jueves, 21 de mayo de 2020

Investigadores. Naufragio de la confianza

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 850. Mayo 21 de 2020. Pág. 4)

Todo fue muy breve. La solicitud de donación a los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), las reacciones inmediatas de los interpelados, las posteriores aclaraciones de la autoridad sectorial y, finalmente, su cancelación. Todo pasó en el reciente fin de semana y quizás para muchos careció de importancia. No es así.

Los directamente involucrados no llegan ni al diez por ciento de las más de 400 mil plazas de profesores del sistema de educación superior. No obstante, son el personal de más alto nivel, cuentan con las mayores credenciales académicas y acaso expresan, a escala, lo que ocurre con otros sectores.

Las redes sociales y los medios impresos dieron cabida a diferentes versiones y los más variados argumentos sobre los hechos. Seguramente todos ellos tienen algo de justificación. Sin embargo, tal vez la erosión paulatina de la confianza en la institución podría explicar otra parte de lo que ocurrió recientemente en el sector científico y tecnológico.

El SNI es ese programa bajo la responsabilidad de Conacyt, en operación desde 1984 y originalmente puesto en marcha para remediar los efectos de la crisis económica de los años ochenta en el salario de los científicos. Desde entonces, se dijo, procuraba la retención de los científicos en el país, porque otorga incentivos mensuales a quienes demuestran un desempeño sobresaliente y alta productividad.

Después de más de 35 años, el SNI forma parte de las rutinas institucionales y la vida salarial de los investigadores. Una cierta seguridad. La proporción que representa en el salario total de los académicos es muy variable, porque depende del nivel obtenido, la adscripción institucional, el nombramiento, la región geográfica y la antigüedad, entre otros aspectos. Sin embargo, en todos los casos es un porcentaje significativo y en muchos otros imprescindible.

La solicitud de donación voluntaria para el sistema de salud de uno, dos o tres meses del incentivo que reciben los miembros del SNI, como proponía la comunicación que llegó al buzón electrónico de los investigadores, fue recibido con desconfianza, sorpresa y ciertas dudas.

Una desconfianza que tiene su asidero en lo que ha ocurrido con el sector. ¿Recuerda usted cuando todo parecía indicar que se cancelaban las convocatorias de Conacyt antes de iniciar el actual periodo de gobierno? O bien, cuando no era claro si continuaba o no el programa Cátedras para jóvenes investigadores, tampoco el otorgamiento de becas de posgrado en el extranjero o la autorización a académicos para salir del país.

Lo mismo con las restricciones y disminución de los gastos de operación en los Centros Públicos de Investigación, los incentivos para el sector privado, la eliminación de fideicomisos públicos, el fallido proyecto de ley para el sector, las modificaciones de ordenamientos secundarios sin nueva ley e incluso la misma selección de integrantes de las comisiones dictaminadoras del SNI, entre otras.

Algunas medidas no se llevaron a efecto, otras se atemperaron y unas más se confirmaron, pero todas ellas han generado un clima de inestabilidad e incertidumbre en el sector. En el pasado también se registró, pero ahora se ha acentuado. El asunto es que la confianza es contingente a la vida social, mira el pasado y se dirige al futuro, se despliega en el presente y en lo que podrá ser, por eso desempeña un papel clave en el funcionamiento y desarrollo de las instituciones, en la forma de hacer frente a los problemas y en la interrelación entre individuos e instituciones.

El proceder de las autoridades no ha contribuido a fortalecer la confianza. Ahora menos. En el caso particular de la solicitud de donación no hubo ningún boletín oficial del Conacyt, ni siquiera un aviso en su página electrónica. ¿O fue precisamente por los antecedentes? Adicionalmente, no todos los integrantes recibieron la comunicación al mismo tiempo y el oficio estaba firmado por la doctora María del Carmen de la Peza Casares, directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt, no por la titular del organismo.

Tampoco ayudó que el oficio firmado tuviera un error en el RFC de la institución que recibiría las donaciones. Un aspecto menor que se agravó porque las autoridades del sector no confirmaron de manera inmediata a los medios la autenticidad del documento. Hasta el día siguiente emitieron un nuevo oficio para aclarar que sí era legítimo y precisar que el Conacyt no tenía ninguna mediación o intervención en los donativos.

Al final, una cadena de acontecimientos que suman el naufragio de la confianza, precisamente cuando más se necesita para una causa noble que demanda la solidaridad de todos nosotros. El retiro de la iniciativa no fue una rectificación de las propias autoridades del sector, el mismo presidente López Obrador, al abordar el asunto dijo que se trataba de una iniciativa de buena fe de Conacyt que involucraba al gobierno, pero viendo las protestaban que se habían levantado: “ya hablamos con la directora del Conacyt para pedirle que retirara esa convocatoria” (18.05.2020).

Pie de página: El 15 de mayo llegó y no estuvieron listos los 700 ventiladores mecánicos que Conacyt debía entregar. El subsecretario López Gattel dijo que “afortunadamente no fueron necesarios”.

jueves, 14 de mayo de 2020

¡Hablemos de médicos!

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 849. Mayo  14, 2020. Pág. 5)

Las declaraciones del presidente López Obrador calaron hondo en el gremio de los médicos. A pesar de que el ejecutivo federal posteriormente precisó su referencia al enriquecimiento indebido de algunos doctores y ofreció disculpas, otra grieta más se abrió en su accidentada relación con grupos profesionales.

En la conferencia de prensa del viernes 8 de mayo, en su descripción del mercantilismo del sistema de salud en el periodo neoliberal y a pregunta sobre lo que hoy señalan exsecretarios de salud, ahí dijo que los médicos sólo buscaban enriquecerse y no les interesaban los pacientes.

El mismo fin de semana siguiente, la mayoría de colegios y asociaciones representativas de médicos, tanto generales como especialistas, consideraron muy ofensivas y desafortunadas las expresiones del presidente de la República.

Luego vinieron las aclaraciones y disculpas de López Obrador, pronunciadas ante las insistentes preguntas de una reportera en la conferencia de prensa al comienzo de esta semana. Aunque, como él mismo dijo: “Sí, pero no”. O sea, sí dijo que había médicos solamente interesados por el dinero, sin embargo, añadió, “no podemos generalizar” (11.05.2020). Primera vez que hace explícita la precisión.

La reportera le replicó: ellos dicen que “este tipo de declaraciones no abonan al ambiente que hay de…” El presidente le impide continuar y le dice: “No, sí abonan, ¿cómo no van a abonar?” Y la reportera le interroga: “¿a la violencia contra los médicos...?” López obrador la interrumpe de nueva cuenta y precisa: “no, abona para que les dé vergüenza a los que hacen eso. Antes no se hablaba de ese tema, claro que no les gusta, algunos hasta les daban medallas al mérito”.

El episodio con los profesionales de la salud es ilustrativo de lo que ha ocurrido con otros gremios y sectores. El gobierno federal plantea una apreciación gruesa y amplia de cierta situación que puede ser ilustrativa de una porción de la misma, pero que de ninguna manera puede ser tomada como válida para el todo y menos como un diagnóstico global para tomar medidas de aplicación generalizada.

Sin embargo, tal parece que en buena medida la actual administración así ha conducido sus iniciativas, tal y como ocurrió con las estancias infantiles, los albergues para mujeres violentadas, los científicos, las universidades, los centros de investigación, los fideicomisos públicos, las comunidades culturales, los periodistas, los funcionarios públicos, etcétera. Después, puede rectificar o no.

Pero hay otro aspecto sobre el que también valdría la pena reparar y es el motor que impulsa algunas de sus injustas generalizaciones pronunciadas en el megáfono nacional de todas las mañanas: que se hable públicamente del tema. Al menos eso es lo que expresó el ejecutivo federal al señalar que sus declaraciones “sí abonan” para que se hable del tema.

Hablemos. Vale la pena recordar que hace casi un año, cuando todavía no se asomaba el Covid-19 en las fronteras nacionales, el presidente López Obrador dijo que una de las acciones que se estaban realizando para mejorar el sistema de salud era “un inventario, un censo sobre los médicos generales, especialistas que existen en el país, los médicos que tenemos en México y dónde están laborando” (13.07.2019).

Un mes después el mismo mandatario anunció que estaba en planes con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Cdmx, para crear una universidad dirigida a la formación de médicos y enfermeras (08.08.2020). Al parecer porque se necesitaban médicos generales y atención fuera de las metrópolis. No obstante, parte del gremio médico replicó que más bien se necesitan plazas laborales.

El censo o diagnóstico todavía no se conoce públicamente, menos el programa sectorial, aunque tal parece que de nueva cuenta conduce las acciones al respecto. En febrero de este año continuaban los planes para la creación de la “Universidad de la Salud”, la cual presuntamente hará énfasis en el primer nivel de atención y en la prevención. Según los datos del gobierno de la Cdmx, para la nueva universidad había 20 mil aspirantes, pero solamente se seleccionarían 500 estudiantes para medicina y otra cantidad igual para enfermería.

A los pocos días llegó el coronovirus al territorio nacional y ahora resultaba que lo que hacía falta eran especialistas y particularmente intensivistas. Al comienzo se habló de un faltante de alrededor de 120 mil médicos, ahora el secretario de Salud dice que el déficit es de 200 mil médicos (generales y especialistas) y 100 mil enfermeras. Vino la contratación de personal. El mismo presidente volvió decir que si fuera necesario se acudiría a médicos provenientes del extranjero y especialmente de Cuba. La cancillería anunció la llegada de médicos procedentes de Cuba.

En fin, no está nada mal hablar de los problemas de interés público. Sin embargo, lo mejor sería que los planes e información básica que guían las acciones fueran del dominio público. Hoy, solamente vemos la superficie de los temas, apreciaciones generalizadas y fragmentarias de la administración. Volveremos con algunas cifras del sector.

Pie de página: ¿Cómo quedaron los recursos financieros de los fideicomisos públicos? Todavía no se sabe.

jueves, 7 de mayo de 2020

Fideicomisos: ¿instituciones científicas a salvo?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No 848. Mayo 7 de 2020. Pág. 4)

Hace poco más de un mes, cuando apareció firmado el decreto de extinción de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, todo indicaba que el dinero que ahí circulaba pasaría a manos de Hacienda y de tajo desaparecerían las actividades que funcionaban al amparo de esos instrumentos jurídicos. Sin embargo, como el mismo decreto lo preveía, estaba la rendija de apelar la medida en los días siguientes y quedar a salvo del corte.

La incertidumbre se prolongó durante todo el mes de abril, porque los recursos financieros de los fideicomisos públicos sí pasaron a Hacienda, pero a pesar de que algunas dependencias de la Administración Pública Federal (APF) interpusieron recursos de excepción, no había respuesta de cuáles fideicomisos conservarían. El asunto parecía más grave porque el decreto de extinción estableció que si Hacienda no daba su visto bueno en un plazo no mayor a diez días hábiles “se entenderá como no  autorizada”.

Las expresiones de inquietud de los sectores cultural y científico fueron patentes y de alta resonancia. Como la de directores de Centros Públicos de Investigación (CPI) y la carta pública de diferentes agrupaciones académicas y científicas para solicitar aclaración sobre los fondos. Tanto que los titulares de las dependencias correspondientes tuvieron que manifestar públicamente su preocupación y colocarse del lado de los afectados. Un tuit del pasado 17 de abril del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, daba cuenta de una reunión con la secretaria de Cultura y la directora del Conacyt.

Ni siquiera el tuit del mismo secretario de Hacienda tranquilizó a las comunidades científica y cultural. A pesar de que ahí aclaraba que “Independientemente del mecanismo que se determine, bajo ninguna circunstancia se disminuirán ni se pondrán en riesgo los recursos destinados a la #investigación y la #cultura”.

Tampoco ayudó el decreto del presidente López Obrador del 23 de abril en el que mandataba: “No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido” . Una medida que expresamente incluía a los fideicomisos públicos. Los casos de becarios que dejaron de recibir el apoyo correspondiente y de CPI que tenían dificultades para realizar sus actividades comenzaron a multiplicarse.

El último día del mes pasado, el gobierno federal remitió la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 a la Cámara de Diputados. Ahí está integrada la información correspondiente a la evolución de los recursos públicos de todo el año pasado y, desde luego, también incluye lo concerniente a los fideicomisos sin estructura orgánica.

Según información de la Cuenta Pública, al 31 de diciembre de 2019, existían 338 fideicomisos (330 estaban en operación) e implicaban un total de 740 mil 629.3 millones de pesos de recursos presupuestarios federales. Alrededor de la mitad de esos recursos (52 por ciento) corresponden a apoyos financieros y de estabilización presupuestaria; otro 16 por ciento a infraestructura pública y la parte restante es de pensiones y prestaciones laborales. Cifras todas ellas muy importantes.

El Conacyt con 99 fideicomisos es la entidad que tiene la mayor cantidad de esos instrumentos jurídicos en el conjunto de la administración pública (29.3 por ciento del total) e involucran 22 mil 547 millones de pesos (3 por ciento del monto total). Es decir, tiene casi un tercio de los fideicomisos existentes, aunque no concentra el volumen más alto de recursos. La Secretaría de Hacienda, por ejemplo, le sigue con 83 fideicomisos. Sin embargo, el monto de recursos que alcanza es de 487 mil 722 millones de pesos. Esto es el 66 por ciento del total de recursos. Luego vienen el resto de todas las dependencias con cantidades muy menores.

Y cuando el panorama parecía de lo más catastrófico para las instituciones científicas, llegó la comunicación de Hacienda para notificar que estarán exentos de la eliminación: 1) el fondo Fordecyt-Pronaces y que desde ahí Conacyt ejercerá los recursos de un fondo institucional (poco más de mil 100 millones de pesos para proyectos y formación de científicos), así como los recursos de los fondos sectoriales y mixtos; y 2) tampoco serán eliminados los fondos que tienen a su cargo los CPI.

Posteriormente veremos el detalle de los fondos y las cifras, pero lo claro es que los CPI conservarán buena parte de los recursos que tenían y Conacyt solamente manejará un fideicomiso y ahí concentrará los recursos financieros que estaban dispersos en múltiples fondos.

Todavía falta conocer cómo quedará el volumen de recursos. Sin embargo, en la comunidad científica y cultural no hay una sensación de alivio, porque abril fue un mes de zozobra gratuita, de rudeza innecesaria y de “modos” poco prudentes que primero extinguieron y luego averiguaron, precisamente cuando la crisis desatada por la epidemia nos exige y exigirá mayores esfuerzos.

Pie de página: Y por la epidemia en curso, el cierre de la convocatoria becas Conacyt para estudios de doctorado en el extranjero se extiende al 31 de julio. Jóvenes, todavía están a tiempo.

viernes, 1 de mayo de 2020

Ciencia neoliberal en tiempo real

Alejandro Canales
UNAM-IISUE-PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 847. Abril 30, 2020. Pág. 4)

La exposición de María Elena Álvarez Buylla, directora de Conacyt, transmitida en vivo la semana pasada desde Palacio Nacional, no era sobre el ancla o los resortes que nos tienen en donde estamos en materia de innovación tecnológica. El punto era más sencillo: explicar qué están haciendo instituciones científicas mexicanas para resolver la construcción de ventiladores mecánicos y enfrentar el coronovirus a nivel nacional.

El contexto era ese informe diario a cargo de Hugo López Gattel, el subsecretario de salud, en donde actualiza las cifras del Covid-19. Él es el personaje del momento y su reporte cotidiano es ampliamente esperado, tanto que mucha gente lo llama la telenovela de la 7. No es fortuito. Ahí también nos vamos enterando sobre las nuevas disposiciones para sortear la epidemia.

En la transmisión de ese 23 de abril, el subsecretario López Gattel dijo: “tenemos el privilegio de tener a Álvarez-Buylla para hablarnos sobre estas iniciativas o el conjunto de iniciativas relacionadas con el desarrollo de ventiladores”. Sí, esos dispositivos de uso médico hospitalario, ahora muy cotizados en el mercado internacional, porque son uno de los mecanismos que pueden hacer la diferencia entre vivir o fallecer por el ataque del virus.

La directora de Conacyt, al iniciar su exposición, señaló que el presidente de la República le encargó coordinar la estrategia para construir ventiladores. Sin embargo, su primera diapositiva era sobre la “ciencia neoliberal”, así que mirándola dijo: “estas son las características de la ciencia neoliberal que nos encontramos y que imponen retos muy grandes”.

Los puntos que estaban anotados en la lámina correspondiente eran: dependencia tecnológica; capacidades de articulación muy limitadas; baja eficiencia en innovación; transferencias millonarias al sector privado; abandono de la ciencia básica de frontera; y un sector privado que hasta ahora ha aportado una proporción muy baja al presupuesto de ciencia y tecnología.

O sea, una mención a la ciencia neoliberal no venía muy al caso, tampoco parecía necesaria la enumeración de los rasgos. Además, en contraposición a “ciencia neoliberal”, en la misma primera diapositiva, estaba anotada la meta que se había propuesto: soberanía tecnológica para enfrentar la pandemia.

Esto es, la construcción de 700 ventiladores mecánicos nacionales a más tardar para el 15 de mayo. Equipos que, dijo la directora del Conacyt, tenían como características ser invasivos, de tecnología 100 por ciento mexicana, más económicos que los del mercado internacional, de alta calidad y con seguridad biomédica.

La exposición de la directora siguió con los tipos de ventiladores, el modelo liberado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), el equipo de centros que están colaborando, la asociación con empresas nacionales para la fabricación y finalizó con el paradójico desempeño de la administración anterior, las transferencias millonarias a empresas privadas y la escasa participación del sector privado en la inversión científica y tecnológica (“alrededor del 18 por ciento”).

El episodio de Palacio Nacional muestra varios aspectos importantes. En primer lugar, a la fecha, después de casi un año y  medio de ejercicio, no contamos con un diagnóstico del sector, tenemos jirones de declaraciones y discursos que reiteran elementos, pero no existe un documento técnico que muestre la línea base y el punto de llegada del sector. Ni hablar de un plan o del programa sectorial. Así que nos enteramos en tiempo real de la ciencia neoliberal.

En segundo lugar, es claro que la personalidad y contundencia del ejecutivo federal que día con día utiliza y distribuye frases y conceptos ante los medios, no se traslada con las misma cualidad a los miembros de su equipo. No son lo mismo. Los titulares de las dependencias realizan un trabajo técnico y político que debiera exhibir su pericia y conocimiento en su conducción, no lo opuesto. Por ejemplo, ¿recuerda usted las declaraciones del titular de la Semarnat cuando dijo que los generadores eólicos eran aspas gigantescas “para atrapar el aire de los territorios indígenas”?

Otro aspecto que resulta paradójico es la deseable búsqueda de soberanía tecnológica pero que, para iniciar, inevitablemente requiere de un modelo abierto, liberado, de otra nación. Pues sí, una dimensión de la actividad científica y tecnológica es la colaboración. No menos paradójico es la exhibición del limitado interés del sector privado en el desarrollo tecnológico nacional y, al mismo tiempo, el reconocimiento de su participación (aunque sea solidaria) para la imperativa construcción de los ventiladores.

Finalmente, desde administraciones anteriores se ha destacado la baja inversión de los particulares en el sector y el consecuente atraso que nos ha ocasionado. Pero, ¿esa misma condición no tendría que impulsar un mayor esfuerzo del sector público? Sí. No obstante, parece ocurrir lo contrario y tal parece que lo vemos en tiempo real.

Pie de página: La revisión de fideicomisos está causando estragos en los Centros Públicos de Investigación, como la suspensión que sufren los becarios del Instituto Mora o el corte de servicios en el Centro de Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología Alimentaria en Pachuca, Hidalgo.

jueves, 23 de abril de 2020

Desde Palacio: el sector científico

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 846. Abril 23 de 2020. Pág. 4)

“El Conacyt tenía 62 fideicomisos, porque para todo era fideicomiso y puro influyentismo, y destinar recursos a financiar empresas”. Eso dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina del pasado 16 de abril, después de las exposiciones de Zoé Robledo y Hugo López Gattel, el director del IMSS y el subsecretario de salud, respectivamente.

También fue el día en el que todo parecía indicar que el ejecutivo federal decretaría la temida fase 3 de la epidemia en México. No fue exactamente así, porque el anuncio del período crítico vendría cinco días después, apenas el martes de esta semana.

Sin embargo, la explicación de aquel día, al igual que el reciente anuncio de la fase 3, quedó a cargo del subsecretario López Gattel. Y éste último, la semana anterior, dijo: “Todavía técnicamente no estamos en la fase 3 en forma generalizada, pero hemos dicho que dada la intensidad de transmisión existen zonas que hay que tratar como fase 3”.

O sea, había regiones como el Valle de México y otras zonas metropolitanas que desde entonces presentaban un comportamiento típico de la fase 3, pero como lo que definía a ésta es la transmisión territorial generalizada, entonces no se podía decir que existía una sola fase 3 para todo el país.

Así que, como propuestas importantes anunciadas el 16 de abril, mismas que posteriormente debía formalizar el Consejo de Salubridad General estaban: extender la Jornada Nacional de Sana Distancia al 30 de mayo, un mes más a lo que estaba previsto; los municipios de baja o nula transmisión concluirían el 17 de mayo las medidas de seguridad sanitaria; y a partir del primero de junio vendría una recuperación de forma escalonada de todas las actividades sociales y la vida pública.

Ninguna de las tres propuestas fueron formalizadas por el Consejo de Salubridad General ese día, tampoco aparecieron publicadas al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación y ni siquiera en los días posteriores. Sin embargo, desde entonces, públicamente, fueron tomadas como las medidas correctas y todo mundo asumió que las fechas anunciadas eran inapelables.

Lo relevante es que la mención de los fideicomisos por parte del presidente López Obrador y las propuestas presentadas por el subsecretario López Gattel, tomaron como punto de referencia el trabajo que actualmente desarrolla el Conacyt. O sea, pareciera que las medidas en marcha están comandadas por el conocimiento y la actividad científica que impulsa el organismo. No obstante, el caso más bien es el contrario: las medidas conducen al organismo.

Por ejemplo, el 16 de abril el subsecretario de salud expuso en detalle las medidas seguidas desde el comienzo de la epidemia, pero principalmente los patrones de movilidad que, según su argumentación, mostraban la anticipación y lo acertado de las acciones que el gobierno federal había adoptado, no así las que tomaron algunas entidades federativas.

El subsecretario agradeció el trabajo de colaboración de Conacyt y otras instituciones que habían conjuntado esfuerzos para integrar una unidad de datos y análisis de información sobre movilidad, lo cual había permitido tener certeza sobre las medidas. Todo bien. Sin embargo, vale la pena recordar que la involucramiento del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas es reciente, se dio a partir de este mes con la convocatoria a sesionar del Consejo de Salubridad General y lo es para una demanda específica. No dirige, en todo caso sigue las medidas.

Algo similar ocurre con la operación de los fideicomisos en el sector científico y tecnológico. El presidente López Obrador había planteado la extinción de fideicomisos en toda la administración pública desde antes del comienzo de su mandato porque, como lo ha reiterado, está convencido de que son la ventana que se abre a la corrupción y transferencia de recursos públicos hacia las empresas.

A la fecha, públicamente, no hay una denuncia formal al respecto. Tampoco ningún reporte oficial que precise la operación ilegal o irregular de los fideicomisos. En cambio sí hay expresiones de los beneficiarios de los fideicomisos que han documentado sobre el daño que causará su desaparición.

No obstante, a partir del decreto presidencial del pasado 2 de abril todos los fideicomisos quedaron eliminados, los órganos directivos del Conacyt dieron trámite al proceso de extinción y sigue quedando pendiente qué ocurrirá con las actividades relacionadas con la actividad científica y tecnológica que estaban amparadas en esos instrumentos.

La administración pública federal debe tener un desempeño técnico coordinado y armónico entre sus diferentes dependencias, por eso existe un Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales. Pero no es infrecuente que consideraciones políticas se impongan sobre la experiencia, especialidad y el conocimiento técnico de las mismas dependencias. Conviene tener claro qué criterios se superponen y cómo se toman las decisiones.

Pie de página: La Cámara de Diputados dona a la UNAM 125.6 millones de pesos para comprar equipos de protección para personal médico que atienden a pacientes con Covid.19.

jueves, 16 de abril de 2020

Fideicomisos: ¿con uno es suficiente?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 845. Abril 16, 2020. Pág. 4)

Un año y nueve meses después se convirtió en decreto presidencial la idea de cancelar fideicomisos en la administración pública federal porque hoy apremia sacar recursos de donde sea. No podría decirse que es una medida inesperada, el ahora presidente de la República la anunció dos semanas después de su triunfo en las elecciones. Pero sí es anticlimática, paradójica y pega en la línea de flotación de la actividad científica y tecnológica.

López Obrador la enlistó el 15 de julio de 2018 como parte del medio centenar de lineamientos para el combate a la corrupción y la austeridad republicana. Había motivos. Unos meses antes, la asociación civil Fundar dio a conocer un informe que detallaba cifras y operación de los fideicomisos: los que no pasaban por la estructura administrativa de las dependencias (sin estructura orgánica o no paraestatatales) incluían alrededor de 772 mil millones de pesos y habían sido uno de los instrumentos preferidos para evitar la rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos.

No obstante, desde entonces, estaba claro que no todos los fideicomisos públicos eran opacos e irrelevantes. La preocupación era que algunos fideicomisos útiles se tiraran junto con el agua sucia de la corrupción. Ahora mismo, con el decreto de extinción, los propios titulares de las oficinas gubernamentales no saben bien a bien cuántos de los recursos financieros que sirven a sus respectivos sectores quedarán a salvo y acaso esa misma incertidumbre muestra la sorpresa y discrecionalidad de la aplicación.

Un atisbo de esa perplejidad la reveló el propio presidente López Obrador en su conferencia de prensa del pasado lunes 6 de abril. El periodista Miguel Reyes Razo le preguntó si era una de sus preocupaciones el financiamiento para las actividades científicas y tecnológicas. El ejecutivo federal, entre otras cosas, dijo:

Les quiero aclarar, qué bien que tratamos este tema, ahora que se tomó la decisión de recoger los recursos de los fideicomisos y de los fondos, en el caso de Conacyt había 64 fideicomisos y como el decreto es que se concentren en Hacienda todos los recursos, pues preocupada la directora del Conacyt me escribió para decirme que ellos estaban ya haciendo un esfuerzo para concentrar y eliminar fideicomisos, que no tenían ninguna utilidad pública, pero que le preocupaba que se quedaran sin recursos, más ahora que están necesitando estos fondos para la elaboración del ventilador, que va muy avanzado.

El presidente se refería a los recursos financieros para el trabajo que están realizando algunas instituciones y algunos de los centros públicos de investigación (el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y otros centros) para el diseño y producción de un prototipo de respirador.

Además, el ejecutivo federal describió la nota que le hizo llegar la directora del Conacyt y precisó que de los 64 fideicomisos existentes, la misma titular del organismo le aclaró: “Es más, creo que con uno (con un fideicomiso nos conformamos)”.

O sea, si alguien pensaba en la posibilidad de convencer al ejecutivo federal o al secretario de Hacienda sobre la conveniencia de conservar todos o la mayoría de fideicomisos, de una buena vez cabría anticipar que eso no ocurrirá.

El artículo 3 del decreto de extinción indica que Hacienda --en consulta con Función Pública-- es la secretaría facultada para resolver las excepciones de terminación de fideicomisos. El plazo perentorio para saber cuáles sí y cuáles no se conservan venció ayer mismo, aunque todavía no hay información pública de cómo quedaron.

¿Qué fideicomisos son en el sector y qué volumen de recursos financieros implican? Se refieren principalmente a los llamados fondos sectoriales, fondos mixtos y a fondos que operan los Centros Públicos de Investigación (CPI). Los primeros son esos montos que el Conacyt en coordinación con otra secretaría de Estado instauran para impulsar la investigación de problemas relacionados con sus respectivos sectores (educación, energía, economía, medio ambiente, etcétera); los segundos tienen una función similar, pero la parte corresponsable es una entidad federativa o un municipio; y los últimos son los que están bajo administración de los CPI.

Un cálculo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) dice que el ramo del Conacyt concentra 22 mil 631 millones de pesos en fideicomisos sujetos a extinción (el volumen total en todos los sectores es de 181 mi 472 mdp). Otra estimación de Leonardo Núñez González señala un volumen relativamente similar para Conacyt: 21 mil 844 millones de pesos (educación.nexos.com.mx). En cualquier caso, el monto es casi equivalente al presupuesto autorizado para este año a Conacyt: 25 mil 659 mdp.

En el volumen de recaudación de la Tesorería de la Federación no pesarán mucho, pero para el sector serán una baja demoledora, justo cuando más se les necesita. El problema no es que desaparezcan todos o la mayoría de fideicomisos, el problema es que quedarán en ceros. Adicionalmente, Función Pública instruyó a reducir en 50 por ciento del presupuesto asignado a las dependencias para servicios generales y gastos de operación. Tiempo nublado.

Pie de página: El Consejo Europeo de Investigación también se desasosiega con la variable Covid-19. 

viernes, 3 de abril de 2020

Pandemia es eso que pasa mientras Conacyt hace otras cosas

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 844. Abril 2, 2020. Pág. 4)

Una situación de crisis nacional demanda la participación conjunta de gobierno y sociedad. El primero, desde este lunes 30 de marzo, decretó emergencia sanitaria, hizo un recuento de los materiales e infraestructura hospitalaria para hacer frente a la epidemia y hace acopio de fuerzas. La convocatoria más general a los ciudadanos es a aislarse de forma voluntaria para atenuar la propagación del virus y aplanar la curva de contagios que ahora se están disparando. Muy importante.

No obstante, el mismo gobierno hizo un llamado más específico a instituciones especializadas. Una de las medidas del más reciente decreto del Consejo de Salubridad General es para que Conacyt y universidades colaboren en la lucha contra el Covid-19. La iniciativa forma parte de los líneas de acción que aparecieron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) esta misma semana.

La convocatoria no es ninguna sorpresa. Desde que el virus fue detectado el pasado mes de diciembre en China, poco a poco ha cobrado mayor autoridad y presencia el conocimiento experto, tanto para precisar rápidamente la secuencia genética del virus para un diagnóstico correcto, como para el diseño de estrategias de contención, los patrones de comportamiento, los síntomas, medicamentos y la esperada vacuna que ponga a salvo a la población.

Nancy Pelosi, la poderosa presidenta de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, en su discurso de la semana pasada, enfáticamente reiteró que no ocurriría un control del coronavirus si no “respetamos la ciencia, la ciencia, la ciencia. Y a los que dicen que elijamos rezar sobre la ciencia, les digo que la ciencia es la respuesta a nuestras plegarias" (26.03.2020).

En México, desde la parte gubernamental, los principales esfuerzos para contender con el virus se han concentrado en la Secretaría de Salud y particularmente en una de sus subsecretarías. Lo notable ha sido la ausencia del Conacyt, el organismo que desde el comienzo debió encabezar las actividades para enfrentar el Covid-19 porque coordina las capacidades nacionales en materia de ciencia y tecnología.

Sin embargo, en enero pasado, cuando se tomó registro nacional del coronavirus, el Conacyt  solamente se limitó a difundir una entrevista con el doctor Carlos Arias Ortiz, académico que encabezaría el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia en Virología (27.01.2020). Nada más.

La actitud tampoco varió conforme la pandemia creció y fue evidente su alarmante proporción en todo el mundo. El Conacyt continuó con sus actividades rutinarias e incluso volvieron los ríspidos intercambios con algunos sectores académicos y científicos.

Uno de los motivos para el reciente desencuentro fue la consulta para integrar las comisiones dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadores en plena contingencia sanitaria. La Red Prociencia llamó la atención sobre el carácter inoportuno de esa consulta, la cual no solamente desdeñaba cualquier interés por contribuir a enfrentar la pandemia, además contenía graves irregularidades, como un incorrecto padrón de elegibles (personas duplicadas o fallecidas aparecían como posibles integrantes), plazos diferenciados y un manejo discrecional de la información derivada de la consulta (Carta pública 25.03.2020).

El científico Antonio Lazcano también hizo notar la insensibilidad de Conacyt en el momento actual, así como los errores e inconsistencias de la misma consulta. Igualmente, todos los ex coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico firmaron un comunicado público para aclarar que ese organismo no fue tomado en consideración, “a pesar de que esto ha sido parte de las funciones y facultades del FCCyT AC, previstas en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología”.

Los comunicados públicos recibieron una respuesta de Elena Álvarez Buylla, directora del Conacyt. La carta aclaratoria está fechada el 30 de marzo y es la primera vez que pública, formal y explícitamente, desconoce la existencia del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC. El hecho merece un tratamiento aparte –lo haremos en próxima entrega--, porque tiene múltiples antecedentes, pero también porque es un episodio más en la disputa legal que sostienen el Conacyt y el Foro Consultivo.

Diferentes instituciones académicas y personalidades científicas han manifestado con anterioridad su plena disposición a apoyar. Tal vez en estos momentos, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria, ya sería hora de atender los llamados a la prudencia y a la colaboración de diferentes organismos y personas. Porque el verdadero riesgo es que ni siquiera veamos pasar la pandemia.

Pie de página: Desde enero se viene desplegando un arduo trabajo entre grupos de especialistas de todo el mundo para encontrar la vacuna contra el virus. Laboratorios y grandes equipos en China, Europa y Estados Unidos trabajan para encontrar la vacuna. Sin embargo, la ciencia no solamente es cooperación, porque una vez alcanzado el resultado vendrá la competencia por su distribución y suministro ( NYT. Search for Coronavirus Vaccine Becomes a Global Competition. 19.03.2020).