Uno de los
ajustes más importantes a la normatividad científica y tecnológica, después del
realizado a fines de los años noventa, fue el de 2002. El ejecutivo federal y
los legisladores propusieron y crearon diferentes instancias para impulsar el
desarrollo del sistema. Una de ellas fue la Conferencia Nacional de Ciencia y
Tecnología, con la cual se buscaría promover la descentralización de la
actividad. Hoy, transcurrida una década exacta, los avances en este terreno comienzan
a trazarse y no precisamente por la intervención de esa instancia.
La reforma a
la ley de ciencia y tecnología del 2002 incluyó, explícitamente, la idea de una
política de Estado y también dotó a Conacyt de mayores instrumentos para
conducir la política del sistema: la instauración de un ramo de gasto
específico en el presupuesto (el ramo 38); el manejo de los fondos
competitivos; los mecanismos de aplicación de los incentivos fiscales y la
creación de diferentes estructuras organizativas, entre otros aspectos.
El capítulo
V de la entonces nueva ley, especificó la integración y funcionamiento de una
Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, la creación de la
Conferencia y el funcionamiento de los convenios con las entidades federativas
para la constitución de los fondos mixtos para fomentar la investigación.
La
Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –la reforma del 2009
le agregó el término innovación— se creó como un órgano permanente de
coordinación institucional entre Conacyt y las entidades federativas
con competencia en la materia que aceptaran la invitación a formar parte de tal
instancia (artículo 31). Por la misma razón se integra por el director de
Conacyt y los titulares de todos los consejos estatales.
De
acuerdo con la ley, la Conferencia tiene entre sus funciones la posibilidad de
opinar sobre las políticas de apoyo a la investigación científica y el
desarrollo tecnológico, participar en la elaboración del programa sectorial,
celebrar acuerdos de coordinación y proponer modificaciones al marco legal.
Según
la misma ley, la Conferencia debiera sesionar por lo menos dos veces al año.
Sin embargo, desde el principio su funcionamiento ha sido relativamente accidentado.
El 19 de noviembre quedó instalada y con unas bases de funcionamiento
provisionales celebró cuatro o cinco reuniones entre el 2003 y 2006 con unos
cuantos representantes de entidades federativas. Quizá el periodo más notable
fue a partir del 2004, cuando se estableció una comisión de ciencia y
tecnología al interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), lo
cual despertó cierto interés en los ejecutivos estatales y quedó un vínculo
entre ambas instancias. Esto es: una Conferencia al interior de una Conferencia
Todavía al inicio de la actual
administración, las sesiones de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación se realizaban en el marco de la Conago. En el 2007, por ejemplo,
cuando estaba por elaborarse el programa sectorial, sesionó ya con más de tres
cuartas partes de representantes de los estados y se puso en marcha la
propuesta de crear nuevas bases de funcionamiento de la instancia.
La participación de los representantes
de las entidades federativas fueron en aumento y apenas en el 2009 la Conferencia sesionó con
los titulares de todos los consejos estatales, aunque el vínculo con la Conago
fue perdiendo vigor y esta última también perdió presencia pública en los años
más recientes.
Antes de la instauración de la
Conferencia existían 23 consejos estatales de ciencia y tecnología. Es decir, a
partir de la reforma del 2002 se crearon nueve consejos más (Yucatán, Morelos,
Nuevo León, Chihuahua, Tlaxcala, DF, Sonora y Oaxaca) para completar el
conjunto y con sus respectivas leyes.
Seguramente el lento avance de la
Conferencia está asociado a la paulatina integración de los representantes de
las entidades. Aunque los consejos estatales solamente son el primer paso, a
ello habría que sumarle el funcionamiento efectivo de los sistemas de ciencia y
tecnología de las entidades y sus respectivos programas para orientar las
actividades.
Entonces, quizás no es de extrañar que
una buena parte de la estrategia descentralizadora se ha depositado en un
instrumento con mayor capacidad de directiva: la instauración de los fondos
mixtos en todas las entidades. Esa es otra historia.
(Publicado en Campus Milenio. No. 464 Mayo 31, 2012)
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