; protección del patrimonio de las familias ante crisis económicas externas porque se creará el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, entre otros (Comunicado 11.08.2014).

Además, planteó lo que podría tener mayores implicaciones para el sector educativo y particularmente para la educación tecnológica y la formación de los jóvenes. El supuesto es que se crearán nuevos puestos de trabajo en el sector energético y los jóvenes tendrían que considerarlo en su elección de carrera. De hecho, EPN añadió: “Sin duda, las ingenierías y las disciplinas afines a este sector tendrán una gran demanda en los siguientes años”.

No solamente fue un asunto retórico. En las acciones que se pondrán en marcha, el presidente dijo que en el mes próximo se presentará un “Programa Estratégico para la formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos, que incluirá becas a nivel posgrado y técnico”.

Es decir, probablemente, en los años próximos, no solamente se insistirá en el asunto de incrementar la matrícula de técnicos superiores e ingenieros, como se viene haciendo desde hace 25 años. Ahora, además, se focalizará en una especialización que parece atada al contenido de la reforma: hidrocarburos.

Obviamente, todavía no se presenta el plan estratégico y no se conocen las características y alcance del programa de formación de recursos humanos que se propone. Pero vale la pena recordar que no sería la primera vez que se plantea una formación a gran escala sobre pedido y los resultados han sido poco alentadores. La semana próxima veremos los números.

Otro asunto que también vale la pena notar es que los programas sectoriales o especiales han dejado de ser la guía o anticipación del programa de gobierno. Es la hora de la política y tal parece que las expectativas están sobrecargadas.

(Publicado en Campus Milenio No. 572. Agosto 21, 2014, p.5)