Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 707. Junio 1, 2017. Pág. 5)
El periodo ordinario estaba a punto de concluir, al final del
pasado mes de abril, era la penúltima sesión. Los diputados querían aprobar buena
parte de lo que tenían rezagado, no solamente de este periodo, también del previo
e incluso de legislaturas anteriores. Y sí, pasar los asuntos como fuere, sin
trámite ni argumentación. Así quedó aprobada la reforma del Consejo General de
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICyDTI).
Desde el 2012, los diputados, particularmente la fracción de
Nueva Alianza –quien ha encabezado la comisión de ciencia y tecnología— han intentado
reformar el CGICyDTI. Este último es el máximo órgano de política y
coordinación del sistema científico y tecnológico que tiene como
responsabilidades aprobar el programa sectorial, definir las políticas
nacionales y establecer prioridades presupuestales en la materia, entre otras
atribuciones.
La norma establece que el presidente debe estar a la cabeza
del CGICyDTI, integrarse por 20 miembros –entre ellos, nueve titulares de secretarías
de estado— y sesionar por lo menos dos veces al año. Pero no, desde 2002, fecha
en la que se creó, no se ha reunido conforme lo marca la ley. La saturada
agenda de los funcionarios titulares lo han convertido en una instancia de alto
nivel pero nada funcional.
En el 2012, Cora Cecilia Pinedo del partido Nueva Alianza
presentó una iniciativa para que los titulares pudieran designar suplentes ante
el Consejo General. La propuesta quedó aprobada por los diputados, aunque el
Senado nunca la ratificó. Después, en septiembre de 2016, de nueva cuenta, el
diputado Carlos Gutiérrez, también de Nueva Alianza, presentó otra propuesta en
el mismo sentido. Esta última fue la que aprobó el pleno el pasado 27 de abril.
La convocatoria de la sesión para ese día 27 tenía una orden
del día muy recargada: 299 iniciativas de primera lectura (para turnarse a
comisión); casi medio centenar de dictámenes a discusión, esto es, debate y
votación de iniciativas de leyes o decretos; tres decenas de dictámenes a
discusión de puntos de acuerdo; seis decenas de dictámenes a discusión de
negativos de iniciativas y minutas; y más de una docena de proposiciones de
otros tantos puntos de acuerdo para turnarse a comisión. Nada más. Bueno, casi
nada más.
Así que con 328 diputados registrados (de 500 posibles) y
pasado el medio día, comenzó a desahogarse la abultada agenda de asuntos.
Después de una jornada de más de 8 horas, pasadas las 21 horas, cuando la orden
del día estaba por agotarse y el hartazgo era evidente en los legisladores, el
presidente diputado, Jerónimo Alejandro Ojeda, pide a la secretaria Godoy dar
lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Esta última
solicita incorporar en el orden del día tres dictámenes más, uno sobre el
código penal federal, otro sobre la ley nacional de ejecución penal y el de la ley de ciencia y tecnología (LCyT).
El diputado Acosta Naranjo pide
la palabra y desde su curul dice: “Una
sola pregunta, señor presidente. Si mañana tenemos sesión, ¿cuál es la razón
para seguir metiendo dictámenes sin ninguna discusión? Se sigue ampliando el
orden del orden del día y me parece de verdad una falta ya de respeto en
exceso. Mañana tenemos sesión y podemos trabajar en otras condiciones”.
El diputado presidente, Ojeda Anguiano, responde que al día
siguiente sí habrá sesión y agrega: “Comentarles
que fue un acuerdo de los diversos grupos parlamentarios y está aprobado por la
asamblea. Gracias”. Sin más interrupciones, ningún debate y ni siquiera
presentación, la reforma de la LCyT pasa a votación: 331 votos a favor. Ya ni
siquiera se registran las abstenciones o los votos en contra. No, no es cuento;
es cuanto. Pasa al Senado para efectos constitucionales.
¿Y en qué consiste la reforma de los artículos 5 y 7 de la LCyT?
Recupera la propuesta del 2012 de suplencia de los titulares y agrega otra más.
Esto es, establece que “los titulares podrán designar un representante con
nivel mínimo de subsecretario u homólogo, privilegiando en dichas designaciones
se busque en su caso, la paridad de género. En el caso del Presidente de la
República, presidirá al menos una reunión anual” (último párrafo del artículo 5).
El cambio en el artículo 7 es la periodicidad de las
reuniones, propone que sean cuatrimestrales, en lugar de las dos anuales que
hoy se consideran. Además, añade un párrafo muy relevante: “Las sesiones del
Consejo general, y sus respectivas actas, deberán ser públicas a través del
portal de internet del Conacyt”.
No hay duda de la importancia de la reforma, a la vista de
la actual inoperancia del Consejo General y de la discrecionalidad con la que
se conduce. Sin embargo, es de llamar la atención la dinámica de los diputados:
legislan sobre las rodillas, aprueban al cuarto para las doce, prevalecen las
decisiones de la junta de coordinación política y el pleno replica lo que
ocurre en las comisiones. El pleno, bueno, ahi se vota.
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