A lo largo de la actual campaña
electoral, como lo hemos reiterado aquí mismo, ha cobrado fuerza la idea de crear
una nueva Secretaría para el sector. Múltiples y muy variados actores se han
pronunciado a favor; otros han mostrado sus reservas. Recientemente se sumó otra
organización más: el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (Comepo). Tal
parece que la presión de los diferentes grupos interesados seguirá en aumento,
aunque todavía no sea una realidad la nueva estructura.
Incluso, las intenciones
anunciadas sobre la propuesta podrían no llegar a materializarse. Recordemos
que al menos uno de los candidatos presidenciales, Enrique Peña Nieto, el
representante del PRI-Verde, ya manifestó su negativa a la sugerencia, según lo
anotamos aquí la semana pasada (Campus
Milenio No. 465).
Sin embargo, los destinatarios de
la iniciativa han comenzado a realizar cálculos y a perfilar sus posiciones. Uno
de los elementos que gravitará en la decisión de crear o no una nueva
Secretaría es, precisamente, las implicaciones de un rediseño de los sectores
educativo y científico y tecnológico. La tarea no solamente incluye recursos
públicos, también están involucrados equipos técnicos, espacios de control y
ciertas prioridades en materia de iniciativas.
Hasta ahora, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) tiene bajo su conducción las tres subsecretarías de los
correspondientes niveles (básica, media superior y superior), la Oficialía
Mayor, la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, una
treintena de instancias administrativas (direcciones generales y coordinaciones)
y una decena de órganos desconcentrados. En conjunto forman uno de los cuerpos
burocráticos más extensos de la administración pública.
La propuesta inicial planteaba
crear una Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es
decir, reunir en una misma estructura administrativa a Conacyt --el órgano
rector de la política científica y tecnológica— y a la subsecretaría de
educación superior. Pero no todos los actores comparten la misma opinión.
Algunos piensan que la nueva estructura solamente debiera considerar el sector
científico y tecnológico y no distraerse con otros.
Los partidarios de que se incluya
a la educación superior en la nueva estructura han argumentado que se trata de
un vínculo natural y los efectos positivos serían innegables. La Anuies, por
ejemplo, ha presentado media docena de razones para tal inclusión, como la de establecer bases para “una nueva
gobernabilidad y gobernanza” de ambos campos o la posibilidad de una
especialización administrativa y presupuestaria de la educación superior entre
otros argumentos.
La educación superior es un
subsistema relativamente complejo y heterogéneo; compuesto por diferentes sectores
y múltiples funciones. Es suficiente recordar que cuando se creó la subsecretaría
de educación media superior, no fue ninguna tarea sencilla reorganizar la
adscripción del subsistema tecnológico al interior del mismo sector educativo.
Entonces, ¿una nueva Secretaría absorbería todas las funciones del nivel o sería
selectiva?
El posgrado, conceptual y
organizativamente, sería el nivel que estaría más cercano a la investigación
científica. De hecho, es el área en la que han trabajado de forma conjunta Conacyt
y SEP. El extendido programa de becas de Conacyt, el establecimiento de criterios
para la formación de padrones de posgrado y los incentivos para la
reorientación de la matrícula lo muestran. Aunque, en un eventual contexto de
rediseño institucional, los criterios podrían cambiar.
El Comepo ha decidido tomar
previsiones y en una comunicación pública dirigida a los candidatos
presidenciales ha señalado que la posible nueva Secretaría “debe operar bajo
mecanismos que permitan dar continuidad y fortalecimiento a programas actualmente
bajo responsabilidad del Conacyt” (Reforma
11/06/2012: 6).
Los programas a los que se
refiere el organismo son: el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad; el
programa de becas nacionales y para el extranjero; el Sistema Nacional de
Invesitgadores; los fondos para repatriación, estancias y retención de investigadores;
el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica; los
programas de estímulos a la innovación; y los fondos mixtos y sectoriales.
(Publicado en Campus Milenio No. 466. Junio 14, 2012)
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